Nota: En días recientes se ha generado un debate sobre la muerte del independentismo, CLARIDAD exhorta a nuestros colaboradores a debatir sobre el tema, aquí el compañero Manuel de J. González esboza algunas ideas. –AMF

En 1960 muchos daban por muerto el movimiento independentista puertorriqueño porque después de un período de auge en las décadas anteriores, había llegado a un punto mínimo en las elecciones de ese año.

Diez años antes, en 1950, el nacionalismo se había jugado su última carta, protagonizando una insurrección armada que conmovió el país. Tras ésta fracasar todo su liderato fue reprimido y al comenzar la década del ’60 permanecía encarcelado. Aquel movimiento pujante y motivador, que había generado apoyo de sectores populares, ya formaba parte de nuestra historia trasmutado en un ejemplo de “valor y sacrificio”, sin existencia real.

La otra vertiente del independentismo, la electoral, también llegaba a menos en 1960. Tras el claro giro colonialista que dio el Partido Popular Democrático (PPD) a mediados de la década del ’40 cuando, a instancias de Luis Muñoz Marín, declaró incompatible ser independentista y militar en esa agrupación, un grupo importante de Populares ayudó a fundar el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en 1946. Seis años después, en las elecciones de 1952, el PIP se convirtió en el segundo que más votos recibió, desplazando de esa posición al tradicional movimiento anexionista. Pero a partir de ese año comenzó a perder apoyos, llegando al extremo de perder su franquicia electoral en 1960.

Mientras eso les ocurría a las fuerzas políticas independentistas, el país sufría cambios que llevaron a muchos a pronosticar como inevitable la “asimilación” cultural a Estados Unidos y la incorporación como estado a la federación norteamericana en poco tiempo. El programa de industrialización impulsado dos décadas antes rendía frutos, alimentado por el enorme excedente de capital que se produjo en Estados Unidos tras el fin de la guerra en 1945. Puerto Rico fue uno de los mercados hacia el cual se exportó ese capital y con las fábricas llegaron las urbanizaciones al estilo estadounidense y las grandes empresas de consumo, acelerándose lo que para algunos era un proceso irreversible de “americanización”. El “rock & roll” sonaba en la radio y un torrente de gente iba a comprar al nuevo Sears, no a González Padín.

La gran ola migratoria hacia Estados Unidos, desatada tras el fin de la guerra, seguía con similar fuerza a principios de los ’60, vaciando los campos de jóvenes. En las comunidades emigradas aparecía una nueva generación de puertorriqueños que tenía el inglés como primer idioma, los que luego alguien llamaría “nuyoricans”. La interacción de esa nueva generación con sus familiares de la Isla estimulaba la creencia de la inevitable asimilación.

Esas nuevas realidades alimentaron el pesimismo, por no decir derrotismo, en muchos sectores, manifestándose en la producción literaria y ensayística de aquellos años. Los cuentos terminaban en suicidios tras el desplazamiento del criollo por el invasor (El Josco), las obras de teatro en la muerte inevitable del emigrado (La Carreta) y los ensayos nos hablaban de la “docilidad” congénita de los puertorriqueños.

Ése era el ambiente en 1960. En cambio, ¿cuál era la realidad puertorriqueña diez años después, en 1970? Al comenzar esa nueva década ya el otrora movimiento moribundo había dado paso a otro vigoroso que impactaba con fuerza la vida puertorriqueña manifestándose en diversas formas de lucha, incluyendo otra vez la vertiente armada. Una organización fundada en 1959 por jóvenes provenientes del PIP, el Nacionalismo y grupos socialistas – el Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico (MPI) – estaba organizada por todo el país y desarrollaba un intenso trabajo de masas en las principales áreas urbanas. Su influencia sobre los sectores estudiantiles y de trabajadores ya era grande y lo sería aún más en los cinco años siguientes, tras convertirse en 1971 en Partido Socialista Puertorriqueño (PSP). El PIP, por su parte, presidido por un liderato joven, había dejado atrás el estancamiento transformándose en una organización militante de gran impacto.

