Especial para CLARIDAD
Durante la campaña electoral del año 2020, el Partido Popular Democrático (PPD), prometió al país, entre otras cosas, que derogaría el Código Electoral aprobado por la Asamblea Legislativa que entonces controlaba el Partido Nuevo Progresista (PNP) y que firmó la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced. Dicho Código había sido objeto de un sinnúmero de críticas de todos los partidos políticos, con excepción del PNP y, a pesar de haber asegurado que no lo firmaría si no existía consenso entre los partidos políticos del País, Vázquez Garced, dio al traste con su promesa y lo firmó. Posteriormente en el cuatrienio, el PPD dio marcha atrás a su palabra y bajo el pretexto de que el gobernador Pierluisi no firmaría un proyecto derogando el Código Electoral, se enfrascó en la discusión de enmiendas cosméticas a dicho Código, las que, igualmente, fueron rechazadas por legisladores del propio Partido Popular, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), del Proyecto Dignidad (PD), del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y de los legisladores independientes, José Vargas Vidot y Luis Raúl Torres. Estas enmiendas no solo esquivaban abordar aspectos medulares que se consideraban necesarios para la más eficaz participación de los partidos en las elecciones y en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), sino que ampliaban las categorías de los electores elegibles para “voto ausente” y “voto adelantado” y ponían en manos de los partidos del bipartidismo el control de las estructuras de la CEE.
La posterior discusión de dichas propuestas llevó a la aprobación de un proyecto de enmiendas al Código Electoral en la que participaron legisladores del Partido Popular, del Proyecto Dignidad, del Partido Independentista Puertorriqueño y de los legisladores independientes, José Vargas Vidot y Luis Raúl Torres. A pesar de que dicho proyecto no contenía el total de enmiendas a las que aspiraban estos legisladores, el proyecto se aprobó y pasó a la firma del gobernador Pierluisi, no sin antes este ser “aconsejado” por el caucus de su partido, de que debía vetarlo. Como era de esperarse, Pierluisi así lo hizo. Ello retrotrajo la discusión a la vigencia del Código Electoral de 2020.
Al margen de esta discusión se dio a conocer la presentación de un pleito incoado por el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, impugnando la constitucionalidad de las disposiciones de los artículos 6.9 y 7.1 del Código Electoral del 2020 que prohíben las candidaturas coligadas y las alianzas electorales, que existieron en el sistema electoral del país, hasta que la mente maquiavélica de Luis Fortuño las prohibió en el Código Electoral de 2011. Ante ello, las reacciones viscerales de los lideres del bipartidismo no se hicieron esperar. El ex gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, llamó a la posible alianza “una trampa” y el presidente de la Cámara “Tatito” Hernández la llamó “el junte demoníaco”. Los pseudo lideres del PNP, adujeron, demagógicamente, que la alianza conllevaría una ventaja indebida para los partidos MVC y PIP y no hubo quien dejara de azuzar el acecho inminente del comunismo y el castro chavismo.
En el ínterin, se suscitaron también las elecciones de un nuevo presidente del PPD, colectividad que ya se encontraba muy maltrecha, entre otras, por el pobre trabajo legislativo, la falta de un plan de país, la actitud timorata ante el atraco y la ineficiencia de Luma Energy, la complicidad con el PNP para sellar la privatización de la generación de la energía eléctrica, la firma del plan de ajuste del gobierno central, su complacencia con la incumbencia de la Junta de Control Fiscal que ha representado mayor empobrecimiento del país y un saqueo incontenible de fondos públicos, su indiferencia ante los efectos adversos que vive el país con la implementación de la ley 22, ahora Ley 60, su indolencia ante los abusos cometidos contra la Universidad del Puerto Rico, la crisis del sistema de salud, los hechos cada vez más frecuentes de destrucción de nuestros recursos naturales y los actos de corrupción en los que se vieron involucrados importantes alcaldes de municipios controlados por el PPD.
La lucha por la presidencia del PPD puso de un lado al sector más rancio y colonialista de ese partido, liderado por el presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villaba, Luis Javier Hernández y del otro lado, al representante Jesus Manuel Ortiz quien, aunque no menos colonialista que su adversario, había demostrado la disposición a sostener diálogos serios con las demás colectividades representadas en la legislatura. El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández alineado con Hernández, mantenía una pugna por lo bajo con Ortiz, a quien derrotó para asumir la presidencia de la Cámara de Representantes. Ortiz se alzó con la victoria de la presidencia del PPD, tras un recuento de votos, luego de lo cual se profirieron las consabidas frases: “hay que trabajar para la unidad del partido” y “el partido hay que fortalecerlo”. Si, Pepe. La lucha de poder estaba casada.
Sorpresivamente, en el primer día de la presente sesión legislativa, el presidente de la Cámara de Representantes, “Tatito” Hernández, aprovechando la oportunidad de que el presidente de su partido, Jesus Manuel Ortiz, también representante, estaba fuera de Puerto Rico, bajó por descargue, sin vistas y sin discusión de clase alguna, unas enmiendas al Código Electoral, entre las cuales incluyó una píldora venenosa, que trastoca la forma y manera en que se postulan y eligen los candidatos por acumulación a la asamblea legislativa. Esta movida, indudablemente, estuvo motivado por la acelerada erosión de la base del PPD, que pone en riesgo la tenencia de escaños en la legislatura, el control del presupuesto y la repartición de contratos a los amigos, familiares y donantes. Amenazados con el recorte de presupuestos, la presidencia de comisiones y la maldición de “Tatito” Hernández, trece otros legisladores se prestaron para esta vil componenda con el PNP, buscando frenar el avance de las fuerzas progresistas que se augura ganarán mayores espacios de poder en las estructuras políticas, poniendo en peligro la hegemonía de una clase política, arcaica, inútil, corrupta e insidiosa.
Aprobado este proyecto perverso en la Cámara de Representantes, el representante del PIP, Dennis Márquez, catalogó el pacto del binomio PNPPPD, como el junte infernal. Ya surgen las voces autorizadas en la materia que han catalogado este proyecto como inconstitucional. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, ha expresado que el mismo será analizado por sus asesores legales. No obstante, al momento de la discusión de este proyecto corresponde a los legisladores del PPD en el Senado, demostrar de qué lado están: si del lado del chanchullo para seguir deslegitimando el sistema electoral ya manoseado por las siniestras maniobras del PNP o del lado de la defensa de un sistema electoral democrático, participativo y justo. Conforme obren, la historia los juzgará.
La autora es Presidenta Movimiento Unión Soberanista
