Tres expertos en el tema compartieron su visión del proceso de nombramiento

 La persona que finalmente presida, por determinación de la Junta de Gobierno, la Universidad de Puerto Rico (UPR) acatará todas las políticas de gobernanza que han regido a la institución pública por los pasados años, de acuerdo con tres fuentes sindicales consultadas por CLARIDAD. Ese estilo de administración, entre otras cosas, integra sumisión total a las decisiones de la Junta de Control Fiscal (JCF), obediencia a los intereses del partido gobernante y una continuación a las condiciones de austeridad que imperan en el sistema universitario.

Para Carlos De León, presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), el rol de la organización gremial y la denuncia cobran mayor importancia en este contexto. El líder de la colectividad recordó que, para la búsqueda de un nuevo presidente, los gremios trabajadores “no participan como tal”. Y aunque salvó que existen dos comités de búsqueda, uno docente y otro no docente, De León reconoció que los sindicatos “no llevan la voz cantante ahí”.

“Nosotros siempre buscamos estar ahí, participar del proceso y hacer preguntas puntuales a los candidatos para tener sus respuestas en récord. Porque, siendo candidatos, es importante estar y ver qué va a pasar con los empleados, en caso de que el presupuesto siga mermando. Tenerlo ahí es para poder desmentir esas instancias en que dicen ‘ay, yo nunca dije que no iba a despedir’, ‘yo nunca iba a cerrar recintos’ o algo así”, expresó De León vía telefónica con este medio.

Por otro lado, el presidente de la HEEND distinguió a este proceso de selección de otros por los ocho candidatos que presentaron su intención de presidir la UPR, un número de aspirantes que requiere, de acuerdo con De León, una investigación rigurosa por parte de los Comités de Búsqueda. A juicio del activista, el proceso actual carece de ese rigor y solo evalúa a las personas que propuso la Junta de Gobierno.

“Al principio, estábamos muy pendientes a los personajes como Miguel Muñoz y otros que se mencionaban antes de que comenzara el proceso, pero esos eran nombres que nosotros definitivamente no queríamos. Miguel Muñoz ha sido fatal en los últimos meses. La conversación entre él y todos los sindicatos ha sido nula. Uno le escribe cartas y no responde”, detalló el presidente gremial.

Estas ejecutorias del Dr. Muñoz Muñoz inevitablemente influirán, de acuerdo con De León, en el desempeño del siguiente presidente. Además, el líder sindical aseguró que cualquier persona que aspire a presidir la UPR debe conocer bien la comunidad, las estructuras internas y las problemáticas que se discuten entre todos los componentes de la vida universitaria, por lo que rechazó aquellas candidaturas provenientes de instituciones ajenas a la UPR.

“El presidente que llegue va a tener que enfrentarse a un presupuesto reducido, el presupuesto que presenta la Junta de Control Fiscal. Porque ya estamos en un punto que ni nuestros legisladores, que son los llamados a hacer el presupuesto del país, lo preparan. Por ahí viene un presupuesto reducido, también, por los cambios que se están dando en la administración federal. Aquí lo preocupante es que esta administración no se ha expresado al respecto”, alertó el presidente de la HEEND.

En ese sentido, De León reveló que la administración interina de la UPR ha incumplido con los acuerdos logrados bajo la presidencia del doctor Luis A. Ferrao Delgado. En diciembre del año pasado, la HEEND concertó con la UPR el Convenio Colectivo 2024-2027. Pero luego de la llegada de Muñoz Muñoz, no se le ha dado continuidad.

Un problema “procesal”

De acuerdo con la profesora María del Mar Rosa Rodríguez, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la comunidad universitaria está atenta a la determinación de la Junta de Gobierno luego de que el ente gobernante “quedara mal” al permitir la intromisión partidista en el nombramiento de Ferrao Delgado. En parte, sostuvo Rosa Rodríguez, esa decisión antidemocrática resulta del proceso “oneroso” de nombramiento.

“Nuestro problema es un problema procesal. Este proceso de consulta es bien oneroso en términos de tiempo para la gente. La comunidad se expresa, evalúa a todos esos resume, entrevista a los candidatos y eso consume mucho tiempo. Luego dan su recomendación y, en los últimos nombramientos, la Junta de Gobierno ha hecho caso omiso”, aseveró la lideresa gremial en entrevista con CLARIDAD.

