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Federación de Maestros insiste en detener desmantelamiento de sistema de retiro

La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) reiteró su llamado al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, “a detener el robo de las pensiones de los maestros y maestras activos y jubilados aunque ello signifique desobedecer a la Junta de Control Fiscal federal”.

En comunicado de prensa enviado este lunes el sindicato sostuvo que el desmantelamiento del Sistema de Retiro de Maestros (SRM) para que las pensiones dependan cada año de las asignaciones presupuestarias “pone a nuestros pensionados a merced de la insuficiencia Fiscal” La presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez Padilla, rechazó además la determinación de la Junta de Control Fiscal (JCF), incluida en el Plan Fiscal que aprobó el gobierno, de recortarle al menos un 10% a las pensiones. “Somos ‘los más vulnerables’ de que los que habla, la administración de Ricardo Rosselló. No podemos aportar más mientras los capitalistas millonarios no aportan nada”, afirmó.

Recordó que el gobierno dejó de hacer su aportación a las cuentas de retiro de los empleados públicos lo que los ha colocado en una situación precaria. La Federación precisó que el Plan Fiscal presentado en marzo de 2017 por el gobierno a la Junta y reafirmado por ese organismo el 4 de agosto de 2017 dispone:

– Reducir el total de los pagos de pensión anual en un promedio de un 10%.

– Los empleados actuales que están inscritos en los planes de beneficios definidos (BD) del SRM y SRJ, junto con los empleados del SRE, dejarán de acumular beneficios futuros en virtud de dichos planes.

– Los empleados en los planes de retiro de beneficios definidos e híbridos dejarán de acumular nuevos beneficios en esos planes.

– En adelante, todos los empleados participarán de cuentas de retiro de aportación definida (AD) tipo 401(k).

– El gobierno no incurrirá en ninguna obligación financiera futura con los participantes bajo el plan de AD. El plan será financiado únicamente con las aportaciones de los empleados.

La portavoz de los maestros federados denunció que someterse a las disposiciones del PF significará una verdadera crisis humanitaria para los pensionados del gobierno, en especial para el magisterio que no tiene Seguro Social. La Federación de Maestros insistió en exigirle al gobernador Ricardo Rosselló que incluya en esta sesión legislativa el proyecto preparado por el Capítulo de Jubilados de la FMPR que establece una contribución especial del 2% a las empresas foráneas y que inyectaría unos $700 millones, solidificando el Sistema de Retiro de Maestros (SRM).

“Que le exija su parte a los grandes intereses, las empresas millonarias que disfrutan de generosos subsidios y exenciones y aportan muy poco. La Carta Circular 1300-46-17 de Hacienda debe ser revocada. Reclamamos que se cumpla con la Ley 91 sobre el retiro de maestros que establece las pensiones de beneficio definido, garantizando el 75% del salario de manera vitalicia, al cumplir 30 años de servicio y 55 de edad “, planteó Martínez Padilla.

La Federación al igual que los grupos Educamos y Unete consideran que el gobierno debe pagar la aportación patronal y que no se debe vender la cartera de préstamos del SRM que produce ganancias millonarias, por lo que exigen que el reciente proyecto de Ley, aprobado por la Legislatura (PS1163) que liquida los activos del Sistema de Retiro de Maestros, debe derogarse.

Aun cuando la Federación dijo que respaldará cualquier acción legal que se radique para defender a los jubilados, defendió que “la mejor carta para revocar la destrucción de los sistemas de retiro es organizarse para luchar contra los atropellos a la calidad de vida de los maestros y maestras”.

Con paso adelante en Puerto Rico el diseño comunitario y participativo

Habitar un espacio requiere saberse de ese lugar y sentirse parte integral de la conformación del mismo entorno. Esa experiencia incluye una amplia gama de elementos que va desde cómo se interactúa entre vecinos hasta cómo se es partícipe de las prácticas de diseño, planificación y construcción de ese espacio colectivo.

