Por Cándida Cotto/CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
“Yo creo que soy una activista innata desde chiquita, porque siempre confronté cosas que a mí me parecieron que no estaban bien y una de esas fue crecer en una familia de muchas mujeres en la que, a pesar de toda su fuerza y de presencia igual, había un papel muy dominante de los poquitos hombres que había en la familia. Yo creo que eso fue un elemento para originar en mi activismo, pero también mi espíritu feminista”, así describió su proceso de formación la activista feminista afrocolombiana, Charo Minas Rojas.
La activista afrocolombiana, oriunda de un barrio negro tradicional de Cali, visitó Puerto Rico invitada por la organización Kilómetro Cero para exponer la situación de la población afrodescendiente tras la firma de los acuerdos de paz frente al actual gobierno del presidente Iván Duque.
Colombia es el tercer país con mayor población negra en América, luego de Brasil y Estados Unidos.
Minas Rojas forma parte del movimiento Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCNC), que describió como uno de carácter nacional con presencia en muchas comunidades negras, en particular, en el Pacífico colombiano, que va desde Colombia y Panamá hasta Ecuador, al Caribe que ellos llaman Atlántico, que es donde se encuentra Cartagena de Indias y también en algunas partes del interior del país.
“Es una de las organizaciones más relevantes en el proceso negro en Colombia y tenemos un lugar importante en la región a nivel de las dinámicas organizativas y plataformas negras en la región”, explicó Minas Rojas.
No fue hasta el 2005 –indicó– que en Colombia se comenzó a contar a la gente negra en el censo, lo que ejemplifica el racismo que predomina. Con una población de 44 millones de habitantes, la población negra se estima que es el 26%, una cuarta parte. Entre la población hay gente que se identifica como negra o afrocolombiana, raizal, que son las personas de las islas San Andrés y Providencia, y palenqueros, la comunidad del Palenque de San Basilio, el último bastión de cimarrones, que está localizado en Cartagena, el cual ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La activista afrocolombiana, oriunda de un barrio negro tradicional de Cali, visitó Puerto Rico invitada por la organización Kilómetro Cero para exponer la situación de la población afrodescendiente tras la firma de los acuerdos de paz frente al actual gobierno del presidente Iván Duque.
La inclusión del número de la población negra en el censo, sostuvo Minas Rojas, fue producto de los procesos de reivindicación de sus derechos. Narró que aun así, el censo del 2005 arrojó una población de apenas un 10.5%, en buena parte porque en las zonas rurales en el Pacifico, donde hay más población, el censo no se hizo y segundo los encuestadores no hicieron la pregunta. “Llegaban a tu casa te miraban la cara y lo anotaban, no preguntaban. Y como ese es un país que vive con la ilusión del mestizaje y del trigueño, pues serás mestizo o cualquier otra cosa…”, contó sobre la conducta de los encuestadores.
Todavía se están esperando las estadísticas del censo que se hizo del 2017 a 2018 y confía en que el número de la población negra sea más alto ante el trabajo de concientización que se hizo. “Se contó más a la gente negra en 1856 (8%) que en 1960, cuando se dijo que no pasábamos del 2%, pues porque no se contaban. En el 2005 subimos en 10%, ahora esperamos que seamos casi la cuarta parte”.
Siembran vientos, cosechan
tempestades
En esa premisa enmarca Minas Rojas la situación que enfrenta la población afrocolombiana tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) luego de los acuerdos de paz firmados en el 2016 con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.
“Inmediatamente después de que se firmó el acuerdo, hubo un aumento considerable de líderes y lideresas asesinados y un recrudecimiento de la violencia”, expresó. Más de 500 activistas sociales, entre líderes comunitarios, sindicales, excombatientes de las FARC, etc., han sido asesinados en Colombia luego de los acuerdos. Minas Rojas describió que después del acuerdo de paz ha habido una reorganización de grupos armados de corte paramilitar ligados a grupos del narcotráfico, los cuales se están reapropiando de los espacios donde la FARC tuvo presencia, lo que ha recrudecido la violencia.
“Tememos que vamos en un retroceso en lugar de un avance”. No obstante la activista, a su vez, atribuyó que debido a que existe el acuerdo, este es un instrumento para la validación de los derechos y la construcción del proceso de paz, “pero, digamos, estamos también con un gobierno que para nada quiere el acuerdo, que hizo su campaña básicamente en contra del acuerdo”. Se refiere a la administración del actual presidente Iván Duque del Partido Centro Democrático, de corte derechista.
“Tenemos un gobierno que si bien retóricamente está planteando que continuará con los acuerdos, vemos que va tomando medias para ir retrocediendo en cuanto a las ganancias que hemos tenido en cuanto a los derechos, que es un principio del acuerdo de paz, el acuerdo de paz debe promover los derechos, no regresarlos”. Denunció que el presidente Duque ha estado tomando acciones legislativas de reestructuración de gabinetes y algunas entidades y ministerios que muestran que va a ser un proceso paulatino de regresión de derechos y de desmonte de algunos aspectos muy importantes dentro del acuerdo. Ejemplos son pretender cambios en lo que llaman el Sistema de Justicia Transicional, que son los mecanismos para el reconocimiento, la reparación de los hechos que llevaron a la violación de los derechos humanos, como la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda para las Personas Desaparecidas, todos mecanismos muy importantes para garantizar el esclarecimiento de la verdad y poder hacer verdadera justicia. “Sobre todo, que podamos vislumbrar una reparación integral a partir de conocer qué pasó, por qué pasó, quiénes fueron los responsables y cómo se repara eso”.