Para la profesora de la unidad de Cayey, este proceso específico refleja fuertemente ese mismo ánimo de omitir la voluntad comunitaria. Con esto en mente, Rosa Rodríguez recordó que todos los candidatos presentados guardan algún tipo de relación con el Partido Nuevo Progresista (PNP) y que, de cierto modo, esta consulta responde a una “guerra interna” del partido.

“Vemos que la cosa está bien politizada y eso siempre preocupa. Quien asuma la presidencia debe responder a la comunidad universitaria y no al partido de turno. Sin embargo, eso no es lo que estamos viendo. Sabemos que Jenniffer González, con su imposición y violentando la autonomía universitaria, nombró a un candidato interino. Parece que quiere hacer lo mismo con una persona que viene de afuera, que es la profesora Zayira Jordán”, advirtió Rosa Rodríguez.

Del mismo modo, la profesora coincidió con De León en que la próxima presidencia debe surgir desde el propio sistema UPR. De hecho, Rosa Rodríguez calificó como una “arrogancia” que se pretenda importar un recurso que no conoce la universidad pública para dirigirla. “Sin haber investigado, sin haber estudiado, sin haber trabajado en ella, ¿cómo pretende dirigirla?”.

 Una universidad “bajo el asedio político”

 A diferencia de la HEEND y la APPU, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (STUPR) se ha abstenido totalmente del proceso de selección. De acuerdo con David Muñoz, presidente de la colectividad, se trata de un acto de protesta. Entendiendo, al igual que la APPU, que la selección está amañada por el partido de turno, el STUPR se niega a participar de un proceso “ilegítimo”.

Unirse a los diálogos de selección, sostuvo Muñoz, sería legitimar las mismas estructuras que impiden el desarrollo de la universidad. No obstante, el presidente del gremio reparó en que la próxima presidencia debe provenir desde la misma UPR porque, de lo contrario, se estaría “condenando la universidad a la destrucción”.

“Nosotros bregamos con el que venga, le metemos manos al que sea, pero ciertamente la universidad corre el mayor peligro de toda su historia. Bajo la situación que está, van a intentar cerrar unidades y consolidar tareas. Tras bastidores, se argumenta que quieren trasladar tanto la UPR en Bayamón como otras unidades a los municipios”, expuso el presidente sindical cuya plantilla actualmente representa un tercio de la que tenía en 2012.

Muñoz coincidió con el líder de la HEEND en que el nombramiento de un nuevo presidente incide en los procesos de negociación de los gremios, como el caso del Convenio Colectivo del STUPR. En esta etapa de la selección, al STUPR le alarma la ausencia de relaciones obrero-patronales, salarios y presupuestos en las propuestas de los candidatos.

“Lo que buscan, en fin, es privatizar la Universidad de Puerto Rico. Están apostando a que la estructura caiga en el abandono, en la ruina, para que ese desuso justifique el cierre. Después culpan a los trabajadores por la crisis y las condiciones estéticas en que se encuentra la estructura, y entonces subcontratan un sinnúmero de trabajos innecesarios. Quienes estén fuera del quehacer universitario, solo reforzarán lo que se opina desde afuera”, agregó Muñoz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Ignorando por completo los efectos del cambio climático y en vías de favorecer proyectos de construcción en las costas,  la medida PC-25 del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez pretende  redefinir lo que es la zona marítimo terrestre (ZMT), en lugar de ampliarla, tendría el efecto de reducirla.

La directora ejecutiva de la organización Amigos del Mar, Vanessa Uriarte, indicó a CLARIDAD que la redefinición propuesta tiene el efecto de reducir lo que es la ZMT debido a que la  interpretación  hace un  énfasis inquisitivo en términos de cómo se define la servidumbre de salvamento, que son los 20 metros a partir de la ZMT. Expuso que lo que hace el proyecto es indicar que la ZMT  llega hasta la línea de vegetación y que a partir de ahí ya no hay ZMT. El proyecto no está reconociendo que aun después de que esos 20 metros puedan ser privados, la servidumbre de salvamento impone restricciones.

“No quiere decir que aunque sea privado puedas hacer lo que te dé la gana. Se supone que el gobierno te imponga unas restricciones de construcción, y están aliviando el lenguaje para insistir en lo privado”.

