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Reiteran oposición a la canalización del río Piedras

Por
candida-cotto
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CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Las comunidades que bordean el río Piedras reiteraron su oposición a la canalización de este cuerpo de agua. Estas defienden que representa un patrimonio natural y social, tanto para ellas como para el país.

“Mientras el mundo avanza hacia la integración de la naturaleza en la ciudad, nuestro gobierno insiste en desarrollar este proyecto según presentado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE)”, denunció el Comité en Defensa del Río Piedras (CDRP), en conferencia de prensa en días recientes.

A preguntas de CLARIDAD, Bernardo Fiol, miembro del CDRP y residente de University Gardens, informó que las comunidades afectadas radicaron una demanda contra el Municipio de San Juan, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Universidad de Puerto Rico (UPR). Para evitar expropiar casas en Jardines Metropolitanos y la calle 8 de Villa Nevares, que colinda con terrenos del lado norte del Jardín Botánico, el USACE propone hacer un canal de 100 pies de ancho y de 80 a 90 pies de profundidad en esos terrenos de la UPR. Reparó en que los terrenos del Jardín Botánico fueron donados a la Universidad  por la familia Nevárez con el propósito de que se usaran para estudios y siembra, por lo que permitir otro uso violenta esa condición y la UPR perdería su injerencia.

“Pero un día es una cosa y otro día otra”, denunció respecto a las versiones que ha dado el cuerpo de Ingenieros sobre la canalización. De hecho, ya se  han expropiado residencias en Jardines Metropolitanos y en Puerto Nuevo.  En un principio, el USACE habló de la expropiación de 300 viviendas entre las comunidades que bordean la ribera del río. La canalización sería una igual a la que ya se está haciendo en la avenida Roosevelt, frente al Cuartel General, por la que personas que viven a una milla de distancia escuchan el ruido de las máquinas.

A juicio de Fiol, “todo lo que dice el Cuerpo de Ingenieros es mentira”. Expuso que la demanda contra el DRNA responde a que entre las conversaciones que han tenido con el cuerpo militar, este les ha dicho que quien gobierna la obra es el DRNA y que ellos son sus clientes. Según los denunciantes, la excusa del  DRNA para continuar con la canalización es que el proyecto es uno  federal que ya está aprobado.   Las comunidades señalaron que,esta justificación está basada en un estudio de hace 40 años y compararon que ciudades como Seúl, Los Ángeles, Múnich, Ginebra y Singapur han revertido proyectos similares, apostando por restauraciones ecológicas que fortalecen la resiliencia ante el cambio climático, mejoran la calidad de vida y recuperan ecosistemas urbanos.

Por su parte, las comunidades han expuesto que el problema de las inundaciones no es por el río, sino por las alcantarillas. El residente de University Gardens afirmó que en 1994 una compañía de ingenieros demostró que el 70% del alcantarillado de San Juan estaba tapado. Dicho estudio le fue entregado al alcalde de entonces, quien dijo desconocer la situación. Incluso, en una ocasión en que le plantearon al USACE el porqué de no reparar el alcantarillado, la respuesta fue que lo de ellos era canalizar, no reparar, reveló Fiol. Mientras, acondicionar el sistema del alcantarillado pluvial sería una solución más efectiva y sustancialmente menos costosa que la canalización, cuyo presupuesto inicial supera los $1,500 millones de dólares y ya ronda los $2,7 millones.

“El costo económico es solo una parte del problema. Los costos sociales y ambientales de este proyecto son incalculables: pérdida de biodiversidad, deterioro de la calidad de vida y destrucción de un símbolo de resistencia comunitaria. El río Piedras no es únicamente agua que fluye: es vida, memoria y esperanza de un futuro sostenible”, reclamó el Comité en Defensa del Río Piedras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigen paz para el país en medio de remilitarización

Por
adrian rodriguez alicea
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CLARIDAD

 

Múltiples colectividades se dieron cita a la entrada principal de la base militar más grande en el país

Bajo el estruendo de aviones militares que despegaban y aterrizaban en la pista aérea de la base Roosevelt Roads, distintos grupos acudieron, el sábado pasado, al llamado de Madres contra la Guerra para expresar su rechazo a la reocupación militar del país.