Mucho se habla sobre la necesidad de la participación ciudadana en la toma de decisiones que atañen a sus espacios, sin embargo, poco se hace al respecto. Recientemente, inauguró en la Galería San Juan Bautista, ubicada en el primer nivel de la casa alcaldía de la ciudad capital, la primera exposición de diseño comunitario y participativo en Puerto Rico, titulada Escuchando las voces. “Esta exhibición nos propone un cambio de actitud, convertirnos de consumidores pasivos a protagonistas en la producción de los entornos que habitamos y los productos y servicios que usamos”, según esboza el catálogo de la exposición.

Según el arquitecto Edwin Quiles, fundador de la exhibición junto a las doctoras Omayra Rivera Crespo y María De Mater O’Neill, este proyecto, que emprendieron en 2015, es multidisciplinario “porque lo que queríamos era mostrar de muchas maneras cómo la gente se podía involucrar y participar en decisiones que se toman sobre cómo uno vive en su lugar”, dijo a CLARIDAD el arquitecto.

Esta primera exposición acoge varios proyectos de temas urbanos que utilizan el diseño comunitario desde las perspectivas de artistas gráficos, performeros, coreógrafas, activistas urbanos y arquitectos. Precisamente, otro de los propósitos a la hora de idear este proyecto colectivo fue evidenciar que son posibles tales integraciones. Las iniciativas comunitarias incluidas en la exposición son: Casa Taft 169, Coco D’ Oro, Energía Roja y Negra, Estudio Lero Lero, La Maraña, Oficina de Alianza del Municipio de San Juan, PISO Proyecto, Proyecto Enlace, Rubberband Design Studio, Taller Creando Sin Encargos, Taller de Arquitectura y Urbanismo, Taller de Diseño Comunitario, Taller de Arquitectura, Taller de Planificación Social y Urbano Activo.

Todas estas propuestas buscan, a través de metodologías diferentes, percibir y documentar los verdaderos deseos de las poblaciones y las formas en que éstas visualizan los espacios que habitan. Según aseguró Quiles, en los últimos 10 años ha habido un “boom” en este tema porque hay mucha gente joven haciendo gestiones de diseño comunitario y participativo.

Algunas estrategias que han implementado los proyectos que aúna esta primera exposición son: organizar desayunos colectivos en la calle, ocupar un espacio para desarrollar un parque recreativo infantil, planificar bicicletadas para conocer la comunidad, crear planes de desarrollo de viviendas, pintar murales y levantar jardines urbanos, así como desarrollar un centro cívico autogestionado en una casa abandonada.

Edwin Quiles comentó durante la entrevista con este medio que hubo un caso de amenaza de desalojo de viviendas por parte de algún alcalde y los profesionales que manejan estos proyectos estuvieron aptos para trabajar con la comunidad en el desarrollo de contrapropuestas, las cuales los ciudadanos utilizaron en un proceso de negociación. En ese caso, “el diseño participativo fue una manera de empoderar a la comunidad para que pudieran discutir con el alcalde”, recordó Quiles.

Aunque mayormente las iniciativas se han gestado y desarrollado en San Juan (Santurce y Río Piedras), la labor de estos proyectos se extiende a Arecibo, Caguas, Cataño, Toa Baja, Ponce y Vieques, y al exterior de la isla en Haití; Chiapas, México y Estados Unidos.

Otro objetivo de esta exhibición, respaldada económicamente por el Municipio de San Juan y cuyo agente fiscal fue la organización sin fines de lucro Beta-Local, es provocar el intercambio de saberes entre los diseñadores urbanos (profesionales) y las comunidades. A juzgar por el arquitecto Quiles, la crisis y las políticas de austeridad han conducido al empoderamiento ciudadano, lo que ha provocado el surgimiento de múltiples propuestas de base comunitaria. En aras de apoyar esa participación ciudadana en la gestión de proyectos urbanos, esta exposición se propuso dar a conocer diferentes experiencias para que sirvan de referencia en la creación de otros procesos de verdadera democracia.

