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África del Sur acusa a Israel de genocidio en Gaza ante Corte Internacional de Justicia en La Haya 

 

La Corte Internacional de Justicia en La Haya conducirá su primera vista este próximo jueves, 11 de enero, en el  caso de genocidio contra Israel presentado por África del Sur a fines del mes de diciembre. En un documento de 84 páginas, África del Sur acusa a Israel de cometer genocidio en su guerra en Gaza, y solicita que la corte imponga un detente al brutal asalto militar israelí  que ha cobrado las vidas de más de 23,000 civiles palestinos. En su petición,  África del Sur sostiene que Israel ha violado la Convención sobre Genocidio del 1948, acordada por la Organización de Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial y el holocausto perpetrado por los Nazis contra los judíos.

Varios países y organizaciones han dado su respaldo a la petición de África del Sur, entre estos:

– la Organización de Países Islámicos, que incluye a 57 miembros, entre estos  Arabia Saudí, Irán, Paquistan y Marruecos.

-Malasia a través de una declaración de su Ministro de Relaciones Exteriores.

– Turquía, a través de un mensaje público del Ministerio de Relaciones Exteriores

-Jordania a través de declaraciones de su Ministro de Relaciones Exteriores

– Bolivia en un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores que se refirió a la acción de África del Sur como «histórica».

– Las Maldivas, Namibia y Paquistán, expresaron su apoyo a la acción de África del Sur

– Además de los países, varias organizaciones de la sociedad civil en distintos países y continentes han expresado su respaldo.

Por su parte,  los países de la Unión Europea han mantenido silencio sobre el asunto  y Gran Bretaña ha rehusado respaldar la petición de África del Sur. Solo Estados Unidos, a través de su vocero de Seguridad Nacional, John Kirby, ha sido enfático en su rechazo a la intervención de la Corte Internacional de Justicia. El funcionario dijo en rueda de prensa que el caso presentado por África del Sur «carece de mérito, es contraproducente y completamente sin fundamento».

Datos tomados de Al Jazeera News 

 

 

Balance económico, político y social del 2023

 

 

Especial para CLARIDAD

Al realizar un balance sobre lo ocurrido durante el 2023, tanto en el orden económico y social muestran un panorama poco alentador. Tuvimos un año 2023 con aumentos en los recaudos y la llegada de fondos federales, mientras el clima social es de violencia diversa, delitos, feminicidios, asesinatos de ancianos y niños, violencia sexual, violencia por las drogas y violencia ambiental.  Se proyecta que la economía de Puerto Rico no tendrá crecimiento en los próximos años. Señala el Fondo Monetario Internacional que el crecimiento de la economía de Puerto Rico será de un crecimiento negativo de -0.7 para el 2023 y -0.2 para 2024. La Junta de Control Fiscal señala que la economía de Puerto Rico no logrará crecer hasta el año fiscal 2027. La economía puertorriqueña es de dependencia con vínculos comerciales y financieros asimétricos. La dependencia reflejada es depender de los fondos federales, la falta de diversificación productiva, dependencia sociopolítico, control de los sectores productivos y postergación del desarrollo. Todo esto muestra el fracaso de las gestiones de la Junta de Control Fiscal – la Junta, con nombramientos vencidos, con problemas de déficit estructural, correr el presupuesto con fondos no recurrentes y donde la deuda sigue aumentando, hacen lo mismo que por años criticamos al gobierno.