Para Sonia Santiago Hernández, fundadora de la organización, la milicia “adormeció” sus actividades en Puerto Rico luego de las manifestaciones que desembocaron en la salida oficial de la Marina en Vieques y Ceiba. Empero, la líder arguye que la huella y presencia del ejército persisten en varias partes del archipiélago.

“Tenemos una nefasta historia. De Puerto Rico, salieron a ocupar a Guatemala en el 54, que sacaron a Jacobo Árbenz, que era un presidente democráticamente electo, solamente porque él quería hacer una reforma agraria… Definitivamente, la reocupación activa de todas estas instalaciones lo que denota es la bota del imperialismo estadounidense en Puerto Rico”, declaró Santiago Hernández a CLARIDAD.

Del mismo modo, la activista recordó los intereses económicos que siempre rigen los conflictos geopolíticos de los Estados Unidos, como la narrativa actual de que Venezuela opera, bajo la presidencia de Nicolás Maduro Moros, como un narcoestado. Ante ese cuadro, Santiago repudió los intereses que han impulsado a EE. UU. a librar guerras contra países como Venezuela e Irán bajo pretextos falsos.

“Las mentiras y patrañas que dijeron cuando mi hijo estuvo en la guerra de Irán, de que supuestamente iban a salvar vidas porque Irán tenía armas de destrucción masiva, resultaron totalmente falsas. No había tal cosa como armas de destrucción masiva. Y ahora, en Venezuela, tenemos una situación de que supuestamente hay drogas. Mentiras. Lo que está pasando en Venezuela es exactamente lo que pasó en Irán”, continuó Santiago Hernández.

Con relación a la intervención estadounidense en América Latina, Madres contra la Guerra coincidió con Trabajadores y Estudiantes Comunistas por el Cambio Social (TECC), quienes recordaron “el largo historial” injerencista de los EE. UU. en todo el mundo. Particularmente, sostuvo la organización, en la región que considera su “patio trasero”.

“Como un intento de preservar y salvar al imperio en decadencia, se ven obligados una vez más a recurrir a estas tácticas de intimidación neofascista y de ocupación, exponiendo así su verdadera cara de hipocresía con su doble moral y su supuesta lucha por la democracia, que no es otra cosa que defender los intereses exclusivos de las empresas norteamericanas”, expresaron por escrito.

Además de petróleo, Madres contra la Guerra destacó la riqueza mineral que subyace en el suelo venezolano, recursos que nutren la industria armamentista estadounidense. De acuerdo con otros manifestantes, es el mismo apremio de los EE. UU. por materia prima que acaba saldando terrenos polucionados, como Roosevelt Roads.

Entre otros efectos, el grupo recordó que las bases militares como Roosevelt Roads o Ramey  –en Ceiba y Aguadilla, respectivamente– contaminaron la tierra donde operaron con mercurio, plomo, solventes industriales, explosivos y asbesto. Cada uno de estos químicos o materiales puede aumentar la incidencia de cáncer, provocar daños neurológicos, complicaciones durante embarazos y se percolan a los humedales y acuíferos de la zona.

“Dañando las tortugas marinas, llegando hasta el océano, dañando toda la vida marina. Cuando la gobernadora dice que no hay problema, de que a las aves y anfibios no les hacen daño, ella miente. Tenemos que denunciar esta situación, que no es otra cosa que una preparación bélica. Hay que denunciar también la guerra psicológica que han declarado en el Caribe, asesinando a más de 80 personas inocentes. Decimos inocentes porque existe la presunción de inocencia”, agregó Santiago Hernández.

Piquete en Roosevelt Roads. Fotos suministradas por el autor

Y sobre las decenas de cabezas que coreaban, al son de bongós, cencerros y maracas, consignas como “No vendrán a los jóvenes alistar”, “Si quieren aventurar, que se acuerden de Vietnam”, tres aviones militares tronaron por entre el cielo nublado, irrumpiendo, de acuerdo con los manifestantes, los patrones migratorios de las aves locales. Poco después, una llovizna acompañó a los truenos armados.