El flujo de militantes hacia esas organizaciones provenía de las universidades. Igual que en el resto del mundo (ver Eric Hobsbawn, Historia del siglo XX) el desarrollo de la educación superior en la década del ’50 creó las bases para las luchas estudiantiles de las décadas siguientes. En Puerto Rico, una organización fundada en 1956, la Federación de Universitarios Pro Independencia (FUPI) y otras que nacieron después, dirigieron una lucha muy activa en los campus y luego le suplieron una gran legión de militantes y dirigentes a las organizaciones nacionales. También impactaron y ayudaron a desarrollar un nuevo movimiento sindical, expresándole solidaridad a sus luchas y aportando cuadros.

Curiosamente, las comunidades puertorriqueñas que surgieron de la emigración hacia Estados Unidos, jugaron un papel importante en aquel renacimiento del independentismo. ¡Y fueron los hijos de los emigrados, hablando mayormente en inglés, los cuadros principales de las organizaciones patrióticas desarrolladas allá! Desde su fundación, el MPI planteó que los emigrados y sus descendientes son parte de la nación puertorriqueña que, como resultado de la nueva realidad, había quedado dividida en dos grandes partes. La lucha que se desarrolló corroboró esas tesis. A principios de la década del ’70 se comenzó a publicar en Nueva York una edición de CLARIDAD –el periódico que en 1959 había fundado en Puerto Rico el MPI– que, reconociendo la realidad de la emigración, era bilingüe.

La trasformación se había producido en apenas ocho o diez años. Ahora, en la segunda década del siglo XXI, el movimiento independentista puertorriqueño está otra vez en crisis y, como en 1960, en distintos medios ha surgido una muy necesaria discusión sobre cómo reactivarlo. Como entonces, ya surgen algunas voces que se apresuran a escribir el certificado de defunción y, prediciendo otra vez la “inevitable” anexión de nuestro país, hasta ven a los independentistas incrustados en una facción del liberalismo gringo. (Por cierto, que hijos de la colonia militen en organizaciones políticas de la metrópolis, no es nada nuevo ni mucho menos malo. Entre muchos otros, uno que se llamó Ho Chi Minh lo hizo).

Esa discusión es muy útil y ojalá siga. Yo fui parte de la generación del ’60 y desde entonces comprendí que los procesos sociales, y las fuerzas políticas que nacen de ellos, son desiguales y están repletos de avances y retrocesos. También aprendí que, como sucede con todo pueblo colonizado, lo que estimula la lucha de independencia es la existencia de una nacionalidad. (¡Vean el ejemplo de Cataluña!) En el caso puertorriqueño la nacionalidad está más fuerte que nunca y mientras esa sea la realidad, habrá lucha.

Un relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos, de las Naciones Unidas (ONU), visitará Puerto Rico desde este 1 al 15 de diciembre en una visita oficial para investigar cuáles han sido los esfuerzos del gobierno para erradicar la pobreza en el país, y su relación con las obligaciones de Estados Unidos bajo el derecho internacional de los derechos humanos.

Según dio a conocer la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) capitulo de Puerto Rico, el relator, profesor Phillip Alston, además de visitar la Isla viajará a Washington, D.C., California, Alabama, Georgia, y West Virginia. En todos sostendrá reuniones con oficiales del gobierno a nivel federal, estatal y local.

La visita a la Isla incluye reuniones con personas que viven en condiciones de pobreza para escuchar sus experiencias, conversará con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de pobreza y derechos humanos, y recibirá insumos de expertos y miembros de la academia.

“Estados Unidos es uno de los países más ricos del mundo, más sin embargo continúan presentes algunas de las formas más profundas de pobreza y desigualdad,” expresó el experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra para monitorear, informar y aconsejar sobre la pobreza extrema y su relación con los derechos humanos.

“Aunque algunos se pregunten por qué un experto en pobreza extrema y derechos humanos realiza una visita a un país tan rico como los Estados Unidos, la realidad es que en este país muchas personas reciben ingresos sumamente bajos, o viven en una pobreza multidimensional,” acotó el profesor Alston.

