La creación de las corporaciones públicas a principios de la década de 1940 tuvo como propósito pasar a manos del gobierno servicios esenciales para el país como la energía eléctrica, el agua, la transportación pública, las comunicaciones y otras, lo que representó un gran paso para beneficio del pueblo puertorriqueño.

Todos estos servicios estaban hasta entonces en manos privadas cuyo fin era la ganancia, la nacionalización (palabra todavía temerosa para algunos) de estos servicios puso el fin social sobre la ganancia.

Ello hizo posible, por ejemplo, la electrificación de la ruralía, que era perdidosa en términos económicos, pero era una necesidad de justicia social llevar el alumbrado al campo. La empresa privada jamás lo hubiera hecho: no dejaba ganancia.

Entre todas la corporaciones públicas ninguna ha tenido, ni tiene, para nuestra vida de pueblo un impacto mayor e importancia que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), llamada inicialmente en la ley que la creó en 1941, la Autoridad de Fuentes Fluviales.

Hoy esta institución que por muchos años era llamada la joya de la corona en el servicio público está en quiebra y al borde del colapso.

¿Qué ha pasado y por qué hemos llegado a esta situación?

En primer lugar, la mano de los políticos legislando subsidios con fines electorales le ha sacado a la Autoridad enormes recursos desde 1980. Estos subsidios, que antes salían del Fondo General los políticos se los impusieron a la Autoridad para que sobrara dinero del fondo para sus barriles y barrilitos.

Testificando ante la legislatura hace unos años el entonces director de la Autoridad, Miguel Cordero, estimó en uno $350 millones anuales el costo de esos subsidios para la Autoridad. Desglosados así:

1. Municipios – $200 millones

2. Subsidios a empresas industriales conforme a la ley de incentivos industriales – $10 millones

3. Hoteles – $6.5 millones

4. Ancianos, discapacitados, enfermos y residentes de residenciales públicos – $40 millones

5. Iglesias – $3.5 millones

6. Subsidio para los que consumen menos de 425K/M – $31 millones

El descaro mayor en el saqueo de la AEE lo produjo Jennifer González como presidenta de la Cámara cuando tres meses antes de las elecciones del 2012 obligó a la Autoridad a tomar $300 millones prestados del Banco de Fomento para bajar la facturación de la luz artificialmente antes de las elecciones.

La mano de los políticos (de todos) ha estado también en los años que se infló la nómina innecesariamente para acomodar los hijos y ahijados en la AEE, que tenía los salarios más atractivos. Hay una senadora PNP que ha acomodado seis familiares en la corporación. En un momento la AEE llegó a tener cerca de 10,000 empleados.

En los últimos años legisladores del PNP y el PPD se han puesto de acuerdo para prohibirle a la PREPA-NET una corporación subsidiaria de la AEE vender servicios de internet al público para proteger a Claro, Liberty y otros pulpos de las comunicaciones.

PREPA-NET y su fibra óptica tiene un potencial enorme para generar ingresos millonarios para la AEE si la dejaran competir en ese mercado de unos $3000 millones que hoy controlan estas empresas extranjeras.

A lo anterior hay que añadir los graves errores cometidos en la planificación y desarrollo de proyectos estratégicos. Comenzando con los $80 millones que se perdieron en un reactor nuclear que impulsó la administración de Luis Ferré.

Más recientemente tenemos el gasoducto del Sur de Aníbal Acevedo, con $74 millones perdidos, y luego la vía verde de Fortuño, con $42 millones. Ambos proyectos fracasados con pérdida total de $116 millones.

Junto con lo anterior hay que añadir la corrupción. Un escándalo muy poco conocido y confirmado en preguntas que le hiciéramos a la gerencia es que la AEE tiene un inventario de piezas valorado en $56 millones. Lo increíble es que todo el inventario está obsoleto. No tiene valor alguno ni para la venta en otros países . Me dijo un ingeniero que hay piezas que llevan unos 15 años en una tablillas del almacén.

Esa corrupción está estrechamente vinculada a los intereses de los partidos PNP y PPD. Ambos tienen bandos partidarios, conocidos como energéticos penepés y energéticos populares en una guerra interna sin cuartel y cada vez que cambia una administración se sacude de arriba abajo la gerencia sobre criterios partidistas, no por méritos, lo que lleva a grandes deficiencias operacionales. A estos bandos se les exige recaudar dinero para el partido y cuando lo buscan de suplidores hay favores que pagar.