De igual forma, según explicó la doctora Omayra Rivera Crespo, la exposición partió del interés de que los estudiantes de arquitectura o diseño gráfico “creen consciencia social y aprendan que no solamente es hacer grandes edificios, sino que hay otro tipo de arquitectura… que sepan que la mayor parte de lo que se construye no son grandes edificios, sino cosas pequeñas e importantes, cotidianidades que vive la gente”.

El concepto de la participación

Para Edwin Quiles participar en el diseño de nuestros espacios es “ser parte, tener voz y voto en las decisiones para que los espacios funcionen de acuerdo con nuestras necesidades físicas y emocionales y poder vivir mejor en ellos…La participación es una mesa de trabajo y conversación abierta donde se aprende y se enseña a hacer lugares donde la gente se sienta propietaria. Es también encender chispas, detonar iniciativas y mostrar otras posibilidades de pensar y hacer. Participar es hacer una reflexión sobre qué somos y cómo esto se refleja en los lugares que habitamos”.

El fundador del Taller de Arquitectura y Urbanismo comentó que en Puerto Rico, tal vez por falta de una cultura de participación ciudadana o por falta de manejo de términos técnicos, es común entre los ciudadanos la dificultad para mirar críticamente y opinar sobre temas de diseño, “sin embargo, mucho del conocimiento necesario para diseñar parte de la misma gente, no es técnico ni medible. Tiene que ver con la cultura, los estilos de vida, las maneras como la gente se relaciona, cómo vive y quiere vivir, cómo es y quiere ser con los procesos cotidianos…”.

Asimismo, Quiles definió participación como “Una herramienta poderosa de la democracia. Por eso causa temor; temor a que la gente se aguze y aprenda a detectar y denunciar, a defenderse de proyectos que no les conviene…”

El arquitecto expuso en el catálogo de la exposición que “las decisiones sobre la ciudad, su estructura y sus espacios son tomadas en gran medida por políticos y empresarios o promotores privados con el apoyo del capital financiero, cuyos objetivos e intereses pocas veces coinciden con los de nosotros, los demás, los ciudadanos de a pie, la mayoría”. Cambiar esa realidad requiere organización ciudadana basada en el diálogo, la orientación, la propuesta de alternativas, el apoyo a alguna iniciativa, la colaboración y participación activa. Eso han estado realizando los proyectos que abarca Escuchando las voces. A eso motiva esta primera exposición en Puerto Rico, que es sólo una muestra, un comienzo de conversación.

Precisamente, el próximo jueves, 24 de agosto a las 7:00 de la noche en la Galería San Juan Bautista habrá un conversatorio con otros grupos – no incluidos en la exhibición – que están trabajando con el diseño participativo y comunitario. La actividad estará abierta al público general.

Escuchando voces finaliza en la Galería San Juan Bautista el 3 de septiembre, pero ya se ha programado una agenda de exhibiciones: del 4 al 9 de septiembre en el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico; del 14 al 27 de septiembre en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño; del 28 al 10 de octubre en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Más adelante, se expondrá en la Universidad Interamericana de Fajardo, en la Universidad del Sagrado Corazón y, muy probablemente, en Casa de Las Américas en La Habana, Cuba.

Fiesta de horas extras en la AEE

A la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el estado en que se encuentra la corporación pública parece tenerles sin cuidado. La deuda de $8,300 millones que se disputa en el tribunal, la autorización de la jueza Laura Taylor para el inicio de un proceso de bancarrota, la posibilidad inminente de que le nombren un síndico que culmine en su privatización y que los consumidores reciban un aumento en tarifas, son sólo algunas de las situaciones a las cuales se enfrentan. Mientras tanto, el descontrol en el pago de horas extras reina en la División de Servicios al Cliente, con la anuencia de su director, Aldo Rodríguez, el director ejecutivo Ricardo Ramos Rodríguez, y el sub director de Administración de la AEE, licenciado Jhon Uphoff. Una fuente de entero crédito reveló a este semanario que tan reciente como este 24 de julio, Rodríguez, quien antes ganaba $25.42 la hora, y ahora gana $47.42, para un total de $92,469, al año se fue con su staff para Vieques, supuestamente a arreglar una escuela.

