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No por el hecho de ser mujeres las nominadas al Departamento de Justicia (DJ) y a la Superintendencia de la Policía (SP) esto representa que habrá un cambio de visión hacia una reafirmación y extensión de los derechos civiles y humanos, más allá de los ciudadanos, de las comunidades pobres, y ciudadanos vulnerables, entiéndase, las mujeres en situación de violencia doméstica, la comunidad LGBTTIQ, y otros muchos aspectos sociales.

“Siempre favorecemos la nominación de mujeres a puestos directivos en áreas de interés público, tradicionalmente asignada a hombres, como es seguridad y justicia. Por tanto, reconocemos el valor de la nominación de mujeres realizada por el gobernador electo, Dr. Ricardo Rosselló. Pero tanto la Superintendencia de la Policía como para la Secretaría de Justicia, los méritos deben hablar por las candidatas” reparó la licenciada Eva Prados, portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR).

El Movimiento Amplio de Mujeres advirtió que se oponía a la designación de Wanda Vázquez, y le atribuyó un mal desempeño en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y una falta de compromiso con la protección de los derechos humanos.

“En el caso de la Lcda. Wanda Vázquez nos oponemos a su nombramiento por su deficiente desempeño como Procuradora de las Mujeres y su demostrado rechazo a la protección de los derechos humanos. La Licenciada Vázquez ha actuado de forma desatinada, discriminatoria y anti obrera, en constante violación de la ley orgánica de la OPM, Ley 20 del 2001. A su vez, su postura a favor de la pena de muerte y de eliminar el derecho constitucional a la fianza muestran una persona sin compromiso con la protección de los derechos humanos que debe tener una Secretaria de Justicia.” añadió la abogada y experta en derechos humanos.

Tanto Prados como la licenciada Josefina Pantoja, expresaron la consternación, del Movimiento Amplio de Mujeres con el nombramiento del DJ ya que esta agencia es el principal organismo gubernamental responsable de distribuir los fondos federales para intervenir y atender a las víctimas del crimen, incluyendo la violencia doméstica y la violencia sexual.

Al abundar sobre este particular la licenciada Prados comentó a CLARIDAD, que existe temor entre las organizaciones que integran el Movimiento debido a que el DJ ha recibido un aumento de 400% en su presupuesto mediante la asignación de fondos del gobierno de Estados Unidos para el programa de servicios a víctimas del crimen OVC. Este dinero se supone que se distribuya tanto entre organizaciones de base comunitaria como programas gubernamentales. En los últimos años pese a el aumento en la cantidad de estos fondos la Procuradora aun cuando recibió fondos para víctimas de abuso sexual el dinero estuvo en riesgo de perderse porque ella no los asignó, bajo la premisa de que no había proyectos de trabajo que atendieran a estas víctimas. Prados denunció que esto es falso y que además en caso de que no los hubiese es responsabilidad de la Procuradora crearlos. Además, como Procuradora ha demostrado parcialidad en la distribución de fondos y perjudicando a organizaciones que se han atrevido hacer denuncias públicas en su contra.

Una de las reglas impuestas por la Procuradora a las organizaciones a las cuales les ha asignado fondos es a cambiar la condición de empleados permanentes por empleados por contrato, aspecto que no es requisito de la asignación de los fondos federales.

Las activistas dejaron saber además que Vázquez ha mostrado un claro rechazo al trabajo en colaboración con las organizaciones de mujeres y de base comunitaria como promueve la ley orgánica de la OPM y las agencias federales.

Prados explicó que la Ley 20 de 2001 que creó la OPM dispone la creación de un consejo consultivo con el propósito de que sirva de enlace entre las organizaciones comunitarias que ofrecen servicios a las mujeres y promueven los derechos humanos precisamente para que la agencia tuviera ese enlace, recibiera insumos y así poder desarrollar estrategias validas. Acotó que incluso la reforma de la Policía tiene este componente. No obstante al presente no se sabe si la Procuradora constituyó el consejo en su agencia, o si lo hizo quiénes son sus miembros y mucho menos si en efecto se formó el consejo qué ha hecho.

