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Retrasado el anuncio de Carmen Yulín

 

CLARIDAD

¿Qué impacto tendrá la salida de Carmen Yulín Cruz del Partido Popular Democrático (PPD)? Esta pregunta ha aparecido en algunos medios de prensa luego de que la exalcaldesa de San Juan anunciara en conferencia de prensa su desafiliación del partido por el cual intentó aspirar al cargo de gobernadora en 2020. En la primaria de ese año obtuvo el 13% de los votos, quedando en tercer lugar. En dos ocasiones previas, 2012 y 2016, fue electa alcaldesa de San Juan, posición que siempre se ha visto como el segundo cargo político más importante del país.

A pesar de ese historial a todas luces importante, mi contestación a esa pregunta sería que el impacto de la desafiliación dentro del partido que abandona en estos momentos será limitado. Esta apreciación no responde a una visión desvalorada de la exalcaldesa, sino a la realidad del PPD actual o, más bien, a lo que es ese partido desde antes de aquella primaria en la que pretendió ser aceptada como candidata a la gobernación.

A mediados de 2020, cuando se celebró la primaria, ya el PPD era un partido disminuido, bastante más débil del que gracias al apoyo de otros sectores había ganado la gobernación, la Legislatura y la alcaldía de San Juan en 2012. Su proyecto político basado en la ficción del ¨estado libre asociado¨ se había derrumbado tras las acciones unilaterales del Congreso de Estados Unidos en 2016, que hizo volar en pedazos toda la ¨autonomía¨ que el partido reclamaba. La imposición de la ley PROMESA y el grupo de sentencias del Tribunal Supremo estadounidense reafirmando la aplicación sin límites de la llamada ¨cláusula territorial¨ de su constitución, hicieron desaparecer la burbuja que los fundadores del ¨ela¨ habían creado desde 1952.

Además de quedarse desnudo ante el colonialismo, el PPD acentuó su viaje hacia la derecha aumentando su parecido con el PNP e intentando ocupar el espacio del fundamentalismo religioso. Cuando anunció sus aspiraciones a la gobernación por el PPD, dijimos en CLARIDAD que en ese partido una mujer como Carmen Yulín, que mantenía posiciones progresistas y soberanistas, no tenía posibilidad alguna de ser seleccionada como su dirigente principal, y así ocurrió.

Todos los que se habían acercado al PPD en 2012, permitiéndole los triunfos electorales de ese año, lo habían abandonado cuando se celebró la primaria. Tras la elección de 2020 se fueron los que habían insistido en quedarse tal vez atraídos por figuras como la alcaldesa de San Juan. En el 15% de votos que obtuvo el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en 2020, y hasta en el 14% que votó por el Partido Independentista (PIP), están los integrantes del sector que hasta las elecciones de 2016 todavía pensaba que el PPD tenía redención.

Desde entonces, es lógico suponer que la sangría interna que ya se manifestaba en el PPD ha continuado acentuándose. Su camino hacia la derecha y la identificación con el fundamentalismo religioso es ahora más evidente, mientras su insistencia en la existencia del ¨ela autónomo¨, después de PROMESA y las reiteraciones del Tribunal Supremo, algunos las toman con pena y otros con risa. A lo anterior se añade que el liderato que quedó a cargo del partido a partir de 2020, además de creer en esas posiciones, proyecta torpeza y debilidad. Como si lo anterior fuera poco, los casos descubiertos de corrupción han golpeado de forma abrumadora a las administraciones municipales, el área donde el PPD mantenía preeminencia.

