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Colegio de Médicos reitera las razones de la crisis de los hospitales

Carlos Díaz Vélez

 

CLARIDAD

 El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), Carlos Díaz Vélez, insistió en que, dentro los distintos factores que inciden en la precariedad del sistema hospitalario, la falta de fiscalización y regulación hacia las aseguradoras de salud, el discrimen congresional, la falta de recursos- como personal y equipos- y la minimización de la crisis fungen como los obstáculos más influyentes.

“Esto no es una crisis de un solo hospital”, afirmó el portavoz del gremio, en alusión a la reciente solicitud de acogerse a la Ley de Quiebras del sistema hospitalario HIMA San Pablo. “Desde la pandemia para acá, ha habido una disminución dramática de personal. Han renunciado por los incentivos que se les ofrecen en Estados Unidos (EE UU); son muchísimo mejores que los que se ofrecen aquí [en Puerto Rico]. [Como resultado] El personal que queda en Puerto Rico está quemado”, expresó Díaz Vélez en entrevista con CLARIDAD.

Por igual, el presidente de la organización colegiada afirmó que la merma de profesionales en la industria de la salud limita el horario y la oferta de servicios que se pueden suplir a los pacientes. “Por ejemplo, si un cardiólogo tiene una carga usual de 10 cateterismos para pacientes, se le reduce la carga a cinco pacientes por la falta de personal”, agregó el también cardiólogo.

En cuanto a los aprietos financieros de los hospitales del País, Díaz Vélez atribuyó la carga a la dependencia sistémica de la facturación de las aseguradoras médicas. Incluso, mencionó que, para 2019- un año antes de la crisis pandémica- los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) advirtieron que 30 hospitales de Puerto Rico- de los 70 que operan en el archipiélago- registraron pérdidas y reducciones en ganancias, estimadas en $30 millones.

Asimismo, Díaz Vélez se refirió al período de la pandemia del COVID-19 como un “respiro” para el sistema hospitalario por los fondos federales dispensados, aunque admite que “no fue suficiente” por la falta de desembolsos.

“Las aseguradoras cobraron sus primas como siempre. Te las cobraron a ti, a mí y a todo el mundo. Sin embargo, no gastaron porque, en ese tiempo, no había hospitalizaciones, no había procedimientos; la gente estaba metida en la casa. Ganaron un buen billete sin tener que gastarlo”, amplió el cardiólogo veterano respecto a los seguros médicos.

El rechazo económico de las aseguradoras reduce la cantidad de dinero invertido por día en los centros médicos del País, según el presidente del CMCPR. De acuerdo con el profesional, las denegaciones de los fiadores de salud ascienden entre $1 a $3 millones. La denegación supone pérdidas millonarias para los centros de salud.

“Hay hospitales bien administrados en Puerto Rico que, como quiera, les rechazan los fondos. Como resultado, los hospitales tienen que argumentar por qué necesitan esos gastos y entran en una batalla con las aseguradoras; son el denominador común para todo el sistema”, añadió el médico.

Las migajas del Medicare caen en Puerto Rico

Como salvedad, el doctor acentuó la posición de Puerto Rico dentro del sistema de Medicare estadounidense como la jurisdicción que menos fondos recibe del programa de salud.

“Existe un discrimen histórico del Congreso hacia Puerto Rico. Estamos dejando de recibir millones de dólares al año en comparación con las demás jurisdicciones. Aquí se paga una cuarta parte de lo que se paga en otras partes del sistema. Entonces, esperan que los cumplimientos de los hospitales estén al día sin que desembolsen el dinero”, explicó Díaz Vélez.

Advierten que ampliar servicios en los demás hospitales no resuelve nada

Añadir más camas en los hospitales aledaños a los HIMA no apacigua la demanda de servicios de salud, alertó el presidente del gremio médico.

“¿Tú sabes el efecto que tiene el cierre de un hospital en su área? Los doctores necesitan usar los equipos de esa institución; los pacientes que quedan esperando en dónde quedarán sus médicos. Si HIMA cierra, por ejemplo, yo tengo que llevar toda esa carga a otro hospital”, detalló el doctor. De igual forma, reconoció que la ausencia de un hospital como HIMA impactará a todas las clínicas y oficinas médicas limítrofes.

El Gobierno protege a las aseguradoras

Donaciones políticas que resultan en favores adeudados. Esa es la razón por la que el Estado muestra reticencia al enfrentar el incumplimiento financiero de las aseguradoras, asegura Carlos Díaz Vélez.

“Yo estoy en el sistema hace 30 años, y hay aseguradoras que han aceptado presidentes de ambos partidos en Puerto Rico (PNP-PPD). Los cabilderos de estas compañías están metidos en la legislatura por si alguien se les enfrenta, ellos sacarlos en un tumbe”, acusó el portavoz del organismo representativo, mientras instó al gobierno a ejercer mayor presión fiscalizadora sobre estas empresas.

