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Con ímpetu, en una reacción inmediata, organizaciones feministas defensoras del derecho al aborto y sectores de la sociedad civil que defienden los derechos humanos y civiles respondieron con una nutrida marcha la acción de la senadora Joan Rodríguez Veve de referir  varias clínicas que ofrecen servicios médicos de aborto a investigación del Departamento de Justicia a por alegadas irregularidades.

La senadora por el Partido Dignidad, que está en su segundo término, desde que llegó a la Legislatura ha promovido el que se prohíba el aborto en el país. El referido a Justicia, según  Rodríguez Veve, surgió de un análisis de datos del Departamento de Salud (DS) sobre si estos procedimientos cumplen con las excepciones legales vigentes. La marcha  salió desde frente de una de las clínicas referidas, en la avenida Ponce de León en Río Piedras, el pasado jueves 23 de abril,  para recorrer la avenida Universidad y llegar hasta la Plaza de la Convalecencia, frente a la Iglesia del Pilar. ¡Aborto libre, seguro y accesible! fue una de las consignas que se escuchó antes y durante la manifestación.

Antes de la partida, CLARIDAD tomo la reacción de la doctora Yari Vale Moreno, cuya clínica fue una de las  referidas. Vale Moreno afirmó que es falso lo que dice Rodríguez Veve de que la clínica no está en ley. Indicó que desde que se anuló el caso de Roe v. Wade  en el 2022, han estado siguiendo los procedimientos como los exige el DS. Entre estos procedimientos está el llenar una hoja donde se justifica por qué las pacientes se hacen  una terminación de embarazo. La hoja lleva la firma tanto de la paciente  como la del médico. No obstante, aclaró que las razones específicas de salud física o mental, la hoja no las va a tener porque eso es  información confidencial. “Estamos para defender a nuestras pacientes”.

Sí enumeró algunas de las preocupaciones que le expresan las pacientes para terminar un embarazo. Entre ellas se encuentran su salud emocional, salud física y problemas sociales que las llevan a tener mucha presión por estar embarazadas. “Tengo pacientes que no pueden proseguir porque tienen condiciones de tiroides, cáncer, referidos de oncólogos, hay miles de razones por los cuales no pueden continuar con el embarazo, y diagnósticos fetales”. Aunque la doctora Vale Moreno afirmó no haber visto presión alrededor de su clínica para impedir que las personas acudan, sí ha visto que hay un amedrentamiento cada vez que sale una noticia sobre el aborto. “La gente cree que mañana va a ser ilegal. Sí les digo a las pacientes que estén pendiente. Realmente no es lo que ellos quieren. Estamos haciendo saber que sigue legal”.

La doctora Vale Moreno expresó que una de las  declaraciones de la senadora Rodríguez Veve que le molestó fue el que llamara “turismo médico” a las clínicas de aborto, en referencia a personas que vienen de Estados Unidos. “Son pacientes que vienen a buscar servicios. Me molesta que le pongan turismo médico porque aquí nadie viene a asolearse, viene a buscar un servicio de salud. ¿Y por qué vienen? Porque en Estados Unidos  ya pasó lo que aquí intentan que pase, y eso es  problemático. ¿Qué va a pasar con nosotras cuando se prohíba el aborto? ¿A dónde nos vamos a ir?”

En esa misma línea, coincidió con la apreciación de que la senadora trivializa las causas por lo que las mujeres deciden terminar un embarazo. “Me parece que resta a las mujeres de Puerto Rico y a las personas gestantes. Tenemos ese derecho, queremos salud para todo el mundo”. La doctora se reafirmó en que continuará con su labor “todos los días en la lucha”.

¡Nosotras parimos, nosotras decidimos!