Pero muy contrario a lo que dispone la ley Prados reveló que quien ha convocado a las organizaciones comunitarias que prestan servicios a las mujeres ha sido el DJ.

La designación de la Superintendencia de la Policía

En tanto sobre la nominación de la actual decana de la Academia de la Policía, la coronel Michelle Hernández Fraley a dirigir la Superintendencia de la Policía, Prados, expresó su preocupación por el perfil militar de la designada.

“Hay que tener cuidado de la disciplina militar no es lo ideal para un cuerpo policiaco son cuerpos muy distintos y los mas perjudicados con un cuerpo policiaco militarizado es la ciudadana”.

Aunque dijo que no se puede descartar que es un puesto que nunca ha sido ocupado por una mujer, por ese lado ve el nombramiento como uno positivo. No obstante reconoció que hay que evaluar los méritos de la designada, la cual ha manifestado que no ha trabajado antes con una policía civil. “Para los independentista debe ser una bandera roja”, advirtió Prados.

En tanto la Unión Americana de Libertades Civiles, (ACLU, siglas en inglés) capítulo de Puerto Rico, organismo que inició la acción judicial para lograr una reforma policíaca expresó sus expectativas de lo que debe ser el desempeño de una o un superintendente de la Policía.

El licenciado Josué González Ortíz, dijo a CLARIDAD que tanto en lo que es la Superintendencia como en la Academia de la Policía a pesar de los avances, tomando en cuenta que ya van cuatro años de trabajo, la reforma ha estado lenta.

Sobre los criterios de la persona que ocupe la SP, González Ortiz, destacó que ACLU entiende que la personas que ocupe la superintendencia, primero debe ser una persona que respete y le de una enérgica continuidad al trabajo de la reforma; dos que se enfoque en establecer la policía comunitaria; que se establezcan canales de comunicación entre los procesos de implantación de la reforma y la comunidad para que se sepa qué es lo que se está haciendo; y que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas.

González Ortiz calificó como una contradicción los comentarios públicos de Hernández Fraley, de promover la “mano dura y la policía comunitaria”. Puntualizó que esos dos enfoques son incompatibles y la experiencia ha demostrado que el enfoque de mano dura es un fracaso. El abogado de ACLU llamó la atención que con la reforma hay el mandato del Tribunal de que la reforma tiene que adoptar el enfoque de la policía comunitaria. “Eso impacta (se refiere a la mano dura) a las comunidades y sectores vulnerables, precisamente para combatir los efectos de esa mano dura es que se establece la policía comunitaria, la policía comunitaria no es enemigo de las comunidades es un agente del gobierno cuya función es un ente de cambio, de ayuda a todas las comunidades y sectores”, abogó.

En un sentido similar se manifestó en cuanto a la nominada al DJ. González Ortíz aludió a que grupos activistas han expresado sus reservas sobre Vázquez por su ejecutoria como fiscal y en la OPM. “El Departamento de Justicia son los abogados del pueblo es la agencia llamada adelantar el interés público y el que se proteja los derechos civiles y derechos humanos de todos los sectores”.

Durante el año 2016 ocurrieron tres eventos que definen en gran medida el presente y los próximos años de nuestra vida como pueblo.

Desde la creación del ela, y por 64 años, el debate sobre la condición política del ela aguardaba por una expresión del Tribunal Supremo USA. Los favorecedores del estadolibrismo le concedían al Supremo USA la decisión final sobre la naturaleza del ela. Finalmente, luego de más de seis décadas de sacarle el cuerpo al asunto, el Supremo USA se expresó el 9 de junio de 2016 y enterró el ela en la decisión del caso Pueblo V. Sánchez Valle al afirmar la condición territorial de Puerto Rico y el irrestricto poder congresional sobre la Isla.