La economía de Puerto Rico se ve afectada por las malas decisiones económicas de la Junta, por la asignación de fondos federales para reconstrucción y por las decisiones de política fiscal. La gestión de la  política fiscal ha sido errática, basada en un Plan aprobado según la petición de la Junta, pero se realizan acciones que comprometen los fondos como antiguamente se hacía, mientras la corrupción sigue manifestándose. El raquítico crecimiento de la economía puertorriqueña es debido a la dependencia de fondos federales, o sea artificialmente, con la llegada de unos $10,000 millones anuales en fondos federales.  La economía muestra patrones contradictorios tenemos la expansión del turismo que se ve como una señal positiva para la economía, pero las quiebras siguen en aumento. Muestra una baja en el desempleo pero la inflación en los precios de bienes y servicios que encarece los costos de producción afectando la economía. La inflación sentida en los precios de los alimentos, de la energía eléctrica (gracias a LUMA), de los alquileres y venta de viviendas, de los peajes y de la gasolina que sube y baja afecta los sectores productivos y a las personas. Esta inflación se traga nuestro salario y las posibilidades de los pequeños y medianos negocios para salir adelante.

Se unen los eventos internacionales como los conflictos geopolíticos en  Ucrania y el de Israel y Palestina que afecta el Medio Oriente, con una crisis humanitaria en Gaza, que está desestabilizando el panorama geopolítico. Estos conflictos tiene efectos en los precios de materias primas y los insumos pero en particular en los fondos federales que se asignan a Puerto Rico. En 2024 nos enfrentaremos a las elecciones en  Estados Unidos y Puerto Rico que pudieran originar escenarios alternativos. El cambio en la administración de EE.UU. se perfila como un periodo electoral que impactará en el contexto económico y social.

La Junta no ha presentado un proyecto de crecimiento y desarrollo para Puerto Rico, solo señala que la economía de Puerto Rico crece menos de lo esperado y las previsiones son que no mejorará en la próxima década. Las acciones que ha tomado ajustes, recortes, privatizaciones y la reestructuración de la deuda son nefastas para la economía y la sociedad. Ha superado su discurso al reconocer por fin que la economía es de dependencia de fondos federales que no se sostiene a largo plazo, pero no ofrece alternativas.

Esas políticas erráticas y la corrupción ejercen presión en la estabilidad fiscal y las posibilidades de recaudos futuros, además de comprometer los mismos en el pago de una deuda odiosa e ilegal. A pesar de tantos ajustes y recortes hubo ganancias pero la forma de repartirlas no fue para cubrir necesidades del pueblo, sino para hacer politiquería y fiestas. Tal parece que la Junta administran la colonia como una empresa y encara los problemas en año eleccionario como un jugador político más que distribuye fondos y compra simpatías.

La Junta debe entender que el indicador más importante para analizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de un país no es el valor de la deuda como porcentaje del tamaño de la economía, el mejor indicador para evaluar las finanzas públicas de un país es el porcentaje de los ingresos del gobierno que deben ser destinados a programas sociales, pensiones, educación, salud, viviendas y las obras de infraestructura, que se enfrentan a los elevados costos financieros de la deuda y el tener que asignar fondos para pagar la deuda.

El fracaso de la Junta es que sus acciones impactan los ingresos tributarios, aún con la llegada de fondos financieros. Provoca cierre de negocios, despidos, recortes, ajustes, deuda o sea caemos en un círculo vicioso del déficit fiscal.

El fracaso de la Junta es que repite los mismos errores que debía corregir, debe conseguir dinero para el financiamiento a la salud y servicios esenciales; nuevos gastos recurrentes pagados actualmente con fondos federales no recurrentes; el uso de ayuda federal no recurrente utilizada actualmente para sustentar el gasto recurrente; la posible reducción de ingresos sin medidas presupuestarias compensatorias; apoyo a proyectos de gastos aprobados por la Asamblea Legislativa. Pero sólo le interesa el financiamiento de grandes inversiones de capital sin un acceso adecuado a los mercados de  capital.

