CLARIDAD

A raíz de la demanda que la Asociación de Maestros de Puerto Rico sometió contra el Departamento de Educación en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, desde la semana pasada se discute mediáticamente el tema de la inconstitucionalidad de las escuelas Chárter –Escuelas Públicas Alianza, según las nombra la Ley 85 del 2018– y del programa de vales educativos.

Luego de que el pasado 5 de julio la jueza superior Iris Cancio González determinara que tanto las escuelas chárter como los vales educativos, principales programas de la Reforma Educativa propuesta por el Gobierno actual, son contrarios a la Cláusula de Sostenimiento de la Constitución de Puerto Rico, la administración de Ricardo Rosselló Nevares recurrió el miércoles 11 al Tribunal Supremo para solicitar que se revierta la decisión de Cancio González.

Ante eso, el máximo foro judicial paralizó el viernes 13 la sentencia que declara inconstitucionales las chárter y, antes de emitir la determinación final, otorgó cinco días laborales a ambas partes para que argumenten a favor o en contra.

El presidente del gremio magisterial ÚNETE, Emilio Nieves, expresó a este medio que “si el Tribunal Supremo decide algo contrario a lo que decidió el Tribunal de Primera Instancia, sería utilizando criterios que no están conformes a un análisis jurídico constitucional, sino ideológicos”.

La postura del Gobierno de turno, por otro lado, es ampararse en el éxito de las alianzas en este ámbito educativo para justificar la instauración del modelo chárter y de los vales educativos en Puerto Rico.

Sin embargo, para Nieves, hablar de alianzas es parte de la “estrategia” o “truco” que utilizó el gobierno para redactar la Ley 85 o Reforma Educativa: “No aparece el concepto ‘escuelas Chárter’, sino el de Escuelas Públicas Alianza”. De hecho, la jueza Cancio González destacó que el Tribunal ha reiterado que “el nombre no hace la cosa”. Por lo tanto, denominar las escuelas chárter como Escuelas Públicas Alianza no las hace menos susceptibles del veto constitucional.

Al revisar el caso, la jueza identificó unos elementos que evidencian que la Escuela Pública Alianza es una modalidad de privatización. Según enumeró Emilio Nieves, la jueza argumentó que se trata de una privatización porque quienes dirigirán las escuelas no son funcionarios públicos, porque los maestros no serán servidores públicos, además, porque las escuelas tendrán facultad para expulsar estudiantes, limitar la matricula y modificar los currículos de enseñanza.

Pese a la determinación del Tribunal de Primera Instancia, el Gobierno aún queda facultado para crear escuelas chárter en alianza con municipios o con la Universidad de Puerto Rico, por ser estas entidades públicas. La jueza fundamenta este punto en que ambos sectores son una extensión del servicio público. Sin embargo, la posición de ÚNETE en ese sentido es que “no validamos el modelo de escuela chárter bajo los municipios o la Universidad porque son dos instancias que actualmente tienen un tipo de alianza con las escuelas publicas que sí es válido y que sí ha funcionado”.

“Sin tener la autonomía administrativa ni otro manejo de fondos, en estos momentos, los municipios apoyan servicios de transportación y de mantenimiento de los planteles escolares, por ejemplo. Con las universidades existen alianzas de adiestramientos a los maestros, de parte del profesorado. Es una alianza de apoyo al servicio educativo, no de administración”, especificó Nieves.

Señaló Emilio Nieves que el Gobierno tiene razones políticas y económicas para impulsar la implementación de la privatización de escuelas. En términos económicos, se justifica “porque este [es] el último paso en el proceso de federalización del sistema público…El Estado ya agotó todas las propuestas federales sometidas (tutorías para estudiantes y desarrollo profesional para maestros). Esta es una búsqueda de fondos federales”.

Del lado político, éste considera que, en la medida en que el Gobierno valida las escuelas chárter, auspicia más de cerca la ideología estadista. “Aunque en los Estados Unidos solo un 6 por ciento de escuelas son chárter, luego de 25 años de implantación del modelo, el gobierno de Rosselló lo ve como una herramienta adicional para promover la estadidad en Puerto Rico y el proceso de americanización y federalización del sistema educativo”.

Por otro lado, el cierre de escuelas que se ha visto en los últimos meses favorece que, aquellas entidades que tengan la oportunidad de administrar planteles cuenten con más fondos del Estado. El nombre del sistema universitario Ana G. Méndez ha sonado como posible administración para las escuelas chárter. Asimismo, el Departamento de Educación no ha descartado la posibilidad de la intervención estadounidense en la fase administrativa si se implanta este modelo en Puerto Rico.

