Por Freeman Rogers, Omaya Sosa Pascual y Emmanuel Estrada López

Centro Periodismo Investigativo

Lección aprendida

Hay una lección que aprender de la difícil situación de Cane Garden Bay, según el ecólogo de BVI Clive Petrovic.

“Si la gente quiere proteger lo que construyen allí ahora, entonces limpien el agua para que los corales puedan crecer y reconstruyan el arrecife coralino afuera”, advirtió Petrovic, quien agregó que el coral es una fuente primaria para la arena en muchas playas de las BVI. “Miras la naturaleza y ves cómo la naturaleza resuelve un problema. Y la forma en que la naturaleza protege las costas es con los arrecifes”.

A pesar de sus retos, recientemente las BVI se comprometieron a una reforma integral en medio de un impulso global mucho más amplio.

En 2009, las naciones más ricas del mundo se reunieron en Copenhague, Dinamarca y se comprometieron a aportar $100 mil millones en fondos para ayudar a los países en desarrollo a prepararse para el calentamiento global para el 2020. Ese compromiso se reafirmó en el Acuerdo de París en el 2015. Pero los países donantes quieren asegurarse de que esos fondos se usen bien.

“Los donantes realmente están buscando que los países pongan su casa en orden”, dijo George de Berdt Romilly, un abogado ambientalista en Canadá, quien ha realizado numerosas consultas sobre iniciativas de cambio climático en todo el Caribe y el Pacífico Sur. “Esto no es un cheque en blanco: quieren ver las estrategias nacionales y las políticas aprobadas a un nivel muy alto, que realmente articulen la visión o el mapa a seguir adelante”.

Las BVI han intentado mantenerse en la delantera. Un estudio “verde” del 2010 fue seguido en 2011 por una evaluación de impacto turístico. En el 2012, el Gabinete del territorio adoptó una Política Integral de Adaptación al Cambio Climático, que incluyó fechas de cumplimiento en cuatro años para unos 140 objetivos que van desde la legislación ambiental hasta las directrices de desarrollo, la política energética y las reformas agrícolas y pesqueras. Pero para el 2018 el CPI encontró que no se habían cumplido ni un tercio de los objetivos.

Los líderes argumentan que tales medidas toman tiempo y apuntan a una variedad de proyectos de resiliencia implementados por el gobierno y otras partes interesadas, incluyendo un reciente revestimiento costero en Cane Garden Bay, esfuerzos para hacer que las escuelas y centros de salud sean más ecológicos y resistentes y estudios de mapas de inundaciones. Sin embargo, los conservacionistas y los tecnócratas dicen que la historia muestra una tendencia, por parte de los legisladores de BVI, a dejar de lado las difíciles reformas integrales, que son necesarias para cambiar de manera fundamental la forma en que el territorio opera en el día a día.

De hecho, los objetivos incumplidos enumerados en la política de cambio climático incluyen decenas de medidas que se han prometido durante más de una década, tales como un plan de desarrollo nacional que se ha estado trabajando desde la década de 1990; legislación ambiental y regulaciones de planificación que los políticos se han comprometido a aprobar casi todos los años desde mediados de la década de 2000; y actualizaciones sumamente atrasadas a la ordenanza de construcción de hace 18 años, entre otros.

Los principales oficiales electos de las BVI, el premier de las BVI, Dr. Orlando Smith, y su segundo en mando, Dr. Kedrick Pickering, quien es además ministro de Recursos Naturales y del Trabajo, no respondieron peticiones de entrevista para esta historia. El gobernador designado por el Reino Unido a las BVI, Gus Jaspert, dijo que él y el Reino Unido están presionando para que los líderes electos del territorio actúen rápidamente.

“Tiene que ser el gobierno el que haga esos cambios”, dijo Jaspert. “Para ser honesto, me parece decepcionante que un territorio que es tan naturalmente bendecido en términos de su entorno no tenga mucho en el camino de la energía alternativa; … no tiene un buen reciclaje o eficiencia energética, por lo que apoyo 100 por ciento el impulso del gobierno para hacer más al respecto”.

Pero Romilly dijo que el Reino Unido no necesariamente está poniendo su dinero donde tiene la boca.