En su séquito se llevaron a personal ejecutivo, como el segundo al mando, gerenciales y hasta algunos unionados. Para el viaje les pagaron tiempo extra de 6:00a.m. a 7:00p.m, más dietas de desayuno, almuerzo y comida y estadía en hotel.

En cuanto al servicio al cliente aun cuando al presente los clientes que pierden su servicio de energía tardan más en recuperarlo, eso contrasta con la fiesta de horas extras que tienen los empleados en la Oficina de Servicios Técnicos. Ésta es la oficina a la que los clientes deben llamar para que se les reinstale el servicio.

Los técnicos de la oficina de Aguadilla parecen estar a la cabeza en el cobro de horas extras. La información en poder de este semanario revela que al menos seis empleados de esa oficina han cobrado horas extras en meses recientes las cuales se salen de la norma. Las horas extras de trabajo están entre las 123 horas, 92 horas, 87 horas. La hora extra se paga a $46.00 la hora. Estos seis empleados tienen salarios entre los $3,075 el que menos a $4,800 el que más, a lo que se le suma el pago de dietas. Algunos han llegado a cobrar hasta $6,808 en horas extras de “trabajo”, el promedio está en $1,500 por horas extras al mes. Esta oficina tiene otros 17 empleados.

La Oficina Técnica de Mayagüez tampoco se queda atrás. Aquí cinco empleados con sueldos de $4,200 a $4,800 han cobrado horas extras entre $150 a $117 el que menos. En un periodo de tres meses en horas extras nada más han cobrado entre $5,525 a $3,552. 50 más su salario y dietas. De los 11 empleados en esta oficina los otros seis, han cobrado horas extras entre 85 a 70.06. Todos con el mismo renglón de $46.00 la hora. Hay un grupo de cinco empleados de los cuales uno de ellos ha llegado a cobrar hasta $18,118 en horas extras y $1,500 mensuales en dieta. Hay otros que en horas extras sumado a su sueldo han cobrado $16,197.20 en un mes.

Este despilfarro en horas extras y dietas se reparte en todas las oficinas técnicas de la AEE entre trabajadores rojos y azules identificados con la alta gerencia.

Consultado por CLARIDAD el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Jaramillo, confirmó que esa dinámica se da en la AEE, “ no lo dudo es algo que la UTIER ha ido denunciando la forma de alcanzar dinero apuntándose tiempo extra”.

Este medio, además, recibió información de que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) investiga la posibilidad de un conflicto ético por parte de Ramos Rodríguez por estar ligado a una empresa que tiene contrato con la AEE. La Oficina del Contralor (OC) también recibió una querella sobre el mismo particular, según confirma una carta de la OC. CLARIDAD se comunicó con la OEG para confirmar esta información pero a la hora de cierre todavía no había recibido contestación.

“No tinc por”, grita Cataluña

A Germà Bell, un catalán que no tiene miedo

«Unidos” y “juntos” son las palabras más pronunciadas por los políticos españoles durante los últimos días. En ese llamado repetido a la “unidad” se le ha unido su aliado tradicional, el clero católico. En una misa oficiada en la emblemática Iglesia de la Sagrada Familia, mirando al liderato catalán que estaba en primera, dijo el obispo de Barcelona: “la división nos corroe y nos destruye, la unidad nos hace fuertes”. Tan pronto pronunció esas palabras la cámara de la televisión oficial de España, TVE, se posó unos segundos sobre el rostro del presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, sentado en primera fila, buscando una reacción que no llegó.

Ese llamado “unitario” es muy común, de parte de políticos y gobernantes, cuando ocurren atentados sangrientos como el que se produjo en Barcelona el pasado 17 de agosto. Pero en Cataluña el llamado ha sido más repetido por otras razones. Lo dijo varias veces el rey Felipe VI tan pronto llegó a Barcelona. Y en cuanto al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, las palabras no han abandonado su boca desde el mismo día de los atentados.