Antes de la partida de la marcha, la portavoz de la Colectiva Feminista, Zoán Davila, avivó a las y los asistentes, resaltando que la conversación sobre justicia reproductiva que se necesita tener es procurar ofrecer  vivienda digna, más servicios de salud, educación sexual y sobre la violencia sexual que vive nuestra niñez y los jóvenes;  reconocer el trabajo de las parteras y dulas,  la inseguridad económica que viven las mujeres, que las obliga a sobrevivir sin tiempo para cuidar y estar con sus familias, entre otras preocupaciones que forman parte de nuestra cotidianidad.

Por el contrario, el gobierno prefiere hablar de cómo enriquecer a los millonarios, cómo regalar la tierra, desplazar a nuestra gente, mantener salarios de miseria y cómo quitarnos derechos, denunció. “Por eso estamos aquí. La organización y lucha en la calle no son opcionales, son necesarias porque la justicia reproductiva  significa tener el acceso material para decidir”.

¡En abortos clandestinos quienes mueren son mujeres!

En su recorrido, la marcha se detuvo en la esquina cerca del portón del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, donde las y los estudiantes se encuentran en paro. La estudiante Marina Rodríguez Seguí defendió que la lucha por la justicia reproductiva y la lucha por la educación pública son una misma lucha porque ambas hablan de control, de acceso y de dignidad.  Reclamó  que muchas de las estudiantes están en etapa reproductiva y eso significa que las decisiones que se toman sobre nuestros cuerpos les impactan directamente como estudiantes porque no se puede hablar de acceso a la educación cuando no hay acceso real a decidir sobre nuestros cuerpos.

A son de consignas, la marcha continuó hasta llegar a la Plaza de la Convalecencia. Allí las portavoces, licenciada Ruthie Arroyo y la organizadora y dula Ana Portnoy Brimmer se dirigieron al público presente. En un mensaje conjunto las activistas resaltaron que la marcha era una en defensa de la autonomía de las mujeres, su dignidad y libertad reproductiva.  Entre las denuncias, alertaron de que la autonomía de las mujeres está bajo acecho. “Desde la Legislatura y desde la Fortaleza, quieren controlar nuestros cuerpos y nuestras vidas. Quieren crear confusión para que no ejerzamos nuestra autonomía y legislan para limitar aun más el acceso a la salud y a la educación sexual”.

Las portavoces del movimiento Justicia Reproductiva exigieron acceso a la salud sexual y reproductiva, salas de parto,  salud maternal y un alto a la violencia obstétrica. “También marchamos y nos organizamos por el derecho a decidir no gestar ni criar y por acceso digno, sensible y libre de juicio a recursos de salud para hacer valer ese derecho, incluyendo el derecho y el acceso al aborto, a anticonceptivos y a cuidados preventivos, con enfoque feminista, antiracista y transafirmativo”,  demandó la joven Ana Portnoy.

Por su parte, la licenciada Arroyo reclamó: “Somos una sola voz con la comunidad LGBTTIQ+, en especial con las personas trans, con  los inmigrantes, con las personas con diversidad funcional, con las comunidades empobrecidas y racializadas; en fin, con nuestro pueblo en lucha y contra todos estos ataques a nuestra humanidad”.

La actividad concluyó con la lectura de un poema de la poeta feminista Ángela María Dávila, de su libro Animal, Fiero y Tierno,“Cuando se ponen juntas”.

La manifestación tuvo lugar en el Viejo San Juan

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Múltiples sectores de la comunidad de la Universidad de Puerto Rico (UPR) caminaron, el 25 de abril, desde la Plaza Colón hasta la calle Fortaleza para reclamar la renuncia o destitución de la Dra. Zayira Jordán Conde como jefa del sistema universitario, la restitución del presupuesto institucional y otros asuntos.

Citados a las 10:00 a.m., cientos de personas vestían camisetas alusivas a la Federación Laborista de Empleados Universitarios del Recinto Universitario de Mayagüez (FLEURUM), la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) y los distintos recintos de la UPR. Inclusive unos padres con sus hijos lucían suéteres que leían «En esta familia todos somos UPR».

