CLARIDAD
Para el economista Heriberto Otero Martínez es muy probable que la Junta de Control Fiscal (JCF) acuda otra vez al tribunal, como hizo con la llamada Reforma Laboral, para impedir que se aplique la reciente Reforma Contributiva aprobada por la Legislatura que espera por la firma del gobernador.
El pasado 16 de noviembre, la JCF dirigió una carta al gobernador, Pedro Pierluisi, y a los presidentes de ambos cuerpos legislativos en la que advierte que se reserva todos sus derechos, incluidos aquellos bajo las Secciones 104(k), 108(a)(2) y 204 de PROMESA, para tomar las acciones que considere necesarias, entre ellas, la búsqueda de remedios para prevenir y/o contrarrestar la promulgación, implementación del proyecto de Reforma Contributiva, PC 1839. La JCF objeta que el proyecto de reforma causaría la pérdida este año de aproximadamente $750 millones y de casi $3 mil millones en los próximos cinco años. En la carta se invita a los presidentes de la Legislatura y al gobernador a reunirse con la JCF supuestamente para “trabajar juntos” un presupuesto que financie de manera adecuada los servicios y un plan integral de reforma contributiva.
En reacción a la carta de la JCF, el gobernador Pierluisi, en declaraciones a la prensa alegó que tiene 30 días para firmar la medida y que está dispuesto a enmendar el Plan Fiscal.
Para el economista y actual director ejecutivo de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico (LCPR), quien en un inicio trabajó en el proyecto de reforma contributiva, con el simple hecho de que la Junta diga que algo es contra el plan fiscal, imposibilita enmendar el plan.
Martínez Otero fue enfático en plantear que como único el país se puede enfrentar a la Junta en temas particulares “es cuando vamos en consenso, unidos como país. Ejemplo, una medida de $200 millones para apoyar a familias trabajadoras”. Aun cuando dijo que la realidad es que la reforma contributiva aprobada es costosa y no presenta alternativas al recorte presupuestario ni hace recortes en la Ley 60, desde el punto de vista de política pública, el proyecto excedió lo que realmente debió haber sido una reforma contributiva o unos ajustes contributivos.
Como economista, destacó que la reforma contributiva debió concentrarse en tres aspectos fundamentales. Primero, en los temas de cumplimientos y simplificación en el proceso de radicación de planillas. “Esa parte está bien hecha y se tiene que aprobar para evitar burocracia y trámites duplicados. El segundo debió ser una reducción en las tasas contributivas a familias trabajadoras, que tiene el efecto de aumentar lo que se conoce como el ingreso personal disponible, permitiendo a las familias llegar a fin de mes, cosa que con la inflación que estamos viviendo no todas lo están logrando. Y tercero, una reducción en tasas contributivas para las pequeñas empresas.
Con estos tres aspectos, destacó, sí se hubiera tenido un proyecto de reforma contributiva con justicia social, donde todas la sociedad tendría un beneficio en términos de lo que es la simplificación del modelo contributivo, y las familias trabajadoras y pequeños negocios estarían recibiendo reducciones sustanciales en las tasas contributivas. Este proyecto hubiese costado entre $200 a $250 millones.
¿Qué pasó?, cuestionó Martínez Otero. Que el proyecto que de entrada que envió el gobernador tenía la rebaja a las familias trabajadoras, pero también metía el tema de la reducción a las grandes empresas. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo querían también introducir rebajas contributivas para las grandes empresas y las grandes fortunas y le añadieron entonces bajar las ganancias de capital. Esto creó un proyecto gigantesco que puede costar entre $500 a $700 millones, lo que lo hace improbable. La reforma debió concentrarse en bajar la carga contributiva sobre las pequeñas empresas y familias trabajadoras, lo que salía mucho más barato, explicó.
Martínez Otero hizo la salvedad de que estaba convencido de que si la reforma solo hubiese sido para reducir la carga contributiva a las familias trabajadoras, la JCF se habría opuesto también. “Pero tendríamos un consenso de país y un número mucho menor para entonces poder decirle a la Junta que como país, con toda la fuerza parlamentaria y el ejecutivo, vamos a defender a las clases trabajadoras. Hay unos intereses tan fuertes protegidos, que cuando se vino a ver, le pusieron fácil a la Junta un proyecto que no va a tener futuro”, aventuró a afirmar.
El economista cooperativista señaló que ha habido una resistencia de parte del Ejecutivo en reconocer que gran parte de los excesos de recaudos que tiene el Gobierno, es decir Hacienda, tienen que ver con el estímulo de los fondos federales, los cuales han creado una burbuja y le están inyectando liquidez. “El Gobierno quiere mantener el discurso de que eso se debe a la buena ejecución de Hacienda”.
Aun cuando Martínez Otero dio crédito a que en términos de tecnología y ejecución Hacienda ha mejorado mucho, todavía queda mucho dinero para la construcción, que es el sector de la economía que más eslabones tiene con los otros sectores. Y todavía queda el tema de la transición energética y la reconstrucción, por lo que quedan un par de años en donde se va a ver actividad económica financiada por los fondos federales ya asignados. La propia JCF y la Junta de Planificación, ambos dicen que vamos a estar creciendo cerca del 1 % en los próximos años, lo que podría tener un impacto significativo en términos de ingresos.
En fin, el economista recalcó que la reforma contributiva que se necesita en Puerto Rico es un impuesto sobre la acumulación de propiedades, sobre las grandes fortunas y poco a poco bajar las contribuciones a las familias trabajadoras, que son las que llevan el peso contributivo. Denunció que la lógica de coger un proyecto con buenas ideas y meter las ideas incómodas para que se aprueben es lo que ha malogrado esta legislación y otras.