No hay que ser ningún experto en análisis político para saber el por qué se repite tanto esa convocatoria a la “unidad”. Es que la enorme tragedia que vivieron los catalanes los días 18 y 19 de agosto, cuando recibieron el nuevo zarpazo europeo del fanatismo religioso islámico, se produjo justamente cuando su liderato concentraba sus esfuerzos en la organización del referéndum de autodeterminación convocado para el próximo 1ro de octubre. Por eso, en medio de la conmoción que a todos nos causó la tragedia, resulta inevitable analizar la respuesta catalana sin perder de vista el proceso político en que estaba en marcha.

A los dirigentes de Cataluña no se les escapó ni un segundo las consecuencias que el trágico suceso puede tener sobre el proceso de autodeterminación que están conduciendo. Tampoco se les escapó que el gobierno central, altamente hostil a sus planes, trataría de aprovechar el acto insensible de terrorismo islamista para descarrilar lo que ellos llaman “un intento de romper a España”. En todo momento los catalanes hicieron un evidente esfuerzo por ser “políticamente correctos” en medio de la tragedia, aceptando tranquilamente el abrazo “unitario” que le lanzaba el liderato español. De manera simultánea, también hicieron todo lo posible para actuar como un “estado en funciones”, tomando control de las investigaciones y tratando de demostrar que sus instituciones tenían la autoridad y la capacidad para atender las consecuencias de la tragedia.

Según destacaran los medios de prensa, tan pronto ocurrió el acto de terror, las autoridades catalanas asumieron el control. La respuesta policial –ejecutada con gran eficiencia– estuvo a cargo de los Mossos d’Escuadra, que es la fuerza de policía catalana y no de la Guardia Civil española. Los catalanes también tomaron control de la situación y, de inmediato, pusieron en movimiento medidas efectivas dirigidas a atender a los heridos, socorrer y tranquilizar la población, mientras simultáneamente desataban una intensa persecución de los autores de la barbarie y sus cómplices. Con mucha nitidez proyectaron que eran un gobierno en funciones y no un mero apéndice regional del estado español. En todo momento, fue el responsable de Interior del gobierno catalán, Joaquim Forn, el que apreció al frente del operativo y no algún ministro español.

De manera pública y directa ninguna de las partes activamente envueltas en el llamado “conflicto catalán” quiso airear los flecos de esa confrontación en medio de la tragedia, pero la lucha que ha estado enfrentando a los catalanes con el estado español siempre estuvo presente en la cadena de eventos.

El esfuerzo del liderato de la Generalitat por mantener el control resultó evidente. En ningún momento permitieron que los de Madrid asumieran “la jurisdicción” desplazando a los locales (como sucedería en Puerto Rico con las federales). Las operaciones fueron de los Mossos, o controladas por ellos, y la información que se trasmitió a los medios siempre salió del Conseller de Interior.

En cuanto al impacto que esta tragedia tendrá sobre el proceso de autodeterminación, cuyo elemento más importante es el referéndum de independencia convocado para el 1ro de octubre, a apenas seis semanas del zarpazo terrorista, aún no se puede determinar. Independientemente del efecto tranquilizador que ha tenido la efectiva respuesta gubernamental a la tragedia, la sociedad catalana sigue conmocionada ante la magnitud de lo ocurrido. Por otro lado, las investigaciones policiales continúan, produciendo noticias impactantes cada día y, en medio de ese ambiente será muy difícil retomar la campaña hacia el referéndum de autodeterminación.

Lo ocurrido no fue poca cosa. Las Ramblas son para Barcelona lo que Times Square es para Nueva York o el Malecón para La Habana. Lugar donde ordinario se mezcla la juventud del pueblo con cientos de turistas, espacio para el recreo y la amistad. (“Decir amigos es decir aula,/ laboratorio y bedel./ Billar y cine/ siesta en Las Ramblas/ alemanas al clavel”, cantó Joan Manuel Serrat, hace cuatro décadas.)