“Esta marcha multisectorial salió por algunas reuniones que hemos tenido para atender la crisis de la universidad… Vamos a marchar hasta Fortaleza. En Fortaleza vamos a ver si la gobernadora nos recibe. Si la gobernadora nos recibe, hay un grupito que va a entrar a tener una reunión corta y concisa con ella para llevarle nuestros reclamos”, explicó la profesora María del Mar Rosa Rodríguez, presidenta de la APPU.

El puñado de representantes estudiantiles, docentes y no docentes esperaba argumentarle a Jenniffer González cómo la crisis de la institución corresponde a recortes presupuestarios, decisiones administrativas adversas al interés comunitario y “una marcada intromisión político-partidista que ha minimizado la autonomía universitaria”. “Exigimos el cumplimiento de la fórmula del 9.6 % de los ingresos del Gobierno de Puerto Rico destinados a la universidad, así como la implementación de un plan fiscal que garantice fondos recurrentes. Denunciamos una crisis laboral que impacta directamente a quienes sostienen la institución día a día. Denunciamos la falta de aumentos salariales desde 2014, el incumplimiento o retraso en procesos de negociación colectiva”, consignó, por su parte, Hilda Torres Guzmán, presidenta de la HEEND.

Antes de iniciar, un grupo de jóvenes preparaba sus pancartas con marcadores y cartulinas. Escribían, entre otras cosas, «Zayira dictadora», mientras otras personas tocaban y bailaban bomba. Aparecían, al filo de comenzar, figuras como el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, Rosa Seguí, Roberto Iván Aponte, Adriana Gutiérrez, Manuel Natal, Rafael Bernabe y Eva Prados. Las Jornadas Se Acabaron Las Promesas y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) también se dieron cita.

La representación estudiantil argumentó que Jordán Conde carece del liderazgo necesario para administrar la UPR y criticó el patrón “improvisado” que ha definido su presidencia. Todo un gentío asintió con aplausos, silbidos, gritos y cacerolazos cuando Dyamar Cruz, presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del recinto de Río Piedras, exigió la renuncia o destitución de la presidenta.

“La comunidad también denuncia problemas de acceso a la educación universitaria, el alto costo de matrícula, la falta de hospedaje accesible y ni la mitad de los servicios básicos,  que dificultan el ingreso y permanencia de estudiantes. Por ello rechazamos futuros aumentos y exigimos medidas concretas para reducir costos y ampliar el acceso. De igual forma, rechazamos la criminalización de la protesta”, puntualizó Cruz desde las escalinatas de la plaza.

Los estudiantes igualmente se opusieron a la privatización de programas o recintos de la UPR y la toma de decisiones basadas en intereses externos. Invitaron a que la crisis se resuelva mediante el diálogo y se aleje de los recortes y las políticas “autoritarias”. El grupo marchó por la calle San Francisco hasta alcanzar la Plaza de Armas. Luego ocuparon la calle Fortaleza hasta acabar en la esquina donde converge con la Cristo. A las 11:17 a.m., la multitud de personas inundó la calle “Resistencia”, donde un pelotón de oficiales escudaba la entrada de la mansión ejecutiva. Banderas, pancartas y una tumbacoco arribaban al lugar. “La gobernadora no quiere hablar con la Universidad de Puerto Rico”, informó Rosa Rodríguez tras enterarse de que los policías intentaron remitir los reclamos a González Colón.

Tras la negativa, las diversas organizaciones expresaron los puntos que habría oído la gobernadora desde la calle. Exigieron, de nuevo, la salida de Jordán Conde, de Ricardo Dalmau –presidente de la Junta de Gobierno– y la defensa de la institución ante la Junta de Control Fiscal (JCF). Las unidades de Mayagüez, Ponce y Bayamón tenían una notable presencia entre los manifestantes.