“Cuando presentaron este anuncio de que la comunidad internacional financiará la programación del cambio climático con este compromiso de $100 mil millones, el gobierno británico estableció un impuesto sobre el carbono en los viajes aéreos”, dijo y agregó que la mitad de ese impuesto inicialmente fue prometido para países de destino, incluidos los del Caribe. “El dinero se ha recaudado durante algunos años, pero [el gobierno británico] no ha cumplido con el compromiso de hacer que el 50 por ciento esté disponible directamente para los países a los que van los viajeros”.

Aún cuando los fondos internacionales están disponibles, agregó, los países donantes y otros contribuyentes también quieren un mecanismo para administrarlo de manera efectiva, como el fondo fiduciario de las BVI, que será operado por una junta independiente.

Gracias en gran parte a un impulso regional del Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe (Caricom), 10 de los 15 miembros de ese organismo — y los cinco territorios británicos de ultramar que son miembros asociados — han elaborado una política o estrategia de cambio climático. Sin embargo, han visto diferentes niveles de éxito al adoptarlos oficialmente al nivel de gobierno del Gabinete. Hasta ahora solo las BVI y Antigua y Barbuda han aprobado leyes para establecer el tipo de fondo independiente que los donantes desean, dijo Romilly.

Cuando ha habido progreso, a menudo ha sido irregular. Dominica, por ejemplo, adoptó por primera vez una estrategia de adaptación al cambio climático en 2002, pero muchos de sus objetivos no se cumplieron, según Romilly.

“El gobierno tenía recursos muy limitados, de modo que, donde había acción era porque se proporcionaban fondos…pero había un desliz donde los fondos no se podían movilizar”, dijo. Y, aunque el gobierno del país adoptó una Estrategia de Desarrollo Climático Resiliente y Reducción de Carbono en el 2012, dijo, todavía no ha aprobado un proyecto de ley redactado en 2014 para establecer un fondo fiduciario — a pesar de las reiteradas promesas del primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, de tomar acción decisiva después de que el huracán María devastara el país.

“A pesar de que el primer ministro se ha comprometido a ser el primer país resistente al cambio climático en la región y que se le ha dejado en claro al gobierno de Dominica que necesitan que se apruebe esta legislación para hacerlo, aún no han logrado aprobar la legislación”, dijo Romilly, quien ayudó a redactar las estrategias y el proyecto de ley.

Añadió que los gobiernos a menudo no aprueban dichas medidas hasta que se les exige hacerlo para obtener financiamiento internacional.

“A menos que haya financiamiento, invariablemente hay muy poca acción”, dijo, y agregó que es probable que Dominica apruebe el proyecto de ley pronto, para acceder a los fondos para un proyecto de resiliencia que está en proceso.

Sin embargo, a pesar de tales contratiempos, los países miembro de la Comunidad del Caribe, en general, están adelantados a muchos de sus vecinos, gracias, en parte, a sus esfuerzos de colaboración, dijo Romilly. Puerto Rico, BVI y USVI no son miembros por su estatus territorial.

“El resto de la región realmente está tratando de ponerse al día y, por supuesto, fue bastante exitosa [en los territorios de Estados Unidos] bajo la administración Obama porque hubo un reconocimiento del cambio climático como un problema”, dijo. “Sin embargo, en la administración actual obviamente ha habido un cambio total en eso”.

En el caso de Puerto Rico, ni siquiera existe un plan de cambio climático y el Gobernador Ricardo Rosselló parece completamente enajenado. No aceptó múltiples solicitudes de entrevista para esta historia y desde la devastación del huracán María sólo ha dedicado dos oraciones públicas al tema, y fueron durante su Mensaje de Estado a Legislatura de Puerto Rico el 5 de marzo.

“Es momento para trabajar en una visión holística del ambiente, y el impacto que el cambio climático tiene en Puerto Rico. Apoyaré las medidas que salgan de este recinto para atender esta problemática”, dijo.

Al mismo tiempo, su administración está promoviendo con incentivos económicos la construcción de viviendas nuevas pese a que la Isla está ahogada en deudas, llena de propiedades abandonadas y enfrenta una emigración masiva.

Por Emmanuel Estrada López y Maricelis Rivera Santos

Centro de Periodismo Investigativo

Puerto Rico ha enfrentado cada año al menos un evento extremo durante los últimos ocho años. Huracanes, sequías e inundaciones han causado estragos multimillonarios a través de toda la isla, y el 92% de los municipios costeros han registrado pérdida de playas.