A modo de paliación, Madres contra la Guerra exige:

  1. El cese inmediato del uso de Puerto Rico como plataforma para intervenciones militares, incluyendo cualquier preparación ofensiva contra Venezuela u otro país soberano.
  2. Transparencia absoluta en todas las operaciones militares, incluyendo una explicación pública del cierre del espacio aéreo entre Vieques y Ceiba.
  3. La publicación inmediata de todos los estudios ambientales actualizados sobre la contaminación en Roosevelt Roads.
  4. La remediación completa de suelos, aguas subterráneas y ecosistemas afectados.

“Puerto Rico nunca le ha declarado la guerra a ningún país, sin embargo, más de 200,000 boricuas han guerreado en guerras estadounidenses. A los militares les exhortamos a acogerse a la objeción por conciencia, derecho legal. Les podemos orientar. Más de 1,000 han muerto en esas guerras”, aseveró la colectividad.

Por su parte, el portavoz de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE) Armando Pérez se opuso a que los jóvenes del sistema de educación –sobre todo los que cursan su undécimo o duodécimo grado– sirvan de “carne de cañón” para la milicia estadounidense. “Tenemos que hacerles conscientes de que Puerto Rico es un blanco de ataque. Tenemos que combatir la mentira de Jenniffer González cuando indicó que con qué Maduro va a atacar, que si con yolas. Hay que decir la verdad, que Venezuela tiene mucho más que yolas. Tienen un ejército poderoso, un ejército bien armado, bien entrenado. Una milicia con siete millones de venezolanos”, advirtió el educador.

El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano secundó el mensaje de UNETE. Poco antes de concluir la manifestación, el poeta Luis Torres declamó unos versos ante las pancartas y banderas.

Todas las organizaciones quedaron convocadas, de nuevo, para rechazar la remilitarización en un piquete fechado para el 17 de enero. Aún se discute la ubicación.

 

 

 

Revisan nuevamente el código electoral

Por
candida-cotto
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CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Parece que el Partido Nuevo Progresista (PNP), todavía no se encuentra cómodo con los Código Electorales que el mismo ha aprobado desde el 2011. En el 2011 aprobó un Código Electoral, en el 2019, volvió hacer cambios para las elecciones del 2020. Luego en el 2020 hizo cambios para las elecciones del 2024 y ahora pretende cambios para las elecciones del 2028.

Una vez mas el Código Electoral está sujeto a revisión ante una Comisión Conjunta de Senado y Camara, mediante el proyecto del Senado, PS 717, de la autoría del presidente de Thomas Rivera Shatz.

En la reciente vista celebrada este lunes 15 de diciembre el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciado Roberto Iván Aponte Berríos, en su deposición ante la comisión, planteó que en efecto los fallos evidentes en las elecciones del 2020 y 2024, podrían ser señal de una enorme fisura en la institucionalidad del ordenamiento electoral de Puerto Rico. En contraste señaló que en la década del ’80 se dio un proceso de un código electoral, estructurado y bien pensado que resultó en una reforma que por casi tres décadas brindo estabilidad al ente electoral.

“Sin embargo, a partir de la primera década del siglo XXI, la corriente del proceso electoral en Puerto Rico ha sido la de tratar de eliminar o limitar la participación fiscalizadora de los partidos de minorías dentro del ente electoral y perpetuar el bipartidismo ya debilitado”.

El comisionado electoral del PIP llevó a la atención además la injerencia de la Junta de Control Fiscal (JCF) la cual llamó “malévola”, al propulsar la reducción del presupuesto lo que ha redundado en una operación ineficiente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

En esta ocasión el Comisionado Electoral del PIP presentó que la discusión de una nueva ley electoral debería atender 12 puntos que van desde los requisitos de inscripción hasta la veda electoral.

El primer asunto que llevó a la atención fue; que los requisitos de inscripción y retención de franquicia electoral se establezcan en la CEE en igualdad de condiciones sin distinción ni clasificación alguna.

