Como un proceso peligroso, irresponsable y hasta irreal, así describieron varios expertos consultados por CLARIDAD, la manera en que la Junta de Control Fiscal (JCF) y su coordinador de revitalización (CR), Noel Zamot, van a manejar las propuestas de “proyectos críticos de infraestructura”, bajo el Título V de la ley PROMESA.

En una presentación en la sede del Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CIA), ante un público conformado por empresarios, constructores etc, Zamot, anunció que los “proyectos críticos”, están enfocados en infraestructura de energía eléctrica, transportación, manejo de agua y desperdicios sólidos. Según Zamot y la JCF, “Puerto Rico necesita cerca de $1,600 millones en nueva inversión de infraestructura para cumplir con los objetivos de crecimiento económico contenidos en el Plan Fiscal de Puerto Rico”.

A preguntas del público quedó demostrado que la preocupación principal de los interesados (constructores inversionistas etc.) es que consideran que los procesos de permisos son extremadamente largos, incluyendo los procesos en la esfera federal. La contestación de Zamot a esta preocupación fue que el flujo de la permisología en la esfera federal es mucho más predecible y que ellos –la CR– están más enfocados en la permisología estatal. Más adelante comentó que se esperaba que las agencias estatales se tomaran 20 días en los procesos de permisología. El funcionario confirmó que ya se han sometido siete proyectos todos relacionados con la producción de energía.

No todo lo que se puede construir es necesario

Mientras tres planificadores entrevistados por CLARIDAD coincidieron en denunciar que los llamados “proyectos críticos” a los que se refiere la JC son la extensión de la PR 22 y la construcción de la incineradora de Arecibo.

A juicio del planificador Félix Aponte, el país tiene otras prioridades que no son las identificadas por la JCF.

Aponte, quien fue miembro de la Junta de Planificación (JP) y en la actualidad es miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) como representante de los consumidores, reveló que el proyecto de la incineradora se encuentra entre los considerados por la JCF como uno “crítico” y es por mucho uno de los más costosos. De hecho EA no consiguió que la agencia de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de EE UU financiara el proyecto.

El planificador trajo a la atención el que todavía se habla del proyecto del incinerador como se pensó en el 2008, pero que más allá de todas las controversias ambientales, que implica el proyecto, aun si se ubicara en un lugar donde no represente obstáculos ambientales todavía el proyecto tiene un problema fundamental desde el punto de vista de planificación. Explicó que en las referencias de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) de 2003 y luego en el 2008, el proyecto se hizo bajo la estimación de que Puerto Rico iba a tener cuatro millones de habitantes en el 2010. Es evidente que ésa no es la realidad hoy.

A esto se suma el que frente a la recesión actual y la situación de los municipios que casi no les permite ahora mismo pagar por la disposición de los desperdicios a los vertederos privados mucho menos podrán pagar lo que EA pueda cobrar. Aponte indicó que hace 10 años el costo por tonelada para tirar la basura en el incinerador para los municipios era $36 dólares la tonelada, ahora podría llegar a ser más de $45. Puso como ejemplo que una empresa en EEUU que el proyectista de EA ha usado como modelo cobra $72 dólares la tonelada de basura. “Aquí no hay municipio que pueda pagar ese costo, además, el viaje desde el oeste y el precio por el transporte es bien costoso así que los municipios tendrían que incurrir en costos por llevar los desperdicios a Arecibo”.

En referencia a proyectos de transportación atribuyó que detrás de esa propuesta lo que está es la extensión de la autopista PR 22 hasta Mayagüez. Este proyecto en los planes del gobierno tiene el nombre de “Campo traviesa”. Una vez más cuestionó la pertinencia de este proyecto.

“La pregunta es mover a quién para hacer qué. Si la gente para ir al oeste tiene la opción de ir por el sur y los que van por el norte ese tramo lo completan por la dos no hay actividad económica ni siquiera en el aeropuerto de Aguadilla para en este momento justificar esa construcción”.

Denunció que ésta es una inversión multimillonaria y su propósito y negocio es cobrar por peaje. Una vez más advirtió que la viabilidad de ese proyecto tendría que ponerse al día con la realidad demográfica dado a que hoy hay medio millón de personas menos en el país y muy posible habrá medio millón menos en los próximos cinco años.

El experimentado planificador quien ha sido consultor para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) fue enfático al cuestionar la necesidad de más infraestructura vial cuando en este momento no hay capacidad para darle mantenimiento a la infraestructura existente. Aponte destacó que en lugar de nueva construcción es necesario hacer mejoras estructurales al pavimento, los drenajes, “la estructura existente tiene que recibir mantenimiento preventivo, seguir añadiendo kilómetros es añadir deuda, sería una locura, no muestra sensatez ni racionalidad, ni entendimiento de la realidad objetiva de hoy”.

