Nuevamente, los portavoces de comunidades de San Juan, Cataño, Guaynabo y otras áreas aledañas al terminal de gas natural licuado de New Fortress Energy (NFE) en la Bahía de San Juan, han vuelto a reclamar de NFE y del gobierno de Puerto Rico un plan que mitigue los daños ambientales y de salud que padecen, y medidas de seguridad que minimicen riesgos de accidentes fatales, como incendios y explosiones que involucren a las embarcaciones de dicha empresa que almacenan y acarrean el volátil e inflamable combustible en las inmediaciones del terminal.
También denunciaron que las agencias del gobierno concernidas y la Asamblea Legislativa no están cumpliendo con su responsabilidad de impulsar e implantar las medidas acordadas previamente con el liderato de dichas comunidades, y que van dirigidas a proteger la salud y a prevenir accidentes que comprometan la seguridad de los residentes en esas áreas.
Desde sus inicios en el año 2019, la operación de ese terminal de gas natural licuado en la Bahía de San Juan por la empresa New Fortress Energy (NFE) ha estado envuelta en una nébula espesa. Dos años antes, el Huracán María había hecho trizas nuestro sistema eléctrico, y NFE, ya con operaciones en Jamaica, vio en Puerto Rico la oportunidad de continuar su expansión en El Caribe.
Sin embargo, su inicio en la Isla no ha sido auspicioso. Primero, retó y perdió ante un tribunal el pleito donde cuestionó la jurisdicción de la Comisión Reglamentadora de Energía de Estados Unidos (FERC, por sus siglas en inglés) sobre sus operaciones en Puerto Rico. FERC revalidó judicialmente su potestad para reglamentar a NFE.
La empresa parece ignorar también los reclamos de las comunidades circundantes y los argumentos razonados de grupos ambientales que han advertido no sólo del efecto negativo de las emanaciones en la salud de la gente, sino del riesgo fatal que representaría una explosión provocada por un combustible altamente volátil e inflamable como el gas licuado.
NFE tampoco parece haberse enterado del final infeliz del proyecto de gasoducto del gobierno de Luis Fortuño y el PNP (2008-2012), que proponía llevar gas natural subterráneamente a través de Puerto Rico hacia las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Dicho proyecto cayó abatido ante la embestida de una organizada, combativa y masiva oposición del pueblo puertorriqueño. Por lo tanto, no es posible descifrar si la actitud disciplicente de NFE se debe a que descansa en la defensa y protección del gobierno de Puerto Rico, o si su impunidad emana de los políticos en Washington y San Juan a los que ha contribuido para sus campañas.
Cualquiera que sea la razón, la percibida impunidad de NFE ha levantado la sospecha de mucha gente en Puerto Rico. Se preguntan qué gran poder está detrás de su operación de transporte de gas licuado, sobre todo, desde que se conoció en 2021 que había iniciado operaciones sin contar con el reglamentario permiso de uso de la FERC.
En resumen, ni los tropiezos iniciales, ni la oposición pública, ni la supuesta autoridad de FERC, han querido o podido ponerle orden a la actividad de NFE en Puerto Rico. Por el contrario, la empresa ha cobrado cada vez más fuerza. No sólo controla la Bahía de San Juan con sus cargueros y barcazas de gas natural, sino que también ahora controla la generación de electricidad en nuestro país, a través de su subsidiaria, Genera PR, «escogida» por el actual el gobierno de Pedro Pierluisi y el PNP para el contrato con que se privatizó la generación eléctrica que antes hacía la AEE. A nadie entre los círculos de poder parece llamarle la atención el hecho de que una sola compañía de combustible fósil (gas natural) como NFE cada vez tenga un pedazo más grande del pastel energético en Puerto Rico, lo cual contradice la política pública de mover al país al uso de fuentes energéticas renovables, limpias, abundantes y asequibles.
Son muchas las preguntas que se quedan en el tintero. Por lo pronto, lo primero tiene que ser prevenir para no tener que lamentar. El gobierno de Puerto Rico y NFE tienen la responsabilidad de atender con seriedad y celeridad las preocupaciones y reclamos de las comunidades amenazadas por una operación de acarreo de combustible contaminante y peligrosa, que representa un riesgo demasiado alto para la salud y la seguridad de miles de familias puertorriqueñas.