Una protesta distinta

El 14 de octubre, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico invita a todos los sectores del País a acudir a una feria de salud en el Coliseo Roberto Clemente. La actividad supone concienciar sobre la situación actual del sistema hospitalario de Puerto Rico, y cuenta con el apoyo de los alcaldes de Bayamón, San Juan, Loíza y Caguas.

El evento contará con música y amenidades bajo el lema “Unidos por salud, porque todos somos pacientes”

“Todo el mundo está invitado. Queremos a todo el mundo allí [en la actividad]. Claro, menos las aseguradoras”, concluyó el doctor.

 

La Junta gasta más de lo que le ahorra al País

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Hasta el presente, la Junta de Control Fiscal (JCF) le ha gastado al pueblo de Puerto Rico $1,500,353,160.07 en el proceso general de la quiebra del Gobierno. Esta cifra significa que la Junta  se ha ido cuatro veces por encima de los $370 millones que había presupuestado originalmente la Oficina de Contabilidad General, (GAO, en inglés) del Congreso de Estados Unidos al aprobar la llamada Ley PROMESA.

El estimado de cuánto ha gastado la JCF fue revelado por el estudio Tus asesores, tus chavos, de la analista de política pública de la organización Espacios Abiertos, Wilmarí de Jesús Álvarez. El estudio fue dado a la luz pública en días recientes.

En entrevista con este medio, de Jesús Álvarez señaló que cuando el GAO hizo el análisis de la medida, comparó que en la quiebra de Detroit se fueron $170 millones en el proceso completo de la reestructuración. Para Puerto Rico, el GAO estimó que en los próximos 10 años a partir de 2016 a 2017 el proceso debería costar al final $370 millones. En los primeros dos años serían $350 millones y luego la operación administrativa de la JCF debería ser de $5 millones por cada año hasta que se terminase de darse el proceso.

De Jesús Álvarez señaló que ese estimado, a pesar de que la JCF en el 2017 en su plan fiscal certificado para el Gobierno de Puerto Rico hacía mención de que el costo de la reestructuración iba a ser $370 millones, no ha vuelto a ser mencionado. No es hasta el 2022 donde la Junta sí dice que había gastado hasta el momento $1,200 millones y hace una distribución de los gastos. Luego dice en otro estimado que la reestructuración les iba a costar al final del día $1,600 millones.

La analista apuntó que a Espacios Abiertos le llama mucho la atención que para todo ese dinero de $1,500 millones que se está gastando dónde están los datos e información que justifican el trabajo que se está haciendo, cómo se llegó a las decisiones de la reestructuración de la deuda y con qué información se tomaron las decisiones de la reestructuración de la deuda que ya cerraron y que se ha visto que ha tenido y tendrá consecuencias por los próximos 40 años. En su estudio EA incluye una extensa lista de todos los documentos que le solicitó a la JCF, quien les contestó que no se los iba a proporcionar ya que a ella no le aplicaba la ley de Transparencia Gubernamental.

A esos efectos, los documentos que se usaron en el informe son todos documentos públicos, a los que se puede acceder mediante la página del Tribunal Federal (Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico). Otra fuente son los informes mensuales y anuales de la JCF, además de  los contratos que publica, aunque  hay años, por ejemplo, del 2017 y 2018, en que se tiene el número agregado de lo que han gastado, pero no hay el detalle de a quién se le pagó. En ese caso, EA tuvo  que ir a ver qué consultoría fue, pero tampoco esto está contenido en los informes, incluso en los informes de años subsiguientes, excepto el del 2023, que se puede ver el desglose, pero no se dice exactamente qué fue lo que hicieron, el asesor o consultor.  Habría que ir al contrato para ver en qué se estaba trabajando.

En sus informes, la JCF habla de consulta y asesoría. EA definió consultores como todos aquellos que proveen algún servicio de asesoría financiera, asesoría per se, que están identificados como consultores, o asesores o trabajo legal realizado. Se identificó que de los gastos de $1,500 millones, $1,190 aproximado son gastos del tribunal. De Jesús Álvarez, reconoció que los datos del tribunal sí están más específicos porque el asesor tiene que someter la factura al tribunal y la recibe el oficial examinador.

A la interrogante de si consideraba que este patrón de gastos de la JCF iba a disminuir, De Jesús Álvarez, indicó que definitivamente no esperaría a que baje. Observó que de los $60 millones anuales que utiliza la Junta para su presupuesto, todavía a Puerto Rico le queda en el tribunal la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la de Fomento Industrial (PRIDCO). Precisó que según el último informe de la JCF, de julio 23, en los próximos meses se deberá ver una entrada de facturas en el Tribunal Federal  por concepto de la negociación de la deuda de la AEE.