Lo dicho hasta ahora creo que contesta bastante la pregunta que se han hecho muchos de ¿cómo es posible que un monopolio pierda dinero o esté en bancarrota?.

Vamos ahora a la etapa en que se encuentra la AEE y las soluciones que se ofrecen como salida a la crisis.

En el 2014 la AEE se declaró sin dinero para pagar las obligaciones de pago de ese año en la deuda de cerca de $9 mil millones que tiene casi en su totalidad con bonistas.

Bonistas y Autoridad llegaron a un acuerdo de nombrar un oficial de reestructuración que reestructurara la parte financiera y la operacional. Ese nombramiento recayó en Alix Partners, la empresa de Lisa Donahue, de quien se dijo que representaría a la Autoridad en esos trabajos.

Esta señora después de dos años de trabajo y $47 millones de compensación dejó un borrador de acuerdo con los bonistas que ahora mismo está en revisión por el gobierno de Ricardo Rosselló y la nueva firma asesora que sustituye a Lisa Donahue, Greenberg.

El acuerdo que cubre sólo el 70% de los deudores, y no obliga al otro 30%, establece en sus partes más importantes:

1) Una reducción de la deuda de un 15%.

2) No pagar principal de la deuda por espacio de cinco años, sólo intereses.

3) Crea una nueva corporación llamada corporación de vitalización que asumiría las funciones financieras de la Autoridad.

4) Esta nueva corporación recibirá todos los ingresos de la AEE y en un arreglo con los bonistas que se le llama titulización (securitization), la prioridad de pago la tienen los bonistas. Lo que sobre, va entonces a la AEE para costear sus operaciones.

El gobierno de Rosselló ha dicho que ha mejorado el acuerdo de Donahue, lo que no es cierto. Básicamente es lo mismo que trabajó Donahue.

Los bonistas están presionando a congresistas para que se firme el acuerdo. Éstos han llegado a amenazar con destituir a los miembros de la Junta de Control Fiscal, que se oponen al acuerdo. El gobierno de Rosselló dice que es un acuerdo “oneroso” pero no se atreve rechazarlo y desea que sea la Junta la que lo haga. Ese es el impasse a este momento. El gobierno no quiere hacer lo que tiene que hacer para proteger los intereses de Puerto Rico, que es de pedirle a la Junta que radique bajo el Título III la quiebra de la AEE.

¿Por qué el acuerdo es malo para Puerto Rico?

1) La reducción de la deuda es de solo 15%. En los casos de reestructuración la norma es una reducción de 40%.

2) Ir a la Corte seguramente le podría dar a la AEE una reducción mayor de 15% de la deuda. Los bonistas temen eso y por ello su exigencia de firmar el acuerdo.

3) El acuerdo es con el 70% de los bonistas. Si van a la corte obliga al 100% de los deudores. Por lo que el acuerdo deja a la AEE con un problema de deuda con 30% de sus deudores.

4) Según el acuerdo a los acreedores se les dará un bono de $85 en cambio del bono que tienen de $100. Gran parte de los bonistas compraron el bono de $100 en el mercado secundario en unos $50 por lo que tendrían una ganancia de $35 en el valor del nuevo bono.

Los que compraron a $100 también tendrían una ganancia pues el valor del bono que tienen en sus manos es de unos $50.

5) Si este acuerdo se firma la AEE no resuelve su problema a largo plazo. En unos tres años tendría que ir a otra negociación ya que lo alcanzado ha sido una prolongación de la deuda y no una reestructuración.

6) Según los propios estudios de la AEE en el plan fiscal sometido bajo este acuerdo el K/H subirá de 21¢ a 28¢ en el 2022.

7) Cada centavo representa un desembolso anual de $173 millones de los abonados en el pago de sus facturas.

8) La Junta de Control Fiscal hasta el momento exige para aprobar el plan que en el 2023 se mantenga el K/H en 21¢, algo imposible según los estudios de la AEE. Estos proyectan una reducción de consumo y por lo tanto de ingresos de la AEE y pagar prioritariamente a los bonistas obligará a la AEE a subir la tarifa.