Si alguien quiere derramar sangre de inocentes, La Rambla es un buen lugar. Tan bueno como el London Bridge o los Campos Elíseos de París. Al atacar un lugar tan emblemático causando, además, mucho daño, los fanáticos islamistas provocaron una conmoción que la sociedad tardará en superar. Todos los procesos políticos, incluyendo el de autodeterminación, se verán inevitablemente afectados.

El día después de los atentados, la única frase que pronunciaban las más de cien mil personas que a la hora del mediodía llenaban la Plaza de Cataluña era “No tinc por” (“no tengo miedo”). Exhibiendo esa misma determinación la nacionalidad catalana ha sobrevivido por más de dos mil años. Aunque la violencia los obligue a pausar, con ese mismo espíritu continuarán.

Sigue la lucha en Peñuelas

Al cabo casi ya de dos meses la comunidad de Peñuelas continúa enfrentándose a un despliegue de fuerza policiaca cada vez más agresiva, arrestos y radicación de casos sin fundamentos, actos de intimidación contra los manifestantes e incluso contra periodistas y más de 12 mil toneladas de cenizas depositadas en el vertedero Eco Waste System (EWS).

“Siguen llegando los camiones tres días corridos, 45 camiones diarios con más de 300 agentes de la Policía, escoltados y haciendo encerronas a los manifestantes”, denunció el activista Jimmy Borrero, sobre cómo continúa la situación en Peñuelas. Luego de aprobada la Ley 40 que supuestamente prohíbe el depósito de cenizas en los vertederos 575 camiones han depositado cenizas de la carbonera AES en el vertedero de Peñuelas, EWS. Cada camión suele llevar hasta 20 toneladas de cenizas.

Borrero denunció que debido a la cantidad de cenizas EWS ha estado tumbando el monte para acomodar las cenizas las cuales están quedando expuestas, ni siquiera se les está cubriendo con tierra. Denunció, además, que el vertedero está operando en horario ilegal ya que se supone que su horario sea de siete de la mañana a cinco de la tarde y ahora está operando casi toda la noche.

Mientras todo esto sucede la Junta de Calidad Ambiental (JCA) ha brillado por su ausencia en las facilidades de EWS. En tanto ya van más de 40 personas a las cuales la Policía les ha radicado cargos. Aunque la mayoría de los cargos que se han visto en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en Ponce y Aguadilla no han prosperado la fiscalía los ha presentado al tribunal con declaraciones juradas de los policías lo que no da la oportunidad de que los abogados de defensa puedan cuestionar las acusaciones.

Entre los enfrentamientos más recientes llama la atención el que a tres vehículos les han acuchillado las gomas y las han dejado inservibles. Uno de éstos fue el auto del colega del periódico La Perla, Omar Alfonso. Éste relató a CLARIDAD que el lunes 14 de agosto alrededor de las 11:30 de la noche en las inmediaciones de la AES, a donde los opositores al deposito de las cenizas movilizaron su manifestación, su vehículo y el de uno de los manifestantes quedaron encerrados y bloqueados por autos de la Policía, mientras los manifestantes fueron cercados por efectivos de Operaciones Tácticas. En el lugar había casi 300 efectivos policíacos. Esa noche salieron 44 camiones llenos de cenizas de AES. Cuando regresó a su carro cerca de la 1:30 de la mañana lo encontró con una goma vacía y lo mismo le sucedió a la otra persona que tenía su auto en el mismo sitio. Tras cambiar y ponerle la goma de repuesta una vez en el expreso en dirección a Ponce notó que un carro lo iba siguiendo y en un momento colocó un biombo de la Policía. Mas tarde comprobó que la goma había sido apuñalada. Al día siguiente a otro manifestante le ocurrió lo mismo.

En tanto se espera que este martes 22 de agosto en el TPI en San Juan se celebre una vista del “mandamus” presentado por el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, para que el tribunal le ordene a la JCA entregar información relacionada al vertedero de Peñuelas a raíz de los constantes depósitos de cenizas desde la aprobación de la Ley 40. La acción judicial de Márquez Lebrón surge tras haber requerido la información a la JCF en tres ocasiones sin obtener ninguna respuesta.