El informe de EA revela que los gastos de la JCF en consultoría entre el 2017 al 2023 son: Gastos de los consultores de la JCF, $297,774,055; Gastos de consultores en proceso de Título III, $1,192,798,602, y Gasto en el Oficial Examinador, $9,780,502.

 Mientras, el oficial examinador de las facturas presentadas por los consultores, ascendentes a $1,220,029,476.58, ha recomendado el desembolso de $1,192,798, 602.92, lo que es un 2.2 % menos de lo facturado.

El desembolso por litigio

 El informe de EA presenta que otra forma de visualizar el gasto de la JCF es a base del costo por litigio. Desde el primer caso presentado en el tribunal federal, en mayo del 2017, hasta junio de 2023, se han presentado cinco casos, lo que ha representado un desembolso de $1,192 millones a consultores, asesores y abogados. El costo estimado por pleito es el siguiente: Autoridad de Carreteras, el 3.44 % ($41,004,842), COFINA, el 5.27 % ($62,816,102), Autoridad de Edificios Públicos, el 0.06 % ($768,412), el Gobierno de Puerto Rico, Gobierno Central, el 72.98 % ($870,449,697), la AEE (hasta el momento), el 15.18 % ($181,100,752), y el Sistema de Retiro, el 3.07%, ($36,658,795). En total, el costo agregado estimado alcanza $1,192,798,602.

A la luz del informe de EA sobre el trabajo de la JCF, a la interrogante de si estima que la JCF tenga intención de irse, de Jesús Álvarez respondió que no cree que la Junta vaya a irse debido a que, entre otras cosas, la Junta está proyectando otro déficit tan pronto como para el 2027 y 2028. “Eso nos trae a las preguntas y devuelve al punto de qué datos está utilizando para las proyecciones y análisis. En los nueve planes fiscales han tenido que bajar cuáles son los impactos de esas reformas estructurales que vemos que no están dando resultados. En el próximo plan fiscal vemos que van a retrasarse los efectos de  esa reforma estructural”.

La analista denunció además que “la  Junta  nos deja más preguntas que respuestas. Dentro de este ejercicio (se refiere a su informe) nos cuestionamos el que estas personas que le están diciendo al país que tenemos que implementar medidas de austeridad y ponernos en cintura financiera no hayan sido capaces de tener disciplina fiscal en el ejercicio de la reestructuración de la deuda”.

En esa línea, llama la atención en el informe de EA  que de los  servicios contratados, el 32.19 %, corresponde a asesores financieros y un 21.47 % a firmas de consultoría. En la categoría de asesores financieros, los principales incluyen a Ernst & Young LLP; Citigroup Global Markets, Inc.; Ankura

Consulting Group, LLC, y Deloitte. En el caso de consultores se destacan los siguientes: McKinsey & Company; Alvarez & Marsal North America, LLC; Brattle Group, Inc., y Segal Consulting.

Todos esos nombres son nombres que hemos escuchado antes, pero no quita que haya la pregunta  sobre conflicto de intereses en este momento y si los análisis que hacen estas compañías  responden realmente a los intereses  particulares de los puertorriqueños. “Ahí es donde está la necesidad de que ver esos datos cobra más importancia”, resaltó.

A continuación, gráfica de los 25 principales consultores en el proceso de quiebra:Top de consultores

Top de consultor

 

El junte infernal

 

 Especial para CLARIDAD

 

Durante la campaña electoral del año 2020, el Partido Popular Democrático (PPD), prometió al país, entre otras cosas, que derogaría el Código Electoral aprobado por la Asamblea Legislativa que entonces controlaba el Partido Nuevo Progresista (PNP) y que firmó la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced. Dicho Código había sido objeto de un sinnúmero de críticas de todos los partidos políticos, con excepción del PNP y, a pesar de haber asegurado que no lo firmaría si no existía consenso entre los partidos políticos del País, Vázquez Garced, dio al traste con su promesa y lo firmó. Posteriormente en el cuatrienio, el PPD dio marcha atrás a su palabra y bajo el pretexto de que el gobernador Pierluisi no firmaría un proyecto derogando el Código Electoral, se enfrascó en la discusión de enmiendas cosméticas a dicho Código, las que, igualmente, fueron rechazadas por legisladores del propio Partido Popular, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), del Proyecto Dignidad (PD), del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y de los legisladores independientes, José Vargas Vidot y Luis Raúl Torres. Estas enmiendas no solo esquivaban abordar aspectos medulares que se consideraban necesarios para la más eficaz participación de los partidos en las elecciones y en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), sino que ampliaban las categorías de los electores elegibles para “voto ausente” y “voto adelantado” y ponían en manos de los partidos del bipartidismo el control de las estructuras de la CEE.