Al momento el límite para la Junta aprobar el acuerdo se aplazó del 23 al 28 de junio.

CLARIDAD

Durante la mañana de hoy martes, el colectivo Profesores(as) Autoconvocados(as) en Resistencia Solidaria (PAReS) se manifestó frente al portón principal del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para exigirle a la Administración que “atienda la situación de inseguridad y precariedad que enfrentan los profesores y profesoras sin plaza, de modo que termine con las prácticas laborales que privan a los sin plazas de un trato ético, equitativo y justo. La Administración debe reconocer el principio de “igual paga por igual trabajo” concediendo a estos profesores y profesoras condiciones laborales y beneficios marginales equivalentes a los que disfrutan los docentes con plaza”, expresó PAReS en comunicado de prensa.

Este grupo, conformado por profesores con y sin plaza, se formó a raíz de la pasada huelga estudiantil. “Ahora que están los portones abiertos, queremos continuar con esta lucha de exigir democracia dentro del Recinto y con el asunto de los profesores sin plaza, que somos los que tenemos contrato de un semestre o diez meses sin seguridad de trabajo y sin seguro médico, los que estamos a tiempo parcial cobrando un cuarto de lo que cobran otros profesores. O sea, que realmente hay una inequidad laboral fuerte y una falta de democracia dentro del Recinto”, expresaron en conferencia de prensa.

«Como ha salido a relucir recientemente en los principales medios de comunicación del país, las y los docentes sin plaza en la UPR constituimos una importante parte de la fuerza laboral de la institución, llegando a ser en algunos recintos, como en el de Carolina, la mayoría y, en el caso del Recinto de Río Piedras, cerca de la mitad», señaló la portavoz del grupo la doctora Marissel Hernández.

También, “esta manifestación es para exigir e instar a otros profesores a que se solidaricen porque es un problema común e injusto. Las condiciones en las que estamos afectan la pedagogía, la enseñanza…El que sostienen, “es un patrón de neoliberalización que cada vez es más amplio y que incluye cada vez a más docentes. Esto es hacia donde quieren dirigir el proyecto de la educación”, denunciaron ante la prensa.

La situación laboral de los miles de docentes sin plazas – del recinto riopedrense particularmente – se ha visto más afectada luego del reinicio del semestre, el cual se extenderá hasta el 28 de julio. El efecto inmediato de la extensión del semestre hasta esa fecha es que muchos de las y los docentes sin plaza no tendrán forma alguna de sustento durante este verano y parte del próximo semestre porque es durante este periodo que estos profesores buscan formas alternativas de fuentes de ingresos.

“Desde PAReS nos hemos planteado seguir las acciones de resistencia y solidaridad con los portones abiertos. Tenemos una campaña de solidaridad con los profesores sin plaza, sobre todo en verano que es un momento crítico para ellos porque es cuando salen a buscar trabajo de otro tipo fuera de la Universidad y ahora están acá terminando el semestre”, dijo uno de los profesores presente en la manifestación de hoy.

Es una modalidad reciente de los agentes de la División de Arrestos Especiales de la Policía de Puerto Rico presentarse sin uniforme en las manifestaciones civiles, arrestar manifestantes y llevárselos al cuartel más cercano utilizando vehículos no oficiales.

El último incidente de este tipo ocurrió el pasado 11 de junio en el marco de la marcha “Independencia ya”, realizada en la tarde de ese día en el que también se celebraba el plebiscito de estatus. Adrián E. Robles Reyes, Jean Rosario Alvarado, de 27 años, y Víctor Rodríguez Maldonado, de 22 años fueron arrestados y trasladados en vehículos civiles al cuartel de Hato Rey Este por supuestamente dañar las paredes de la sucursal del Banco Popular en la avenida Ponce De León con pintura en spray.

“En todo este proceso, nosotros los abogados y abogadas defensores) desconocíamos por qué delito se les estaba imputando, si era uno del 11 de junio o del 1ero de mayo, además no tuvimos acceso a estos jóvenes arrestados hasta que los llevaron al Tribunal de San Juan luego de 28 horas de los arrestos”, comentó a este medio el licenciado Alvin Couto De Jesús, uno de los miembros del Comité de Acción Legal (CAL), colectivo solidario que provee apoyo legal a personas que defienden sus derechos civiles y humanos ante las políticas de austeridad.