La decisión no tan solo puso fin a un debate de más de medio siglo sino que elimina la opción política que una mayoría del pueblo había favorecido a través de los años y que había servido como sostén del coloniaje, impidiendo una solución final al agobiante tema del estatus político.

El Partido Popular (PPD), padre de la criatura del ela, se ha quedado sin un proyecto político que ofrecerle al país. En las pasadas elecciones se limitó a prometer un buen gobierno, lo que se queda sumamente corto de las necesidades y aspiraciones del Puerto Rico que vivimos.

La desaparición del ela, ¿nos lleva a una polarización entre anexión e independencia? Creo que es muy temprano para afirmar tal cosa. En ese centro político que es el PPD todavía el sector colonialista tiene una fuerza significativa, especialmente en su dirección. Al igual que en el pasado los colonialistas se guarecieron bajo el autonomismo para ocultar su coloniaje, hoy muchos lo hacen escudándose detrás de interpretaciones torcidas de la libre asociación y la soberanía.

Si acaso había alguna duda del alcance de la decisión del Supremo USA, en la tarde del mismo día en que se hizo pública la decisión, la Cámara de Representantes aprobó la legislación que se conoce como PROMESA, imponiendo una Junta de Control Fiscal sobre Puerto Rico con todos los poderes para gobernar al país. El colonialismo se manifiesta entonces con toda su crudeza al subordinar el gobierno electo a la Junta y por lo tanto despojar a las elecciones coloniales de la poca validez que le conferían.

Al finalizar el año 2016 todavía la Junta no ha entrado de lleno en funciones pero ya ha dejado sentir su autoridad al anunciar una lista de todas las instituciones y agencias públicas sobre las que tiene jurisdicción y exigir que el gobierno central le someta un plan fiscal. Usando un término beisbolero la Junta todavía está calentando el brazo, sus efectos aún no se han sentido.

El plan fiscal que sometió el gobernador García Padilla fue rechazado por la Junta. El Gobernador se ha negado a someter un nuevo plan bajo los parámetros impuestos por la Junta. Por otro lado, el representante designado por el gobernador electo Ricardo Rosselló a la Junta, Elías Sánchez, ha manifestado la irrazonabilidad de la Junta al exigir que el gobierno central reduzca de $9 a $7 billones el presupuesto del gobierno central. Las pretensiones de la Junta son las de encargar al gobierno de los recortes y medidas de austeridad de forma tal que no se vea su mano en las decisiones impopulares que se impugnan. Ambos gobiernos, el saliente y el entrante, se han negado hasta el momento a hacerle el trabajo sucio a la Junta.

Estos dos eventos, la decisión del Supremo USA y la imposición congresional de la Junta, tuvieron un efecto en el tercer gran evento del año: las elecciones generales. En lo que podría llamarse una reacción del pueblo puertorriqueño a las decisiones de Washington, los resultados electorales reflejan la mayor abstención en la historia reciente del país. La participación electoral promedio en Puerto Rico en las últimas décadas rondaba cerca de un 80%, en las elecciones del 2016 bajó a un 53%. Por cuarta ocasión consecutiva se reduce el número de votantes en comparación con la elección anterior. Esta vez aumentó a 300mil los que no votaron en comparación con los que votaron en el 2012.

Otro gran cambio que define un nuevo pensamiento político en el país es el que un 15% de los votantes optaran por votar por candidatos independientes para la gobernación, abandonando a los partidos. Si a ello le añadimos unos 400mil que votaron candidaturas el rechazo a los partidos es incuestionable.

Esa ruptura con los partidos y la clase gobernante que los dirige puede estimarse en poco más de 300mil electores que se declaran agentes libres. En ellos podría estar el inicio de un realineamiento de las fuerzas políticas del país y el núcleo alrededor del cual organizar una gran alianza anticolonial que debe ser la respuesta a la coyuntura política actual.