Obviamente, una persona como la exalcaldesa de San Juan, que tras dejar el cargo en 2021 seguía proyectándose como progresista y feminista, carecía de espacio en ese partido, por lo que su salida no deja ningún vacío. Además, el sector del PPD al que ella apelaba o que se identificaban con sus posiciones progresistas, ya había abandonado el partido cuando ella finalmente anunció su desafiliación. La mayoría de esas personas votó por el MVC en 2020 o se ha acercado a ese movimiento desde entonces. Todo indica que el anuncio de desafiliación llega un poco retrasado. Por eso decía al principio de este artículo que la noticia tendrá muy poco impacto en el PPD, porque allí queda muy poca gente capaz de identificarse con sus enfoques. Sale, además, de una colectividad tambaleante, desprovista de proyecto político, que en 2020 vio reducir su apoyo a un 30% y que desde entonces ha continuado jalda abajo.

Sin embargo, el hecho de que Carmen Yulín no llegue a su nueva etapa de expopular arrastrando una masa de seguidores porque estos se le adelantaron, no la deja sin futuro político. Sigue siendo una figura importante dentro de la política isleña, por lo que quienes trabajan en la construcción de un nuevo proyecto político-electoral que sea capaz de acabar con el bipartidismo corrupto, deben encontrar la manera de incorporarla. Ese proyecto tiene el reto permanente de sumar, nunca restar.

La olla de grillos

 

 

Especial para CLARIDAD

Con la culminación del reciente juicio en contra del ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, se destapó la olla de grillos que hace muchos años se conoce que existe en el país, aunque no al nivel en que se reveló por dos delincuentes confesos cuyos testimonios fueron parte del proceso. Estos individuos, uno de ellos exalcalde y otro abogado y empresario, aprovechando sus respectivas ocupaciones, disfrutaron del producto de sus fechorías, a costa del tesoro municipal.  Ambos individuos, militantes del PNP, escalaron posiciones dentro de ese partido para lograr acceso a figuras de poder dentro de esa colectividad, quienes les abrieron paso hasta alcanzar sus aspiraciones de enriquecerse, desmedidamente, con dinero público. El abogado, Oscar Santamaría, quien inició su carrera como asesor legislativo de diversos legisladores del PNP fue, astutamente, acomodándose en los círculos controlados por ese partido, desde donde comenzó a extender sus tentáculos a los municipios. Hoy se conoce, que Santamaria participaba de reuniones del comité directivo del PNP y de la Federación de alcaldes que agrupa a los alcaldes de ese partido. Santamaría, bajo diversos frentes corporativos y valiéndose del sistema de financiamiento de campañas políticas que impera en el país, ideó un esquema mediante el cual comenzó a sobornar a alcaldes inescrupulosos dispuestos a malversar dinero público a cambio de lucro personal.

Uno de estos alcaldes inescrupulosos resultó ser Félix “El Cano” Delgado, exalcalde del municipio de Cataño y hoy convicto por actos de corrupción, quien se inició en la faena política de la mano de la representante del PNP, Maria Milagros Charbonier, acusada actualmente por corrupción en la esfera federal por, entre otras cosas, obtener “kickbacks” de sus empleados. Cegado por el poder, la fama y el dinero, “El Cano”, se convirtió en presa fácil de Santamaría, quien obtuvo contratos del municipio de Cataño para tres de sus empresas: Waste Collection, VIP Healthcare e Island Builders. La ostentación que hacía “El Cano” Delgado de la ropa, joyas y autos que adquiría con dinero sucio llamó la atención de las autoridades federales quienes, tras investigarlo, lo usaron de señuelo para revelar el esquema que llevó, posteriormente, al arresto de contratistas, alcaldes y otros funcionarios municipales del PNP y del PPD.

Como parte del acuerdo de cooperación con las autoridades federales, “El Cano” Delgado grabó a Santamaria mientras le entregaba dinero al exalcalde. Esas imágenes le fueron divulgadas al contratista, quien viéndose arrinconado por sus actos criminales, decidió cooperar también para beneficiarse en la sentencia que en su día se le impondría. La prensa revela que dieciséis días después de decidir que cooperaría, hizo su primera grabación a Pérez Otero.