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Una amplia gama de organizaciones feministas agrupadas en la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM) denunció que las mujeres en el País se encuentran en una “crisis nacional”, de violencia doméstica, de hostigamiento sexual en el trabajo, y de un incremento en las agresiones sexuales que amenazan su seguridad y sus vidas.

En conferencia de prensa en la sede del Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR), a mediados de la semana pasada, las portavoces de la Coordinadora atribuyeron la situación — la cual describieron como precaria, especialmente por la crisis económica—, a las reformas laborales, el mal manejo gubernamental ante las consecuencias del huracán María, a las políticas fiscales adoptadas por la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Estado, que han tenido un impacto particular sobre las mujeres como trabajadoras, como consumidoras y como responsables primarias de velar por la salud y la estabilidad de los menores y las personas de mayor edad.

“La situación se ha tornado en una crisis nacional para las mujeres ante el hecho de que el Gobierno no está asumiendo sus responsabilidades como corresponde, lo que representa la violación de sus derechos humanos en múltiples áreas. Un ejemplo lo constituye la reducción de fondos a las organizaciones sin fines de lucro, cuya principal bandera es la defensa de los derechos de las mujeres, y que han asumido el apoyo a ellas y sus hijas e hijos, mediante la prestación de servicios. De igual forma, los procedimientos burocráticos extremos ante agencias gubernamentales constituyen un reto cada vez más difícil de superar para la aprobación e implantación de sus propuestas. Esto limita el desarrollo de los diferentes programas y la continuidad en la prestación de los servicios para las víctimas y sobrevivientes. Además, el cierre de Tribunales y de proyectos especializados en violencia dificulta que tengan un acceso real a la justicia”, denunció Vilma González, portavoz de la CPM.

La Coordinadora trajo a la atención los 12 asesinatos de mujeres por violencia  de género en lo que va de año y el alto número de casos de hostigamiento sexual denunciados en el ámbito laboral, especialmente en escenarios gubernamentales de altas esferas, lo que dijeron hace de la violencia de género en el País un asunto que requiere atención y acción prioritaria. Estas circunstancias afirmaron,  son una clara manifestación  de falta de equidad de género y evidencian que no existe un plan gubernamental integral y coordinado para atender el problema. Dieron como ejemplo la reciente controversia surgida en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) con el Departamento de Justicia (DJ) y el caso de hostigamiento en la Compañía de Turismo (CT).

La Coordinadora censuró la falta de política pública, de protocolos para manejar casos de violencia de género en casos de emergencias e incluso el que Gobierno obvia disposiciones legales en casos de hostigamiento, lo que envía un mensaje negativo a las sobrevivientes de la violencia de género en sus diversas manifestaciones. Esto provoca confusión y desaliento, cuando deberían sentirse motivadas y respaldadas para denunciar el discrimen y la falta de equidad.

A preguntas de la prensa, Tania Rosario, portavoz de Taller Salud (TS), calificó de inaceptable que el País todavía no tenga protocolos para atender y proteger la vida de las mujeres en casos de desastre. “Puerto Rico no se va a mover de donde está y todos los años va a haber una temporada de huracanes. Exigimos un protocolo que proteja la vida de las mujeres en situación de desastre”. La activista también denunció la impunidad en los casos de hostigamiento sexual, ante lo cual expresó: “Nosotras estaremos apoyando las víctimas, estaremos denunciando cada vez que sea necesario hacerlo y estaremos dando el apoyo e información que se necesita, educando a la comunidad para que conozca cuáles son sus derechos. Muchas veces, la mayoría de las veces, los casos de hostigamiento sexual resultan ser impunes y lo hemos estado viendo recientemente”.

González agregó que se hace imperante y necesario que la perspectiva de género atraviese a todas las agencias, en referencia a las agencias públicas, y acusó que hay una cantidad de gente en recursos humanos en las agencias que no tienen idea de la perspectiva de género. Tampoco hay los protocolos y hay falta de perspectiva de género a la hora de mirar qué está ocurriendo en el País y cuáles son las necesidades de las mujeres. Eso debe incluirse en un currículo, que los grupos feministas están luchando desde el 2006. Hasta ahora, dijo, todos los partidos se han negado a implantar el currículo a pesar de todo el trabajo que ha hecho la CPM.