Esta expresión a favor de candidaturas independientes no hay duda que tiene una gran importancia por el rompimiento que significa con la clase política y los partidos que han administrado el país, pero no debemos olvidar que siempre se ha de necesitar una organización política, del tipo que sea, para conducir al país a la profunda transformación política y económica que mandata la situación actual.

Si el año 2016 fue escenario de unas decisiones de Washington que han cambiado radicalmente nuestra realidad política como han sido la afirmación de nuestra condición colonial y colocar a la Isla bajo la sindicatura de una Junta, el año 2017 será escenario de luchas y confrontaciones mayores que nos llevarán a cambios más profundos que los habidos en el 2016.

CLARIDAD

En un resumen del año que pronto finaliza, obligatoriamente, tienen que estar presentes las múltiples muestras de apoyo que miles de personas de diferentes ámbitos le han ofrecido al reclamo de excarcelación del prisionero político más antiguo de Puerto Rico. Es cierto que, aunque el puertorriqueño Oscar López Rivera – quien celebrará su cumpleaños número 74 en enero 6 del 2017 – pasó injustamente otro año tras las rejas de una cárcel estadounidense, de igual forma se fortaleció aún más la unión nacional e internacional que merece esta causa.

Un ejemplo claro que evidenció esa unidad lo fue la reciente campaña digital que se organizó a través de la página web de Casa Blanca con la cual más de 100,000 firmas recaudadas reclamaron que el presidente Barack Obama se expresara pública e inmediatamente acerca de este caso.

La iniciativa, creada por el abogado José Rodríguez Irizarry, establecía que de reunir la cantidad de firmas en o antes del 11 de diciembre, Casa Blanca emitiría una respuesta. Sin embargo y aunque el 5 de diciembre ya constaba la totalidad de los endosos, el 14 de diciembre miles de firmantes recibieron una notificación que indicaba que, de acuerdo con ciertas políticas y términos, Casa Blanca puede optar por no responder a las peticiones sobre ciertos temas, por lo que declinó a hacer comentarios sobre el caso específico referido en la petición.

Desconformes con esta contestación, los colectivos que tienen a su haber la portavocía del caso de Oscar comenzaron a promocionar otra medida para dirigir todos los esfuerzos a través de la Oficina del Abogado de Indultos de Estados Unidos (Pardon Attorney): “Ya tenemos los correos electrónicos, números de teléfono y direcciones de su oficina. Podrán esperar muchas llamadas y correos para presionar de aquí al 19 de enero”, indicó Rodríguez Irizarry.

Asimismo, el cineasta Tito Román convocó a una manifestación frente a la estatua de Barack Obama que se yergue en el ala sur del Capitolio junto a otros que han fungido como presidentes de Estados Unidos. Decenas de personas se dieron cita en el Paseo de los Presidentes en rechazo a la determinación que tomó la Casa Blanca de ignorar la petición de clemencia para Oscar López Rivera.

También durante el mes de diciembre, como parte de una campaña a favor de la excarcelación de Oscar, hubo una sesión informativa en el Senado de Estado Unidos auspiciada por la oficina del senador independiente Bernie Sanders (Vermont), quien cuando aspiró a la candidatura demócrata a la presidencia de EE.UU., abogó por la liberación de López Rivera.

El evento, celebrado en Washington en el edificio Russell del Senado, reunió al Congresista, Luis Gutiérrez, a René Pérez Joglar (Residente Calle 13), a la hija de López Rivera, Clarisa López Ramos, al hermano de Oscar, José López, a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y a los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Luis Vega Ramos y Manuel Natal, entre otros.

De otro lado, el llamado de excarcelación también apareció en la publicación legislativa The Hill. “Presidente Obama, el cambio todavía es posible. Solo se necesita una firma”, indicaba el mensaje publicitario.