La posterior discusión de dichas propuestas llevó a la aprobación de un proyecto de enmiendas al Código Electoral en la que participaron legisladores del Partido Popular, del Proyecto Dignidad, del Partido Independentista Puertorriqueño y de los legisladores independientes, José Vargas Vidot y Luis Raúl Torres. A pesar de que dicho proyecto no contenía el total de enmiendas a las que aspiraban estos legisladores, el proyecto se aprobó y pasó a la firma del gobernador Pierluisi, no sin antes este ser “aconsejado” por el caucus de su partido, de que debía vetarlo. Como era de esperarse, Pierluisi así lo hizo. Ello retrotrajo la discusión a la vigencia del Código Electoral de 2020.

Al margen de esta discusión se dio a conocer la presentación de un pleito incoado por el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, impugnando la constitucionalidad de las disposiciones de los artículos 6.9 y 7.1 del Código Electoral del 2020 que prohíben las candidaturas coligadas y las alianzas electorales, que existieron en el sistema electoral del país, hasta que la mente maquiavélica de Luis Fortuño las prohibió en el Código Electoral de 2011. Ante ello, las reacciones viscerales de los lideres del bipartidismo no se hicieron esperar.  El ex gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, llamó a la posible alianza “una trampa” y el presidente de la Cámara “Tatito” Hernández la llamó “el junte demoníaco”. Los pseudo lideres del PNP, adujeron, demagógicamente, que la alianza conllevaría una ventaja indebida para los partidos MVC y PIP y no hubo quien dejara de azuzar el acecho inminente del comunismo y el castro chavismo.

En el ínterin, se suscitaron también las elecciones de un nuevo presidente del PPD, colectividad que ya se encontraba muy maltrecha, entre otras,  por el pobre trabajo legislativo, la falta de un plan de país, la actitud timorata ante el atraco y la ineficiencia de Luma Energy, la complicidad con el PNP para sellar la privatización de la generación de la energía eléctrica, la firma del plan de ajuste del gobierno central, su complacencia con la incumbencia de la Junta de Control Fiscal que ha representado mayor empobrecimiento del país y un saqueo incontenible de fondos públicos, su indiferencia ante los efectos adversos que vive el país con la implementación de la ley 22, ahora Ley 60, su indolencia ante los abusos cometidos contra la Universidad del Puerto Rico, la crisis del sistema de salud, los hechos cada vez más frecuentes de destrucción de nuestros recursos naturales y los actos de corrupción en los que se vieron involucrados importantes alcaldes de municipios controlados por el PPD.

La lucha por la presidencia del PPD puso de un lado al sector más rancio y colonialista de ese partido, liderado por el presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villaba, Luis Javier Hernández y del otro lado, al representante Jesus Manuel Ortiz quien, aunque no menos colonialista que su adversario, había demostrado la disposición a sostener diálogos serios con las demás colectividades representadas en la legislatura. El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández alineado con Hernández, mantenía una pugna por lo bajo con Ortiz, a quien derrotó para asumir la presidencia de la Cámara de Representantes. Ortiz se alzó con la victoria de la presidencia del PPD, tras un recuento de votos, luego de lo cual se profirieron las consabidas frases: “hay que trabajar para la unidad del partido” y “el partido hay que fortalecerlo”.  Si, Pepe. La lucha de poder estaba casada.

Sorpresivamente, en el primer día de la presente sesión legislativa, el presidente de la Cámara de Representantes, “Tatito” Hernández, aprovechando la oportunidad de que el presidente de su partido, Jesus Manuel Ortiz, también representante, estaba fuera de Puerto Rico, bajó por descargue, sin vistas y sin discusión de clase alguna, unas enmiendas al Código Electoral, entre las cuales incluyó una píldora venenosa, que trastoca la forma y manera en que se postulan y eligen los candidatos por acumulación a la asamblea legislativa. Esta movida, indudablemente, estuvo motivado por la acelerada erosión de la base del PPD, que pone en riesgo la tenencia de escaños en la legislatura, el control del presupuesto y la repartición de contratos a los amigos, familiares y donantes. Amenazados con el recorte de presupuestos, la presidencia de comisiones y la maldición de “Tatito” Hernández, trece otros legisladores se prestaron para esta vil componenda con el PNP, buscando frenar el avance de las fuerzas progresistas que se augura ganarán mayores espacios de poder en las estructuras políticas, poniendo en peligro la hegemonía de una clase política, arcaica, inútil, corrupta e insidiosa.