Los gobiernos de Puerto Rico sabían la seria amenaza que enfrentaba la isla. Tanto así que bajo los dos partidos que han gobernado desde 2005 hasta hoy se radicaron 62 medidas desde el Legislativo o el Ejecutivo para atajar el problema de los esperados impactos del cambio climático en laIsla. Ninguna se ha traducido en acción, evidencia una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Mientras tanto, los eventos extremos habrán costado más de $144 mil millones en los pasados 20 años –una cantidad similar a la deuda pública de Puerto Rico si se incluyen las pensiones– según los datos provistos por Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres (AEMEAD).

La medida más reciente para “atender las preocupaciones relacionadas con el cambio climático”, el Proyecto del Senado 773, fue radicada en diciembre por Lawrence Seilhamer, un senador que avaló derogar la única ley que ha logrado aprobarse sobre el tema, la Ley 246 de 2008. Este estatuto, firmado por el gobernador popular Aníbal Acevedo Vilá, ordenaba crear un ente independiente llamado Comité de Expertos de Cambio Climático que hiciera un Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático para Puerto Rico, pero fue eliminado dos años más tarde con el voto unánime de los senadores de ambos partidos sin que sus disposiciones fueran puestas en vigor.

Ahora Seilhamer propone un nuevo proyecto de ley que en buena medida tiene los mismos elementos que estaban en la ley que se eliminó hace una década. Según varios expertos consultados, la propuesta no atiende asuntos cruciales relacionados al cambio climático que han afectado a Puerto Rico durante el transcurso de esos 10 años como la erosión costera y falla en lo más vital: el plan de adaptación para reducir la vulnerabilidad de la población ante los efectos que ya son una realidad en la isla.

También propone medidas que resultan improbables en cuanto al desarrollo de energía renovable en la Isla, basado en la experiencia histórica de incumplimiento en el renglón. La meta existente es de 12% para el 2019, y al presente sólo se genera un 2%. El legislador propone que la meta se aumente a 33% para el 2035.

Seilhamer justificó la contradicción de su historial con la legislación señalando que con el paso del tiempo se ha educado sobre el cambio climático y ha visto su impacto concreto.

“Yo no pensaba en el 2009 como pienso hoy. Hay unas señales que nos están enviando que no podemos obviar”, dijo en entrevista.

“[N]o tengo ningún tipo de problema en decir que el asunto del cambio climático es uno del que me he educado. Porque la naturaleza está enviando unas señales claras y contundentes, y rayaría en la negligencia si no se atienden”, agregó.

Sin embargo, confesó que no hay sentido de urgencia en atender este asunto entre los legisladores.

Tampoco parece haber sentido de urgencia en el gobernador Ricardo Rosselló Nevares quien ha dedicado pocas oraciones al tema del cambio climático desde el huracán María. En síntesis, ha sostenido que apoyará las medidas que desarrollen los legisladores en el Capitolio.

“Yo soy el autor del proyecto pero reconozco la labor del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico, del senador Cirilo Tirado Rivera, que ha presentado proyectos pero que no ha tenido el apoyo ni de su administración ni de la mía. Así que ante ese escenario me parece que este Senado, esta Cámara de Representantes y este gobierno tendrán la responsabilidad de darle la cara al pueblo, porque te puedo asegurar que esto se pondrá peor, que habrá más frecuencia de fenómenos atmosféricos que también serán más potentes, y tenemos que prepararnos”, reconoció el legislador.

Antes de la entrada de Rosselló Nevares a La Fortaleza, el gobernador popular Alejandro García Padilla también ordenó a sus agencias ambientales y de infraestructura a redactar planes de adaptación mediante la orden ejecutiva OE-2013-16. Pero su administración tampoco cumplió con la elaboración de estos planes, constató el CPI. Sólo tres de 15 agencias concernientes entregaron su plan.

Mientras tanto, los especialistas del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico (CCCPR), una organización independiente que agrupa a 150 científicos para estudiar los riesgos e impacto del cambio climático en la Isla y proponer política pública, han estimado que hay 500 mil personas que viven en áreas de inundación por desborde de ríos y quebradas y 100 mil son vulnerables a inundaciones por marejadas ciclónicas, explicó el coordinador del CCCPR y director del Programa de Manejo de la Zona Costanera del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Ernesto Díaz.