La cooperación de Santamaría destapó la magnitud del esquema mafioso que había puesto en marcha y con el que se involucraron tanto alcaldes del PNP como del PPD. Sus primeros contratos los obtuvo con los municipios de Aguas Buenas, bajo Luis Arroyo Chiqués del PPD y de Cidra, bajo Javier Carrasquillo del PNP, lo que le permitió comenzar a amasar una considerable fortuna. En Cidra comenzó como asesor legal del municipio y, mientras se desempeñaba en esa capacidad, creó una compañía de recogido de desperdicios sólidos, a la cual Carrasquillo le otorgó un contrato, sin que fuera sometido a subasta y sin la aprobación de la legislatura municipal. Santamaría logró obtener contratos con 16 municipios. Luego de abandonar la alcaldía, Arroyo Chiqués fue procesado por los federales por estar recibiendo sobornos de parte de Santamaria ascendentes a $5,000.00 mensuales. Tras perder las elecciones del año 2020 a la alcaldía de Cidra, el gobernador Pierluisi cobijó a Carrasquillo, nombrándolo asesor de asuntos municipales en la Fortaleza, puesto al que renunció el pasado año una vez se anunció el nombramiento de un FEI para investigarlo.

Poco después de que cayera Santamaría, se dieron los arrestos de otros alcaldes y funcionarios municipales que participaron de los esquemas de soborno. Entre ellos, fueron arrestados el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón, el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, ambos del PPD, el alcalde de Humacao, Reynaldo Vargas y el alcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez, ambos del PNP, lo que puso de manifiesto un bipartidismo carcomido por la corrupción. Funcionarios públicos de ambos partidos cedieron ante la tentación de obtener dinero mal habido, defraudando la confianza de los constituyentes de sus respectivos municipios, a quienes despojaron de los recursos económicos necesarios para garantizarles los servicios básicos a los que tienen derecho. De todos estos funcionarios, solo Pérez Otero decidió enfrentar juicio, habiendo sido declarado culpable por un jurado, por los tres cargos que le fueron imputados.

Como si ello fuera poco, Santamaria confesó haber realizado donativos ilegales a las campañas políticas de varios funcionarios públicos entre ellos, el alcalde de San Juan, Miguel Romero y el senador por Bayamón, Carmelo Ríos. Este último, se dice, está siendo investigado por las autoridades federales, mientras que el alcalde de San Juan fue señalado, junto a los legisladores, Georgie Navarro, Juan Oscar Morales y Víctor Parés, todos del PNP, por recibir asfalto gratis en sus campañas de la compañía J. R. Asphalt, cuyos directivos fueron procesados y convictos por participar, igualmente, de esquemas de sobornos. Tanto el Departamento de Justicia como la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, rechazaron acusarlos por estos cargos.

En fin, la olla de grillos que se ha destapado con los testimonios de “El Cano” Delgado y Oscar Santamaría, ha develado la podredumbre que ha generado el inversionismo político y que enloda tanto al PPD como al PNP. Este es el mismo bipartidismo responsable del colosal endeudamiento del país, que ha traído un creciente empobrecimiento de nuestra gente y el deterioro acelerado de nuestra calidad de vida. Esta tétrica situación ha provocado que gran parte de nuestro pueblo haya perdido la fe en los políticos, en las instituciones, en que un cambio es posible. A quienes combatimos el bipartidismo vetusto, inservible y corrupto, nos toca reavivar la esperanza en estos compatriotas, de que nuestro país cuenta con mucha gente decente, comprometida y luchadora, dispuesta a trabajar por sanear la administración pública y construir el país que queremos y que nos merecemos.

 

 

 

 

 

 

 

La Junta de Control Fiscal sigue privilegiando a los bonistas

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

La decisión de la jueza Laura Taylor Swain, de que los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica no tienen pago asegurado, si bien es un evento significativo, no supone que la Junta de Control Fiscal (JCF) vaya a retirar su plan de ajuste de deuda (PAD) presentado ante la citada jueza. La determinación de la jueza, que ve el caso de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas, fue emitida el miércoles 22 de marzo. En esta denuncia coincidieron dos conocedores del tema consultados por CLARIDAD: el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez y  la licenciada Eva Prados Rodríguez.