“Al momento del arresto no les dijeron los cargos y es obligatorio que se diga el porqué del arresto, o si hay una querella en contra de la persona, si hay una orden de un juez. El 11 de junio, los jóvenes fueron secuestrados, porque así lo entendemos”, continuó Couto De Jesús.

Según el licenciado, este tipo de arresto está ocurriendo porque ha habido un cambio de política en la institución de la Policía de Puerto Rico. Se supone que las leyes procesales exigen dos cosas: que un policía arreste a una persona inmediatamente si la ve cometiendo algún delito o que si hay causa probable para creer que esa persona cometió un delito grave, un policía la arreste aun sin la orden de un juez.

“En este tipo de caso, lo que se está haciendo es arrestando ilegalmente a personas porque alegadamente tienen la comisión de un delito grave, pero a la hora de la verdad se caen los casos en el Tribunal porque son delitos menos graves…Graffitear una pared no es un delito grave a menos que no sea una pared del Estado Libre Asociado, que tenga alguna protección por estar en zona histórica o edificio cultural. Si es un edificio privado, como por ejemplo los bancos, es un delito menos grave”, explicó el miembro del CAL.

Particularmente, en el caso del 11 de junio a los tres jóvenes se les imputó de un delito agravado por estos estar supuestamente encapuchados. Este es el primer caso que se radica luego de que en mayo se enmendara el Artículo 248 del Código Penal, que indica que incurrirá en delito menos grave toda persona que utilice una máscara o careta, postizo o maquillaje, tinte, o cualquier otro disfraz, completo o parcial, que altere de cualquier forma temporera o permanentemente su apariencia física con el propósito de evitar que se le descubra, reconozca o identifique en la comisión de algún delito.

“La serie de pasos que se están dando igual en este tipo de casos es que los arrestan policías en civil, que se los llevan en carros civiles, que no están diciendo por qué los están arrestando y que cometen los actos violentamente”, enumeró Couto las características de este tipo de arresto, que se había dado previo al 11 de junio al finalizar una manifestación en defensa de la UPR en el Capitolio el pasado 23 de abril.

“Lo que cuentan los jóvenes es que luego de que los sacan de sus carros violentamente es que se enteran de que son policías y de que se trata de un arresto”, dijo el licenciado. Ante eso, Couto explicó que “ningún policía tiene el derecho ni el poder en ley de arrestar una persona que no ha cometido un delito grave fuera de su presencia, a menos que no tenga una orden de un juez. Si no es así, no puede haber policías vestidos de civiles llevándose a las persona a quién sabe dónde”.

Debido a que son arrestos ilegales e inconstitucionales, en el CAL están haciendo querellas al Monitor Federal que, según Couto, sí le está dando seguimiento a la Reforma de la Policía. “Por otro lado, si hay exceso de violencia, uno podría hacer querellas administrativas contra los jefes de esos policías, pero muchas veces estas querellas quedan en nada”, dijo en aras de explicar cómo se está manejando esta modalidad desde el CAL.

A preguntas de este semanario de a qué se deben los arrestos de este tipo, el licenciado respondió que “todas estas medidas están dirigidas a crear un ambiente de intimidación o un sentido de paralización en la gente. En situaciones así, las personas se paralizan por varias razones: hay secuestros, hay agravamiento de los delitos, hay delitos nuevos que están enfocados precisamente en manifestantes, la policía podría comportarse de manera más violenta, temen por falta de seguridad en actividades de protesta, y porque se sienten vigilados, asediados y hostigados”.

Además de que las enmiendas al Código Penal y la modalidad de arrestar de tal forma son medidas represivas para tratar de acallar al pueblo en momentos en que está explotando, ambas violentan la cláusula de separación de poderes. “Todo esto es un plan concertado y más allá de por quién está siendo concertado, si a nivel de la Policía o del Departamento de Justicia, aquí se está violentando la cláusula de la separación de poderes. Tenemos un Rivera Schatz, quien continuamente le ha puesto presión a la superintendente de la Policía y a la secretaria de Justicia de la manera más macharrana posible para que investiguen, procesen y encarcelen a estos jóvenes que se han arrestado en manifestaciones”, finalizó el licenciado.