“Cada vez que una víctima lleva una querella, se le minimiza como sobreviviente de violencia doméstica.  Desde hace 25 años, al día de hoy, continúa la crisis, al día de hoy todas las denuncias que hacemos quedan dependiendo de a dónde van; si es a Justicia, es un asunto político; lo vamos a pasar por debajo de la mesa y no vamos a considerar nada”, manifestó Hilda Ramón, intercesora de la CPM, con lo que reafirmó que el maltrato institucional hacia las mujeres que trabajan en el país es constante.

En tanto, la licenciada Josefina Pantoja, de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT), aludió a que frente al mensaje negativo que están enviando las autoridades, las mujeres pueden sentirse defraudadas. Lo importante fue que la Coordinadora de la Mujer, las 34 organizaciones que la integran y otras organizaciones no se iban a quedar calladas, por lo que continuarían haciendo la denuncia. Pantoja señaló el poder de hacer presión que tienen las mujeres con el voto, “el que todo el mundo busca cada cuatro años”, mientras tanto, la lucha se mantiene, incluso las acciones legales.

El grupo de mujeres declaró que es urgente la necesidad de preparar protocolos de desastres con perspectiva de género. Advirtieron que no es necesario la contratación de ninguna universidad extranjera, ni traer ningún experto, ya que en Puerto Rico hay expertos. El tema no es una materia nueva, ya tiene una trayectoria y una literatura revisada, “no hace falta más que voluntad y enviar un mensaje claro de que la vida de las mujeres importa”, reclamaron.

La sicóloga social, Mercedes Rodríguez, censuró el que en estos momentos haya una gran falta de respuesta gubernamental a la violencia de género.  Este es el momento en que más se sabe sobre este tema y hay más información para prevenir la violencia de género; pero es el momento en que uno ve que cómo desde la Legislatura se elimina la equidad de género, lo que calificó como “una vergüenza nacional”.

Aun cuando las portavoces de la CPM dijeron que no hay números exactos de cuántas agresiones se dieron en los refugios luego del paso del huracán María, y de que probablemente no se tenga nunca, las organizaciones han estado viendo y atendiendo un incremento en los casos. Se estima que en la medida en que pase el tiempo, continuarán aumentando.

Por otra parte, a preguntas de CLARIDAD, la vice presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales (CTS), doctora Mabel López Ortiz, presente en la conferencia de prensa, también atribuyó la falta de una política con perspectiva de género en el Gobierno a que el problema está en que han puesto a personas en puestos claves para trabajar el asunto de las mujeres y la violencia en la familia, que tienen poco conocimiento del servicio y sin  perspectiva de trabajar el problema de la violencia por la que atraviesan las mujeres como un problema estructural. Expuso que ante la situación económica por la que atraviesa el País y, por ende, las familias, los problemas de violencia intrafamiliar suelen dispararse. Mientras, el Estado no le ha dado prioridad a las necesidades reales del pueblo. “El Gobierno dice que son pocos los recursos —aunque sabemos que hay una contradicción cuando vemos dónde está puesto el dinero—; pero por ejemplo, en el Departamento de la Familia hay una escasez de trabajadores sociales porque no tienen forma de reclutar gente porque la escala salarial de un trabajador social es la más baja en el País”. Coincidió con la denuncia de las organizaciones feministas de que el Estado no está haciendo su trabajo.

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Aun cuando las múltiples acciones legales contra la Ley Promesa y la Junta de Control Fiscal (JCF) están en el mismo proceso, cada una pide una cosa y un remedio diferente, habrá que esperar que la jueza Laura Taylor Swain vaya resolviendo cada una de las controversias y ver cuál de ellas llega hasta el Tribunal Supremo de EEU. Cuánto tardará eso y cuándo cobrarán los acreedores de Puerto Rico, está por verse.

En entrevista el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIA), Carlos Ramos González expuso la diferencia entre los casos radicados por el Primer ejecutivo de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa y el caso de la firma de acreedoresAureliousresuelto por la jueza Taylor el pasado viernes.Sobre la demanda radicada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, aclaró que éste no está cuestionando la constitucionalidad de Promesa y de la JCF. Expuso que para entender la acción del gobernador había que repasar el trasfondo de la ley Promesa la cual describió como una “bien perversa” ya que está amarrada por muchas partes, que a su vez representan una conjunción de intereses entre los bonistas acreedores que quieren cobrar y los reclamos que hizo el gobierno de Puerto Rico y sus cabilderos ante el Congreso, para que le permitieran un proceso de reestructuración de deuda. Los congresistas de origen puertorriqueño estaban presionando para que la ley no fuera todo lo que querían los bonistas.