El licenciado Emmanuelli Jiménez, representante legal de la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (AEE), puntualizó que la decisión de la jueza en realidad lo que resuelve es el punto de derecho sobre la garantía de los bonos conforme al acuerdo (plan-agreement) que dio base a la emisión de los bonos. El derecho de los bonistas se limita a lo que está depositado en las cuentas especiales de la AEE, las cuales tienen entre $8 a $16 millones. Esta última cifra es lo más que podrían cobrar los bonistas.

La determinación de la juez Swain, acreditó Emmanuelli, es un evento bien significativo en la quiebra. Lo que se establece es que la JCF podría otorgarles cero pagos a los bonistas o llevar un recurso para darles solo los $16 millones. No obstante, el hecho es que el PAD preparado por la JCF ya establece que a los bonistas les van a pagar $5.4 mil millones.

El experto en la ley PROMESA indicó que no es correcto decir que la JCF quedaría en entredicho ante la jueza si quisiera presentar algo distinto y puntualizó que es la Junta  la que propone el plan. La jueza Swain  lo único que va a decidir es si el plan es confirmable o no es confirmable. La determinación de la jueza establece que, como cuestión de derecho, la deuda no se tiene que pagar porque la AEE está en el hueso, no tiene dinero para pagar. La decisión dice  además que primero se pagan los gastos operacionales de la  AEE, incluido el sistema de retiro, y, después, lo que sobre es lo que se asigna a los bonistas.

Emmanuelli considera que la  JCF le está dando prioridad a los bonistas cuando ya no tiene que hacerlo y  califica de absurda la situación de que a pesar de que la Junta ganó el caso que ella misma presentó, les esté ofreciendo a los bonistas una cantidad exorbitante a la cual no tienen derecho, a costa del retiro de los trabajadores y de los otros acreedores. “Si la Junta  estuviera trabajando para Puerto Rico, cambiaría el plan hoy mismo y diría sabes qué acreedores, de bonos te voy a dar cero. La Junta podría hacerlo porque al no ser asegurados puede proponer lo que les va a dar, y eso es lo que no va a pasar porque la Junta juega para el equipo de los bonistas, no para el pueblo de Puerto Rico”, manifestó.

En esa línea, afirmó que solo la toma de las calles es lo que podría impugnar la negociación de la JCF. La JCF  acaba de ganar un caso crucial para que Puerto Rico no tenga que pagar un cargo híbrido, por lo que recalcó que el Gobierno, tanto el Ejecutivo como la Legislatura deberían exigir a la JCF que enmiende el plan y elimine el cargo híbrido. “Como cuestión de realidad, el cargo  híbrido es una imposición que no está justificada y es un regalo que le están haciendo a los bonistas; esa es la situación actual. La decisión de la jueza está muy bien fundada. Eso lo venimos diciendo desde hace años. El sistema de retiro tiene un pleito igual a este, y la jueza lo paralizó, y eso se sabe desde el  comienzo”.

Para Emmanuelli, el hecho de que todavía la JCF esté proponiendo el PAD con el cargo híbrido y la eliminación del plan de pensiones significa que no ha cambiado la versión del PAD divulgado. Se supone que la vista de confirmación del plan se ejecute en el mes de junio, pero la jueza no tiene  poder para modificarlo. Los criterios para basar su determinación de si el plan es confirmable o no están en la sección 3.14 de la Ley PROMESA.

Emmanuelli Jiménez atribuyó la insistencia de la JCF en pagar a los bonistas a que parte de  sus miembros juegan a las influencias entres sus grupos de interés: un quid pro quo. El ejemplo más reciente es el de la exdirectora ejecutiva, Natalie Jaresko, quien luego de renunciar a la JCF ahora trabaja con la firma Ernest Young, la cual es asesora de la propia JCF.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público (CCCP), licenciada Eva Prados Rodriguez,  igual considera que, en principio, la determinación de Swain es importante en términos de lo que están exigiendo los bonistas en tanto en cuanto todavía no existe un acuerdo entre estos y la JCF.