El patrón adoptado por la Policía de arrestar a personas en medio o luego de haber participado en una manifestación pública, está llevando al país a una crisis constitucional en términos de derechos civiles. “El pueblo no puede estar tranquilo ahora de si participa en una protesta no vayan luego a arrestarlo como hacían en Chile o Argentina”, denunció el abogado experto en Derechos Civiles, William Rámirez Hernández.

Desde semanas antes del 1ro de mayo, hasta el presente, 22 personas, en particular jóvenes universitarios, han sido“arrestados” por la Policía luego de haber participado en alguna manifestación. Las circunstancias en que se han producido los “arrestos”, policías vestidos de civil sin identificar, el uso de vehículos sin identificar, el mantener a las personas incomunicadas durante horas, 22, 28 horas, en paradero desconocido, ha sido el modus operandi de los arrestos, lo que se asemeja más a un secuestro que a un arresto legal. En algunos casos las personas han sido secuestradas cuando se encontraban a solas.

“Todo esto es un intento de suprimir la expresión, y no es legal. Cuando una persona se acerca vestido de civil y te mete en un carro sin identificar, eso no es un arresto eso es un secuestro. Eso compara con prácticas de gobiernos dictatoriales, con lo que se daba en Puerto Rico en los años de los ‘70 y ‘80 con lo que estaba ocurriendo en Chile y Argentina y más reciente en México”, manifestó en entrevista el licenciado William Ramírez Hernández, director ejecutivo del capítulo de Puerto Rico, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU,siglas en inglés).

Ante esta conducta de la Policía, Ramírez Hernández, denunció que el Departamento de Justicia de Purto Rico (DJ) sabe lo que está pasando y debería actuar motu propio, sin necesidad de esperar a que alguien se queje.

¿Cómo es posible que la Policía haya adoptado este comportamiento cuando se supone que la Policía está bajo una reforma federal precisamente por violación a los derechos civiles?

Ramírez Hernández, confirmó que el DJ sabe lo que está ocurriendo ya que coincidió que hace unas semanas hubo una vista en el Tribunal Federal (Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico) sobre la reforma y él trajo el tema, “lo que pasa es que ellos no ven nada malo en ello”.

A la postura en la isla de la presente administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) el director ejecutivo de ACLU expuso que en el plano federal hay otro problema y es que contrario a la administración del expresidente Obama, que se dedicó a reformar los cuerpos policiales que estuvieran incurriendo en violación de derechos civiles y corrupción, ahora con la administración de Donald Trump hay otra visión. Continuó que el actual secretario de Justicia, Jeff Sessions, está tratando de deshacer los acuerdos de las reformas policíacas.

“Son de la mentalidad de que todos estos esfuerzos de reformar policías y de quitarles ciertos poderes lo que hace es atarle las manos a la Policía y no permite que hagan su trabajo”. Ramírez Hernández reveló que ésta es una discusión que se ha tenido en casi todos los lugares en que hay reformas de los cuerpos policíacos y que de hecho ACLU tiene una reunión el 27 de junio en Washington, sobre la situación.

Hizo la salvedad de que en el caso de Puerto Rico la discusión no se ha dado debido a que los acuerdos ya fueron firmados entre las partes –el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de EEUU– y fueron aprobados por el tribunal. Una vez aprobados y firmados los acuerdos se tornan vinculantes, como si fuesen una orden del tribunal y no se pueden deshacer.

El licenciado Ramírez Hernández, reconoció que en el caso de Puerto Rico, “el juez Gustavo Gelpí ha sido proactivo en mantener el acuerdo vivo en otras jurisdicciones hay jueces que no les ha importado y el secretrio de Justicia y Trump han podido detener algún tipo de avance en la reforma”. Trajo que en la ciudad de Baltimore la reforma no se había endosado por el tribunal aunque ya había unos acuerdos firmados por las partes y en cuanto la administración de Trump asumió el poder acudió al tribunal con una moción de que el DJ se retractaba del acuerdo pero el juez no lo permitió.