Aprobado este proyecto perverso en la Cámara de Representantes, el representante del PIP, Dennis Márquez, catalogó el pacto del binomio PNPPPD, como el junte infernal. Ya surgen las voces autorizadas en la materia que han catalogado este proyecto como inconstitucional. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, ha expresado que el mismo será analizado por sus asesores legales. No obstante, al momento de la discusión de este proyecto corresponde a los legisladores del PPD en el Senado, demostrar de qué lado están: si del lado del chanchullo para seguir deslegitimando el sistema electoral ya manoseado por las siniestras maniobras del PNP o del lado de la defensa de un sistema electoral democrático, participativo y justo. Conforme obren, la historia los juzgará.

La autora es Presidenta Movimiento Unión Soberanista

 

 

El desastre de los hospitales y el timo de las aseguradoras

 

ccotto@claridadpuertorico.com

Más allá de las responsabilidades que pueda tener la administración del grupo hospitalario HIMA en su quiebra, hay otros de factores que inciden en que la situación económica de los hospitales sea una “sumamente frágil”, reconoció el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá. Es una situación de múltiples factores estructurales, a nivel macro unas y micro otras, que  han venido pasando desde hace décadas, y algunas que son más recientes y coyunturales, por ejemplo, el huracán María y la pandemia del COVID-19, describió a CLARIDAD el catedrático de la Escuela de Salud Pública, del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), Heriberto Marín Centeno.

El factor macro al que hay que remitirse tiene que ver con la reforma de salud de la década de los 90, ejecutada por el entonces gobernador Pedro Rosselló González, que lo que hizo en esencia fue entregar el sistema de salud a los sectores privados con fines de lucro. En la medida en que se entregó esa “tarjetita”, señaló,  básicamente se entregaron millones de dólares a las aseguradoras privadas para que administraran los fondos de ese plan médico que ha tenido diversos nombres en el transcurso de los años. En la medida en que se privatizaron las instalaciones de salud públicas que eran a nivel municipal, hospitales, centros de salud primario, así como hospitales regionales, en esencia lo que se hizo fue que el sistema de salud, en el cual el Gobierno tenía un rol bien importante como gestor en la parte de gobernanza y el sector privado en la parte de servicios y de proveedor, se le entregó todo al sector privado, a las fuerzas del mercado para parecerse más al modelo de Estados Unidos.

Es obvio que este nuevo modelo generó en el sector hospitalario unas dinámicas y procesos que lo hizo más vulnerable a fluctuaciones del mercado y a los flujos de ganancias y a que también entrara en un proceso de competencia entre ellos. Esta reforma lo que hizo fue  someter al sector de la salud al mercado y reducirle en gran medida al Estado su rol de regulador, de planificación y control sobre los servicios, indicó.

El otro factor macro es que el sector financiero  del sistema de  salud son las aseguradoras, que en su mayoría son privadas con fines de lucro. El catedrático de la Escuela de Salud Pública, que ha hecho investigaciones sobre el desempeño de las aseguradoras, apuntó que este  sector, al adquirir  un poder más grande sobre el sistema, empieza  a exprimir a los proveedores para obtener más ganancias y más fondos para sus gastos administrativos, para ser más rentables. En ese proceso, las ganancias que en última instancia deberían llegar a los proveedores, hospitales, a los centros primarios, etc., se quedan en el bolsillo de las aseguradoras; se le va negando  recursos a los proveedores, que son los que ofrecen los servicios de salud y ayudan a mantener la población saludable. “Ahí hay otro elemento que se va generando dentro de la reforma de salud.  Esos son elementos estructurales”.

El investigador en Salud Pública señaló que hay otros elementos micro que tienen que ver con  la industria hospitalaria, los cuales se relacionan con procesos que se vienen dando hace décadas, igual que en otros países, y es que muchos de los servicios que tradicionalmente se daban en los hospitales debido al  desarrollo tecnológico ahora se ofrecen de   manera ambulatoria. En la medida en que los médicos  pueden hacer procedimientos en sus oficinas y en centros ambulatorios, los  hospitales posiblemente han comenzado a ver sus ingresos disminuidos y muchos han tratado  de compensar eso con sus propios centros ambulatorios dentro del mismo hospital.

La observación de Marín Centeno es que esto también ha provocado que aumente la competencia entre los hospitales. En el caso de Puerto Rico, todo esto se combina con el descenso poblacional en las últimas décadas y con el  envejecimiento de la población. “Todos estos  factores interactúan entre ellos y hace que el modelo de negocios de los hospitales se ponga cada vez más riesgoso, cada vez los márgenes de sobrantes se van reduciendo. Ante eso, muchos hospitales empiezan a tratar de tomar medidas correctivas y, para compensar, tratan de  comenzar a crear cadenas hospitalarias, consolidación de hospitales,  fenómeno que  también se da en Estados Unidos. Aquí  tenemos HIMA San Pablo, Menonita, Pavía, Dr. Center”.

Marín Centeno apuntó a que ese mecanismo que llaman microeconomía de integración horizontal, de entes en diferentes lugares geográficos que  se unen  bajo una estructura corporativa, reduce gastos, pero a su vez impone un límite.