La Junta de Planificación (JP), junto a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), estimó en la revisión del mapa de zonas inundables hecha en los pasados meses que 252,748 estructuras enfrentan ese peligro en la Isla.

Los efectos del cambio climático en Puerto Rico han quedado plasmados en múltiples estudios realizados por científicos locales, quienes afirman que estos documentos –cruciales para la preparación de un plan de adaptación– son ignorados por todas las administraciones. Tales efectos han comenzado a impactar la industria turística con la pérdida de playas y propiedades en lugares como Rincón e Isabela. El turismo es uno de los sectores en los que el gobierno tiene cifradas sus esperanzas para el despunte de la economía, en recesión hace más de una década. Para el  2016, el turismo representó un 8% –$8.4 mil millones de los $105 mil millones– del producto doméstico bruto del país, según la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico.

En medio de todo, queda el temor de la gente de comunidades ricas y pobres por igual, que ven cómo pierden sus propiedades por el embate de un mar cada día más cercano o por deslizamientos e inundaciones repentinas más frecuentes.

La cifra de $141.4 mil millones en costos proyectados por los huracanes Irma y María  es sólo un acercamiento al impacto real de estos fenómenos en la economía y vida social del país. De hecho, María se proyecta como  el tercer huracán más costoso en la historia de los Estados Unidos.

Para tener una idea de cómo se magnifica el costo con el aumento en la severidad de los fenómenos, por Irma y María ya han desembolsado $1.7 mil millones, o 63% de los $2.7 mil millones que desembolsaron por todos los eventos extremos ocurridos en Puerto Rico desde 1998 a 2011, incluyendo el huracán Georges.

Aún viendo estas cifras, a siete meses del huracán María, la elaboración de un plan para atender los efectos del cambio climático todavía no ha sido prioridad en Puerto Rico. La catástrofe dejó sobre $90 mil millones en daños estimados, 183,000 desplazados y la proyección de casi 1,000 muertes vinculadas a la emergencia. El gobierno ha encomendado la revisión de las muertes a la Universidad de George Washington que hará público un informe preliminar sobre su análisis en mayo.

Continuará

La búsqueda de una o un candidato a presidente para la Universidad de Puerto Rico (UPR) fuera del ámbito isleño, tiene el mismo propósito para el cual se contrató a la secretaria de educación, Julia Keleher, eliminar el sistema público de educación. La persona que se escoja para presidir la UPR tendrá el encargo de reducir el sistema de educación superior del país a lo que exija la Junta de Control Fiscal (JCF).

A fines de la primera semana de abril la vice presidenta de la Junta de Gobierno de la UPR (JGUPR), Zoraida Buxó Santiago y el presidente, Walter Alomar Jiménez, dieron a conocer que el Comité de Búsqueda y Consulta (de la Junta de Gobierno) había recomendado de forma unánime a siete candidatos como semi finalistas para el cargo de presidente en propiedad. Según dijeron el proceso de “búsqueda fue uno proactivo y metódico”, y contó con 24 aspirantes, cinco mujeres y 19 hombres. El comunicado de prensa en el cual la JG de la UPR anunció a los semifinalistas, confirmó: “Consultamos presidentes y expresidentes de universidades en los Estados Unidos, todo con raíces puertorriqueñas, al igual que profesores, líderes universitarios y organizaciones como la American Asociación of Hispanics in Higher Education, el American Council on Education y la Association of Governing Board, entre otras”.

El resultado de esa consulta, cinco candidatos de Estados Unidos y dos de Puerto Rico, es cuestionable. Según aparece en la página de Hispanics in Higher Education (HHE), la convocatoria fue posteada el 6 de marzo y cerraba el 30 de marzo. Es decir el Comité de Búsqueda recibió solicitudes de 24 aspirantes los examinó y recomendó en menos de un mes.

CLARIDAD confirmó por diversas fuentes que al Presidente interino de la UPR Darrell Hillman Barrera, la JG le rechazó su solicitud de competencia. La JG justificó el rechazo con los argumentos primero que la había entregado tarde y que no podía ser considerado porque era el presidente interino.

Hay que traer a la atención que en agosto del 2017 ya había un proceso de selección de presidente en propiedad. De manera sorpresiva cuando ya había cerrado el tiempo para presentar candidatura y corría el proceso de competencia con cinco candidatos del patio la JG de la UPR anunció que había extendido hasta el mes de octubre el término para presentar candidaturas. En este proceso la presidenta interina en ese momento Nydia Fernández, era una de las candidatas. No se volvió a conocer nada acerca de este proceso hasta este marzo en que se filtró la noticia de que la JG había colocado una convocatoria en la página del HHE.