El segundo que se restablezca el balance electoral con representación de todos los partidos en la toma de decisiones en oficinas “neurálgicas” de la CEE como lo son; OSIPE, Secretaria (JES, Exclusiones y las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), Planificación, la JAVA (Junta Administrativa del Voto Ausente), Operaciones Electorales y las JIP (Juntas de Inscripción Permanentes). Señaló el comisionado Electoral del PIP que en el CE del 2020 se sustituyó el concepto de junta de balance, por junta de balance institucional, con el único propósito de afianzar el bipartidismo y eliminar la fiscalización de las minorías.

Tercero que la solicitud del voto adelantado se haga solo por medio de la plataforma electrónica de JAVA, con lo que se cumpliría con la política pública de cero papeles en los procedimientos de la CEE que exige el actual CE.

Un cuarto asunto es que todos los partidos con franquicia electoral participen en igualdad de condiciones, derechos, y de manera continua en todos los procesos de la CEE.

Quinto atender la propuesta del PIP, presentada en la CEE a que se utilicen como centros de votación, instalaciones como coliseos y canchas céntricas, las cuales son cómodas, tienen estacionamiento y se pueden ubicar un número considerable de máquinas.

En sexto asunto es que se elimine el poder absoluto del presidente de la CEE en los asuntos neurálgicos de la toma de decisiones administrativas.

Le sigue como séptimo asunto que se establezca un procedimiento claro de nombramiento y sustitución del secretario de la CEE que cuente con el consentimiento unánime de los comisionados electorales. Esta oficina se indicó maneja, custodia, certifica y toma juramento de los documentos que circulan en la CEE.

Se señala como octavo asunto el que se establezcan controles de un máximo razonable para los nombramiento de los empleados por destaque, de otras agencias del gobierno. Se denunció que en las elecciones del 2020 y 2024, el PNP reclutó a cientos de personas lo que creó una desigualdad con respecto a los otros partidos tanto en el día e las elecciones como en el escrutinio.

El noveno asunto es que se restituya el concepto de candidaturas y partidos colegiados en respuesta a los reclamos ciudadanos de mas opciones electorales. Esto fue eliminado en la revisión del CE en el 2020.

El punto diez es que se elimine la papeleta presidencial, en la que se vota por el presidente de EE UU y por último (12) que se acoja la propuesta del PIP de que la veda electoral se extienda durante todo el, cuatrienio, no solo al año electoral.

Censuran postura del Departamento de Justicia

Por su parte los portavoces del PIP que participan de la Comisión Conjunta, senador Dennis Márquez Lebrón y el representante Adrian González Costa, describieron la postura del Departamento de Justicia sobre los cambios propuestos como una alarmante. El PIP señaló que tras un intenso interrogatorio durante la vista la Secretaria no pudo aclarar la postura esbozada en su memorial explicativo del DJ donde manifestó que la nueva composición de Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) amplía la participación de los partidos.

“La Secretaria aceptó que no debieron utilizar el verbo “ampliar”. Sin embargo, luego de también reconocer que el lenguaje propuesto no ampliaba la representación de los partidos, sino que sugiere lo contrario, reiteraron su apoyo a la medida”, afirmaron en comunicado de prensa los legisladores del PIP.

Aclararon que el actual CE permite que todos los partidos con representación en la CEE participen durante todo el proceso del voto adelantado y ausente en sus diferentes modalidades. Sin embargo, el lenguaje propuesto por el Presidente del Senado, a través del PS 717, limita la participación de los otros partidos en el manejo de las solicitudes y escrutinio de votos, como el controversial voto por correo, a 50 días previos a las elecciones.

Añadieron que el lenguaje de la medida propone que el PNP y el Partido Popular Democrático (PPD) manejen los procesos de voto adelantado y ausente, sin fiscalización, transparencia ni balance partidista hasta septiembre del año electoral.

Además de favorecer los cambios sobre el voto ausente, el DJ favoreció los cambios concernientes a los requisitos para su solicitud , y el proyecto PS 717 en general.

Victoria Ciudadana rechaza el proyecto

Por su parte el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC)  expresó su rechazo al proyecto y exigió a que se convoque a un proceso participativo, transparente y representativo de todas las fuerzas políticas y sectores del país para la creación de una nueva ley electoral.