Con la quiebra del Gobierno, ante su falta de capacidad de poder ayudar al sector hospitalario, cada vez más el financiamiento del sistema de salud comenzó a basarse en los fondos federales  y a estar bajo las limitaciones que impone la Junta de Control Fiscal (JCF) de lo que puede hacer el Gobierno. “A eso se le junta la situación última del huracán y la pandemia, donde con la presión hacia el sector de la salud  los hospitales tuvieron que hacer grandes inversiones luego del huracán en planta física, planta eléctrica. Eso afectó a unos  más que otros. Luego, con la pandemia, que sí afectó a todos los hospitales en la medida en que dejaron de recibir ingresos, una de las cosas que hizo el Departamento de Salud  fue cancelar todos los procesos electivos que no eran necesarios. Eso afectó a los hospitales,  a trabajadores y hasta a los pacientes”.

De acuerdo a Marín Centeno, todos estos elementos se juntaron y los hospitales y proveedores, que ya estaban mal debido a que las aseguradoras ya no tenían que pagar las primas y las reclamaciones porque la gente no estaba usando los servicios. La pérdida de pago por reclamaciones médicas aumentó grandemente. “En la medida en que la gente comenzó a usar los servicios comenzaron a fluir los fondos, pero en la medida en que todos esos elementos se juntan viene el efecto micro de las determinaciones equivocadas o desastrosas de los hospitales. Ha salido a relucir en el caso de HIMA, que inclusive dejaron de pagar los descuentos que le hacían a los empleados; eso es un robo”, expresó. A la vez reconoció que es obvio que hay hospitales que han tenido una mejor gerencia y han podido adaptarse mejor y ser más exitosos.  A toda esta dinámica se une que sistemas hospitalarios norteamericanos han comenzado a incursionar en Puerto Rico, por lo que reiteró que son múltiples los factores que han contribuido a la crisis.

El catedrático del RCM mencionó que en los países más avanzados del mundo no va a ocurrir que un hospital cierre, porque el Estado tiene un rol mucho más fuerte. Esto no quiere decir que no se hagan ajustes de ser necesario, pero se hace de manera planificada, se da tiempo a hacer ajustes, no se permite que de momento un hospital quiebre y cierre. Trajo a la atención que se supone que para abrir un hospital se tiene que presentar un estudio que justifique los servicios, que hay una población con necesidades que no se están atendiendo.

A juicio de Marín Centeno, con la reforma de salud, al Departamento de Salud se le quitaron las  herramientas y el poder que tenía para atender estas situaciones. Por otra parte, en el caso de los pacientes del plan de salud del Gobierno, el Plan  VITAL, son ASES y el Comisionado de Seguros los que controlan a las aseguradoras. Señaló que en general el Gobierno tiene que intervenir,  no se puede dejar solo a esos dos entes.

 

 

La burbuja farandulera de los partidos coloniales en Puerto Rico

 

Especial para CLARIDAD

Llevamos semanas, sino meses, registrando temperaturas extremadamente altas, tanto en Puerto Rico como en grandes espacios del Planeta. Los datos publicados por la National Oceanic and Artmospheric Administratrion (NOAA) de los EE.UU. y la Organización de Meteorología Mundial (WMO) de la ONU, indican que el récord de temperatura del Planeta para el mes de julio de 2023 supera por mucho el registro histórico. (https://www.nasa.gov/nasa.gov/press-release/julio-de-2023-fue-el-mes-mas-caluroso-registrado) Tal como pasa con la temperatura del aire también ocurre con las temperaturas oceánicas en todo el Planeta. Según avanza este proceso de calentamiento, con alta certeza este año 2023 se convertirá en el más cálido jamás registrado en la historia por la ciencia moderna. En Puerto Rico la ola de calor desde hace varios meses ha requerido la divulgación por parte del Servicio Meteorológico de la NOAA de Avisos de Calor Extremo para prácticamente toda la Isla, por semanas consecutivas debido al registro de un Índice de Calor (combinación de alta temperatura con alta humedad relativa en el aire) en exceso de 1100F. Esta desagradable y peligrosa sensación de calor plantea un alto riego de seguridad en la salud pública puesto que puede inducir serios problemas metabólicos a toda persona, pero en particular, a los de mayor edad y los que padecen condiciones respiratorias y cardiovasculares. Ese calor excesivo que puede producir, y en efecto ha producido muerte súbita a un número importante de compatriotas. Las autoridades de gobierno recomiendan a los adultos mayores en Puerto Rico (los que conforman el grupo social más empobrecido) a buscar protección en espacios con aire acondicionado. Sin embargo, para muchas familias y compatriotas, protegerse contra el calor, según se recomienda, implica elevar los ya altos gastos de la facturación de la electricidad, lo que en consecuencia trae un proceso de profundización de la condición de la pobreza. Si no se protegen de la ola de calor, corren el riesgo de enfermarse o morir; si se protegen en espacios refrigerados, se le reduce el menguado ingreso de sobrevivencia, lo que puede traer desbalance para la adquisición de alimentos o medicamentos, entre otras instancias.