Del proceso que corría el pasado año y que para todos los efectos quedó suspendido, el doctor Arturo Avilés González, del recinto de Bayamón y el doctor Carlos Colón de Armas, son los dos de Puerto Rico que figuran ahora como semifinalistas.

En entrevista con este semanario una de las candidatas que participó de ese proceso, la doctora Martha Quiñones Domínguez, desmintió declaraciones de la JG de la UPR de que todos los candidatos –los semifinalistas– hayan participado de todo el proceso. Aun cuando reconoció que en otras ocasiones la convocatoria a la plaza de presidente se ha anunciado en Estados Unidos e incluso han habido concursantes, estos han viajado a la isla ha participar del proceso, el cual incluye presentaciones en las diversas unidades académicas, por lo que denunció que los seleccionados-al menos cinco- fueron seleccionados por la JG.

Comparó además que a los candidatos que solicitaron y participaron del primer proceso se les exigió que presentaran un plan para la UPR, “todos cumplimos con ese requisito y descartaron a una gente que no lo entregaron”. De hecho CLARIDAD estuvo presente en un foro en el Recinto de Ciencias médicas en la cual participaron los cinco candidatos cada uno presentando y defendiendo su plan.

La doctora Quiñones Domínguez denunció que ahora de los semifinalistas, cinco de ellos no entregaron ningún plan. Por el contrario reveló que sólo se les preguntó que cómo iban a cumplir con lo que la JCF quiere para la UPR, por lo que señaló como “peligroso” el proceder de la JG. “Nuevamente estamos a merced de una politiquería ahora imperial”, denunció en referencia a la JCF. En su caso afirmó que durante el proceso en el cual participó había dejado bien claro que ella no iba a aceptar los criterios de la JCF.

Quiñones Domínguez denunció que el nuevo presidente lo que vendrá a hacer será ejecutar el plan fiscal que imponga la JCF, “no viene a abonar, a mejorar la educación de la Universidad, ni los servicios, ninguno de ellos tiene compromiso con la UPR”. Cuestionó además el sueldo que se le irá a pagar a la persona que venga del exterior. Al presente el sueldo de presidencia es de $205 mil al año.

La profesora de economía y planificadora ambiental del Recinto de Arecibo, defendió que ya la comunidad universitaria se ha estado reuniendo y preparando un plan para salvar y aportar recursos a la UPR, el cual se ha discutido con la comunidad universitaria y comunidades externas. Se refiere al Plan SOS UPR, y aun cuando denunció “éste plan ha sido ignorado por completo por los administradores actuales”, reclamó insistir en la autonomía universitaria.

La semana pasada CLARIDAD publicó una nota en la que se informaba que la intervención del gobierno actual incidió en la suspensión repentina de parte del decano interino de Asuntos Académicos del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico de la ponencia magistral que dictaría el doctor Mario Marazzi, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto), en el 38vo Foro Anual de Investigación y Educación de ese recinto, celebrado del 18 al 20 de abril.

En respuesta a esa situación, Mario Marazzi comentó en entrevista con este medio que él no tiene manera de comprobar que esa suspensión –censura– se debiera a una intromisión directa del primer ejecutivo del País, aunque indicó que, debido a una lista de encontronazos que han tenido el Gobierno de Puerto Rico y el Instituto en lo que va de cuatrienio, sí podría especularse sobre dicha intrusión.

Uno de esos choques se evidencia en el pleito legal que comenzó el Instituto en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan a raíz de que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, decidió el verano pasado faltarle a la Ley Orgánica del Instituto (Ley 209-2003) destituyendo sin justa causa y sin el debido proceso de ley a cuatro de siete miembros de la Junta de Directores del Instituto para imponer otros cuatro funcionarios traídos por él.

Luego de siete meses, el juez anuló el caso a principios de marzo por considerar ilegal la acción del Gobierno. Sin embargo, el pleito legal continúa tras una apelación que realizó Rosselló Nevares.