En cuanto al tiempo para evaluar los proyectos y las diferencias entre las agencias de Puerto Rico y las agencias de EE UU, Aponte desmintió de plano el que las agencias de EEUU fuesen más previsibles. Aponte trajo el hecho de que el Cuerpo de Ingenieros (CI), tiene injerencia en todo proyecto que implique el recurso agua y que además en el caso de las otras agencias de EEUU todas, cada una tiene, que registrar la gestión de cada proyecto y dar 30 días mínimo para comentarios públicos.

“Eso es una falacia, no guarda relación con la realidad objetiva, el Cuerpo de Ingenieros es lento aquí y en Estados Unidos”, reiteró.

Extremadamente peligroso

El también planificador ambiental, José Rivera Santana, calificó de extremadamente peligroso emitir permisos expeditos bajo la declaración de emergencia que estableció el gobernador Ricardo Rosselló con la Orden Ejecutiva Núm. 3 de este año, y la cual además hace referencia a la aprobada por Luis Fortuño. “La consecuencia es que todos los procesos de permisos se atropellan y se pone en riesgo los impactos a los recursos naturales, a la gente y las comunidades”.

En cuanto a que los proyectos se contemplan mediante las llamadas alianzas público privadas (APPs) argumentó a que con algunas excepciones en Puerto Rico éstas son un mito debido a que lo que ha ocurrido es la privatización, debido a que la norma ha sido que el estado asume las pérdidas y el privado asume las ganancias como ha sido el caso del aeropuerto Luis Muñoz Marín, de Carolina.

Las agencias no cuentan con los recursos humanos ni económicos

Por su parte Luis Jorge Rivera Herrera, planificador ambiental, apuntó en que hay una distinción entre lo que es un proceso expedito de aprobación y un proceso expedito de evaluación, por lo que si la JCF se está refiriendo al proceso de aprobación, cualquier análisis que se pueda hacer de un proyecto denominado como “crítico”, resulta académico.

“Ése es el gran problema fundamental de este proceso que varias administraciones de gobierno han tratado de promover y han desembocado en una irresponsabilidad con la crisis fiscal y los problemas de desarrollo que enfrenta el país”, manifestó. Añadió que las agencias de Puerto Rico no cuentan con los recursos humanos y fiscales para llevar a cabo los procesos de evaluación de una manera responsable debido a la pérdida de trabajadores(as) en particular de la memoria institucional e información que sería vital para una evaluación correcta de cualquier proyecto.

Al igual que los otros entrevistados Rivera Herrera señaló los mismos defectos de concepción de los proyectos de la extensión de la PR 22 y de la planta de incineración, los cuales no tenían, ni tienen viabilidad social, económica, ni ambiental.

No nos engañan

Mientras por su parte la activista Myna Conty, portavoz de la Coalición contra el Incinerador (CCI) expresó a CLARIDAD que el gobierno lo que está usando es un juego de palabras con la intención de engañarles. “Sabemos que están detrás de EA que es el proyecto más adelantado, no lo llaman por su nombre. La Coalición estará pendiente, estamos aquí día a día, no vamos a permitir que se construya nada este proyecto fue fastrack ya con Fortuño en el 2010 llevamos siete años y no han podido construir, tengo noticias para ellos, este proyecto no va, porque la salud del pueblo es primero que cualquier parte de la economía que haya que arreglar, porque sin salud no hay nada, hago un llamado al gobierno a que ponga sus cosas en orden”.

En Puerto Rico, en estos tiempos de crisis fiscal, abundan las narrativas oficiales sobre la deuda, ésas que se crean unidireccionalmente, que responden a los intereses de quienes las crean y que se hegemonizan porque están acompañadas por la falta de transparencia y democratización de la información.

El director de investigación del Centro para una Nueva Economía (CNE), Deepak Lamba-Nieves, recientemente visitó la sede de la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos (EA) para participar en la presentación del Diccionario de la deuda, una herramienta educativa ideada por la doctora María Enchautegui, catedrática de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y acogida por EA. Precisamente, el desarrollo de este diccionario –disponible digitalmente en la página web de EA– pretende definir más de un centenar de términos relativos a la crisis fiscal que escucha la ciudadanía en los discursos públicos, pero que no necesariamente entiende.

Este recurso digital se creó en aras de aportar al empoderamiento de la sociedad civil de los temas que le compete, pues mientras más conocimientos adquiera la ciudadanía, más capacidad tiene para tomar acción.