Presidenta sigue sumando oposición

 A dos días de la protesta, el director del Departamento de Ciencia de Cómputos de Ciencias Naturales, Dr. José Ortiz Ubarri, coincidió con los manifestantes con relación a la gestión de Jordán Conde. Catalogó la reciente remoción de cinco rectores como “inoportuno” y arguyó que la determinación afecta el reclutamiento de nuevos estudiantes y las actividades de bienvenida.

“La incapacidad de la Dra. Jordán para ejercer las funciones de su cargo ha precipitado una huelga estudiantil. Su falta de iniciativa para defender y allegar fondos universitarios ha comprometido nuestra misión académica, así como las condiciones de seguridad y salubridad de la comunidad universitaria.  La Dra. Jordán ha creado una situación de incertidumbre e inestabilidad en el Sistema UPR que agrava la falta de confianza en nuestra institución”, comunicó por escrito.

Las decisiones de Jordán Conde –que también impactan ciertos reglamentos– prioriza los cursos vocacionales sobre la investigación, poniendo en riesgo la clasificación del recinto de Río Piedras, por ejemplo, como centro de investigación de alta calidad. Ortiz Ubarri recordó que estos cambios pueden desincentivar futuras inversiones externas y la retención de recursos académicos competitivos.

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Para el profesor de Geografía Política, doctor Carlos Severino Valdés, la concentración de los ejercicios bélicos  en la base naval Roosevelt Roads en Ceiba responde a una tendencia  armamentista de Estados Unidos e incluso una tendencia a nivel internacional.

La semana pasada, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (AP) anunció que los ejercicios bélicos que al presente lleva a cabo el Ejército de Estados Unidos en los aeropuertos de Ponce y Aguadilla  serían concentrados en la antigua base naval de Roosevelt Roads.

Desde mediados  del 2025, el Ejército ha aumentado su presencia militar en Puerto Rico, así como el uso del campamento militar de Salinas y la playa de Arroyo para llevar a cabo ejercicios bélicos, como parte de la política belicista del presidente Trump. Fue desde la base Roosevelt Roads, en enero de este año, que se efectuó  la operación para el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la combatiente Cilia Flores. Antes de esto, en agosto del 2023 el ejército de EE. UU. entrenó a pilotos ucranianos en Roosevelt Roads.

El profesor explicó que la remilitarización de la antigua base naval  por Estados Unidos no se  puede separar de una espiral armamentista que tiene tendencias internacionales. Indicó que en casi todas las regiones del mundo, según ha podido constatar en todas las investigaciones que ha realizado en los últimos 10 años, se han aumentado los presupuestos, los gatos y la disposición de fondos para los complejos militares industriales, por lo que no se puede  despachar como simple el hecho de que el presidente Trump tiene la intención de aumentar el presupuesto del gasto militar de EE. UU. a niveles insospechados con efecto inmediato.

El presidente ha planteando que el presupuesto del ahora Departamento de Guerra aumente de $964 mil millones a 1, 5 billones, cifra que el geógrafo describió como  inconcebible. Eso es un aumento de presupuesto de casi 50 %, que sospecha tendrá un impacto dramático en toda la actividad militar en todo Estados Unidos y en todas sus bases militares que hay en distintas partes del mundo y también en Puerto Rico.  “Cómo quede eso plasmado finalmente, no lo sabemos; es muy preliminar”.

Valdés observó que el que se estén haciendo ejercicios bélicos en Ceiba, un lugar que estaba desactivado, sugiere que, con toda probabilidad, en algún momento, se va a reactivar toda la militarización de la base como parte de la estrategia de EE. UU., a diferencia de lo que sucedió en los últimos 20 años.

Al planteamiento de que la reactivación militar de la base desmiente la idea que se tuvo de que debido a la tecnología ya Roosevelt Roads no era importante, destacó que en la actualidad se está ante otro paradigma. Ese nuevo paradigma es el incremento del presupuesto del gasto del complejo militar industrial, la producción de armas, aumentar el Ejército en términos numéricos, lo que a su vez implica un aumento en el reclutamiento, que es otra variable de la ecuación cuando se habló de la tecnología.