La situación climática del año 2023 se exacerba con la manifestación del fenómeno El Niño en la región del Océano Pacífico, que en esta ocasión se considera un ‘Súper Niño’. Los científicos han observado que a medida que el calentamiento global progresa, se altera la manifestación de los fenómenos de los ciclos ordinarios de ‘El Niño’ y La ‘Niña’. Ambos fenómenos se están expresando con más frecuencia y, a la vez, más intensos. No parece haber duda de que el disloque en el clima global atribuido al calentamiento del Planeta se está manifestando severamente muchos años antes de lo que los expertos científicos anticipaban, es decir, se nos está reduciendo el tiempo hábil para acordar y adoptar medidas de contingencia de adaptación al cambio en el clima. Esta situación apremiante incide sobre todo el Planeta, incluyendo a nuestro archipiélago caribeño. Mientras el proceso de calentamiento se ha estado acelerando, también se está manifestando un aumento notable en la concentración del CO2 en la atmósfera producto de la incontrolada quema de combustibles fósiles. En otras palabras, se acelera y profundiza el calentamiento global y, concurrentemente, se mantiene la tendencia de aumento en la quema de combustibles fósiles para generar electricidad y para sostener la movilidad del transporte terrestre, aéreo y marítimo. Hemos construido, como especie, y estamos acelerando, un ciclo vicioso con resultados potencialmente catastróficos. Se está calentando tanto la atmósfera como los océanos a niveles sin precedente desde que existe la especie humana en este Planeta.

Desde hace décadas la comunidad científica de expertos en clima y oceanografía nos han alertado sobre las complicadas consecuencias del calentamiento global. Entre otros cambios y alteraciones, destacan el desarrollo de extensas olas de calor, de intensas y extensas sequías, de una alta incidencia de inundaciones severas, del desarrollo e impacto de huracanes y tormentas tropicales, del alza continua y acelerada del nivel promedio del mar con consecuencias de erosión costera e inundación permanente de los terrenos de baja elevación en el litoral. Así también anticipan los expertos un aumento en la incidencia y extensión geográfica de enfermedades infecciosas, en particular las que transmiten las diversas especies de mosquitos. Estas anomalías climáticas alteran la estructura y el funcionamiento ecológico de hábitats acuáticos y terrestres esenciales para todas las formas de vida que traen como consecuencia pérdida en la productividad de suelos y ambientes acuáticos esenciales para la alimentación humana y de otras especies de animales. Estos trastornos añaden la calamidad adicional de un acelerado proceso de extinción permanente de múltiples especies de plantas y animales. Nos han alertado los expertos que, si este proceso se sostiene por algunas décadas adicionales, no será viable la convivencia y bienestar de la civilización humana tal como la conocemos y anhelamos para nuestros hijos, nietos y generaciones futuras.

Entre todas las manifestaciones que el calentamiento del Planeta muestra en el año 2023 en curso, deseo destacar al menos uno que ha reclamado la atención de la comunidad internacional. Este se relaciona con los incendios forestales que están ocurriendo en Canadá desde marzo de este año. Dichos incendios han afectado a las 13 Provincias de esa nación y, hasta el 26 de agosto del año corriente, han afectado a 36,739,000 de acres. Ordinariamente en décadas recientes Canadá tenía una tasa de incendios anuales de cerca de 6.3 millones de acres, lo que indica que en el presente año la incidencia de estos eventos ha aumentado en cerca de 600%. A esta fecha del 26 de agosto de 2023 se habían identificado 5,937 sitios con incendios forestales, de los cuales, al momento que escribimos, 1,039 siguen activos y, entre estos, 675 están “fuera de control”. Los incendios en Canadá están añadiendo cantidades extraordinarias de gases de invernadero, en particular de CO2, y de esta forma se acelera el calentamiento del Planeta que produce, a su vez, más sequía y, eventualmente, nuevos y más extensos fuegos forestales en ese país y en otras latitudes del Mundo. Los actuales fuegos en las Provincias canadienses, además, han estado contaminando la atmósfera con material particulado y compuestos químicos potencialmente tóxicos. Con la fortaleza y la dirección del viento sobre Canadá, el aire contaminado se ha desplazado sobre grandes regiones del norte y este de los EE.UU.. Para principios de junio 2023, la presencia de estos gases en el aire que respira la población del noreste estadounidense alcanzó niveles de insalubridad lo que produjo la paralización por algún tiempo de muchas de las actividades sociales y económicas en la ciudad de Nueva York (capital financiera global) y urgencias de salud pública que requirió tratamiento médico a miles de personas en la ciudad. (https://edition.cnn.com/2023/06/06/us/new-york-air-pollution-canada-wildfires-climate/index.html) (https://energyandcleanair.org/record-breaking-pm2-5-pollution-levels-in-nyc-in-early-june-2023-regular-occurrence-in-over-350-cities-worldwide/) Según se mantenga la tendencia del disloque en el clima, los fuegos en Canadá, tal como está ocurriendo también en el oeste de los EE.UU., dejarán de ser eventos extraordinarios para expresarse de forma recurrente más ordinaria.