Para Lamba-Nieves, una cosa es salir a la calle a reclamar justicia social, “y yo creo que eso tiene que aumentar, fortalecerse y ver más demostraciones cívicas de este tipo”, pero esa estrategia tiene que complementarse con la creación de unas contranarrativas efectivas, de un mensaje diferente que se encuentre con la historia oficial. Propuestas como la del diccionario en línea, dan un paso al frente en la producción de contenido colaborativo y en la educación mutua, aspectos necesarios para la formación de contranarrativas.

El portavoz del CNE ofreció el ejemplo de lo que realizaron los vecindarios de afroamericanos y pobres en la ciudad de Detroit cuando las autoridades gubernamentales comenzaron a dejarlos sin servicio de agua “como parte del proceso de ajuste” para solucionar la crisis fiscal que tenían. Según Lamba–Nieves, la narrativa oficial en ese caso era que esas comunidades desaventajadas económicamente no pagaban el servicio público y por ende, había que disciplinarlos y cortarles el acceso a agua potable.

Ante eso, continuó relatando, “los vecinos empezaron a relacionarse con el tema, a identificar cómo hacer evidente que querían estrangular a los pobres y que allí había políticas para eliminar el control afroamericano de distintos sectores de la ciudad”. El resultado de esa investigación ciudadana –realizada con colaboración de universidades y fundaciones sin fines de lucro– fue la creación de un estudio, de una serie de mapas que identificaban dónde se estaban creando los recortes del servicio de agua. De esta manera, “pudieron probar que la concentración de los recortes eran en los lugares más pobres y donde había más población de afroamericanos… Ése es el poder de las contra narrativas y de estar informados”.

A juzgar por Lamba-Nieves, en Detroit se armaron una serie de narrativas de la crisis después de pasar por un periodo de bancarrota, de tener 18 millones en deuda. “Estas narrativas surgían entre otras razones para internalizar un discurso oficial, para defender una ideología y, en muchos casos, para enmascarar unas movidas que se estaban llevando a cabo”.

La más popular era y es la del “resurgir de la ciudad de Detroit”. El relato principal de hoy día, es que a Detroit se le llama el come back city. Pero, cuando uno sale del Downtown, empieza a conocer otros informes, ésos que estaban redactados y trabajados por los residentes de la ciudad que evidenciaban que ese supuesto resurgir sólo se había concentrado en ciertos vecindarios, por lo que caminar unas pocas millas hacia fuera de la ciudad demostraba el empobrecimiento, expresó en EA Lamba–Nieves.

“Entonces, ¿cuál es la ciudad que resurge? ¿Para quién? Ésa es la historia que no se estaba narrando en el discurso oficial. Yo creo que eso, muy importante, armar nuevas historias”, cuestionó el vocal del CNE.

“Ahí es que viene la pertinencia del Diccionario de la deuda. Necesitamos educarnos mejor sobre la crisis en Puerto Rico y conocer bien los términos que se utilizan en esta serie de narrativas oficiales que van construyendo sobre la crisis del país”, dijo con el propósito de comparar la situación de Detroit con la de Puerto Rico.

Discursos oficiales en Puerto Rico

“En Puerto Rico se están repitiendo muchas de las narrativas que los residentes de Detroit escucharon cuando se hablaba de bancarrota en su ciudad. Una de las más poderosas era que la culpa de lo que acontecía era de los ciudadanos por haber escogido políticos corruptos. Se escucha mucho en Puerto Rico que por escoger gobiernos corruptos nos toca a nosotros pasar por la medicina amarga, por un periodo cruento para expurgar esas culpas y en algún momento resurgir, resucitar de esta crisis”.

El director de investigación del CNE aseguró que ese ejercicio de contar una narrativa “simplona”, de que tenemos que asumir lo que escogimos, tiene unas intenciones por parte de los que controlan el discurso oficial. Igualmente, las tiene el camino de austeridad que la Junta de Control Fiscal y el gobierno de turno están implementando en Puerto Rico. Si ya está demostrado que los planes de recortes no hacen crecer las economías en bancarrota, ¿qué les asegura que será posible en la Isla? Ésa es otra narrativa que la ciudadanía puertorriqueña tiene que contraatacar más intensamente siguiendo el ejemplo de las comunidades afro en Detroit.

“Otra narrativa oficial en Puerto Rico es que la deuda es algo que hay que honrar de cualquier manera, sin embargo, se les olvida [a los que están manejando el país] que la función del Estado y del Gobierno no es pagar deudas, sino servirles a los ciudadanos. Entonces para atender el problema de pensiones, pagarles a los maestros, atender las necesidades básicas de salud, tenemos que sopesar eso con el deber de pagar la deuda y tenemos que buscar una restructuración de la deuda”, opinó Lamba-Nieves.