Según la Junta la “reestructuración de la enorme deuda de Puerto Rico ha quedado atrás” su   objetivo es “asentar la responsabilidad fiscal y trabajar con el Gobierno en crear un cimiento firme para el crecimiento económico”.  Los mensajes contradictorios de la Junta, de que no habrá crecimiento pero van a crear un cimiento para el crecimiento, lleva a que no entendemos si la deuda pública crece o ya se superó. Deuda pública que no ha sido auditado, que compromete los recaudos con elevados costos para pagarla. Sabemos que se negocia a términos no sostenible sobre la base de una economía que no crece, donde no podremos pagar. La incertidumbre de conocer cómo va la deuda y el riesgo de volver a tener la crisis de la deuda a medida que los fondos federales disminuyan y el pago aumenta. Ese aumento en los costos desvían los recursos fiscales de las necesidades críticas como la salud, educación, vivienda, el medio ambiente, se desaparecen los ahorros de los pensionistas y amenazan con más ajustes y privatizaciones. La financiación más alta perpetua un círculo vicioso de la deuda que se unirá a los niveles de deuda acumulada en los próximos años.

El fracaso de la Junta se ve en la economía desacelerada debido a la inflación, la reducción en inversiones, el achicamiento del Estado, la corrupción, los conflictos sociales donde las mujeres, ancianos y niños sufren las consecuencias.

Las D se manifiestan con la deuda que crece, déficit estructural, desigualdad, desempleo, demografía, desvío y delincuencia en diversas formas, que se presentan como consecuencias que debemos analizar como pueblo para superar las mismas, además del desvío de fondos por la corrupción. Se une la desaceleración económica, deslocalización de industrias, la digitalización y la disrupción climática.

La gestión en materia fiscal está intrínsecamente vinculada a las dinámicas de deuda y del gasto público en servicios esenciales, que auguran un déficit estructural. Esperamos la desaceleración de la actividad económica, que el crecimiento baje tiene de fondo la deslocalización de las industrias, esto es que las industrias se van a otros países en busca de tener ganancias.

En demografía, nuestra pirámide poblacional juega en nuestra contra el envejecimiento, la migración de jóvenes y gente preparada, se suma a los trabajadores que se jubilarán en los próximos diez años. Afectando el mercado laboral que debe ajustarse a los nuevos cambios, mejorar salarios para retener a las personas y atraer a los que se han ido.  En el plano social, es el año de la desigualdad y las contradicciones que se manifiestan en el aumento en la pobreza, el desempleo disminuye pero se siente más desempleo, más precariedad en los empleos e inestabilidad laboral y lo único positivo es que la gente no está migrando con la misma frecuencia. La delincuencia, la criminalidad, los feminicidios son frecuentes y la inseguridad ciudadana se siente.

La disrupción climática en el año 2023 se cierra con la Cumbre por el Clima COP28, que, deja incertidumbre sobre lo que nos viene encima como planeta. Las consecuencias ya las estamos empezando a ver. El aumento de la temperatura global está provocando fenómenos climáticos más agresivos. Aunque, este año los huracanes no llegaron, las lluvias fuertes causaron inundaciones por escorrentías causaron estragos y daños frecuentes.  Mientras la alternativa de las energías renovables en Puerto Rico ha caído en el problema de la corrupción en la forma de repartir los fondos y establecer prioridades.

La inversión en digitalización se ha acelerado en los últimos años, esto es un cambio de paradigma al que nos enfrentamos, con una industria que va hacia el 5.0 y que podría tener un impacto en el producto bruto para el 2025. Sin embargo, el reto de que nadie se quede atrás, especialmente en las escuelas y nuestros niños, las pymes, los servicios esenciales, para realizar estas transformaciones. Presenta el reto con las poblaciones que no manejan las tecnologías que hay que pensar en cómo integrarlas, ayudarlas y ser empáticos cuando no puedan entenderlas para que puedan hacer sus gestiones. Mientras se trabaja con la digitalización esencial del gobierno y las empresas, a la vez que se sigue trabajando en el futuro con el despliegue de infraestructuras inteligentes. En el 2024, el mayor reto con las tecnologías como la Inteligencia Artificial es llegar a regulaciones que permitan mantener la seguridad y la ética, sin menoscabar el desarrollo tecnológico, a la vez que hacemos un esfuerzo por que la gente no se queden atrás. Y tener  política claras contra los ciberataques. La inteligencia artificial (IA) aumentará las capacidades humanas, dando una oportunidad para aumentar la productividad, pero tiene riesgos qué hay que enfrentar con legislación. Las tensiones geopolíticas ha planteado riesgos militares, incluidos ciberataques a infraestructura crítica.