Recordó que el primero que puso el tema de la reestructuración fue el gobernador Alejandro García Padilla, al pedir un proceso de reestructuración de deuda, cosa que no se le permite a los estados, quería que se le permitiera al territorio un procedimiento especial bajo el argumento de que el Tribunal Supremo de EE UU había dicho que la ley de quiebra criolla era inconstitucional. Por su parte los acreedores querían una junta de control como la de Detroit cuyo fin era cobrar su deuda.

El Congreso lo que hizo entonces fue combinar las dos cosas, facilitó un proceso para la reestructuración de la deuda y creó la JCF. Pero previniendo que ambas cosas no se pudieran separar dispuso en la ley que si se declaraba inconstitucional el proceso de quiebra, la JCF también sería inconstitucional y viceversa.  Esto significa -expuso el constitucionalista- que algunos acreedores no quieren el proceso de reestructuración de deuda, pero todos siempre han querido la JCF. Ramos González indicó que este trasfondo es importante para el pleito del gobernador, es por eso que en su demanda no cuestiona la constitucionalidad de la Ley Promesa -debido a que no quiere que se elimine el proceso de re estructuración de la deuda- ni tampoco quiere que se revise el Plan Fiscal (PF) ni el Presupuesto certificado. Lo que alega el gobernador en su demanda es que cuando la JCF ejerció sus poderes para crear el PF se excedió en los poderes que le dio el Congreso. Entonces el gobernador pide dos cosas; primero una orden de interdicto para que el PF y el presupuesto que ya certificó la Junta y que implícitamente acepta, parte de ese presupuesto y plan no se ejecute ya son asuntos de política pública. Además solicita que el tribunal emita una sentencia que aclare hasta dónde se extienden los poderes de la Junta sobre estos asuntos considerados de política pública.  El caso presentado por el gobernador está señalado para presentar los argumentos este próximo 25 de julio.

En tanto la acción radicada por la Legislatura, dijo es una más radical porque dice que Promesa es inconstitucional y la ataca de manera directa porque, entre otros planteamientos constitucionales se abroga unos poderes que el Congreso ya había concedido a Puerto Rico de un gobierno propio y que no tiene el poder bajo la Claúsula Territorial de esa manera. Por lo que en ese sentido-según la demanda- el único presupuesto que debería reconocerse es el que aprobó la Asamblea Legislativa y aprobó el gobernador.

Mientras el pleito de Aureliuos, el cual se presentó mucho antes que el del Gobernador y la Asamblea Legislativa, tampoco cuestionó la constitucionalidad de Promesa, sino el proceso de nombramientos de los miembros de la JCF. Según los demandantes el nombramiento de los miembros de la JCF no siguió el proceso de la constitución de EEUU por lo que piden que los anule bajo la teoría de que el Congreso no tiene el poder de haber creado una junta tan extraña desde el punto de vista en que insiste Aureliuos de que sus miembros son funcionarios de una entidad federal que debió nombrarlos el Presidente y someterlos a consideración del Senado tal como dice la constitución. Alega además que el poder bajo la CT no llega dice a ser tan flexible y tan maleable. Aureliuos pedía que se destituyera a la actual junta y el Presidente volviera a nombrar a sus miembros según el proceso que dispone la constitución.

El profesor Ramos González apuntó que en el fondo lo que está detrás de este pleito es que los acreedores nunca han creído y no quieren el proceso de reestructuración de deuda porque es lento, hasta el día de hoy no han a cobrado un centavo y tampoco cobrarán la totalidad de la deuda. Aun con todas las acciones que ha tomado la JCF los acreedores quieren una Junta que responda mas a sus intereses.

La jueza Taylor Swain determinó que Aureliuos estaba equivocado y acogió en la práctica todos los argumentos que presentó el Departamento de Justicia de EEUU como amigo de la corte en el caso de Sánchez Valle de que el poder del Congreso para administrar el gobierno de sus territorios, la gobernanza territorial es plenario, eso quiere decir que las limitaciones que tiene desde el punto de vista de las estructuras es prácticamente ninguna.

Acotó que en este caso la Jueza no dice que el Congreso puede violar los derechos individuales constitucionales. Este asunto está pendiente en el caso presentado por la Unión de Trabajadores Independiente de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), ya que la CT sí tiene esa limitación.

