Especial para CLARIDAD
Cuando estas líneas sean publicadas dos eventos estarán sucediendo. Debe haber llegado a su final las vistas que se llevan a cabo en el tribunal federal localizado en Hato Rey para aprobar por parte de esa institución imperial la propuesta, la cuarta propuesta, que presenta el otro instrumento imperial conocido como Junta de Control Fiscal. Se trata del mecanismo establecido por el Congreso de los EEUU para gobernar en la colonia llamada Puerto Rico. Se trata del cinismo conocido como PROMESA que garantiza a los bonistas e inversionistas el pago de su inversión en la colonia.
Esta inversión llamada deuda para que el colonizado sienta alguna obligación moral por los actos de los imperialistas y sus socios capitalistas no es legal. El principio que debe prevalecer es que ese negocio de la deuda se hizo entre socios capitalistas donde el pueblo puertorriqueño no participó, por tanto corresponde a EEUU asumir la responsabilidad total de ese mal negocio llamado deuda.
Sin embargo, los más de cien años de coloniaje van creando en la mente colonizada de muchos la creencia de sentirse iguales al opresor y actuar incluso en su nombre. Claro, existen intereses económicos comunes y oportunidades de hacer otros negocios alrededor de la deuda. El pleito legal y los patrones de gobernanza que se ha dirigido y timoneado entre la Junta, el tribunal federal y los bonistas ha producido millones de dólares en ganancias a bufetes de abogados, asesores, consultores, burócratas de todo tipo y sobre todo a las empresas que han venido a comprar e invertir en los espacios públicos que pasan de “deuda” a un nuevo negocio privado y rentable. Así vemos el rendimiento favorable de vender o alquilar carreteras, sistemas de peaje, el transporte marítimo, la generación y distribución de la energía, la venta de edificios, residencias y terrenos, programas de educación y la salud, entre otros.
Cada negocio de una entidad clasificada como deuda por la Junta de Control Fiscal implica estudios, auditorias, asesoramiento legal, búsqueda de financiamiento, hipotecas, pagos por servicios de financiamiento y más. ¿Quién paga? Usted y yo. Los contribuyentes y consumidores residentes en el país. Y lo pagamos varias veces, una vez al año al rendir la planilla de contribuciones sobre ingresos, o tal vez mensualmente cuando le retienen del salario la contribución; la pagamos diariamente cuando compramos un articulo y nos imponen el IVU (también deuda llamada COFINA, así clasificada por la Junta); la pagaremos mensualmente por 30 o 40 años en las facturas de energía, agua y otras utilidades que contienen impuestos encubiertos.
El otro evento que anuncie al principio de este artículo es la realización de una marcha de pensionados del gobierno que busca lograr apoyo a un reclamo sencillo. Que se les otorgue en su pensión un ajuste anual por la inflación equivalente al porcentaje que determine el sistema de seguro social federal en sus pensiones. Este reclamo surge porque desde la década de 1990 el gobierno dejo de cumplir sus responsabilidades con el sistema de retiro del gobierno. Retiraron fondos para asuntos ajenos al sistema de retiro, no realizaron los ajustes necesarios y responsables para la salud financiera de los sistemas, se dedicaron a excluir a los trabajadores del sistema y fueron privatizando el mismo lo cual sucedió para el año 2000.
Las consecuencias de estos actos del gobierno no produjeron arrestos a sus gestores, pero si tuvo graves efectos sobre los beneficios y pensiones a los trabajadores públicos. Perdieron beneficios directos como son la oportunidad de financiar su residencia, perdieron las pensiones por incapacidad, perdieron beneficios de aportación al plan médico, bonos de navidad y ajustes por inflación. También se redujo la pensión futura para empleados que fluctuó desde un 75% a un 40%. Se añadieron años adicionales a la edad de retiro y a su disfrute.
Todas estas medidas concluyeron en un plan de deuda controlado por la Junta de Control Fiscal dirigido a eliminar el concepto de sistemas de retiro y pensiones en el gobierno. Eliminaron el sistema del gobierno, el sistema de maestros y policías, el sistema de la judicatura y pretenden destruir el sistema de la AEE y de la Universidad de Puerto Rico. La destrucción de estos sistemas beneficia de los seguros y la banca privada que promueven programas de inversión que les dejan amplias ganancias a las empresas privadas, asesoras de la Junta y pertenecientes a los bonistas-inversionistas.
La gravedad de todo esto es que se suman actores a favor de la deuda y el coloniaje que uno supone debería estar al lado del pueblo. Nos referimos entre otros a los sindicatos norteamericanos que apoyaron la ley PROMESA y han cabildeado para incluir sus representantes en la Junta o asegurar asientos en los acuerdos impuestos, como es el caso de los pensionados. Otros actores vinculados son el Partido Demócrata y sus frentes que operan como organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales. Estos reciben fondos del gobierno para ofrecer servicios que fueron eliminados o limitados presupuestariamente en las agencias de gobierno. Al final, son parte del proceso político del coloniaje impuesto desde 1898 hasta el presente.
Lo grave del resultado es que las estructuras de gobierno creadas en el siglo pasado y los esfuerzos del pueblo por adelantar causas de justicia social, mayor educación, lograr empleos y vidas dignas se ven amenazadas y lamentablemente se hacen realidad para muchos emigrando hacia el norte. Para los que resistimos y nos quedamos nos ofrecen pagar la factura de la deuda ilegal y la precariedad como futuro.
Se hace imperioso entrelazar luchas y lanzar puentes entre quienes hemos identificado al gobierno imperial de EEUU y al complejo sistema capitalista como los responsables de nuestra realidad. Solo así nuestra resistencia sea efectiva, sumará nuevas fuerzas de aquí y de allá para rescatar la esperanza de que otra sociedad y otro mundo es posible.
