CLARIDAD
Hasta el presente, la Junta de Control Fiscal (JCF) le ha gastado al pueblo de Puerto Rico $1,500,353,160.07 en el proceso general de la quiebra del Gobierno. Esta cifra significa que la Junta se ha ido cuatro veces por encima de los $370 millones que había presupuestado originalmente la Oficina de Contabilidad General, (GAO, en inglés) del Congreso de Estados Unidos al aprobar la llamada Ley PROMESA.
El estimado de cuánto ha gastado la JCF fue revelado por el estudio Tus asesores, tus chavos, de la analista de política pública de la organización Espacios Abiertos, Wilmarí de Jesús Álvarez. El estudio fue dado a la luz pública en días recientes.
En entrevista con este medio, de Jesús Álvarez señaló que cuando el GAO hizo el análisis de la medida, comparó que en la quiebra de Detroit se fueron $170 millones en el proceso completo de la reestructuración. Para Puerto Rico, el GAO estimó que en los próximos 10 años a partir de 2016 a 2017 el proceso debería costar al final $370 millones. En los primeros dos años serían $350 millones y luego la operación administrativa de la JCF debería ser de $5 millones por cada año hasta que se terminase de darse el proceso.
De Jesús Álvarez señaló que ese estimado, a pesar de que la JCF en el 2017 en su plan fiscal certificado para el Gobierno de Puerto Rico hacía mención de que el costo de la reestructuración iba a ser $370 millones, no ha vuelto a ser mencionado. No es hasta el 2022 donde la Junta sí dice que había gastado hasta el momento $1,200 millones y hace una distribución de los gastos. Luego dice en otro estimado que la reestructuración les iba a costar al final del día $1,600 millones.
La analista apuntó que a Espacios Abiertos le llama mucho la atención que para todo ese dinero de $1,500 millones que se está gastando dónde están los datos e información que justifican el trabajo que se está haciendo, cómo se llegó a las decisiones de la reestructuración de la deuda y con qué información se tomaron las decisiones de la reestructuración de la deuda que ya cerraron y que se ha visto que ha tenido y tendrá consecuencias por los próximos 40 años. En su estudio EA incluye una extensa lista de todos los documentos que le solicitó a la JCF, quien les contestó que no se los iba a proporcionar ya que a ella no le aplicaba la ley de Transparencia Gubernamental.
A esos efectos, los documentos que se usaron en el informe son todos documentos públicos, a los que se puede acceder mediante la página del Tribunal Federal (Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico). Otra fuente son los informes mensuales y anuales de la JCF, además de los contratos que publica, aunque hay años, por ejemplo, del 2017 y 2018, en que se tiene el número agregado de lo que han gastado, pero no hay el detalle de a quién se le pagó. En ese caso, EA tuvo que ir a ver qué consultoría fue, pero tampoco esto está contenido en los informes, incluso en los informes de años subsiguientes, excepto el del 2023, que se puede ver el desglose, pero no se dice exactamente qué fue lo que hicieron, el asesor o consultor. Habría que ir al contrato para ver en qué se estaba trabajando.
En sus informes, la JCF habla de consulta y asesoría. EA definió consultores como todos aquellos que proveen algún servicio de asesoría financiera, asesoría per se, que están identificados como consultores, o asesores o trabajo legal realizado. Se identificó que de los gastos de $1,500 millones, $1,190 aproximado son gastos del tribunal. De Jesús Álvarez, reconoció que los datos del tribunal sí están más específicos porque el asesor tiene que someter la factura al tribunal y la recibe el oficial examinador.
A la interrogante de si consideraba que este patrón de gastos de la JCF iba a disminuir, De Jesús Álvarez, indicó que definitivamente no esperaría a que baje. Observó que de los $60 millones anuales que utiliza la Junta para su presupuesto, todavía a Puerto Rico le queda en el tribunal la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la de Fomento Industrial (PRIDCO). Precisó que según el último informe de la JCF, de julio 23, en los próximos meses se deberá ver una entrada de facturas en el Tribunal Federal por concepto de la negociación de la deuda de la AEE.
El informe de EA revela que los gastos de la JCF en consultoría entre el 2017 al 2023 son: Gastos de los consultores de la JCF, $297,774,055; Gastos de consultores en proceso de Título III, $1,192,798,602, y Gasto en el Oficial Examinador, $9,780,502.
Mientras, el oficial examinador de las facturas presentadas por los consultores, ascendentes a $1,220,029,476.58, ha recomendado el desembolso de $1,192,798, 602.92, lo que es un 2.2 % menos de lo facturado.
El desembolso por litigio
El informe de EA presenta que otra forma de visualizar el gasto de la JCF es a base del costo por litigio. Desde el primer caso presentado en el tribunal federal, en mayo del 2017, hasta junio de 2023, se han presentado cinco casos, lo que ha representado un desembolso de $1,192 millones a consultores, asesores y abogados. El costo estimado por pleito es el siguiente: Autoridad de Carreteras, el 3.44 % ($41,004,842), COFINA, el 5.27 % ($62,816,102), Autoridad de Edificios Públicos, el 0.06 % ($768,412), el Gobierno de Puerto Rico, Gobierno Central, el 72.98 % ($870,449,697), la AEE (hasta el momento), el 15.18 % ($181,100,752), y el Sistema de Retiro, el 3.07%, ($36,658,795). En total, el costo agregado estimado alcanza $1,192,798,602.
A la luz del informe de EA sobre el trabajo de la JCF, a la interrogante de si estima que la JCF tenga intención de irse, de Jesús Álvarez respondió que no cree que la Junta vaya a irse debido a que, entre otras cosas, la Junta está proyectando otro déficit tan pronto como para el 2027 y 2028. “Eso nos trae a las preguntas y devuelve al punto de qué datos está utilizando para las proyecciones y análisis. En los nueve planes fiscales han tenido que bajar cuáles son los impactos de esas reformas estructurales que vemos que no están dando resultados. En el próximo plan fiscal vemos que van a retrasarse los efectos de esa reforma estructural”.
La analista denunció además que “la Junta nos deja más preguntas que respuestas. Dentro de este ejercicio (se refiere a su informe) nos cuestionamos el que estas personas que le están diciendo al país que tenemos que implementar medidas de austeridad y ponernos en cintura financiera no hayan sido capaces de tener disciplina fiscal en el ejercicio de la reestructuración de la deuda”.
En esa línea, llama la atención en el informe de EA que de los servicios contratados, el 32.19 %, corresponde a asesores financieros y un 21.47 % a firmas de consultoría. En la categoría de asesores financieros, los principales incluyen a Ernst & Young LLP; Citigroup Global Markets, Inc.; Ankura
Consulting Group, LLC, y Deloitte. En el caso de consultores se destacan los siguientes: McKinsey & Company; Alvarez & Marsal North America, LLC; Brattle Group, Inc., y Segal Consulting.
Todos esos nombres son nombres que hemos escuchado antes, pero no quita que haya la pregunta sobre conflicto de intereses en este momento y si los análisis que hacen estas compañías responden realmente a los intereses particulares de los puertorriqueños. “Ahí es donde está la necesidad de que ver esos datos cobra más importancia”, resaltó.
A continuación, gráfica de los 25 principales consultores en el proceso de quiebra:Top de consultores