“Sí significa un golpe a los bonistas, porque ellos pretendían que la Junta les pagara más de lo que está proponiendo. Así que en ese sentido, confirma lo que ha sido nuestra argumentación de los sectores que nos hemos opuestos al PAD de la AEE, de que sus bonos no son asegurados, que no tienen la misma categoría ni derechos que quizás vimos en los bonistas de la deuda del Gobierno central o de la Autoridad de Carreteras”.

Incluso indicó que, además de confirmar que a lo único que los bonistas tienen derecho es a lo que la AEE tiene en las cuentas para pagar, establece que tampoco  tienen  garantía sobre los activos. “Eso significa una importante confirmación de lo que hemos estado reclamando en cómo resolver la deuda de la autoridad.  La realidad es que no tenemos con qué pagarles”.

No obstante, la licenciada Prado Rodríguez también resaltó que  tampoco esta decisión significa que por defecto la JCF vaya a retirar el cargo híbrido. Por eso le preocupa que haya personas de los medios de comunicación que hablan “disparates”, reclamando que ya no van a aumentar las facturas.

“Eso  no es una realidad, ni tampoco hay que defender a la Junta a capa y espada. Hay que ver el contexto, y ya ha ocurrido en el pasado. No es la primera vez que la Junta no tiene una vitoria judicial de este tipo, y aun así negoció un PAD de la Autoridad de Carreteras con aumentos”.  El PAD de la AC impuso aumento en los peajes, según el costo de vida, por los próximos 50 años y la privatización de todas las autopistas con peajes.

“No es real decir que ya resolvimos el problema del PAD. La Junta sigue con su propuesta a los bonistas con los aumentos ya discutidos. La realidad es que hay un problema con el pago de las pensiones y la Junta sigue proponiendo pagar a los bonistas”.

Prado Rodríguez recordó que la deuda de la AEE  aún no ha sido auditada y que informes preauditoría señalan irregularidades en esas emisiones, como deuda que fue emitida ilegalmente por la corporación y préstamos hechos para proyectos que nunca fueron construidos.

La licenciada expuso que el planteamiento de la Comisión Ciudadana es que ante la decisión de la jueza Swain, se está en un momento en que se puede  reducir el pago de la deuda, y que de  pagar algo, sea para el pago de las pensiones y que sea algo mínimo que no afecte la economía de Puerto Rico.

A juicio de la licenciada Prado Rodríguez, la estructura que está proponiendo la JCF es desastrosa para la economía del país y es criminal. “Esa exigencia que se le debe hacer a la Junta lo debe exigir el Gobierno; pero no estamos escuchando a los políticos hacer esa exigencia”.

 

 

 

La Legislatura pica fuera del hoyo

Vilmarie Rivera Sierra. Foto Alina Luciano/CLARIDAD

 

 

Especial para CLARIDAD

 

Hacía algún tiempo que no iba a el Capitolio de Puerto Rico a otra cosa que no fuera participar en alguna de las múltiples protestas que allí son convocadas para manifestar indignación y exigir acción en torno a los desmanes y atropellos que enfrenta el Pueblo. Trato de proteger la paz de mi espíritu de los procesos legislativos que, con frecuencia, carecen de sentido común y nada tienen que ver con las necesidades de la gente que paga los salarios de quienes allí se sientan literalmente, pues lo hacen sin ningún propósito que lo justifique. Las pocas veces que el activismo por la defensa de los derechos humanos y la responsabilidad de hacer alguna aportación a favor de la equidad y la justicia o la necesidad de representar a alguna organización requieren que comparezca a alguna vista pública o sesión legislativa, casi me obligo a hacerlo, pues sé que saldré de allí disgustada y, casi siempre, con un desagradable sentimiento de vergüenza ajena.

