New Fortress Energy sigue sin tener certificación para funcionar

Conferencia de prensa de las comunidades de Cataño, Guaynabo y Vega Baja.

 

CLARIDAD

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Desde el 2019, organizaciones ambientales, representantes de dominaciones religiosas y de  organizaciones comunitarias que abarcan residentes de los municipios de Guaynabo, San Juan, Cataño y Toa Baja vienen denunciado la operación de la planta de gas New Fortress Energy (NFE) en el puerto de San Juan, sin todavía haber cumplido con todos los asuntos procesales para su operación y sin que ninguna agencia del Gobierno de Puerto Rico haya tenido alguna participación en el proceso.

En conferencia de prensa el lunes, el grupo,  encabezado por el reverendo Carlos Negrón Sánchez, de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Puerto Nuevo, confirmó que en todo el proceso de investigación y gestiones de las organizaciones, la realidad es que no  han visto ninguna participación de alguna agencia del Gobierno de Puerto Rico.

Las organizaciones, que cuentan con la participación de la reverenda Diana Ceballos González,  ministra de la Iglesia Evangélica Luterana y la hermana dominica de la Santa Cruz, Liza Avilés Ríos, narraron que la poca atención que han recibido fue una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes en el 2020, en la cual el personal de NFE nunca contestó las preguntas de la Comisión. A pesar de hacer manifestaciones frente al Capitolio en el 2020 y el 2021, hasta el presente no han sabido nada de lo que ha sucedido con la resolución RC 170. Incluso, en un momento, se hizo un acercamiento con la Oficina de Manejo de Emergencia del Municipio de Guaynabo, y allí  no tenían conocimiento de qué hace NFE ni sobre qué hacer en caso de que surja una emergencia.

En la conferencia  llevada a cabo en el litoral de Cataño, el grupo reiteró sus preocupaciones ante los riesgos que enfrentan las comunidades por las operaciones de NFE. Estos dieron a conocer  sobre el envío de una carta a la Comisión Federal para la Regulación de Energía (FERC, siglas en inglés) en la que le solicitan la celebración de una asamblea pública en Puerto Rico con las comunidades y vecinos afectados por dicho terminal.

Los portavoces denunciaron que todavía NFE tiene asuntos procesales ante FERC con los cuales no ha cumplido, como lo son una declaración de impacto ambiental, un plan de desalojo en caso de emergencia y la certificación de FERC para su funcionamiento. Precisaron que en el expediente de la solicitud de permiso de NFE ante FERC, los Mapas de Zonas de Peligro indican la extensión con los daños potenciales a residentes, bienes históricos, escuelas, negocios y a todas las demás actividades en los alrededores de la Bahía de San Juan.

“Nos parece que las zonas de peligro están subestimadas puesto que se calculan desde la premisa de eventos con tanqueros individuales de gas natural licuado, ignorando situaciones catastróficas en que se tomen en cuenta incidentes con los otros tanqueros que con frecuencia se encuentran cercanos a los de gas natural licuado de New Fortress, como los de la compañía de gasolina PUMA”,  denunció el grupo.

En particular, las organizaciones destacaron que un acuerdo entre Genera Puerto Rico y NFE para incrementar la generación de energía con gas en la Bahía de San Juan y la Central Palo Seco en Cataño con generadores transportables y la construcción de un gasoducto de 230 pies en el terminal de NFE en la Bahía de San Juan para suplir el gas a los generadores transportables de San Juan es indicio de que el uso del gas no es una medida transitoria como alegan el Gobierno de Puerto Rico, Genera y el mismo NFE.

“El consenso es que no haya gas. Supuestamente, eso es una medida transitoria; pero las acciones que estamos viendo no tienen nada de transitorias. ¿Por qué cambiar toda la infraestructura de las plantas? La intención no es transitoria, el esfuerzo es contrario al Plan de Recursos Integrados, que propone la transición a energía renovable. Nosotros estamos apoyando esa gestión de que haya esa transición mediante proyectos como Queremos  Sol, que ha hecho una propuesta responsable. Así que nosotros nos estamos oponiendo. No estamos viendo una transición”, expresó el reverendo Negrón Sánchez.

Una verdadera infamia

 En tanto, el asesor experto en Derecho Ambiental, licenciado Pedro Sadeé Lloréns, resaltó  la importancia de que luego de estudiar el expediente, la ley aplicable y los reglamentos,  “lo que está  pasando aquí es una verdadera infamia. Es el único lugar donde se construyó y opera un terminal de gas como este. En todo los Estados Unidos, en todas sus jurisdicciones, no hay ningún otro lugar  donde se esté violando la ley abiertamente”.

Este puntualizó que no se trata de una violación técnica, sino de no haber pasado por el escrutinio de los especialistas de esa agencia federal, que incluye el análisis de seguridad, de contaminación ambiental y de otros elementos.

Además trajo a la atención la relación entre el proyecto del dragado de la Bahía de San Juan y la operación de NFE. Al presente, el modo de operar de NFE consiste en tener un barco tanquero que está en el mar, que sirve de almacén. Ese barco gasifica el producto y constantemente otro tanquero viaja para abastecerse. Son 124 viajes, que se convierten en 148, si se cuenta la ida y la vuelta. Esa manera es riesgosa y fue rechazada por estudios anteriores; pero es la que han optado. Primero NFE había informado que el tanquero que entra con el gas licuado es un barco de 25 metros cúbicos, pero el que está entrando es un tanquero más grande, de 30 metros cúbicos. A la semana llega más de un tanquero, por lo que se necesita un puerto más profundo, explicó.

“La forma y manera en que está operando NF enfatiza la razón por la que decimos que lo que está pasando aquí es una infamia. No es que solamente no hay ningún otro terminal de gas sin permiso. Es que todos los otros trámites conllevan una evaluación de riesgo, la creación de un plan de emergencia, de evacuación, y aquí están exponiendo a la gente a estos peligros porque están en operación sin cumplir con esos trámites, incluida la reunión pública”, recalcó.

Por su parte, la hermana Avilés Ríos sentenció: “Si se sigue apostando por el gas, no importa dónde se ponga, siempre va a haber riesgo. Y es muy fácil hablar de que otros sufran el riesgo y es muy difícil ver la realidad de sufrir ese riesgo”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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