La atención a la problemática arriba planteada del acelerado proceso de calentamiento global y la necesaria adaptación que las comunidades y países deben implantar a esos efectos, ha estado en la agenda de discusión científica y política internacional por más de 30 años. Institucionalmente el gobierno de Puerto Rico ha estado ausente de esos procesos deliberativos con la limitada excepción de la presencia de observadores en la importante Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (COP21) celebrada en París en el 2015. Es muy poca la actividad que observo que se ha hecho por las estructuras legislativas y ejecutivas gestionadas por más de 60 años por los partidos coloniales los que en las últimas décadas han abrazado y practicado la ideología neoliberal de la administración pública y de la gestión de gobierno. Las limitadas iniciativas que se han realizado hasta el tiempo presente han sido básicamente ejercicios conceptuales carentes de compromiso y capacidad de implantación y de transformación de la actividad económica y social para que resulte coherente con la protección del ambiente y la naturaleza y a su vez se ejecute en correspondencia con los cambios y transformaciones que el calentamiento del Planeta y el cambio en el clima están exigiendo. Uno y otro partido colonial se mantienen entretenidos en la burda búsqueda de acceder y mantener el poder político para el control del presupuesto gubernamental, pero ninguno muestra capacidad, sensibilidad y compromiso para la respuesta estructurada que, como País, debemos dar a la apremiante situación que nos impacta como al resto del Planeta. Esos partidos políticos, que operan como clubes privados, con membresías de exclusividad de las elites que los administran y de las que los sostienen financieramente están en pugna constante para perpetuarse en el control del gobierno. Visualizo a estos grupos de dirigentes encerrados en una especie de cápsula o de burbuja impermeable donde comparten estilos de vida, visiones y valores que no se diferencian de las distintas expresiones de las farándulas artísticas.

Con frecuencia se alude a que los individuos y organizaciones que ostentan y administran el poder público operando desde un habitáculo hermético con relativa aislación del entorno exterior y de ahí la frase “Los poderosos viven en una burbuja de impunidad”. La metáfora resulta frustrante y, en alguna medida, ayuda a explicar la enajenación prevalente de los individuos y políticos electos y los que designan para cargos ejecutivos que en su quehacer ministerial y gestiones partidistas aluden a un Puerto Rico que no existe en la realidad concreta. Actúan y articulan discursos de propaganda electoral aludiendo a una realidad material y política que no corresponde con las grandes carencias, dificultades existenciales, emocionales e incertidumbres ante un futuro turbulento colmado de riesgos y desesperanzas. Ignorantes e insensibles a la injusticia social y económica que se profundiza aceleradamente, administran loa haberes y bienes públicos con una óptica sesgada a favorecer a pequeños grupos de empresarios y profesionales que se lucran desproporcionadamente de la riqueza colectiva desatendiendo la responsabilidad de actuar coherentemente para robustecer el servicio e interés público. Y esta enajenación de nuestra realidad nacional también se manifiesta en una apatía a los fenómenos globales ambientales que aceleradamente están desajustando la estructura y funcionamiento social de grandes grupos humanos.

En la agenda del activismo social y político se hace indispensable, ciertamente urgente, el que se rompa la “burbuja” que alberga a estos dirigentes enajenados, se drene la escoria que los acompaña y los nutre mediante soborno y con actividades corruptas. Muchos de esos individuos pululan en esos espacios cerrados e inmersos, viviendo y actuando en un “medio de cultivo”, un “caldo existencial”, nutrido con visiones y actitudes denigrantes y paralizantes que los incapacitan para llevar a cabo la gestión de respuesta a las circunstancias que amenazan y empobrecen nuestro presente y futuro. Urge democratizar la gestión gubernamental, urge profesionalizar la prestación de servicio público, urge desarrollar una agenda de Proyecto de País que corresponda con todas las exigencias del tiempo presente: conciencia sobre la problemática ambiental global, justicia social y económica y soberanía política para todo el Pueblo para ejercer estas funciones de forma más eficaz. Trabajemos colectivamente para esa nueva agenda de País.