Agregó, por ejemplo, que el Presidente, directamente, revocó seis de los artículos de la Jurisprudencia Especial para la Paz para su funcionamiento. “Creemos que eso se va a superar pero entonces eso es un indicio de que la voluntad política no es tanta como se necesita, pero afortunadamente sí hay una sociedad civil bastante fuerte y comprometida con el proceso como para seguir empujando para que se garantice”.
Una vez alcanzado los acuerdos con la FARC, desmovilizada su militancia y, a falta de voluntad del gobierno de avanzar el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la política del gobierno para desarticular el activismo social, comunitario es criminalizar a los y las activistas sociales, acusándolos de ser miembros del ELN. Una acusación de vinculación al ELN implica ser acusado de rebelión, terrorismo y narcotráfico, en estos momento, dijo, dos compañeras de su organización están acusadas de ser miembros del ELN.
Minas Rojas describió el panorama para los activistas sociales, en particular para los y las afrocolombianos, como uno complejo. Expuso respecto a la burguesía que Colombia es un país con una cultura patriarcal, machista, guerrerista, con tendencia militar, y el conflicto armado interno fue la mejor manera de mantener militarizado el país. En esa línea, los gobiernos se comprometieron con la política de Estados Unidos del Plan Colombia, lo que generó el establecimiento militar estadounidense en Colombia y, a partir de ahí, se ha venido sosteniendo ese sistema. Ahora el recrudecimiento de la represión contra los movimientos sociales es parte de ese sistema, denunció.
El tema del narcotráfico
Los grupos paramilitares, además de vivir del narcotráfico, son pagados por la burguesía y el narcotráfico, opera bajo la protección del Estado, el cual igual se beneficia del narcotráfico. Señaló que en estos momentos la influencia de Estados Unidos es evidente en todo este panorama. Los patrones de represión, la inteligencia de las fueras militares y policíacas colombianas, describió, provienen de los entrenamientos militares que les ha dado Estados Unidos. En Colombia hay siete bases militares y aunque en estos momentos no hay presencia uniformada de militares estadounidenses, estos llegan disfrazados de asesores. De hecho, la embajada de EE.UU. en Colombia es una de las más grandes del mundo. Una de las consecuencias de esta presencia es lo que denunció que la gente llama los hijos del Plan Colombia, los paraquitos, “generaciones de la violencia, de la violación, la prostitución forzada”.
Al presente, las comunidades afrocolombianas están amenazadas tanto por los grupos paramilitares que sirven a los intereses económicos, al igual que por los grupos del narcotráfico. El recrudecimiento de la presencia de los grupos paramilitares en los territorios afrocolombianos está deteniendo la implantación de la Ley 70, la cual se firmó en el 1993, tras los logros alcanzados con los cambios constitucionales en el 1991. La ley les reconoció a las comunidades afrocolombianas el derecho a la tierra, desarrollo propio, el derecho cultural, a la propiedad colectiva sobre territorios donde han estado localizados ancestralmente. Bajo esta ley lograron titular entre 1994 y 2001, un poco más de seis millones de hectáreas de tierras colectivas, la mayoría en el Pacífico y otras en el Caribe. A partir del 2001 el proceso se detuvo debido a la presencia paramilitar. Tras los acuerdos de paz el proceso comenzó a retomarse pero los intereses económicos que han acarreado los tratados comerciales con EE. UU. y Canadá han provocado otra vez la presencia paramilitar, el objetivo es desplazar a las comunidades afrocolombianas para apropiarse de sus territorios y explotar los recursos naturales, su riqueza biogenética –se estima que estas regiones de Colombia poseen el 10% de la riqueza biogenética del mundo. El tratado de comercio entre Colombia y EE.UU. le da ventaja a las empresas estadounidenses de asumir propiedad intelectual sobre estos conocimientos ancestrales.
“Sostenemos que esa violencia viene de esos intereses y que la violencia contra las mujeres en esos territorios tiene una relación directa con esos intereses económicos, es una violencia de carácter económico que proviene de esos intereses de control sobre territorios que sabemos tienen gran significancia para el país”.
Un ejemplo es la amenaza de desplazamiento de siete barrios tradicionales en Buenaventura para expandir el puerto y construir un proyecto megaturístico.
Frente a una lucha tan compleja, la activista Minas Rojas, reclamó que es necesario el trabajo de concientización y mantener la resistencia. En esa dirección, expresó sobre su visita a Puerto Rico que esperaba poder estrechar lazos de hermandad y solidaridad. “Mi organización es una organización que, dentro de sus principios, creemos que somos parte de las luchas por la justicia social, racial, de género, en el mundo, particularmente en la diáspora creemos que nuestra lucha no es la única y que hay otras luchas que hay que reciprocar. Yo espero que esta sea una oportunidad de estrechar esos lazos, de articular esas luchas es parte de nuestra visión política”.