Así ocurrió con la vista de confirmación de la Procuradora de las Mujeres designada, Vilmarie Rivera Sierra, el pasado 16 de marzo.  El proceso estuvo a cargo de la Comisión de Nombramientos del Senado, la cual dirige José Luis Dalmau, presidente del cuerpo legislativo y, hasta el próximo mayo, del Partido Popular Democrático (PPD). Luego de caminar un largo trecho bajo el sol candente por la Ave. Constitución, debido a la distancia del estacionamiento, de esquivar las patéticas estatuas de los presidentes de Estados Unidos que han visitado el País (afortunadamente todavía no han colocado la de Donald Trump con el rollo de papel toalla en alto), me uní a las compañeras que llegaron allí con el mismo propósito. Tengo la certeza de que la mayoría de las personas en el salón de vistas favorecíamos el nombramiento.

Entonces, comenzó “la función”. Entre los primeros en llegar estuvo Thomas Rivera Schatz del Partido Nuevo Progresista (PNP) con el gesto hosco que lo caracteriza.  Se arrellanó en la silla, como si estuviera viendo televisión en su casa.  También hizo acto de presencia Joan Rodríguez Veve del Proyecto Dignidad (PD).  Otras senadoras y senadores del PPD y del PNP también asistieron. Uno de los últimos en presentarse fue Gregorio Matías Rosado, quien hizo gala de su carácter destemplado y tono irrespetuoso en la formulación de preguntas a la Procuradora. Con la presencia de María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), de la Lcda. Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe de Victoria Ciudadana (VC), nos sentimos dignamente representadas y respiramos un poco mejor.  La Sra. Rivera Sierra hizo gala de una gran serenidad cuando leyó una ponencia muy completa en la cual destacó su procedencia familiar, formación académica y profesional, el compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y experiencias de trabajo en el albergue para sobrevivientes de violencia de género que dirigió, en la creación y presidencia de la Red de Albergues y como representante de las organizaciones no gubernamentales de mujeres (Ongs) en el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE).

De manera precisa, que denota el trabajo que ha estado haciendo desde que llegó a Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), la deponente describió lo que encontró cuando llegó a la entidad. Por su relato confirmamos lo que las organizaciones de mujeres habíamos estado denunciando desde el activismo: escasez de recursos humanos, falta de diversificación en la búsqueda de fondos para poder hacer la labor que la ley orgánica de la procuraduría (Ley de 20 de 2001) le exige,  la inexistencia del Consejo Consultivo de la OPM, que la Junta de los Programas de Desvío está inoperante y no supervisa los programas probatorios para las personas convictas por la Ley 54 de Violencia Doméstica, entre muchas otras cosas.  También abordó su propuesta de plan de trabajo, que no está limitada, como no debe estarlo, al grave problema de la violencia machista, sino que incluye también las necesidades de desarrollo económico vinculado a la pobreza de las mujeres, el acceso a los servicios de salud, la escasez de viviendas, el vínculo con las ONGs, por mencionar algunas.

Las preguntas de Rivera Schatz estuvieron dirigidas a algunos de los hallazgos de unas monitorías que la OPM le hizo al albergue que la designada dirigió durante 18 años.  No son recientes, no tienen que ver con malversación de fondos y los señalamientos fueron corregidos. Tanto así que, hasta el presente, la casa de acogida ha continuado recibiendo la aprobación de propuestas de la Procuraduría y otras entidades, incluso del gobierno federal. Era obvia la mala intención del senador quien desde que el gobernador hizo pública la designación, se opuso de forma visceral. Documentos presentados después de la vista, como exigió Rivera Schatz y algunos otros comisionados confirmaron lo dicho por la designada.  Por su parte, Rodríguez Veve recurrió a su costumbre de exigir a las personas en vistas públicas que contesten con si o no las preguntas, como si estuviera de fiscala en un tribunal de justicia. Cuando la deponente le indicó en algunas ocasiones que no podía contestar de esa manera, entonces dio por sentado que la respuesta era la esperada por ella. Buscaba establecer en récord lo que entendía perjudicaba a la Procuradora.  Es parte de “la función.”