Asimismo, existe la narrativa “de que no se pueda hacer nada hasta que no se audite la deuda”. “Definitivamente, tiene que haber una auditoria de la deuda independiente, ¿pero vamos a esperar la auditoria para empezar a hablar de reestructuración? Se nos va a hacer muy tarde”, puntualizó el investigador. “La clave aquí es que tenemos que empezar un proceso de restructuración de deuda al mismo tiempo que correr un proceso de auditoría, y que se puede llegar a un proceso de renegociación con condiciones”, continuó.

Volviendo a los ejemplos de “organización comunitaria”, Lamba-Nieves señaló casos como el del barrio Tallaboa Encarnación de Peñuelas y recordó otros “en el centro de la Isla”, como en Adjuntas, cuando los esfuerzos iniciados por Casa Pueblo resultaron en la eventual cancelación del gasoducto que impulsaba el gobierno de Luis Fortuño. El investigador apuesta a más organización ciudadana, a más esfuerzos para apoderarse de los discursos oficiales através de la educación en estos temas. Para eso, puso a disposición del pueblo el trabajo que se hace desde entidades como el Centro para una Nueva Economía y Espacios Abiertos.

Las compañeras Alina Luciano, Marie Blanca Robles López, y Francesca Von Rabenau fueron premiadas por la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico. La compañera Alina Luciano ganó una mención en Noticias generales y el primer premio por el fotoensayo En la ruta del Fidel (es el que esta reproducido aquí).

Von Rabeanau ganó el primer premio en noticia ambiental, por sus fotos de la lucha en Peñuelas y Robles López ganó una mención en Noticia del momento por una de sus fotos de la manifestación del primero de mayo. En la vigésimoséptima premiación la Asociación de Fotoperiodistas bautizó el premio de noticias de deporte con el nombre del compañero Elliott Castro Tirado, siendo el primer recipiente el compañero André Khan de GFR Media.

A todos(as) compañeros y compañeras premiados(as) muchas felicidades. a nuestras compañeras, gracias por un trabajo de excelencia.

Recientemente, la cultura de nuestro país ha recibido fuertes amenazas. Por ejemplo, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), según el presupuesto que avaló la Junta de Control Fiscal el pasado mes de julio, recibirá un total de $5.8 millones, lo que representa $3 millones menos comparado con el presupuesto del pasado año fiscal. De esos fondos, $5,434,000 son para nóminas y gastos relacionados, por lo que la entidad funcionará con sólo $413 mil.

Ante tal atentado, “no nos podíamos quedar callados. Estos han sido los recortes más significativos a las instituciones culturales más grandes del país, y haciendo honor a personas que trabajaron la cultura como Lorenzo Homar, Nilita Vientós Gastón, Antonio Torres Martinó, Ricardo Alegría y otros tantos que dieron la lucha por la formación de la cultura del país, decidimos que había que hacer algo independientemente de que fuera o no conducente a revocar el golpe”, dijo el artista plástico Rafael Trelles en entrevista con este medio.

En repudio a recortes de tal envergadura, un grupo de artistas puertorriqueños gestó la iniciativa “Verde luz”, la cual se celebrará simultáneamente en muchos espacios públicos de Puerto Rico el próximo sábado, 30 de septiembre. De inicio, el actor Ángel Vázquez y Carmín Boisolie le sugirieron la idea a Trelles y luego, convocaron a los y las artistas Rosa Luisa Márquez, Chabela Rodríguez, Maite Rivera Carbonell y Maximiliano Rivas. Ahora, sobre 800 artistas de Puerto Rico y la diáspora han endosado la actividad.

“Queríamos hacer algo diferente, ir más allá de la marcha y el piquete”, contó Trelles. Así, Verde luz es una manifestación que “corresponde más” al perfil de los artistas, promotores culturales, maestros de arte y amantes del arte en general. Se trata de una expresión artística masiva en la que, desde diferentes espacios públicos de la isla, se dejará claro la importancia de la cultura. En esos sitios, se hará arte –cualquier disciplina es válida– y justo a las 5:00 de la tarde, unánimemente, se cantará la canción Verde luz, además de leerse una proclama.

“Buscando un lugar común, decidimos utilizar la canción Verde Luz como un ente unificador. Arreglamos con Antonio Cabán Vale (el Topo), quien muy generosamente nos dio el permiso y está endosando el proyecto”, explicó Rafael Trelles.

La canción será el emblema de la actividad, “no solamente porque todo el mundo la conoce, sino por el contenido de la letra, que reivindica la puertorriqueñidad, y además porque el año que viene la canción cumple 50 años de haberse compuesto. Así que “se escogió en homenaje y reconocimiento al Topo y a esa canción que tanto nos toca a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas”.

