Con la afirmación del gobernador Pedro Pierluisi de que LUMA Energy se quedará permanentemente en Puerto Rico cuando cese su contrato provisional, a partir del próximo 30 de noviembre, nuestro país oficialmente tendrá que prepararse para lidiar por largos años con una red eléctrica para el subdesarrollo.
LUMA no sólo carece de los requisitos básicos necesarios para dar estabilidad y confiabilidad a nuestro maltrecho sistema eléctrico, sino que, rebasada la prueba de fuego del periodo probatorio, su gerencia y el gobierno de Pierluisi llamado a fiscalizarla se sentirán más poderosos, y el desempeño desastroso demostrado por la privatizadora hasta ahora, será peor. Que se apunte en piedra este vaticinio.
La única ficha de negociación que tenía el pueblo puertorriqueño ante el defectuoso contrato otorgado por el Gobierno de Puerto Rico a LUMA- a instancias de la Junta de Control Fiscal- era la posibilidad de cancelar el mismo al fin del término provisional.
Luego de esa fecha, estaremos amarrados por 15 años a una compañía energética extranjera que no posee el conocimiento, la pericia, la capacidad, la seriedad ni la voluntad para acometer con posibilidades de éxito la gigantesca tarea de reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico, una red que fue diseñada y construida con esmero e inteligencia por mentes y manos puertorriqueñas, y luego destruida por décadas de politiquería y corrupción en el seno de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico ( AEE), y rematada por el impacto feroz del huracán María.
La reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico es materia urgente. Sin un sistema eléctrico confiable, estable y costo efectivo nuestro país no podrá aspirar a un desarrollo económico próspero y sostenible, y con oportunidades diversas e innovadoras para su gente. Pero LUMA no es la solución energética que Puerto Rico requiere. Y los dos años y medio que han pasado desde el inicio de la transición así lo confirman. Ese primer año debió haber apretado la alarma. Por empezar a familiarizarse con el sistema y aprender donde estaba qué, Puerto Rico hubo de pagarle a LUMA $162 millones, que incluyeron pagos de gastos de ejecutivos que apenas pasaron unos pocos días en nuestro país.
Desde entonces empezaron las excusas, las explicaciones defensivas del Gobierno, los reclamos de empresa de «clase mundial» y la ofensiva de la propaganda oficial a través de los grandes medios de prensa. Siguieron la ceremonia de primera piedra de la llamada «academia de capacitación de celadores», las falsas promesas de justicia laboral y excelencia en el servicio, las conferencias de prensa que destilaban arrogancia y prepotencia de los ejecutivos, cuyo estilo imitaba el de los vaqueros » a la conquista del Viejo Oeste» de las películas.
Lo que nunca hubo fue honestidad, ni transparencia ni respeto para el pueblo puertorriqueño. Todos los gobernantes del PNP -Ricardo Roselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi- fallaron en cumplir con su responsabilidad de defender el interés de nuestro pueblo y fiscalizar la ejecución del contrato. Se delegó la fiscalización en el burócrata que dirige la Autoridad para las Alianzas Público Privadas ( AAPP) y en el supuesto regulador – el Negociado de Energía- que, en el último año, le ha aprobado a la privatizadora 7 aumentos consecutivos en la tarifa eléctrica que pagan los abonados residenciales y comerciales.
No vamos a enumerar los desatinos gerenciales ni los desastres de desempeño de LUMA durante estos dos años y medio. Estos ya han sido denunciados vigorosamente, y su récord nefasto, estipulado y divulgado por todos los medios interesados, tanto de Puerto Rico como internacionales. Un artículo muy reciente de la red de BBC Mundo, con sede en Londres, es particularmente demoledor con la supuesta » solución» privada que Puerto Rico ha escogido para revertir su debacle energética.
Sólo vamos a recalcar el saldo final. Dos años y medio después, la red eléctrica de Puerto Rico está en peor estado que antes de llegar LUMA. Hay más apagones y por más tiempo y los llamados » bajones de luz» son la orden del día. La interrupción de negocios y comercios también se ha elevado a niveles nunca vistos. Esta semana, por ejemplo, 175 mil abonados se quedaron sin luz durante casi todo un día en los sectores más activos del Área Metropolitana. Médicos y otros profesionales tuvieron que cerrar sus oficinas por la falta de luz e Internet. Escuelas tuvieron que enviar los estudiantes a sus casas otra vez. Cientos de comercios, entidades de gobierno y sin fines de lucro sufrieron un día más del descalabro e inestabilidad de la red eléctrica administrada por LUMA, con la consecuencia de pérdida de servicios para la ciudadanía.
La solución propuesta por el Gobernador Pierluisi no incluye exigirle eficiencia a LUMA, ni cancelarles el contrato con que nos tiene asfixiados. Por el contrario, propone pactar con FEMA la instalación de generadores auxiliares en tierra y agua, como si nuestro país estuviera en emergencia permanente o bajo asedio de guerra o un desastre mayor. Eso no es una solución real, sino, un parcho que nuevamente libera a LUMA de su responsabilidad.
Los sectores más conscientes de nuestro país seguiremos exigiendo la cancelación del contrato de LUMA Energy. Es lo correcto, lo decente y el único camino para poder redirigir la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico en una dirección certera, expedita y sostenible. Seguir con lo actual será la esclavitud de Puerto Rico por 15 largos años a una red eléctrica para el subdesarrollo.