No sabemos cuál será el resultado final en cuanto a la confirmación de la Procuradora.  Si fuera por los méritos, compromiso con los derechos y la equidad para las mujeres, su independencia de criterio, como requiere la legislación, tendría que ser confirmada. Pero, es muy sombrío lo que ocurre en la Legislatura.  Resultan electas personas que no nos representan. Hasta en el caso de muchas de las mujeres que ocupan los escaños, asumen posturas e impulsan legislación que atropella reivindicaciones que ya hemos alcanzado, como han pretendido con los derechos sexuales y reproductivos. Con las excepciones antes mencionadas y a las que sumo a la compañera Mariana Nogales Molinelli junto a pasadas legisladoras como Velda González, Olga Cruz, María Libertad Gómez, no podemos sentirnos orgullosas, sino decepcionadas.  En cuanto a los varones, qué podemos decir cuando hay gente como los tres proponentes del disparatado proyecto sobre el aborto que pretendía imponer hasta 25 años de cárcel a la mujer que abortara dentro de las primeras 10 semanas de embarazo y luego del que promueve la castración química de agresores sexuales convictos. Tres actores de “la función” que están en su segundo cuatrienio, pero son desconocidos, excepto en sus casas: José “Memo” González, Yazzer Morales Díaz y Wilson Román López.  Si no fuera tan trágico provocaría risa.

La Legislatura está picando fuera del hoyo, cuando lo que realmente se necesita es una verdadera fiscalización, no destructiva ni partidista, de lo que hacen las otras ramas de gobierno y también la empresa privada con relación a la legislación y las políticas públicas. También urge tomar medidas contra la corrupción y el inversionismo político.  Necesitamos que se legisle para atender las necesidades de la gente y para que haya un desarrollo económico que atienda la pobreza y la dependencia.  Las mujeres exigimos un presupuesto nacional con perspectiva de género que tome en cuenta nuestras necesidades. Hemos llegado al límite de tolerancia respecto a las privatizaciones y medidas neoliberales que socaban nuestro futuro como pueblo. Basta de legislar para llamar la atención de los medios de comunicación y para recibir un salario que no justifican con su trabajo. Si Vilmarie Rivera Sierra no es confirmada no veo otra opción que tirar la OPM a pérdida.

Las personas que votamos cada cuatro años, también somos responsables de hacerlo de forma sabia.  Desde luego que entendemos y respetamos por qué hay gente que no ejerce esa opción y por ello no pierden el derecho de exigir equidad y justicia.

Consejería en Rehabilitación Vocacional: Plan de clasificación incongruente

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@clarridadpuertorico.com

El Colegio de Profesionales de la Consejería en Rehabilitación (CPCR) denunció como un plan de clasificación incongruente, que demuestra desconocimiento de las profesiones reguladas por el mismo Estado y atenta contra el espíritu de la normativa que lo promueve, el nuevo Plan de Clasificación de Puestos de Carreras del Gobierno central, el cual colocó en una categoría 4 a estos profesionales.

La presidenta del CPCR, licenciada Dalila Luyando Santiago, en entrevista con este semanario indicó que el Gobierno no les ha dado ninguna explicación respecto a los criterios para esa clasificación. Expuso que el Plan  no establece criterios con relación a la ubicación. Lo que se habla en general como justificación es que el propósito del plan es atemperar  los sueldos al mercado laboral y, en el caso de los puestos que son de difícil retención, reconocerlos. Esto contrasta con que cuando se va al Plan, el profesional de consejería en rehabilitación de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) lo colocan en una categoría 4.