A un mes de la celebración de este evento, los organizadores están preparando un calendario que recoja todos los lugares en los que habrá arte. Hasta el momento, los músicos de la Sinfónica se manifestarán en la plazoleta del Centro de Bellas Artes de Santurce con varios arreglos sinfónicos de la canción. Se les unirá Ballet de San Juan. Por su parte, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas será sede para que los artistas se manifiesten. Asimismo, en Ponce, Antonio Martorell hará una instalación frente a su estudio y la poeta Mara Pastor junto a un grupo de poetas realizará un recital de poesía en el malecón.

Entre los objetivos del evento figuran: protestar por los recortes masivos a la cultura del país y “pedir algunas reivindicaciones que nos parecen importantes para que a los artistas se nos haga la vida más fácil en nuestra tarea de hacer arte diariamente”. Por ejemplo, “pedimos la enmienda o modificación de algunas de las leyes que limitan nuestro quehacer, pedimos tener acceso a los espacios públicos sin ningún tipo de limitación, queremos tener acceso a los edificios abandonados”, acotó Trelles.

Se han unido a la convocatoria el educador Justo Méndez y el sindicato magisterial VAMOS, así como algunos agricultores y múltiples organizaciones comunitarias y de base religiosa.

Otro de los propósitos de este evento es “lograr aunque sea por un día conciencia grupal y gremial, que por lo menos una gran mayoría de los artistas del país estemos conscientes de que estamos todos unidos y que por un día podemos manifestarnos y demostrarle al país que la cultura es importante, que hace país y es fundamental para ser quienes somos como nación”, fue concluyendo Trelles.

Las personas que continúan endosando el proyecto están de acuerdo en que es inminente seguir haciendo cultura a pesar de los recortes que el Gobierno ha impuesto. También, en que hay que demostrarle a la administración actual que la cultura “es una industria, una actividad que genera riquezas y labores que son fundamentales para nosotros como país”.

Para más información, puede comunicarse a través de Facebook Evento Verde Luz o del correo electrónico eventoverdeluz@gmail.com.

Por Damaris Suárez

Centro de Periodismo Investigativo

Tres días antes de terminar su mandato, el exgobernador Alejandro García Padilla enmendó la ley para hacer obligatoria la colegiación para toda corporación privada, incluyendo a las sin fines de lucro, como requisito para realizar cualquier evento público o privado. Si el productor no está colegiado, pagará $10,000.00 de multa por todo espectáculo en el que se cobre o no la entrada, con o sin fines de lucro, sea en un lugar al aire libre o cerrado, según esta Ley 205 de 2016.

Gestores culturales y organizaciones, como los Centros Sor Isolina Ferré, Teatro Coribantes y el Proyecto Verde Luz anticiparon el efecto adverso del nuevo estatuto que aumentaría el costo de sus operaciones y cuestionaron la necesidad de pagar cuotas para realizar eventos culturales o de recaudación al Colegio de Productores, una organización privada fundada en 2005 y que preside desde 2012 el productor Tony Mojena, que maneja cantantes como Luis Fonsi.

Los cambios a la Ley del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico que entraban en vigor en julio, con la aprobación de un reglamento, se aplazaron por tres meses a petición del Departamento de Hacienda. El gobernador Ricardo Rosselló firmó la medida el 6 de agosto otorgando el plazo adicional. La agencia aún trabaja en la redacción del reglamento que permitirá la implantación, mientras la incertidumbre y los cuestionamientos aumentan entre la comunidad cultural.

El Colegio de Productores de Espectáculos ha realizado una intensa campaña para dar a conocer la aprobación de la Ley 205, que dispone también que todo productor colegiado tendrá que cumplir con un mínimo de seis créditos durante la vigencia de dos años de colegiación mediante cursos, seminarios o talleres. El Colegio se supone que desarrolle los cursos y talleres, por los que cobrará, o que realice alianzas con instituciones educativas para que estén disponibles, y es el responsable de certificar el cumplimiento de los colegiados.

El presidente de la Comisión Senatorial para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias, José Vargas Vidot, trabaja en un proyecto legislativo para derogar la ley ya que, de entrar en vigor, provocaría mayores costos a las OSFL y una sobreregulación a los gestores culturales y otros proyectos educativos del país en momentos en que se reduce la inyección pública a este sector debido a la crisis fiscal del gobierno.

La medida de Vargas Vidot propone enmendar un sinnúmero de leyes, incluyendo la Ley de Nuestra Música Autóctona, para liberar a los grupos dedicados a la gestión cultural de la carga contributiva que se les impone.

Según el senador, no se visualiza el efecto de los proyectos legislativos de forma integral, por lo que leyes como esta terminan afectando adversamente a un sector importante y que rinde beneficios al país como la OSFL. “Estas medidas están matando a este sector”, puntualizó Vargas Vidot.