La coordinadora general del MVC, licenciada Eva Prados atribuyó que la Comisión, “no parece buscar el fortalecimiento de la democracia en Puerto Rico, sino garantizar ventaja política al partido en el poder. Son simples modificaciones a un Código Electoral obtuso, para acomodar las reglas a la conveniencia del partido de turno en el gobierno.”

“Nos dimos a la tarea de analizar el Código Electoral y la operación de la CEE en Puerto Rico, a la luz de los estándares internacionales y llegamos a la conclusión de que tenemos un sistema electoral con serias debilidades estructurales que afectan su confiabilidad, la equidad y la legitimidad. La situación es urgente y el sistema está profundamente cuestionado, no solo por partidos políticos y candidatos/a, sino por el propio electorado, como señalan los datos de tendencia de la participación electoral”, afirmó.

 

De la inseguridad a la autosuficiencia agrícola

Por
nelson alvarez febles
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Especial para CLARIDAD

Después del huracán María fuimos testigos de las góndolas vacías en los supermercados, cada vez que hay problemas con los barcos que nos traen los alimentos de Estado Unidos temblamos, y las amenazas de los cierres del gobierno federal por las peleas entre congresistas son recordatorios alarmantes de la inseguridad alimentaria en la que vivimos, pues a cada rato se nos recuerda que menos del 15% de los alimentos que consumimos son producidos en esta isla fértil de buen clima y condiciones para la agricultura.

Desde hace más de 5000 años los habitantes de nuestro archipiélago nos hemos alimentado básicamente de lo que se produce aquí. Los indios arcaicos sembraban maíz, yuca, batata, ajíes y legumbres. La principal esclavitud de los taínos por parte de los españoles no fue por el oro, sino para que con la producción de sus conucos alimentaran a la población invasora y repusieran las bodegas de los barcos que seguían para la conquista del resto de América, principalmente con el nutritivo pan casabe que se hace de la yuca, que tiene valores nutritivos comparables al pan de trigo. Durante los siglos 16 y 17 fuimos, en los territorios al exterior de la ciudad capital sede del poder colonial, un nodo en el Caribe oriental para el tráfico europeo donde, además de reparar las naves tras las travesías atlánticas, se recogiera agua, carne en los montes a partir de ganado montuno, y comida de la agricultura local. Hacia finales del s.19 Puerto Rico era esencialmente auto suficiente a nivel agroalimentario, y había una incipiente industrialización de alimentos. Durante la primera mitad del s.20 continuamos produciendo alimentos: por ejemplo, para el 1939 aquí se produjo el 65% de los alimentos consumidos por dos millones de habitantes, mientras la Isla exportaba azúcar, café y tabaco.

El descenso en la producción de alimentos a partir de los años cincuenta no ha sido el resultado de la falta de recursos naturales, tecnologías agrarias pobres o una población ignorante e enfermiza, como se ha pretendido convencernos. Las investigaciones recientes van develando una historia de políticas públicas que han favorecido las importaciones desde Estados Unidos y otros países, la alta dependencia de estructuras de importación que imponen el uso de la marina mercante estadounidense, la dependencia de uno o dos puertos de salida para casi todos los alimentos que nos llegan, el control por un puñado de importadores y cadenas de supermercados sobre qué se vende y la calidad de nuestros alimentos, y prácticas y políticas agrarias que, a pesar de los billones de dólares que se invierten en la agricultura, no han logrado en décadas aumentar la cantidad ni mejorar la calidad de nuestra producción.

Si a lo anterior unimos las periódicas crisis provocadas por los huracanes u otros eventos climáticos y la pobreza de casi la mitad de nuestra población, tenemos servida la inseguridad alimentaria nacional. Para lograr una seguridad alimentaria se necesita, según los organismos internacionales, contar con alimentos en cantidad y calidad suficiente para cada persona en Puerto Rico, a través de todo el año. En Puerto Rico eso se pretende mediante la importación de alimentos, no a través de la producción local.