La incertidumbre que rodeará al año 2024 plantea objetivos y metas para mejorar la economía, el control de la inflación, los aumentos salariales, superar la dependencia de la economía puertorriqueña de fondos federales, lograr un movimiento empresarial fuerte y sostenido que genere empleos dignos y estimulando el crecimiento económico. El manejo eficiente de las finanzas públicas para lograr desarrollo económico y social. Lograr un aumento salarial derivado de una mayor producción, no solo como un incentivo para reducir la pobreza, ya que esta persistirá si no se aborda de manera integral.

Debemos traer propuestas concretas del país a los políticos y como vamos a enfrentar a la Junta de Control Fiscal. Sabemos que la Junta no permitirá un gobierno que tenga a la gente primero antes de la deuda, sabemos que apoyarán a los corruptos de siempre. Pero nosotros debemos como pueblo debemos decir basta y es fácil sólo el Congreso de EE.UU. debe alterar la ley PROMESA y decir que ya no hace falta la Junta.

En resumen, el desafío para Puerto Rico en el 2024 radica en superar la inercia económica actual donde la Junta y el gobierno nos ha llevado, mediante reformas integrales que supere la dependencia de fondos federales, controle el precio de la energía (para que podamos mejorar la calidad de vida), fortalecer la educación y la investigación  y que fomenten un crecimiento con desarrollo sostenido. Romper paradigmas y atreverse a salir de la zona de confort generará una economía poderosa, dinámica y que generaría la economía que queremos. Economía social y solidaria, cooperativista, de investigación y creación donde la economía del conocimiento sea clave, economía diversificada,  manufacturero de exportación, el turismo, industrias nuestras que satisfagan nuestras necesidades y el control de la deuda pública.

Ante un entorno geopolítico sumamente complejo, tenemos que tomar control de nuestra economía y poder enfrentar choques imprevisibles, especialmente los fenómenos por cambio climático.  Pero la Junta se debe ir, y nosotros en este año tumultuoso escoger buenos administradores que se comprometan con el pueblo. Sólo así la economía crecerá, habrá desarrollo y mejoraremos como país.

 

 

Los trabajadores de la UTIER no son responsables del aumento de luz

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La solicitud de la Junta de  Control Fiscal a la jueza Laura Taylor Swain de que deje sin efecto el convenio colectivo de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) con la Autoridad de Energía Eléctrica es una maniobra para atribuirle a la Unión la culpa por el cargo heredado que tendrían que pagar los consumidores de la autoridad para pagar las pensiones de los retirados de la AEE.

En la última semana de diciembre, la JCF sometió una cuarta versión del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) para la AEE, a la vez que le solicitó a la jueza que dejara sin efecto el convenio colectivo de la UTIER.  En entrevista con CLARIDAD, el representante legal de la UTIER, Rolando Emmanuelli Jiménez, señaló que los titulares de algunos medios estaban desenfocados al decir que la Junta había solicitado eliminar a la unión. “La petición de la Junta es que se deje sin efecto el convenio colectivo.  La UTIER  no se elimina, porque continúa con el derecho a la representación sindical. Lo que procedería sería renegociar un nuevo convenio colectivo”, aclaró.