Luyando Santiago defendió que los profesionales de la Consejería de Rehabilitación Vocacional tienen el requisito de maestría, con una licencia que se tiene que revalidar con la Junta Examinadora del Consejo de Rehabilitación del Departamento de Salud. Además,  tienen colegiación compulsoria y, para poder mantener la licencia, tienen que cumplir con educación continua con el propósito de mantenerse actualizados en sus áreas de competencia. Al consejero de rehabilitación de la ARV lo ubican cercano a un auxiliar fiscal o un coordinador auxiliar en el desarrollo del niño, en ocupaciones técnicas de menor preparación y requisitos académicos.

“No se entienden cuáles son los criterios que se utilizaron para colocarlos en esa categoría, cuando ellos son el único profesional autorizado por ley para proveer servicios en la  Administración de Rehabilitación Vocacional”.

El total de estos profesionales en Puerto Rico es de 521, de los cuales 210 trabajan en la ARV, con un sueldo actual de apenas $2,050. El resto está en otros escenarios laborales, como hospitales, colegios, universidades, ASMCA “Estamos hablando de que a profesionales que están en la ARV, se  les ubica como consejero en una escala IV. ¿Cómo se va a atraer a un profesional de esa envergadura?”, se cuestionó la licenciada Luyando Santiago. Agregó que de no modificarse el plan, las personas con diversidad funcional, que ya están en una situación de vulnerabilidad, se verán en una situación de mayor vulnerabilidad  al no tener un profesional que trabaje de acuerdo con lo que está establecido en la ley.

El Colegio trajo a la atención que la ARV es la agencia estatal designada bajo las disposiciones de la Ley Pública Federal 93-112 del 26 de septiembre de 1973, según enmendada, conocida como la “Ley de Rehabilitación” y la Ley Núm. 97 de 10 de junio de 2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico”, para administrar los fondos federales y estatales dirigidos a ofrecer servicios de Rehabilitación Vocacional a las personas con impedimentos elegibles.

“La misión es integrar a las personas con impedimentos a la fuerza laboral y a una vida más independiente. La visión de la ARV es ser la agencia líder en la prestación de servicios que garanticen la competitividad de las personas con impedimentos en el mercado de empleo y su derecho a una vida más independiente”.  El presupuesto de esta agencia se cubre con 20 % de fondos estatales y 80 % de fondos federales para servicios y nómina.

Luyando destacó  que en comparación con la categoría asignada a los consejeros de la ARV, el  consejero ocupacional del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) fue clasificado en una   posición 12,  puesto que puede ser ocupado por un consejero de rehabilitación vocacional. Mientras al consejero ocupacional del DTRH se le asigna una escala salarial de $44,300 anuales en el nuevo plan de reclasificación, al consejero en rehabilitación de la ARV se le asigna apenas $24,600, algo que resulta contradictorio por demás cuando la ARV está bajo la sombrilla del propio Departamento del Trabajo.

Otros ejemplos de incongruencias son que al consejero en lactancia, que no necesariamente tiene que poseer un grado en medicina o ser médico asistente, sino que  puede ser una persona con un certificado posbachillerato en Nutrición y Dietética o un bachillerato en Enfermería Generalista, tiene una clasificación de12, con  una escala salarial de  $53,600 anuales. Según el CPRV, el trabajo del  consejero en lactancia consiste en asesorar, evaluar y apoyar a las participantes de lactancia materna del Programa WIC en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.

“Reclamamos que ese plan sea revisado. El impacto no es solo con los consejeros. Los técnicos de rehabilitación de la ARV, que tienen un bachillerato en rehabilitación, también fueron clasificados con una escala 1”.

Otras profesiones clasificadas son, por ejemplo, analista en determinación de incapacidad 2, que fue puesto en una categoría 8; analista en determinación de incapacidad 3 y 4, que fue clasificado en 9; intérprete del lenguaje de señas e interprete de sordos, en una clasificación 9.

Todas estas clasificaciones significan una escala de sueldo mayor a las de la Consejería de Rehabilitación Vocacional.