En el caso de Puerto Rico también dio crédito de que el monitor federal, es la persona que ha mantenido el interés porque se cumpla con la reforma, mientras los demás componentes incluyendo a la Superintendente están tratando lo contrario. Ramírez Hernández, censuró las posturas públicas de la coronela Michelle Hernández de decir que se está monitorenado a las personas en las redes sociales y defender los “arrestos”. Ambos procedimientos reiteró el director ejecutivo de ACLU son ilegales e inconstitucionales.

“Una persona que cree en una reforma de la policía no va a estar carpeteando y arrestando gente. Lo otro es que cómo tú vas a decir que las personas que están arrestando en ropa civil están haciendo algo necesario y que no son encubiertos, claro que son encubiertos, no son policías en ropa de civil. Yo planteo que un policía civil es un policía que viste con su ropa de civil, pero tiene a la vista su identificación de policía, su arma, su placa, eso es un policía vestido de civil. Pero un policía que está vestido en ropa de civil, que no se identifica con una placa, que no hay manera de saber que es un policía porque tampoco está en un carro oficial, esa persona no es un policáa vestido de civil ese policía es un encubierto. Cuando un policía te arresta sin identificarse y te mete en un carro no oficial eso es un secuestro no un arresto”.

El defensor de los derechos civiles trajo a colación que en los incidentes del 1 ero de mayo otro miembro de ACLU y él aun estando identificados fueron agredidos por la policía con gases lacrimógenos, cuando se supone que la Policia no tiene este material disponible. El dato surge de la reforma.

Ante el proceder que ha adoptado el cuerpo paramilitar, Ramírez Hernández cuestionó, además, quién es la persona que está mandando en la Policía y acusó que no fue una coincidencia el que dos días antes del 1ro de mayo se confirmara al exsuperintendente Héctor Pesquera como el jefe de la nueva agencia de “seguridad pública”, y denunció que que tiene conocimiento de que ese dia Pesquera estaba operando tras bastidores en el manejo de la situación.

Otra conducta asumida por la Policía sobre la cual llamó la atención es la de no intervenir con supuestos manifestantes que ven que están rompiendo cristales o pintando paredes. Puntualizó que la función de la Policía es evitar que se cometa un delito y proteger el derecho de las personas a manifestarse, por lo que la práctica de la Policía de dejar que se cometa el “delito” y luego hacer redadas de gente que saben que estuvieron en las protestas y alegan que cometieron delitos se presta para el carpeteo.

A la luz de los actuales acontecimientos el entrevistado comparó el que antes de que se firmara la reforma los actos de violaciones de derechos y corrupción eran conductas más bien del policía, “pero lo que estamos viendo ahora aparenta ser una agresión organizada de parte del gobierno de perseguir a todas esas personas que entienden que interrumpen el plan de gobierno que tiene esta administración”.

Examinan legislación

En esa línea de observar de que hay una crisis constitucional en el país, Ramírez Hernández, indicó que la ACLU ha organizado a un grupo de peritos tanto de la isla y en el exterior que está examinado las enmiendas al Código Penal (CP) aprobadas por la actual Legislatura, que van dirigidas a criminalizar la protesta.

Se refirió a los artículos:

Art. 200 CP; penalizar como delito grave con tres años de cárcel fijo el obstruir y/o bloquear con una protesta cualquier construcción.

Artí. 246 CP: penalizar como delito menos grave cualquier resistencia u obstrucción a una autoridad pública. Art. 247 CP: califica de delito menos grave la obstrucción, el acceso de y las labores en instituciones educativas y de salud.

Artí. 248 CP: Tipifica como delito grave el uso de un disfraz, maquillaje, máscara con la intención de intervenir de alguna forma con actividades ordinarias de una institución de educación o de salud, o el uso de éstos para cometer un delito.

El licenciado Ramírez Hernández, afirmó que a la luz de estas disposiciones técnicamente no se puede ir a la plazoleta del Capitolio a protestar. “Yo creo que aparte de que es un plan que ellos (el gobierno) tienen, no sólo es peligroso, es como volver a Argentina, Chile, es peligroso porque eso demuestra que esta gente que juraron respetar la Constitución están haciendo lo contrario. Están incurriendo en una conducta que nos está llevando a una crisis constitucional”