Más allá de obviar la Ley 209, la consecuencia mayor de desintegrar la Junta de Directores ha sido que, como ese cuerpo no había podido reunirse hasta hace unas semanas, el Instituto no ha podido trabajar científicamente con el porciento de mortalidad luego del paso de los huracanes Irma y María.

“Ante la ausencia de una Junta de Directores, el Instituto no ha podido tomar acción para asegurar que las estadísticas sobre el impacto de los huracanes sean confiables y cumplan con metodologías y criterios de calidad, en momentos en que el mundo entero ha cuestionado esas estadísticas del Gobierno de Puerto Rico”, señala el Instituto en el recurso legal presentado en el Tribunal.

Desde que el Instituto comenzó a funcionar en 2007, los gobiernos de turno han mostrado resistencia a la hora de avalar las estadísticas del Instituto. Precisamente por eso, se puede hipotetizar porqué la entidad inició operaciones con menos presupuesto del que establece la Ley Orgánica (5 millones).

No obstante, el gobierno de Rosselló Nevares registra otros encontronazos con el Instituto. Por ejemplo, cuando en junio de 2017 se intentó aplacar desde Fortaleza, mediante los medios de comunicación y sin presentar evidencia, la confiabilidad de los datos del Instituto en cuanto al número de empleos ocupados y transitorios.

Asimismo, otra instancia de desacuerdo fue cuando a finales de marzo de este año el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto (Aafaf), Gerardo J. Portela, solicitó públicamente a Mario Marazzi la entregar de información financiera relacionada a las operaciones del Instituto. En ese entonces, Marazzi aseguró que los informes requeridos estaban accesibles a través de la página web de la entidad que dirige.

El incidente más reciente fue cuando, a modo de manchar la política pública que sostiene el Instituto – la necesidad de que la entidad esté alejada de la política partidista –, el martes pasado el Viejo San Juan amaneció lleno de pancartas que anunciaban la supuesta postulación de Marazzi para la gobernación en el próximo cuatrienio.

Estadísticas en el Puerto Rico de hoy

La falta de datos y de estadísticas ha jugado un rol protagónico en la crisis económica y fiscal que enfrenta Puerto Rico. Antes de la creación del Instituto de Estadísticas en 2003 – comenzó funciones en 2007 –, no había una entidad que ayudara al Gobierno a transformar en números la realidad puertorriqueña con el fin de tomar mejores decisiones.

¿Por qué el Instituto es esencial para ayudar a Puerto Rico a sobreponerse?, preguntó CLARIDAD a Mario Marazzi. “La mera existencia de un instituto independiente ayuda al gobierno en la confiabilidad y credibilidad de sus datos y estadísticas ante dos grupos: el gobierno federal y los mercados financieros globales. Como fuente independiente, el Instituto provee a todos estos grupos de interés y a los ciudadanos de un mecanismo para acceder e interpretar las estadísticas oficiales de Puerto Rico. De esta manera, pueden llegar a sus propias conclusiones sobre si el gobierno progresa o no”, contestó.

Un instituto de estadísticas independiente le asegura a Puerto Rico que el aparato gubernamental sea más costo efectivo. Para esto, el Instituto desarrolla técnicas con el fin de mejorar la medición, identificar brechas y desarrollar procesos de trabajo en las agencias del gobierno. De otra parte, los proyectos del Instituto han creado técnicas de ahorros, que han identificado millones de dólares mal gastados y han provocado la suma de otros millones al erario.

Sin embargo, la labor del Instituto también sirve para erradicar la corrupción en la medida en que se ciñe al acceso universal de información y denuncia el acceso privilegiado a la misma. En ese sentido, es conveniente para el gobierno que el Instituto caiga en manos de la empresa privada. Entre otras razones, la posible privatización de esta entidad encierra el deseo del gobernador de que traten a Puerto Rico como un estado en término de sus estadísticas, además, la idea de que la información – al igual que la salud y la educación pública – es comprable y vendible.

“Yo no conozco ninguna parte del mundo en donde se diga que se van a entregar las estadísticas al sector privado a ver qué sale”, comentó Marazzi.

Ante el anuncio de venta del Instituto, al director ejecutivo le preocupa los conflictos éticos en los que se recaerían. “Una de las razones por las cuales la contabilidad nacional se hace internamente en todos los países del mundo es que para realizarla es necesario tener acceso a una información sumamente confidencial sobre las contribuciones de cada compañía. Imagínate todos los conflictos éticos que ocurren cuando una compañía privada tiene acceso a los datos de contribuciones de todo el mundo”, explicó el doctor.