Se espera que la visita le provea al Relator Especial información adicional sobre la situación de pobreza y derechos humanos en Estados Unidos. Ésta se sumara a información que ya ha recibido de parte de la sociedad civil. La ACLU indicó que al día de hoy, el Relator Especial ha recibido más de 40 escritos informativos por parte de una multitud de organizaciones de la sociedad civil y ha conversado con más de 60 organizaciones de la sociedad civil y académicos.

“Estados Unidos ha enfatizado consistentemente la gran importancia que le reconoce a los derechos civiles y políticos en su política externa y ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Uno de los enfoques más importantes de mi visita es evaluar cómo la pobreza afecta los derechos civiles y políticos de los pobres en los EE.UU.,” dijo el experto independiente de derechos humanos.

Algunos de los temas que el Relator Especial va a examinar durante su visita se relacionan con las protecciones de derechos humanos de las personas que viven en pobreza en relación con el sistema de justicia criminal, los derechos electorales, la participación política y la falta de hogar.

El experto también examinará la medida en que se garantizan los derechos sociales básicos de aquellos que viven en pobreza en los EE UU. “La protección social, el cuidado de la salud, la vivienda, el agua, y el saneamiento, deben ser parte de la ecuación al considerar la situación de los pobres,” indicó el profesor Alston. Otro campo a evaluar es el impacto que tienen las nuevas tecnologías de los sistemas de justicia criminal y de beneficencia social en las personas pobres. En su visita a Puerto Rico Alston será atendido por la ACLU de Puerto Rico.

Años antes de la grave situación de manejo de desperdicios sólidos en la que se encuentra Puerto Rico tras el paso del huracán María, ya estaba en la palestra la discusión sobre este tema, que bien han relacionado con la conservación ambiental o con la salud pública.

Una simple búsqueda en Internet dará cuenta de que en 2008, por ejemplo, un estudio que se realizó sobre la generación de desperdicios sólidos arrojó que los puertorriqueños generaban 10 mil toneladas diarias de basura o lo que era igual a 3.91 libras diarias por persona. El mayor problema, sin embargo, no era –es– la cantidad de desperdicios sólidos, sino la enajenación que existe en la población sobre el proceso de disposición de éstos, que comienza con la merma del consumo desmedido.

Para marzo 2016, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) emitió una orden para cerrar tres vertederos ubicados en Isabela, Vega Baja y Juncos, los que se sumaban a la clausura el año anterior de otros tres en Lajas, Moca y Toa Baja. Hace un año, 22 de los 27 vertederos en uso incumplían con leyes ambientales, según declaraba la misma agencia federal.

El panorama en 2016 no era alentador: alta generación de basura en un país pequeño, disposición deficiente de estos desperdicios, expiración de la vida útil de vertederos, raquítica práctica del reciclaje, municipios sin fondos para implementar medidas de emergencia en el recogido y la disposición de la basura, fiscalización deficiente por parte de las agencias públicas implicadas, poca conciencia ciudadana sobre estos temas.

Ahora, luego de la devastación que dejó el huracán, ese panorama ha surtido su efecto multiplicador. Solamente en San Juan, a un mes y medio de María, se habían recogido 75.3 millones de libras (más de 34 millones de toneladas) de escombros, material vegetal, basura doméstica y reciclaje.

Según la organización sin fines de lucro Basura Cero, capítulo de Puerto Rico, es preocupante lo que padecemos porque si teníamos vertederos a los que se les pronosticaban diez años de vida– diez años para aguantar la basura que les tiramos– ahora les estamos cortando la duración a cinco años de utilidad.

A este problema se le añade la denuncia de los portavoces de este colectivo, cuya meta principal es tratar de mermar lo más posible la producción de basura: los programas de reciclaje municipales han colapsado porque han tenido que suspender el servicio para apoyar el recogido de escombros y ramas caídas. El servicio también se ha limitado porque las plantas están llenas de material reciclable o están utilizando un generador de electricidad para procesarlo.

Entre la producción de desperdicios sólidos y la disposición de ellos está quizás el eslabón más importante: la conciencia ciudadana. Por eso, ahora más –que se ha vuelto casi necesaria la sobre generación de botellas y cubiertos plásticos, baterías y tanques de gas, por ejemplo– son indispensables las voces de iniciativas como Basura Cero, que educan sobre las acciones que agravan el problema y propician que la gente se reconozca capaz de revertirlo.