Explicó que en términos políticos constitucionales, el derecho a la asociación es uno protegido por la Constitución, además de que mediante  la Ley de Puerto Rico, 103 del Negociado de Relaciones del Trabajo, la UTIER está certificada como una unión vigente. En ese sentido, si el  convenio expira, la unión sigue y lo que procede es renegociar el convenio, por lo que recalcó que eliminar el convenio no afecta la capacidad de la UTIER de representar a sus empleados unionados y retirados.

Tras la privatización, tanto de la generación de energía como de la transmisión y distribución, los trabajadores unionados la UTIER que quedan son alrededor de 130. El resto de los empleados de la AEE que fueron  trasladados  a otras agencias ahora tienen otro patrono, por lo que no pueden ser representados por la UTIER.

A qué responde la petición de la JCF

El licenciado Emmanuelli Jiménez denunció que el  único interés de la Junta con su petición, no es eliminar el convenio, sino eliminar la cláusula sobre el sistema de retiro. El experto en la ley PROMESA y en casos de quiebra expuso que para eliminar el convenio la Junta tiene que cumplir con unos requisitos legales que él entiende que no se cumplen porque el sistema de retiro lo quebró la misma Junta debido a que desde que llegó en el 2016 dejó de pagar las aportaciones que le correspondían al sistema de retiro a la AEE. A juicio de Emmanuelli Jiménez,  con eliminar el sistema de retiro del convenio colectivo o con eliminar el convenio colectivo no se elimina el sistema de retiro porque el sistema de retiro es una entidad independiente, que es un fideicomiso que tiene vida propia y personalidad jurídica y  no es parte de la AEE ni está en quiebra.

La petición de la Junta lo que pretende es  modificar el sistema de retiro y remover a los empleados de la AEE al sistema de pensiones de la Ley 106, que es el plan de aportaciones definidas  que tiene el resto de los empleados del gobierno. El representante legal de la UTIER  afirmó que el  trámite que está siguiendo la JCF contra la unión  no va a llevar al resultado que esta desea  porque no es suficiente eliminar el convenio. “Van a tener que lidiar con el sistema de retiro en el proceso de la confirmación del plan”.

En otro ángulo de interés es que la Junta no contempla incluir en el PAD el pago a la deuda que tiene con el sistema de retiro de la UTIER y lo quiere poner como un cargo aparte (el llamado cargo heredado) para el cual tendría que ir a pedir autorización ante el Negociado de Energía.

Para Emmanuelli Jiménez, la razón de la JCF para sacar del PAD la deuda con el sistema de retiro es desligarse del aumento en la tarifa que provocaría pagar aparte el sistema de retiro. “La Junta lo que quiere es  escudarse del ojo crítico de los aumentos en la energía diciendo que eso (el pago de las pensiones) no es parte del plan”.

Explicó se ha calculado que la JCF podría solicitar un aumento de  2.5 centavos por kvh, para pagar a los bonistas y que a eso le van a sumar 2.4 centavos para pagar  el sistema de retiro. Lo que representa un cambio, ya que siempre  el dinero de los retirados  ha estado incluido en el alza de la tarifa básica. Emmanuelli Jiménez dio a conocer que  las últimas revisiones  reflejan que la AEE  se está embolsicando ese dinero para pagarlo a las privatizadoras LUMA y Genera.

La petición de la JCF sobre el convenio colectivo será atendida por la jueza Swain el 24 de enero. Mientras, se espera que las vistas de conformación del PAD comiencen el 4 de marzo.

 

 

 

 

A presentar objeciones contra el Plan de Ajuste de la AEE

 

 

Hasta el próximo 26 de enero, tendremos los puertorriqueños y las puertorriqueñas para presentar nuestras objeciones al nuevo Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (PAD), presentado por la Junta de Control Fiscal.  La campaña No Más Aumentos a la Luz anunció que ya comenzaron a someter al Tribunal Federal las objeciones ciudadanas en contra del PAD que contempla aumentos en la luz y recortes a pensiones para el pago a los bonistas.