Entidad autónoma

Hace diez años se creó el Instituto para abrir la brecha de información estadística a los ciudadanos, y a los contribuyentes, los cuales pagan para saber, por ejemplo, la tasa de desempleo en el País.

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar que los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas públicas, estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal. El IEPR posee en su inventario, accesible a través de www.estadisticas.pr, cerca de 300 productos estadísticos. Además, es custodio y provee acceso a sobre 100 conjuntos de datos o “data sets” por medio de www.data.pr.gov y a sobre 40 tablas y más de 6 mil indicadores a través de: www.indicadores.pr.

Fue una mujer, quien bordó la bandera de Puerto Rico, Mariana Bracety, fue una mujer otra de las primeras conspiradoras, Ana Mercedes de Barbudo; fue una mujer una de las primeras sindicalistas, Luisa Capetillo; fue una mujer Lolita Lebrón, quien lideró el ataque al Congreso de Estados Unidos (el 1 de marzo de 1954).

A través de toda nuestra historia patria las mujeres siempre han tenido una significativa y decidida participación en las luchas políticas y sociales. Ahora en momentos tan críticos que vive el país –a la altura del siglo XXI– un grupo de mujeres convocados por la veterana periodista Wilda Rodríguez se han juntado para llevar al Congreso de Estados Unidos la que entiende es la verdadera situación del pueblo puertorriqueño.

El llamado Junte de Mujeres del 2018 (M18) está integrado además de Rodríguez por; la presidenta y candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago; la excandidata independiente a la gobernación Alexandra Lúgaro; la ex candidata a la comisaría residente por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Mariana Nogales; la presidenta y excandidata a representante por el Movimiento Unión Soberanista (MUS), María de Lourdes Guzmán; la alcaldesa de San Juan, miembro del Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Yulín Cruz; y la vice presidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano MINH), Wilma Reverón Collazo. La iniciativa de la formación del M18 se dio a conocer durante un conversatorio que se transmitió en vivo por las redes sociales. Luego en comunicado de prensa.

“El Gobierno y la Junta de Control Fiscal están enfrascados en un juego mediático que atenta contra los intereses del Pueblo de Puerto Rico, generando además una proyección tergiversada de lo que ocurre en el país. Más allá de sus aparentes y momentáneas diferencias, ambos insisten en ignorar el consenso que existe entre miles de puertorriqueños para demandar la derogación de PROMESA, la eliminación de la Junta de Control Fiscal, la auditoría de la deuda pública y la no aplicación de las leyes de cabotaje de la Ley Jones y el Merchant Marine Act. Ante todo, para exigir la negociación de una relación política y económica entre Puerto Rico y Estados Unidos que sea no colonial y no territorial”, fue parte del pronunciamiento público emitido por el M18.

En una breve entrevista con este semanario, la licenciada Reverón Collazo, apuntó sobre el hecho de que el grupo esté integrado sólo por mujeres es en que precisamente el hecho de que sean mujeres que han coincidido todas en organizaciones que se consideran de izquierda y con personas que aunque no necesariamente son de izquierda han tenido un protagonismo político contestatario, como es el caso de Lúgaro y la Alcaldesa de San Juan entendieron el por qué no, “cuando son grupos de hombres nadie lo cuestiona la gente está acostumbrada a que sean los hombres los que lleven la voz cantante al protagonismo, al liderato yo creo que el hecho de que seamos todas mujeres rompe con esa tradición, con esa hegemonía en la política y nos da voces a las que somos hoy en día la mitad de la población, sino un poco más y tiene las voces a sectores amplios de izquierda o centro izquierda que le están dando otras cartas al apoyo de descolonización a Puerto Rico”. En ese sentido –añadió– que entiende que es un rompimiento con los paradigmas que siempre ha tenido la política puertorriqueña.

En el manifiesto público el M18 calificó de imperativo que el Congreso de EE UU escuche otras voces de Puerto Rico y se comprometieron a asumir esa responsabilidad. En esa dirección este 11 de abril el grupo envió una carta en la que le solicitan audiencia a los presidentes del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado y Cámara de EE UU, senadora Lisa Murkowski y Rob Bishop, respectivamente.