Apuntó que a la luz del censo que hizo Amigos del Mar sobre las costas, el proyecto, en lugar de ser un adelanto en la conservación de las costas, sería un atraso. La licenciada Uriarte, quien estuvo presente en la primera vista pública de la medida, contó que algo que se vio de forma insistente en la vista  de parte de los agrimensores del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio fue  que el reglamento 4860 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), que es el que  determina cómo se define ZMT y cuáles son los criterios, no está actualizado y que hay que cambiarlo.

Señaló que si bien la definición que se tiene de la ZMT no funciona debido a que es una que data de España, del derecho romano, que fue  hecha para el comercio, no para proteger  la naturaleza. Es una definición decimonónica que estaba hecha para proteger las embarcaciones cuando el mar se retiraba en el Mediterráneo, por lo que la definición que se requiere es otra.  “Es otra cosa diferente a lo que estamos hablando, acotó.”

“No podemos tratar de defender la naturaleza y los sistemas costeros utilizando una definición que nunca se creó para eso. En Amigos del Mar somos partidarios de que la definición hay que cambiarla, pero hay que cambiarla con criterios científicos y no criterios jurídicos, porque estamos en otra realidad completamente diferente  a la que existía en el momento en que España decidió que esa era la definición que se iba a usar”.

Uriarte explicó que una nueva definición  de la ZMT debe tomar en cuenta los efectos del cambio climático y a todas las especies que habitan la costa. Por el contrario, en el proyecto  no hay un criterio ecológico en la definición, solo contiene  hasta dónde llegan los límites propietarios y hasta dónde llegan los límites públicos.

La activista ambiental coincide con la apreciación de que la intención del proyecto es favorecer los proyectos tan debatidos que hay pendientes en las costas,  los llamados desarrollos turísticos. Al respecto, trajo a la atención que hay otros dos proyectos sobre la ZMT. El más preocupante, denunció, es uno sometido por el senador Eliezer Molina y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que pretende hacer un deslinde nacional, con la intención de promover una única forma de medir la costa de Puerto Rico.

“Eso es un disparate y una afrenta contra las comunidades, porque si se va utilizar para todo, parecería un plan maquiavélico de vamos hacer una definición y un plan nacional, que pondría en riesgo no solo los ecosistemas sino a las comunidades que habitan la costa, porque cuando construyeron, el mar no estaba encima de ellas. Es una irresponsabilidad el estar jugando con reducir esto a un debate entre lo público y lo privado sin tomar en cuenta todos los debates en un momento tan crítico como el que estamos viviendo con el cambio climático”, manifestó.

Como una alternativa a dicho proyecto, reveló que recientemente también se sometió un proyecto en el Senado por petición, al mismo fin de enmendar la ZMT. El proyecto fue propuesto por un grupo de agrimensores, biólogos marinos y geólogos, con las consideraciones que debe incluir una definición de ZMT. El proyecto PC 628 fue acogido por la senadora Ada Álvarez Conde como una contrapropuesta. Para Uriarte, esa definición es quizás  la más sensata que ha escuchado en mucho tiempo sobre hasta dónde deberían llegar los límites de la ZMT, tomando en consideración los criterios prioritarios, que son los ecológicos.

Por su parte, la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez Lebrón y Adriana Gutiérrez Colón, radicó el proyecto 188, el cual define de manera amplia  la ZMT. Los legisladores del PIP  emplazaron al liderato legislativo a considerar alternativas reales sobre la crisis costera que redunden en una política pública de protección y bienestar de los recursos costeros del país.

A preguntas de este semanario, Márquez Lebrón catalogó el proyecto del PIP como uno mucho más amplio, que incluye una definición de la ZMT, establece todo el manejo de la zona costanera, toda la política pública, incluida una definición amplia de ZMT; que toca los humedales, los acantilados y los terrenos ganados al mar.  “Esto es una política pública de acceso a los bienes de dominio público, un conglomerado de acciones por parte del gobierno. Eso, de entrada, es una diferencia del proyecto de Johnny Méndez, que es solo definir la ZMT mal definida”.