Hablan trabajadores de la cultura

Los cambios a la legislación afectan principalmente a los pequeños productores o los artistas y gestores culturales que por su limitación económica, hacen las funciones de promotores, directores, productores y todo tipo de gestión para poder trabajar.

Para el cantautor Mikie Rivera, incluir las entidades sin fines de lucro y las actividades libre de costo provocará más cortapisas a la realización de eventos culturales.

“Si el asunto es un problema de monitoreo y fiscalización para evitar el fraude, entonces hay alguien que no está haciendo su labor y una vez más, aquellos que hacen las cosas como es debido, pagarán las delincuencias de unos y las ineptitudes de otros”, cuestionó.

En respuesta a la excesiva reglamentación y su impacto a la gestoría cultural, un grupo de artistas y ciudadanos vinculados a la promoción de las artes formaron el Proyecto Verde Luz. El actor Ángel Vázquez, portavoz del colectivo, criticó que el gobierno se haya convertido en obstructor de la gestión cultural.

“Lo que tenemos es una serie de impedimentos y dificultades que no facilitan, sino que entorpecen la manera en que los gestores culturales realizamos nuestro trabajo. Nos hemos conformado en el colectivo Verde Luz para buscar alternativas que nos ayuden a subsistir en medio de esta crisis y esta ley es una que afecta aún más”, aseguró.

Por su parte, la Alianza de OSFL para la Cultura Puertorriqueña y Artistas Independientes, formada en febrero a consecuencia de la divulgación del nuevo estatuto, exige la derogación de esta ley y la del COPEP, por considerarlas discriminatorias, violatorias de derechos fundamentales, y muy difícil de implementar y reglamentar debido a sus contradicciones. El grupo está compuesto por cerca de 500 compañías de teatro, danza, música, artistas independientes, académicos, escritores y editores.

“Pedimos que se someta un nuevo proyecto y realicen vistas públicas para permitir la discusión y análisis, ya que esta ley 205 encarece y dificulta la libertad intrínseca de hacer arte”, dijo al Centro de Periodismo Investigativo José Luis Figueroa, portavoz del grupo.

La Alianza alertó que la legislación afectará a las entidades sin fines de lucro dedicadas a la cultura, al deporte, la recreación, el entretenimiento, así como a los municipios, escuelas, universidades y artistas independientes que organizan eventos.

“Desvirtúa y corrompe la naturaleza de las entidades sin fines de lucro al tener que utilizar recursos económicos y humanos para llevar a cabo actividades ajenas a la misión y objetivos programáticos de las entidades. Aumenta los costos de producción de las entidades sin fines de lucro en el pago de expedición de licencias, cuotas y fianzas. Fomentará la emigración de nuestros artistas jóvenes al limitar y achicar la oferta de trabajo y autogestión”, insistió Figueroa.

Los eventos de recaudación de fondos son una parte esencial del plan de sostenibilidad financiera de los Centros Sor Isolina Ferré, dijo Yadira Valdivia, directora de comunicaciones de la organización.

“Estamos evaluando el impacto económico que pueda tener esta ley y entendemos que se debería incluir una excepción para los eventos de recaudación que son organizados por las entidades sin fines de lucro. No obstante, una vez entre en vigor, tomaremos las acciones correspondientes para seguir en cumplimiento con los requisitos que se establezcan para poder organizar este tipo de eventos, aunque ello implique costos adicionales como cuotas de colegiación o tomar cursos de educación continuada”, expresó Valdivia.

¿Quién tendría que colegiarse?

El lenguaje de la medida no es claro sobre cuáles entidades sin fines de lucro deberán colegiarse para realizar espectáculos públicos. Aunque se crea la categoría de “productores de eventos sin fines lucrativos”, que incluye a cualquier entidad sin fines de lucro que posea exención contributiva y exclusión de licencia de promotor, la definición de “espectáculos públicos” de la ley excluye los eventos organizados por entidades sin fines de lucro.

Todo tiende a indicar que el Departamento de Hacienda parte de la premisa que le aplica a todas las sin fines de lucro. Varios portavoces de OSFL que no se dedican a la producción de espectáculos confirmaron que funcionarios de esa agencia le han indicado que tendrán que colegiarse cuando han ido a hacer gestiones para eventos de recaudación de fondos en la Oficina de Servicios al Promotor de Espectáculos. Aunque el Centro de Periodismo Investigativo solicitó confirmar la versión ofrecida por las OSFL, el Departamento de Hacienda no quiso aclararlo.