En su carta, el Junte M18 exige que ambos comités las escuchen a nombre de los sectores que reclaman no han sido debidamente representados ante ellos por la Administración Rosselló y la JCF. “Puerto Rico ha sido tergiversado en su representación ante vuestros comités congresionales. Ni la Administración Rosselló ni la junta de Control Fiscal están transmitiéndole al Congreso de Estados Unidos una caracterización precisa de los puntos de vista y preocupaciones del Pueblo de Puerto Rico sobre la crisis económica y social de la colonia. De hecho, lo que están es envueltos en una charada mediática que atenta contra los mejores intereses del pueblo puertorriqueño al proyectar una visión distorsionada de la verdad.

“Nosotras, las firmantes, hablamos por esos puertorriqueños sin representación efectiva en este asunto y exigimos respetuosamente que se nos reconozca y se nos escuche en su nombre.”

Reverón Collazo, quien ha trabajado en el Comité de Puerto Rico en la ONU, esfuerzo dedicado a conseguir que el Comité de Descolonización incluya el caso de Puerto Rico, a pregunta de Claridad sobre a cuáles otros foros consideraban presentar sus reclamos, indicó que por el momento están enfocadas en el Congreso y que una segunda etapa sería entonces el plano internacional. Destacó sobre la necesidad de la comparecencia al Congreso que lo que busca el grupo es cambiar la narrativa sobre cuál es la situación de Puerto Rico que hasta ahora ha sido una hegemónica que le han vendido los anexionistas tanto dentro de las esferas de poder político en Washignton, en el Congreso y en editoriales, es decir Prensa estadounidense de que el problema de Puerto Rico es uno de derechos civiles, de ciudadanos americanos. “Lo enfocan desde un punto de vista individualista de unos ciudadanos norteamericanos que viven en Puerto Rico. Nosotros queremos cambiar esa narrativa y hacer claro que el tema del caso de Puerto Rico no es un asunto de derechos civiles es un asunto de una nación, un problema colectivo en ese sentido el plano internacional va a ser un área de trabajo”.

Sobre las posibilidades de que el grupo sea escuchado Reverón Collazo reconoció que la política es algo un poco impredecible y que eso va a depender de si hay un interés político en algunos sectores del Congreso que no sean los anexionistas. “Me parece que es un buen momento porque obviamente el Congreso le está dando la espalda a todas las gestiones pro anexión y a lo mejor esto le podría poner a ellos una alternativa con la cual podrían sentirse más a gusto e identificados, está por verse”.

Por su parte Mariana Nogales, del PPT, recalcó sobre la pertinencia de acudir al Congreso, de que hay que brindarles a los congresistas otro marco de referencia de lo que esta pasando en el país. “Hasta el momento la única visión que han recibido los congresistas, casi el relato único es el relato del oficialismo del gobierno de Ricardo Rosselló y realmente el panorama que tenemos en Puerto Rico es un panorama muy distinto al que se le ha presentado al Congreso de EEUU aquí hay una oposición que cada vez crece en contra de la Junta de Control Fiscal y por eso insistimos en esos tres puntos de convergencia”.

Al hecho de que todas son mujeres dijo no temer a los señalamientos y ataques que puedan venir de la derecha, “no seria nada nuevo para ninguna de nosotras, el ataque va a venir para el estatus quo es peligroso que un grupo de mujeres se una para un propósito”. Para Nogales el momento que vive el país es uno crítico. “Personalmente pienso que hay un desmantelamiento del país, ahora mismo si no protegemos lo que tenemos esto va a ser peor que el huracán, el huracán agravó la situación que ya estaba presente sobre 10 años de austeridad, de no tener un plan de desarrollo económico y social pero lo que vino después del huracán es horrible, es el desmantelamiento del sistema de educación pública de un país, el aparato gubernamental, es casi como si fuera un experimento”.

Además en otro paso consistente con la postura asumida en contra de la presencia de la JCF el M18 dio su apoyo a la resolución del senador Juan Dalmau que fue aprobada la semana pasada de forma unánime en el Senado de Puerto Rico que prohíbe al Departamento de Hacienda (DH) realizar cualquier desembolso de fondos dirigido a lo ordenado por la JCF. Aun cuando la medida más tarde fue aprobada en la Cámara de Representantes, en declaraciones a la Prensa en los días recientes el gobernador Rosselló Nevares ha dejado ver que no pondrá en práctica la resolución.