La juez reafirmó el poder del Congreso bajo la CT para decidir cómo estructura los territorios y eso fue lo que hizo cuando decidió crear Promesa y que aunque la creó no es una ley federal, sino que la hizo formar parte del gobierno de Puerto Rico. En ese sentido el gobierno de Puerto Rico se parece mas al gobierno que tiene cualquier condado o comunidad en un estado de la unión.

Frente a esta determinación el experto en Derecho Constitucional afirmó, “el gobierno de Puerto Rico es, ha sido y será mientras esté bajo la Cláusula Territorial, esté incorporado o no, una criatura del Congreso de Estados Unidos y le da el ámbito de poder que estima apropiado en su sabiduría” Esa agregó es la esencia del planteamiento por lo tanto la estructura de la Junta como es y la forma como el presidente la nombró, dice la ley del Congreso es un ejercicio perfectamente constitucional, según la CT. Incluso comentó que la juez Taylor Swain da a entender en su decisión al igual que lo hizo uno de los informes de la Casa Blanca sobre Puerto Rico que según en el Tratado de París, EE UU compró a Puerto Rico tiene el poder de disponer del territorio.

A la interrogante de las diferencias entre el pleito presentado por la Legislatura y el Primer Ejecutivo que pueden derrotarse uno al otro, Ramos González dijo que presume que la juez va a resolver los asuntos medulares en el orden en que se fueron presentando y hasta que no decida el caso de la UTIER no vamos a estar claros si ésta hará una distinción entre la estructura del gobierno, el poder plenario y los derechos individuales. El pleito del gobierno apenas esta comenzando y todavía los casos radicados por la UTIER, el licenciado Pinto Luego y otros están vivos.

ccotto@claridadpuertorico.com

La situación en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sobrepasó los 12 mil voltios la semana pasada, ante la renuncia de su director ejecutivo Walter Higgings, excusada con mentiras respecto a sus verdaderos motivos. A esa renuncia se le unió el nombramiento del miembro de la Junta de Gobierno, Rafael Díaz Granados, como nuevo director, con un sueldo de $750 mil, que levantó fuertes críticas de todos los sectores en el país. La marea de indignación y críticas obligó a que el gobernador ordenara a los miembros de la JG a modificar la compensación a Díaz Granados y a indicarles que, si no estaban de acuerdo, renunciaran.

En menos de 24 horas la JG de la AEE se quedó sin directores con la renuncia del presidente Ernesto Sgroi, el vicepresidente Edwin Irizarry, el presidente del Comité de Auditoria Erroll Davis, la presidenta del Comité de infraestructura Nisha Desai y hasta del recién nombrado Díaz Granados, el mismo que horas antes había dicho que aceptaba el sueldo y el puesto “como un sacrifico” por Puerto Rico. Este último fue nombrado el miércoles 11 de julio y ya al día siguiente estaba abandonando la Isla.

El gobernador Ricardo Rosselló Neváres mintió primero sobre los verdaderos motivos de la renuncia de Higgins, diciendo que era por motivos familiares. Mientras, Higgins en carta con fecha del 11 de julio dirigida a los empleados de la AEE establecía que era por motivos de su compensación. El sueldo asignado al estadounidense era de $450 mil anuales, un “incentivo” de igual cantidad y otros $100 mil para mudanza. También mintió el gobernador cuando dijo no saber del nombramiento y sueldo de Díaz Granados. Fue desmentido luego por el presidente de la JG de la AEE en declaraciones públicas.

Para el exrepresentante del interés público en la JG el activista Juan Rosario, lo ocurrido en la AEE es reflejo de que el aparato político, es decir el Gobierno, le entregó la AEE “a una pandilla que ha decidido saquear el país a través de la Autoridad”. En referencia al sueldo concedido por la JG a Díaz Granados, acotó que no es que esta tenga poder para hacerlo, sino que el gobierno lo ha permitido. Rosario señaló que la JG funciona como una presidencial, en la cual el presidente es quien decide cuándo se convoca y cómo se convoca, por lo que sin permiso del presidente no hay convocatoria. Contó que cuando estuvo en la JG él y el otro representante del interés público, el profesor Agustín Irizarry, presentaron un proyecto por petición en el Senado, en ese entonces dominado por el Partido Popular Democrático (PPD) para que se creara una junta de gobierno más representativa del País. Denunció que el proyecto fue presentado en la Comisión de Energía que presidía el senador Cirilo Tirado y la reacción del presidente del senado, Eduardo Bathia, fue quitarle la comisión.