A su juicio, no hay ningún  problema parlamentario para que se puedan ver ambos proyectos, cosa que ha ocurrido en años anteriores. El portavoz de la delegación del PIP afirmó que conoce sobre el proyecto que radicó el  grupo de los profesionales, e incluso que lo vio, y que ambos proyectos tienen muchísimo  elementos en común, aunque en el del PIP, además de una definición exacta, precisa, de la ZMT,  se incluye otro conjunto de elementos vinculados a la ZMT. Márquez Lebrón expresó que incluso tuvo comunicación con los proponentes del proyecto y que se han  mantenido en comunicación sobre el tema.

“Insistimos en que tiene que haber una definición, que es fundamental, de la ZMT. Toda una política pública del manejo de las costas, que va desde el concepto  de dominio público, acantilado, humedales, el acceso a las playas, los deberes del DRNA con la zona costanera, de las autorizaciones y concesiones; de qué cosas se pueden hacer y no hacer en las costas. Todo eso es parte de  discusión en el proyecto. Cuando se comparan las definiciones, hay coincidencias positivas”.

Sobre las posibilidades de ambos proyectos, Márquez Lebrón admitió que ve el panorama complicado y muy difícil para que se apruebe y adopte una definición de la ZMT como la que se necesita.Considera que tanto el PNP como la mayoría del PPD del cuatrienio pasado no tienen ningún interés real de proteger las costas de Puerto Rico. Al respecto, recordó que en el cuatrienio pasado la delegación del PPD en la Cámara le dio un informe negativo con argumentos de los constructores al proyecto de la moratoria en las costas, pedido respaldado por amplios sectores, incluido el Comité de Expertos del Cambio Climático. “Lo vemos complicado en este cuatrienio, por eso hacemos la denuncia, y por eso insistimos en que se discuta el proyecto”, reclamó el portavoz del PIP.

El proyecto de Johnny Méndez,  básicamente, significa empezar a construir en la parte cerca de la playa, “donde se ponen la silla y la neverita”, le han dicho expertos en la materia. Ello implica desconocer las consecuencias que han tenido las construcciones en las costas y los daños causados por eventos como el huracán María.

 

 

CLARIDAD 

La manifestación tuvo lugar la víspera del Día del Maestro

 

 En el marco del mes de la educación, la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) acudió, el pasado jueves, a las inmediaciones del Departamento de Educación (DE), en Hato Rey, para reclamar el pago retroactivo de la carrera magisterial, rechazar la consolidación de escuelas y otras problemáticas que han afectado a la comunidad escolar por años.

De acuerdo con Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la colectividad, la situación actual del DE se trata de un “desmantelamiento total” de los recursos públicos con los que cuenta la agencia. Como ejemplo, mencionó el Proyecto de Senado (PS) 89, aprobado este mes para encargar la apertura de escuelas alianzas —o chárter— a las administraciones municipales. Sumada a los vales educativos que Educación expide a familias para pagar colegios privados y la compra de servicios de estudiantes de diversidad funcional, esta medida refuerza “las diferentes modalidades de privatización” que emplea el DE.

“Municipios que están al borde del colapso, municipios que están al borde del cierre, que no pueden con sus operaciones, ahora buscan los fondos de las escuelas públicas, y el Departamento busca otorgar fondos que no tiene. Por un lado, dice que analiza el posible cierre de 200 escuelas, pero por otro habla de abrir 16 escuelas chárter. Tiene seis que van a abrir en agosto. ¿Ahora quieren darle espacio a los municipios”, elaboró Martínez Padilla en un aparte con CLARIDAD.

Además, la organización exigió el pago de la Carrera Magisterial que, desde 2014, ha sido retenido. De hecho, la FMPR se manifestó el pasado 1 de mayo en defensa de los 6,000 docentes que aún esperan por su pago. La Carrera Magisterial sirve como fortalecimiento de los servicios que ofrece Educación; el pago en cuestión lleva 11 años de incumplimiento. A juicio de la docente, esta y otras contradicciones de política pública evidencian la intención privatizadora de los pasados gobiernos.

“El Departamento le paga el colegio a niños y niñas con diversidad funcional en vez de proveer los servicios… El fin es desmantelar, por eso estamos aquí en el Día del Maestro”, agregó Martínez Padilla, quien además repudió las enmiendas propuestas al reglamento disciplinario del DE.