El doctor Valdés estima que en este rearme mundial se está viendo la  necesidad de tener grandes ejércitos, que no era lo que se pensaba hace 20 años, lo que significa, reiteró, un cambio de paradigma. Al respecto, señaló que ahora mismo Irán, el cual le ha hecho  un hueco grande a Estados Unidos en el actual conflicto, tiene un ejército de 500 mil soldados, cuando el de EE. UU. no llega a esa cifra. Esto significa que, de  Estados Unidos querer continuar con su política de intervención,  va a tener que aumentar su ejército porque va a requerir acciones por tierra.

Sobre la concentración de los ejercicios militares en Ceiba, de momento, no cree que sea para incursionar en algún país caribeño o latinoamericano. “No lo puedo asegurar. Puede ser como parte de los preparativos a futuro;  pero el movimiento que estamos viendo, yo creo que no es uno suficiente para pensar que va a haber una intervención, por ejemplo, el caso de mayor vulnerabilidad en estos momentos de que se podría hablar, el caso de Cuba”. Aunque descartó esta posibilidad, no descartó que como Estados Unidos no ha podido lograr sus objetivos trazados con Irán, el presidente  quiera aventurarse a hacer una intervención en Cuba.  “Hay que tener presente que ya la racionalidad y la lógica no es lo que mejor explica los momentos que estamos viviendo ni el comportamiento del presidente”.

Hay que señalar que aunque la base Roosevelt Roads cesó operaciones de manera oficial en el 2004, el Memorándum de Entendimiento firmado entre el Gobierno de Puerto Rico y la Marina de Guerra de EE. UU. estipula que Estados Unidos se reserva el derecho de reutilizar las facilidades de la base cuando lo entienda necesario/o pertinente.

En términos administrativos, el profesor Valdés denunció que el  mayor daño y responsabilidad vicaria de la  remilitarización de la base está en los gobiernos que se han sucedido tras el cierre, a los que atribuyó haber sido incapaces de dar paso a un desarrollo, lo que hubiese sido el mayor disuasivo para su remilitarización. “Es como si hubiesen arrastrado los pies con el propósito de llegar al momento en que estamos.  Es inconcebible que se haya gastado tanto dinero en una entidad pública que en tanto tiempo ni siquiera haya podido tener un atisbo de desarrollo importante”. Se refiere a la Junta para el  de Redesarrollo de Roosevelt Roads.

Por su parte, la organización Madres Contra la Guerra (MCG) rechazó de plano la concentración de las operaciones militares en Ceiba y, por consiguiente, la remilitarización de la base. En declaraciones, la portavoz de la organización, la doctora Sonia Santiago, manifestó que esa determinación “confirma lo que por años hemos advertido: Puerto Rico continúa siendo utilizado como plataforma militar estratégica del Gobierno de Estados Unidos en detrimento de nuestro ambiente, nuestra soberanía y la seguridad de nuestras comunidades”.

Añadió que la reactivación y el fortalecimiento de las operaciones militares profundizan el rol de Puerto Rico como enclave de guerra, ajeno a los intereses y voluntad del pueblo puertorriqueño. La organización también alertó sobre el impacto ambiental de las actividades militares y de que los informes militares han documentado la presencia de áreas contaminadas dentro de la base, que incluyen vertederos, zonas de combustibles y residuos peligrosos, cuya limpieza ha sido lenta e insuficiente. (Par más información vea: “Un recorrido por Roosevelt Roads”, Claridad, agosto 20 de 2025).

 Madres Contra la Guerra hizo un llamado a las comunidades, organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos a “unirse en defensa de la vida, la paz y la desmilitarización de Puerto Rico”.