Para el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos, el incluir a las entidades sin fines de lucro en la legislación significa que todas tendrán que colegiarse para poder realizar eventos de recaudación, aunque no se dediquen a la producción de eventos culturales. El Centro de Periodismo Investigativo tuvo acceso a los formularios y documentos de orientación que ha divulgado el Colegio entre entidades sin fines de lucro en los que le indican que tendrán que colegiarse y tomar los cursos como dispone la ley para realizar eventos de recaudación.

“Eso no surge de la Ley. Todos los elementos y herramientas que se utilizan para interpretar una ley llevan a la conclusión contraria”, analizó el Catedrático Auxiliar de la Facultad de Derecho de Universidad Interamericana, Jorge Farinacci Fernós.

El profesor de derecho administrativo y derecho público dijo que la intención legislativa de la ley hace referencia a los profesionales que se dedican a la industria de la producción y expresamente excluye a los que no se dedican a la producción, por lo que es incorrecta la interpretación que hace el Colegio de Productores de Espectáculos. Según su análisis, la Ley va dirigida a las corporaciones con o sin fines de lucro que se dedican a la producción de espectáculos.

“En la definición de espectáculo público, la ley excluye actos organizados por grupos cívicos, sin fines lucro, religiosos, partidos políticos, etcétera. Estamos hablando de entidades que pueden organizar eventos pero no se dedican a eso”, aseguró Farinacci Fernós. Mencionó que si una OSFL va a contratar a un profesional para organizar un evento, entonces tendrá que contratar a un productor colegiado.

“Aun así, la medida es mala. Los gestores culturales y las entidades sin fines de lucro dedicadas al quehacer cultural no somos grandes productores ni generamos ingresos para lucrarnos. Pareamos chavo a chavo para llevar un mensaje y para enaltecer nuestra cultura y las artes”, subrayó el portavoz de la Alianza de OSFL para la Cultura Puertorriqueña y Artistas Independientes.

Según el Estudio de las Organizaciones Sin Fines de Lucro en Puerto Rico (2015), hecho por la firma Estudios Técnicos, en Puerto Rico existen unas 11,570 organizaciones sin fines de lucro dedicadas a ofrecer servicios a sectores de escasos recursos, personas con discapacidad o comunidades. Aunque reciban subvención del gobierno o entidades y fundaciones privadas, la mayoría también realiza actividades de recaudación de fondos para poder ofrecer sus servicios.

Entidades como la Compañía de Ballet Teatro de Puerto Rico, Teatro Cundiamor, el Teatro de Jóvenes Sordos Puertorriqueños, Taller La Camándula, Folklore Nacional de Puerto Rico, Teatro para Personas de la Tercera Edad y la Filarmónica de Bayamón, son algunas de las OSFL que tendrían que colegiarse para poder efectuar sus espectáculos, pues se dedican a eso.

Para Rafael Rojas, de Coribantes, y el actor Ángel Vázquez, del Colectivo Verde Luz, la nueva ley pone más trabas a las entidades para realizar su trabajo, lo que confirma que el estado minimiza la aportación que hace la cultura -con poca o ninguna ayuda del gobierno- al desarrollo económico del país.

Varias posturas dentro del Colegio de Productores

El Colegio de Productores de Espectáculos Públicos (COPEP) ha invitado a través de su página web y en las redes sociales a todas las OSFL a colegiarse para “cumplir con la ley”. Oficialmente, el Colegio “ofrece orientación” a las OSFL diciéndoles que tienen que colegiarse aunque no sean entidades dedicadas a la producción de eventos, pudo constatar el CPI en documentos enviados a organizaciones.

Sin embargo, el vicepresidente del COPEP, Nelson Castro, dijo al ser cuestionado que la determinación final la tendrá el Departamento de Hacienda con la interpretación que dé a la Ley en el reglamento que apruebe.

“Nosotros no entramos en quién debe colegiarse o no… El reglamento sería el mecanismo en que se clasificaría. Basado en lo que contempla la ley y de acuerdo a cómo se redacte el reglamento, quedaría atendido“, dijo al Castro al CPI. El presidente, Tony Mojena, no estuvo disponible para entrevista.

El Colegio fue creado en el 2005 tras la aprobación de la ley 113, como una entidad privada bajo la jurisdicción de la Oficina de Servicios al Promotor de Espectáculos Públicos (OSPEP) adscrita al Departamento de Hacienda cuyo fin es reglamentar y crear cánones de ética para los productores de espectáculos con fines comerciales. Al establecer la colegiación, alegadamente se pretendió proteger la industria local de espectáculos de productores extranjeros, así como del surgimiento de “promotores” que sin estar diestros en la organización de eventos producían espectáculos sin los mecanismos de seguridad adecuados, afectando la confianza en las producciones locales. La legislación establecida en el 2005 era solo para los promotores comerciales de espectáculos públicos; no incluía a las organizaciones sin fines de lucro que realizan eventos culturales o musicales ni eventos libre de costo.

