CLARIDAD
Antes de “Haciendo que las cosas pasen” sufrimos “Compromiso cumplido”. También tuvimos que soportar el “Vamos por buen camino” y tantos otros eslóganes parecidos. Me refiero, ya usted lo sabe, a las campañas publicitarias desatadas por el gobierno de turno en los meses previos al año electoral. En todos los casos se trata de burda propaganda política pagada con fondos públicos buscando asegurar la reelección del incumbente. No son mensajes subliminales que aprovechan de soslayo la necesaria difusión pública de un anuncio legítimo, sino burdas campañas, similares a las que en el año electoral se pautan a nombre del partido. Como la Ley Electoral obliga a que en año de elecciones todo anuncio del gobierno tiene que ser previamente aprobado por un comité de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), previo que entre en vigor esa norma el gobierno inunda los medios con propaganda que el pueblo paga.
Obviamente se trata de un uso inapropiado de fondos públicos, para decir lo menos, que contraviene la cláusula constitucional que prohíbe el uso de dinero del Estado para fines privados, pero eso tendría que decidirlo un tribunal de justicia. En esta ocasión, igual que en muchas otras, es altamente improbable que se produzca un fallo judicial condenatorio de ese tipo de campaña y mucho más que el dictamen prohíba el pago de las facturas de los medios y ordene la devolución del dinero ya pagado.
Ese fallo judicial se emitió en una ocasión, específicamente en 1995, y la norma que allí se estableció sigue vigente en nuestra jurisprudencia, por lo que debiera ser obligatoria. No obstante, Pedro Pierluisi sabe que el actual Tribunal Supremo no le aplicará la vieja norma a su campaña y que, por tanto, sus trasgresiones quedarán impunes. Los medios de prensa también lo saben y por eso pautaban los anuncios sin preocuparles que después una sentencia judicial prohibiera el pago de sus facturas como ocurrió luego del dictamen de 1995.
Pedro Pierluisi debe conocer mejor que nadie aquella vieja sentencia porque él era el Secretario de Justicia que desesperadamente trató de impedir que la misma se produjera. Su Departamento estuvo a cargo de la defensa del gobierno de Pedro Rosselló frente a la demanda que presentó el Partido Popular para detener la campaña, que con el eslogan “Compromiso cumplido” llenaba los medios de prensa. En aquella ocasión fue el gran perdedor porque, como indiqué, el tribunal no solo determinó que la campaña violaba la mencionada cláusula constitucional, sino que prohibió el pago de los anuncios ya emitidos. El caso se llama PPD v. Gobernador y está publicado en el tomo 139 de Decisiones de Puerto Rico, página 643.
¿Y por qué, si existe esa jurisprudencia pudo Pierluisi gastar millones de dólares de dinero público diciendo “Haciendo que las cosas pasen” en el mismo lugar que antes Roselló decía “Compromiso cumplido”? Porque él sabe que lo que ocurrió en 1995, antes de las elecciones de 1996, no se iba a repetir en 2023 o que, al menos, existe una altísima probabilidad de que ese sea el caso. En 1995, cinco de los siete jueces del TS habían sido nombrados por gobernadores del PPD y no vieron necesario refugiarse en algún subterfugio legal para permitir la campaña que desarrollaba el gobierno del PNP. De hecho, el juez que suscribió la opinión del tribunal, José Andréu, había sido abogado del PPD y entre la mayoría estaba Federico Hernández Denton, quien había dirigido una de sus campañas. Otro de los jueces era Jaime Fuster, ex comisionado residente del PPD. Ocho años después, en 2003 (antes de las elecciones de 2004), tres de esos mismos jueces -Fuster, Hernández Denton y Myriam Naveira- evitaron utilizar la norma que en 1995 desplegaron contra Rosselló ante una campaña de anuncios del gobierno de Sila Calderón con el eslogan “Puerto Rico va por buen camino” que es casi idéntico a “Compromiso cumplido”. Para evitar aplicarle a Calderón la norma que utilizaron contra Rosselló se refugiaron en la doctrina de la academicidad. (La misma defensa habían levantado en 1995 los abogados de Rosselló, pero entonces el subterfugio no aplicaba.)
Ahora en el Tribunal Supremo la mayoría no es del PPD, lo sabemos, sino que es resultado de aquello que Jorge de Casttro Font llamó el “banquete total”, refiriéndose a los muchos nombramientos que podía hacer el PNP si ganaba las elecciones de 2008, como efectivamente ocurrió. Desde 2009 hay otro tribunal y por eso Pierluisi está tan tranquilo y los medios de prensa tan confiados. Si les llega el caso denunciando la campaña “Haciendo que las coas pasen” con toda probabilidad la norma establecida en 1995 no sería cambiada, pero evitarán la condena diciendo que el caso es académico porque ya no hay anuncios (como dijeron en 2003 loa mismos jueces que en 1995 habían dicho otra cosa) o que el demandante no tiene “standing” o que se trata de una “cuestión política” que no resulta “justiciable”. Cualquier subterfugio de esos les serviría para dejar intacta la campaña de Pierluisi sin necesidad de tocar la norma establecida en 1995.
La moraleja que surge de todo es bastante clara. No sólo el Ejecutivo y la Legislatura están carcomidos por el bipartidismo que todo lo daña, también los tribunales corren la misma suerte. En ciertos casos, aquellos donde “los míos” pudieran ser afectados, las normas judiciales se estiran, como la plasticina.