Los maestros y maestras se dieron cita frente a la sede de Educación, ataviados del amarillo distintivo de la FMPR. Según reportó la aplicación oficial del clima de Apple, la temperatura rondaba los 89 grados Fahrenheit, con una sensación de 94. El calor impuesto se alternaba con lloviznas que en nada amainaron el piquete del magisterio. Al filo de las cuatro, 30 minutos después de la hora pautada, al menos diez agentes de la Policía llegaron para apartar la zona de piquete del tránsito.

“Los maestros y las maestras estamos cansados de las promesas. Por eso venimos a enviar un mensaje a todos los funcionarios que, al sol de hoy, no cumplen con lo que le deben al magisterio, que fue precisamente producto de las luchas que estuvimos librando hace varios años atrás. Lo poco que hemos obtenido, buscan negarlo”, expresó Edwin Morales Laboy, portavoz de la FMPR.

Durante el piquete, decenas de docentes rondaron los predios del DE con pancartas, panderetas y sombrillas en mano. Entre las consignas más repetidas, figuraron: “Eliezer me dijo I’m sorry, vale más que Ferraiouli”, Sometí la activación y no hay contestación”, “La privatización, cuna de la corrupción” y hasta un risible “¿Dónde está JGo? JGo no está aquí, JGo se la pasa dando lengua con Yovín”.

Entre chubascos y calores, los manifestantes también expresaron su repudio a la permanencia de la Junta de Control Fiscal (JCF). Desde su imposición en 2017, el ente federal ha sido el mayor escollo contra el pago de la Carrera Magisterial, una cifra de $30 millones. La FMPR también advirtió sobre el efecto de las olas de calor en los estudiantes y planteles sin aire acondicionado, mencionando el caso reciente de un niño de seis años que confrontó a la gobernadora respecto al asunto.

“Nos dicen que no hay dinero. Hay dinero para los amigos de los amigos, hay dinero para las bolsas con nombres de secretarios. Están en pugna un montón de contratos de millones de dólares, pero no hay dinero para el pago de  carreras. No hay dinero para mantener las escuelas en condiciones dignas, no hay dinero para garantizar energía solar”, continuó Martínez Padilla.

La presidenta de la organización vinculó la privatización que afronta el DE con otras que suceden en el país, destacando aquellos esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico por vender servicios esenciales como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuyos activos ahora están divididos entre tres operadores distintos. “La privatización ha sido un fracaso”.

Igualmente, Martínez Padilla recalcó la importancia de movilizar al magisterio en defensa de los derechos adquiridos y de aquellos que merece en este contexto histórico. Para mostrar ese compromiso, la presidenta de la FMPR reconoció la presencia de Sandra Otero Torres, abogada de la colectividad. Hace un año, contó Martínez Padilla, la licenciada sufrió un percance de salud que la obligó a estar encamada por más de 80 días.

“Que sepa la Junta de Control Fiscal, que sepa la gobernadora de turno, que sepa la legislatura y sepa el secretario (de Educación) que nosotros vamos a luchar, cueste lo que cueste, hasta que logremos la justicia para todos los docentes y niños de este país”, concluyó.

Aún pendiente medida sobre justicia salarial

 Durante el pasado febrero, la senadora por acumulación Ada Álvarez Conde sometió  —a petición de la FMPR— el PS 0326, que establecería una escala salarial del magisterio basada en la preparación académica del docente. En ese esquema, un maestro con bachillerato devengaría $2,750 mensuales; uno con maestría, $3,877; y uno con doctorado, $4,977. No obstante, Martínez Padilla aseguró que, desde marzo, “no se ha hecho absolutamente nada”.

“No nos han enviado convocatoria para vistas públicas, no se ha aprobado para que la Cámara vote sobre el mismo y el presupuesto se está discutiendo en estos momentos. Si realmente quisieran traer la intención de darle justicia salarial a los docentes, (el proyecto) tenía que haberse aprobado en Cámara y Senado a estas alturas e identificado los fondos para julio, cuando comienza el año fiscal”, explicó Martínez Padilla.

La docente compartió a este medio que la delegación senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), compuesto por los licenciados María de Lourdes Santiago Negrón y Adrián González Costa, se hicieron coautores de la medida. Actualmente, la pieza está “estancada” en la Comisión de Educación.