CLARIDAD
La solicitud de la Junta de Control Fiscal a la jueza Laura Taylor Swain de que deje sin efecto el convenio colectivo de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) con la Autoridad de Energía Eléctrica es una maniobra para atribuirle a la Unión la culpa por el cargo heredado que tendrían que pagar los consumidores de la autoridad para pagar las pensiones de los retirados de la AEE.
En la última semana de diciembre, la JCF sometió una cuarta versión del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) para la AEE, a la vez que le solicitó a la jueza que dejara sin efecto el convenio colectivo de la UTIER. En entrevista con CLARIDAD, el representante legal de la UTIER, Rolando Emmanuelli Jiménez, señaló que los titulares de algunos medios estaban desenfocados al decir que la Junta había solicitado eliminar a la unión. “La petición de la Junta es que se deje sin efecto el convenio colectivo. La UTIER no se elimina, porque continúa con el derecho a la representación sindical. Lo que procedería sería renegociar un nuevo convenio colectivo”, aclaró.
Explicó que en términos políticos constitucionales, el derecho a la asociación es uno protegido por la Constitución, además de que mediante la Ley de Puerto Rico, 103 del Negociado de Relaciones del Trabajo, la UTIER está certificada como una unión vigente. En ese sentido, si el convenio expira, la unión sigue y lo que procede es renegociar el convenio, por lo que recalcó que eliminar el convenio no afecta la capacidad de la UTIER de representar a sus empleados unionados y retirados.
Tras la privatización, tanto de la generación de energía como de la transmisión y distribución, los trabajadores unionados la UTIER que quedan son alrededor de 130. El resto de los empleados de la AEE que fueron trasladados a otras agencias ahora tienen otro patrono, por lo que no pueden ser representados por la UTIER.
A qué responde la petición de la JCF
El licenciado Emmanuelli Jiménez denunció que el único interés de la Junta con su petición, no es eliminar el convenio, sino eliminar la cláusula sobre el sistema de retiro. El experto en la ley PROMESA y en casos de quiebra expuso que para eliminar el convenio la Junta tiene que cumplir con unos requisitos legales que él entiende que no se cumplen porque el sistema de retiro lo quebró la misma Junta debido a que desde que llegó en el 2016 dejó de pagar las aportaciones que le correspondían al sistema de retiro a la AEE. A juicio de Emmanuelli Jiménez, con eliminar el sistema de retiro del convenio colectivo o con eliminar el convenio colectivo no se elimina el sistema de retiro porque el sistema de retiro es una entidad independiente, que es un fideicomiso que tiene vida propia y personalidad jurídica y no es parte de la AEE ni está en quiebra.
La petición de la Junta lo que pretende es modificar el sistema de retiro y remover a los empleados de la AEE al sistema de pensiones de la Ley 106, que es el plan de aportaciones definidas que tiene el resto de los empleados del gobierno. El representante legal de la UTIER afirmó que el trámite que está siguiendo la JCF contra la unión no va a llevar al resultado que esta desea porque no es suficiente eliminar el convenio. “Van a tener que lidiar con el sistema de retiro en el proceso de la confirmación del plan”.
En otro ángulo de interés es que la Junta no contempla incluir en el PAD el pago a la deuda que tiene con el sistema de retiro de la UTIER y lo quiere poner como un cargo aparte (el llamado cargo heredado) para el cual tendría que ir a pedir autorización ante el Negociado de Energía.
Para Emmanuelli Jiménez, la razón de la JCF para sacar del PAD la deuda con el sistema de retiro es desligarse del aumento en la tarifa que provocaría pagar aparte el sistema de retiro. “La Junta lo que quiere es escudarse del ojo crítico de los aumentos en la energía diciendo que eso (el pago de las pensiones) no es parte del plan”.
Explicó se ha calculado que la JCF podría solicitar un aumento de 2.5 centavos por kvh, para pagar a los bonistas y que a eso le van a sumar 2.4 centavos para pagar el sistema de retiro. Lo que representa un cambio, ya que siempre el dinero de los retirados ha estado incluido en el alza de la tarifa básica. Emmanuelli Jiménez dio a conocer que las últimas revisiones reflejan que la AEE se está embolsicando ese dinero para pagarlo a las privatizadoras LUMA y Genera.
La petición de la JCF sobre el convenio colectivo será atendida por la jueza Swain el 24 de enero. Mientras, se espera que las vistas de conformación del PAD comiencen el 4 de marzo.