En los últimos días, igualmente, líderes políticos puertorriqueños han elevado su voz. Por ejemplo, el gobernador electo, Ricardo Rosselló, y la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) enviaron cartas al presidente Barack Obama pidiendo la excarcelación de López Rivera.

También ha habido nuevas expresiones públicas del gobernador Alejandro García Padilla, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, el congresista Luis Gutiérrez, la alcaldesa de San Juan, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, el liderato independentista, artistas como Andy Montañez, Danny Rivera, Chucho Avellanet, Rubén Blades y el pelotero Carlos Delgado, para acentuar los reclamos que han hecho en el pasado.

De la misma forma, todos los candidatos a gobernación en estas elecciones 2016 apoyaron la pronta excarcelación del compañero Oscar.

El pasado domingo, 9 de octubre se celebró en las inmediaciones de Casa Blanca, Washington – específicamente en el Lafayette Park – el Free Oscar López Now: The Event, el cual reunión a cientos de personas, en su gran mayoría puertorriqueños y puertorriqueñas de la Isla o de la diáspora en estados como Nueva York, Massachusetts, Chicago, Connecticut, Pensilvania e Illinois.

En esa ocasión, unidos bajo la consigna “libertad para Oscar ahora”, líderes religiosos, políticos y cívicos de Puerto Rico y Estados Unidos ofrecieron sus discursos a favor de la pronta excarcelación de López Rivera. Estuvieron presentes los familiares de Oscar, Ingrid M. Vila, presidenta del Free Oscar López Coalition, el congresista Luis Gutiérrez, la senadora independentista María de Lourdes Santiago, la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz, los concejales Melissa Mark Viverito y Jaime Contrera, y Residente Calle 13. A todos los discursos que emitieron se sumaron las presentaciones artísticas de Danny Rivera, del poeta Erick Landrón, de Roy Brown, Tito Auger, Chabela, y del grupo de actuación y performance Jóvenes del 98.

En Washington, las Mujeres por Oscar de Puerto Rico hicieron sentir el reclamo de indulto cuando, con decenas de bolígrafos rosados, como el color de las camisas que las identifica en el Puente Dos Hermanos de San Juan los últimos domingos de mes, se acercaron aún más a los portones de Casa Blanca cantando consignas. La idea de esta manifestación simbólica fue ofrecerle a Obama el bolígrafo que necesita para firmar la excarcelación de nuestro Oscar López Rivera.

El 20 de junio de 2016 Clarisa López llevó a la audiencia del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas una carta de su padre.

Por otro lado, el 29 de mayo, día en que el compatriota cumplió 35 años de estar tras las rejas de cárceles norteamericanas, miles de personas marcharon desde los predios del Centro de Convenciones de Puerto Rico en Miramar hasta la Plaza de La Barandilla en el Viejo San Juan. El Comité de Derechos Humanos de Puerto Rico y el Grupo 33 x Oscar convocaron a esta marcha multitudinaria, denominada “Oscar 100 x 35 excarcelación ya”.

Ese mismo día, como gesto de solidaridad, distintos grupos de la diáspora puertorriqueña en Kissimmee, Florida; Illinois, Chicago; Cleveland, Ohaio; Nueva York, New Jersey y Boston marcharon para exigir que Oscar regrese a su patria.

Durante este año una sola voz ha reclamado la libertad de un hombre que tiene una sonrisa y un abrazo para todos y todas. Oscar se ha expresado varias veces para agradecerles a todos los que han aunado esfuerzos para esta causa. Para la marcha del 29 de mayo escribió una carta que leía: “aprovecho esta oportunidad para expresarles mi más sincero agradecimiento, mi amor y respeto por todo el apoyo que me han dado, y por la extraordinaria campaña que han organizado y liberado en apoyo a mi excarcelación. Siéntanse seguros de que yo estoy listo para lo que venga en mi camino y de que estoy vivito y coleando”.