Por otro lado, la reutilización y reciclaje de materiales son opciones al alcance de hogares, comunidades y empresas. Bien articuladas, son alternativas con viabilidad económica. Al respecto, la organización Basura Cero ha propuesto ver el reciclaje como una industria. A diferencia de la incineración – que se ha planteado como solución al problema de basura en Puerto Rico, aunque genere otros – la industria del reciclaje generaría muchos empleos y convertiría al país en un gran productor de materia prima.

Desecho de baterías y materiales electrónicos

Tras el paso de María, se ha disparado el consumo de baterías, por ende es mayor la cantidad de este tipo de basura doméstica que llega a los zafacones de los hogares. Al igual que se ha ausentado el reciclaje de cristal en Puerto Rico, no se ha sabido manejar adecuadamente en la Isla los desechos de baterías y materiales electrónicos.

La semana pasada, la directora de la EPA en Puerto Rico y el Caribe, Carmen Guerrero, advirtió que “si esa cantidad de baterías llega a los vertederos, vamos a tener un gran impacto” en la salud pública y el medio ambiente.

Para evitar daños, esta agencia federal, en colaboración con la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), y entidades como Basura Cero Puerto Rico, ha comenzado un proyecto para asegurar que las baterías y los artefactos electrónicos son descartados y reciben el tratamiento adecuado una vez pierden su vida útil.

Juntos han creado estaciones en lugares céntricos para que las personas puedan acudir con las baterías alcalinas que han perdido su utilidad y las depositen en recipientes de plástico o en bolsas plásticas con sellador en unos contenedores provistos. Las entidades se encargarán de colectarlas y disponer de éstas correctamente. Más de 56 municipios ya cuentan con estaciones para depositar este tipo de material, mientras que hay otros pueblos que están recogiéndolas casa por casa con apoyo de la EPA.

Asimismo, la agencia federal está coordinando el recogido de artículos electrónicos como televisores, computadoras, radios, equipos estéreo, reproductores de DVD y teléfonos. La disposición final de todo este material en desuso no puede realizarse en Puerto Rico porque la Ley para el reciclaje de electrónicos y promoción para su disposición, del 17 de enero de 2012, prohíbe estos residuos en los vertederos del país, según dijo Guerrero.

Algunos de los centros de acopio están ubicados en las oficinas de la EPA, en City View Plaza II, en Guaynabo; las oficinas de ADS, en el Edificio de Agencias Ambientales, en Río Piedras; la sede de Basura Cero Puerto Rico, en la Fundación Banco Popular, en Hato Rey; y las instalaciones de Tanagua, en la carretera PR-167, en Bayamón. La lista completa está disponible en la página de Basura Cero Puerto Rico en Facebook. Esta iniciativa se extenderá hasta marzo 2018.

Madera después del huracán

El paso de María sumió a Puerto Rico en un caos de troncos y ramas caídas que llegan al vertedero en vez de reciclarse, compostarse o convertirse en una salida económica. La situación de árboles derrumbados provocó, incluso, que las personas se apoderaron del concepto “material vegetativo”, antes limitado para el argot de ciertas agencias gubernamentales o municipales.

Sin embargo, debido principalmente a malas decisiones de planificación urbana como sembrar especies de árboles muy grandes en las ciudades, es común en la isla la tala de árboles que han roto aceras y carreteras.

El año pasado, el material vegetativo representó el 22 por ciento de todos los desperdicios sólidos que se generaron a diario en el país, del cual al menos la mitad era de árboles maderables aprovechables. No obstante, la ausencia de una política pública que claramente garantice que el material vegetativo descartado recibirá un aprovechamiento justo, redunda en que también terminen en la basura potenciales industrias de reciclaje, composta y madereras.

La compañía Puerto Rico Hardwoods, que desde años antes del paso del huracán se dedica a la venta de madera local, producto de árboles caídos o que inevitablemente hay que cortar por representar una amenaza a la vida y propiedad, ha hecho un llamado públicamente para sacarle provecho a la gran cantidad de troncos derribados por María. Para más información de costos y servicios, se puede llamar al (787) 308-4588.