El director ejecutivo del Colegio, Juan Carlos Zapata, favoreció la inclusión de todas las entidades sin fines de lucro ya que entiende que propenderá a mejorar la producción de sus eventos de la mano de la entidad que dirige. Para Zapata, la ley le aplica a todas las OSFL, aunque no se dediquen a realizar espectáculos públicos.

“Aunque esa organización pueda hacer un evento una vez al año, nosotros lo vemos como una oportunidad para que el Colegio pueda servirle de apoyo en la realización de ese evento, como puede ser el pago de la cuota a través de la fundación y que puedan tener más de un evento” , sostuvo por su parte el director ejecutivo de COPEP.

En una comunicación mediante correo electrónico revisada por el Centro de Periodismo Investigativo, Zapata explica a una entidad sin fines de lucro que para realizar un evento de recaudación vendrá obligada a colegiarse y tomar los seis créditos de educación continua, aunque no se dedique a hacer espectáculos.

Alegadamente, la Legislatura decidió incluir a las OSFL en la Ley de Espectáculos Públicos debido a que entidades sin fines de lucro que no tenían el certificado de exención contributiva estaban impedidas de organizar eventos.

Pero en las vistas públicas, artistas independientes como Omar Silva de Cultura Profética, rechazaron la colegiación compulsoria por entender que restringía la labor de los artistas independientes que ejercen su profesión desde una perspectiva multifacética que en muchas ocasiones los lleva a asumir funciones típicas de un productor.

Al ser cuestionado por el Centro de Periodismo Investigativo sobre los escollos que representa la nueva medida para los gestores culturales, el director ejecutivo de COPEP dijo que la entidad se propone dar trato especial a los gestores culturales y los proyectos de autogestión que pudiera incluir el pago de la cuota a través de una fundación que tiene el Colegio para evitar que la legislación le suponga trabas para realizar eventos. La ley 113 que creó el Colegio autorizó la creación de la Fundación de Productores de Espectáculos Públicos, una corporación sin fines de lucro, con el propósito de proveer servicios educativos, culturales, artísticos y deportivos. La Fundación administra un fideicomiso, que según la ley “se nutre de parte de los fondos del Colegio”, para viabilizar la celebración de espectáculos accesibles a personas de escasos recursos, propiciar la organización de espectáculos en escuelas públicas y organizar espectáculos a las OSFL.

Aunque el COPEP entiende que para algunos, la colegiación compulsoria puede representar otra piedra en el camino, su vicepresidente está convencido que el saldo es beneficioso porque es una oportunidad para trabajar como una sola industria y facilitará la operación de productores sin fines lucrativos que no cuentan con el certificado de exención contributiva del Departamento de Hacienda.

La nueva medida hace referencia a las críticas que ha recibido el Colegio de Productores por “la imposibilidad de algunos productores pequeños de pagar la cuota anual” y denuncias de entidades sin fines de lucro “que han tratado de formar parte del cuerpo colegiado, pero no han podido por las propias imposiciones de la industria”. Desde su creación, el Colegio de Productores había exigido una cuota ascendente a $1,000.

Con la nueva ley, para colegiarse, cualquier persona o entidad jurídica tendrá que pagar cuotas que se ajustan dependiendo de si realiza eventos con o sin fines de lucro. En ambas categorías se utiliza como parámetro la capacidad del recinto mayor en que el colegiado produce espectáculos públicos.

“Oscilará entre los $100 y $600 para los productores de eventos con fines pecuniarios, y desde $25 a $150 para las organizaciones sin fines de lucro, que tienen exención contributiva, esto último, en apoyo y considerando que mayoritariamente se trata del sector que atiende aspectos culturales y educativos”, explicó Juan Carlos Zapata, director ejecutivo del Colegio de Productores de Espectáculos de Puerto Rico.

El representante del Colegio defendió los servicios que ofrece a su matrícula de cerca de 400 colegiados que gozan de beneficios como plan médico, pólizas, y la representación de los intereses de la industria ante las agencias del gobierno, la Asamblea Legislativa, compañías de venta de boletos, administradores de facilidades y suplidores, entre otros.

Según un estimado de la Alianza de OSFL, la legislación crea un monopolio donde el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos recaudaría entre tres y cinco millones de dólares por concepto de cuotas y cursos en su primer año de implantación.

Cuestionan que el Estado delegue en una empresa “cuasi pública, cuasi privada”, la potestad “de autorizar, permitir o vetar la presentación de todo espectáculo público”, por lo que suponen que la medida solo beneficia al Colegio en detrimento de las organizaciones sin fines de lucro.