El Plan de uso de terrenos (PUT), aprobado por ley en el 2015, separó más de 600,000 cuerdas para la agricultura, una cuarta parte del territorio de archipiélago boricua. Sostenemos que en esas tierras se podría producir alimentos para cubrir más de dos tercera partes de nuestras necesidades, priorizando una alimentación parecida a la que ha sido la dieta tradicional puertorriqueña, con uso de carbohidratos como arroz, viandas y maíz, frutas y vegetales adaptados a nuestros clima y suelos, y un 20 porciento de alimentos de origen animal. Las epidemias de diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares nos demuestran que la dieta actual -con latos contenidos de carbohidratos sencillos, productos cárnicos de segunda y mucho alimentos procesados- definitivamente no es la mejor.

En Puerto Rico hay una gran cantidad de personas, especialmente jóvenes, con ganas de meterle mano a la agricultura, pero una agricultura basada en manejos inteligentes, economía viables y respeto a la naturaleza: deberíamos hacer la tierra accesible, así como todo el andamiaje de subsidios y servicios que en la actualidad van mayoritariamente a los grandes productores agroindustriales del País. Según datos de la Organización para la agricultura y la alimentación de la ONY (la FAO), las fincas familiares pequeñas y familiares son netamente más productivas y gestionan mejor los recursos naturales que la agricultura industrial.

Sugerimos que las políticas públicas futuras se basen en la seguridad alimentaria, mientas el país se mueve haciauan autosuficiencia alimentaria, basada en la soberanía alimentaria. En primer lugar, declarar que la alimentación es un derecho humano básico. Promover la producción mediante sistemas diversificados, de base rural y agricultura familiar campesina. Afirmar que tenemos el derecho a definir nuestras propias políticas agroalimentarias. Afirmar el respeto de la naturaleza, intergeneracional y de género.

Puerto Rico cuenta con los recursos naturales de suelo, agua y clima, la infraestructura, el capital, una juventud preparada, el mercado, las técnicas, la capacidad empresarial y el respaldo público necesarios para comenzar a crear una agricultura ecológica y moderna capaz de producir eficientemente alimentos de calidad, de manera ecológica y sostenible. Más allá de la actual ausencia de soberanía nacional, muchas de las propuestas que siguen podrían comenzar a implementarse desde la actual situación colonia:

  1. Controlar las importaciones y el comercio para establecer:
  • Calidad de los alimentos.
  • Presencia y niveles residuales de productos químicos tóxicos.
  • Cumplimiento en los países exportadores de las normas internacionales de derechos del trabajo y otros tratados.
  • Protección de producción nacional.
  • Diversificar las exportaciones y las importaciones, tanto en cuanto rubros como en destinos.
  • Eliminar las leyes de cabotaje que obligan al uso de la marina mercante norteamericana, que es la más cara.
  1. Políticas impositivas para respaldar la agricultura ecológica y sustentable:
  • Impuestos a la contaminación ambiental según nivel de toxicidad de productos y tecnologías utilizados.
  • Impuestos según nivel de impacto y daño a los recursos naturales importantes para la agricultura: agua, aire, suelo, biodiversidad.
  • Impuestos según el nivel de la carga de carbono de la actividad agrícola y producción de alimentos: gasto de combustibles fósiles (mecanización, transporte, almacenamiento), uso de abonos y derivados de petróleo, cantidad y tipo de empaques.
  • Sistema de créditos/subvenciones a favor de los que contaminen menos, tengan menor impacto sobre el medio ambiente, por el uso de recursos internos y locales en la finca, conservación de la diversidad genética para la agricultura y la alimentación, entre otras razones.
  1. Políticas agroecológicas en el sistema agroalimentario nacional:
  • Producción nacional de insumos agrícolas: abonos vegetales (composta), preparados para control de plagas, entrenamiento y facilidades para el uso de yuntas de bueyes, materiales para semilleros, implementos y maquinaria menor, entre otros.
  • Compensar e incentivar estrategias de producción que protejan y restauren la base de recursos naturales que sostienen a la agricultura. suelos, aguas, biodiversidad, semillas.
  • Investigación participativa, para que los técnicos y los/las agricultores trabajen en la identificación de necesidades, investigación y extensión de resultados.
  • Integración de la enseñanza en agricultura ecológica en todos los niveles del sistema de educación (eco huertos escolares, caseros, comunitarios, universitarios).
  • Capacitación de calidad teórico/práctica para todas/os los interesados.
  • Acceso a la tierra para trabajarla y apoyo técnico a todos los niveles.
  • Educación nutricional nacional y políticas públicas para fomentar una dieta de calidad, basada mayormente en productos puertorriqueños.
  • Desarrollo de marcas nacionales diferenciadas: frescas, nutritivas, al gusto local, calidad, etc.
  • Sistemas nacionales de certificación y de control fitosanitario.