Rosario, con vasta experiencia en el activismo ambiental, apuntó que el problema de la AEE es que la JG es un organismo que en la manera en que está construida nunca le va responder al país. Sobre las intenciones de privatización del gobierno, reparó en que vender y privatizar no es lo mismo, y adelantó que el Gobierno puede privatizar sin vender: “Yo creo que no van a vender nada, lo que van es a regalar las cosas que se puedan regalar, concesionar y mantener el estatus de propiedad pública; pero entregar todos sus haberes. Lo que hemos hecho siempre privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”.

Más allá de la censura por la compensación que se le pretendió dar al paso breve de Díaz Granado, el licenciado Santini Gaudier, exrepresentante del interés público, trajo a la luz que este llevaba dos años en la JG de la AEE y cuestionó que con la experiencia que él alegaba tener –según su resumé–, no habiese aportado, “absolutamente nada”, ni hiciera propuestas que hubieran modificado la AEE en dos años. El licenciado Santini Gaudier dijo que coincidió con Díaz Granados en la JG.

Mientras describió como ilógica la privatización de la AEE y puntualizó que de ocurrir algún otro desastre natural y la AEE estar privatizada, la Agencia Federal para Manejo de Desastres (FEMA, siglas en inglés) por ley no podría dar ayuda gratuita. La ley dice que esta puede dar ayuda en casos de desastres a entidades gubernamentales y corporaciones sin fines de lucro. En caso de un desastre, la corporación privada tendría que pagar las reparaciones de su propio dinero. El hecho es que en Estados Unidos estas corporaciones les pasan el costo a los consumidores con una derrama mensual. Trajo a la atención además, que con la reforma contributiva del Presidente Trump las corporaciones van a pagar entre el 12 a 21 % de contribuciones. En caso de que la AEE se privatice con una corporación doméstica (es decir estadounidense) esta tendría que pagar contribuciones estatales y federales, costo que de seguro tendrán que pagar los consumidores.

Por otro lado, cuestionó que a quién se le ocurre proponer una venta de la AEE en este momento donde el gobierno de Estados Unidos por medio del Cuerpo de Ingenieros (USCI siglas en inglés) está diciendo que va a invertir en mejorar la infraestructura. “¿El gobierno de Estados Unidos va a ser tan tonto, estúpido? ¿Va invertir en el sistema de energía de Puerto Rico para que entonces el gobierno de Puerto Rico lo venda? Están viviendo como Alicia en el país de las maravillas. Desde mi punto de vista la privatización no va de ninguna forma”.

Tras los cortos circuitos en la JG de la AEE el gobernador nombró el viernes 13 en la tarde los nuevos miembros de la JG: al presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) Elí Díaz Atienza y al expresidente del Colegio de Ingenieros Ralph A Kreil. Según un comunicado de prensa, el próximo director ejecutivo sería nombrado a mediados de esta semana. En lo que parece ya ser política pública del actual Gobierno, se busca a una persona del exterior para llenar el puesto.

Intereses encontrados

Ante la falta de dirección, prudencia, respeto que existe en Puerto Rico tanto en el Ejecutivo como en la JG de la AEE, el Congreso hay intereses encontrados sobre el futuro de la AEE. El senador republicano Rob Bishop, a raíz de los sucesos en la Isla, confirmó que se proponía convocar en las próximas semanas una audiencia sobre una “posible solución legislativa” para la AEE, citóel periódico El Nuevo Día. Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE. UU. está alineado con los intereses de la industria de combustible fósiles. Hace unas semanas, el Instituto para el Análisis Financiero y Económico para la Energía (IEEFA) divulgó un estudio en el que denunciaba que la ley de privatización de la AEE podría abrir la puerta para prácticas de contratación más políticas en la Autoridad. En particular, dio a conocer que la firma de cabilderos Alpine Group, representante del consorcio Shell, ITC/ Forties y Kindle Energy habían distribuido en el los últimos meses en el Congreso una propuesta para construir una infraestructura de gas natural de $4,000 millones en Puerto Rico. El hoy ex director Higgins se había manifestado en una audiencia previa ante Bishop a favor de que la AEE continue utilizando combustibles fósiles.

Por su parte, los representantes demócratas Nydia Velázquez (Nueva York), Raúl Grijalba (Arizona) y Frank Pallone (Nueva Jersey), le reclamaron en carta a Higgins que se comprometiera con el uso de fuentes renovables en la AEE y le hicieron advertencias acerca de los intereses de la industria de combustible fósiles.