Según se dio a conocer, a mediados de diciembre ya se habían sometido más de 230 objeciones, correspondientes a pensionados y personas que llegaron a los centros comunitarios como resultado de la campaña alrededor de la isla. En ellos  se ofreció apoyo a las personas que llegaron a someter sus objeciones.

En comunicado de prensa, Jean Lafontaine, portavoz de la campaña, anunció que los centros volverán a operar en enero para que más personas puedan someter sus objeciones y así evitar el aumento a la luz.

“Organizaciones e individuos tienen hasta el 26 de enero para objetar al Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE en el tribunal federal. Pueden encontrar e información sobre cómo radicar una objeción y modelos de objeciones en la página web nomasaumentos.com”, añadió.

La campaña No Más Aumentos a la Luz, en colaboración con el Colegio de Abogados y con iglesias alrededor de la isla, está ofreciendo los siguientes centros de apoyo durante el mes de enero para ciudadanos que quieren presentar objeciones por derecho propio. Se brindará apoyo libre de costo con traducción al inglés, impresión y envío de las mociones al tribunal.

  • Humacao: miércoles, 10 de enero, 9 a.m. – 8 p.m. en la Iglesia Evangélica Unida, Calle Antonio López #5.
  • Vieques: sábado, 13 de enero, 10 a.m. – 4 p.m. en la Iglesia Metodista Samuel Culpeper (frente a la plaza pública).
  • Arecibo: domingo, 14 de enero, 12 – 6 p.m. en la Iglesia Metodista El Calvario (Paseo de Diego).
  • Mayagüez: martes, 16 de enero, 12 – 8 p.m. en la Iglesia Misión Urbana (Calle Candelario #32 Oeste).
  • San Juan: los sábados 13 y 20 de enero, 9 a.m. – 4 p.m. y el martes 23 hasta el jueves 25,

4 – 8 p.m., en el Colegio de Abogados (salón Alma Delgado).

De ser aprobado, el Plan de Ajuste de La Deuda para pagar más de $2.3 mil millones de deuda de la corporación pública, se impondrían tres nuevos aumentos en la factura de luz durante los próximos 35 años o más que provocarán el cierre de cientos de negocios en la isla,. A la misma vez, recortará las pensiones de más de 12,000 beneficiarios del Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE.

De “Compromiso cumplido” a “Haciendo que las cosas pasen”

Caricatura Kike Estrada

 

CLARIDAD

Antes de “Haciendo que las cosas pasen” sufrimos “Compromiso cumplido”. También tuvimos que soportar el “Vamos por buen camino” y tantos otros eslóganes parecidos. Me refiero, ya usted lo sabe, a las campañas publicitarias desatadas por el gobierno de turno en los meses previos al año electoral. En todos los casos se trata de burda propaganda política pagada con fondos públicos buscando asegurar la reelección del incumbente. No son mensajes subliminales que aprovechan de soslayo la necesaria difusión pública de un anuncio legítimo, sino burdas campañas, similares a las que en el año electoral se pautan a nombre del partido. Como la Ley Electoral obliga a que en año de elecciones todo anuncio del gobierno tiene que ser previamente aprobado por un comité de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), previo que entre en vigor esa norma el gobierno inunda los medios con propaganda que el pueblo paga.

Obviamente se trata de un uso inapropiado de fondos públicos, para decir lo menos, que contraviene la cláusula constitucional que prohíbe el uso de dinero del Estado para fines privados, pero eso tendría que decidirlo un tribunal de justicia. En esta ocasión, igual que en muchas otras, es altamente improbable que se produzca un fallo judicial condenatorio de ese tipo de campaña y mucho más que el dictamen prohíba el pago de las facturas de los medios y ordene la devolución del dinero ya pagado.