 

Se dice que para lograr resultados distintos hay que utilizar estrategias novedosas: aquí sometemos estas reflexiones y propuestas.

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El autor es ecólogo social, especialista en agroecología y sustentabilidad.

Este escrito tiene como referencias a los libros del autor: Sembramos a tres partes, los surcos de la agroecología y la soberanía alimentaria (Ediciones Callejón, 2016), y Puerto Rico, isla agrícola: taínos, jíbaros y campesinos (Publicaciones Gaviota, disponible en librerías a partir de enero 2026).

 

Se expresan sobre amenaza bélica de Estados Unidos en el Caribe

Por
redaccion-de-claridad
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Continúan diversas organizaciones tanto en Puerto Rico como otras del Caribe y Latinoamericana expresando su preocupación y oposición ante una posible agresión bélica contra Venezuela por parte de Estados Unidos.

En Puerto Rico la Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr. expresó su preocupación y rechazo ante las maniobras y ejercicios militares que se están llevando a cabo en diversos puntos de la isla. Sobre todo, la posibilidad de que se reanuden las prácticas militares en la isla municipio de Vieques.

“Nos oponemos y condenamos rotundamente al uso de nuestro territorio nacional como centro de prácticas militares y posible punto de inicio de una invasión militar a un país hermano. Es preocupante que luego décadas de lucha por sacar la marina de guerra de los Estados Unidos de América de Vieques tengamos que volver a las desobediencias civil y a la lucha de resistencia activa no violenta. Rechazamos cualquier intento de volver a militarizar la isla de Vieques y reactivar cualquiera de las bases militares.

De igual manera se expresó en rechazo a la política intervencionista por parte del gobierno de los Estados Unidos de amenazas de invasiones tanto al pueblo de Venezuela como el de Colombia y las ejecuciones que esta cometiendo EEUU de personas navegando por el Mar Caribe .

Las amenazas a Venezuela y Colombia, denunció la MMLK violentan el derecho a la independencia y a la soberanía nacional de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Igual las ejecuciones independiente de si las personas son narcotraficantes, todo ser humano tiene derecho a un debido proceso de ley tal y como lo afirma la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos Humanos.

Otra organización que se expresó mediante declaración pública lo fue el Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). El Comité Directivo expresó su preocupación y alertó sobre el peligro que se cierne sobre la región tras el avance de las acciones injerencistas de los Estados Unidos en contra de la República Bolivariana de Venezuela y de toda Latinoamérica y el Caribe.

La organización internacional, no gubernamental de carácter educativo y cultural señaló que el episodio de agresiones con amenazas al soberano espacio marítimo, aéreo, y que plantea una incursión por tierra, genera una peligrosa escalada bélica con consecuencias imprevisibles, violando los principios fundamentales del derecho internacional, y la soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano.

“Bajo la pseudo bandera de la “lucha antidrogas”, se ha construido una narrativa que pretende legitimar intervenciones y medidas coercitivas con el objetivo de adueñarse de los recursos energéticos y las rutas comerciales que poseen Venezuela y los pueblos de la región.

Por esta razón, desde CLACSO hace un llamado a la activación de los mecanismos internacionales, al respeto del derecho internacional y a la solidaridad de los pueblos para garantizar el fin de esta peligrosa amenaza bélica de invasión”. La declaración fue emitida este 4 de diciembre.

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