Ese fallo judicial se emitió en una ocasión, específicamente en 1995, y la norma que allí se estableció sigue vigente en nuestra jurisprudencia, por lo que debiera ser obligatoria. No obstante, Pedro Pierluisi sabe que el actual Tribunal Supremo no le aplicará la vieja norma a su campaña y que, por tanto, sus trasgresiones quedarán impunes. Los medios de prensa también lo saben y por eso pautaban los anuncios sin preocuparles que después una sentencia judicial prohibiera el pago de sus facturas como ocurrió luego del dictamen de 1995.

Pedro Pierluisi debe conocer mejor que nadie aquella vieja sentencia porque él era el Secretario de Justicia que desesperadamente trató de impedir que la misma se produjera. Su Departamento estuvo a cargo de la defensa del gobierno de Pedro Rosselló frente a la demanda que presentó el Partido Popular para detener la campaña, que con el eslogan “Compromiso cumplido” llenaba los medios de prensa. En aquella ocasión fue el gran perdedor porque, como indiqué, el tribunal no solo determinó que la campaña violaba la mencionada cláusula constitucional, sino que prohibió el pago de los anuncios ya emitidos.  El caso se llama PPD v. Gobernador y está publicado en el tomo 139 de Decisiones de Puerto Rico, página 643.

¿Y por qué, si existe esa jurisprudencia pudo Pierluisi gastar millones de dólares de dinero público diciendo “Haciendo que las cosas pasen” en el mismo lugar que antes Roselló decía “Compromiso cumplido”? Porque él sabe que lo que ocurrió en 1995, antes de las elecciones de 1996, no se iba a repetir en 2023 o que, al menos, existe una altísima probabilidad de que ese sea el caso. En 1995, cinco de los siete jueces del TS habían sido nombrados por gobernadores del PPD y no vieron necesario refugiarse en algún subterfugio legal para permitir la campaña que desarrollaba el gobierno del PNP. De hecho, el juez que suscribió la opinión del tribunal, José Andréu, había sido abogado del PPD y entre la mayoría estaba Federico Hernández Denton, quien había dirigido una de sus campañas. Otro de los jueces era Jaime Fuster, ex comisionado residente del PPD. Ocho años después, en 2003 (antes de las elecciones de 2004), tres de esos mismos jueces -Fuster, Hernández Denton y Myriam Naveira- evitaron utilizar la norma que en 1995 desplegaron contra Rosselló ante una campaña de anuncios del gobierno de Sila Calderón con el eslogan “Puerto Rico va por buen camino” que es casi idéntico a “Compromiso cumplido”. Para evitar aplicarle a Calderón la norma que utilizaron contra Rosselló se refugiaron en la doctrina de la academicidad. (La misma defensa habían levantado en 1995 los abogados de Rosselló, pero entonces el subterfugio no aplicaba.)

Ahora en el Tribunal Supremo la mayoría no es del PPD, lo sabemos, sino que es resultado de aquello que Jorge de Casttro Font llamó el “banquete total”, refiriéndose a los muchos nombramientos que podía hacer el PNP si ganaba las elecciones de 2008, como efectivamente ocurrió. Desde 2009 hay otro tribunal y por eso Pierluisi está tan tranquilo y los medios de prensa tan confiados. Si les llega el caso denunciando la campaña “Haciendo que las coas pasen” con toda probabilidad la norma establecida en 1995 no sería cambiada, pero evitarán la condena diciendo que el caso es académico porque ya no hay anuncios (como dijeron en 2003 loa mismos jueces que en 1995 habían dicho otra cosa) o que el demandante no tiene “standing” o que se trata de una “cuestión política” que no resulta “justiciable”. Cualquier subterfugio de esos les serviría para dejar intacta la campaña de Pierluisi sin necesidad de tocar la norma establecida en 1995.

La moraleja que surge de todo es bastante clara. No sólo el Ejecutivo y la Legislatura están carcomidos por el bipartidismo que todo lo daña, también los tribunales corren la misma suerte. En ciertos casos, aquellos donde “los míos” pudieran ser afectados, las normas judiciales se estiran, como la plasticina.