Sectores de la sociedad civil proclamaron su rechazo y censura ante la firma por parte de la gobernadora, Jenniffer González, del proyecto PS 923 que enmienda el Código Penal de Puerto Rico para tipificar como asesinato el darle muerte a un concebido no nacido en cualquier etapa de gestación.
La medida que se aprobó en ambos cuerpos legislativos no tuvo vistas públicas, aun cuando portavoces de organizaciones feministas, sectores médicos, abogados y religiosos elevaron públicamente sus voces en contra del proyecto, incluida una manifestación frente al Capitolio el día que se suponía que la Cámara de Representantes la examinaría. Concluida la manifestación, el proyecto fue aprobado por descargue. La firma de la gobernadora se produjo el12 de febrero.
El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y su Red de Redes junto a colectivos y personas feministas, religiosas, salubristas y defensoras de derechos humanos llevaron a cabo la “Vigilia por el Derecho a Decidir” frente a la Fortaleza en rechazo a la firma del proyecto.
“Con este acto de solemnidad y profunda empatía por todas las personas que profesan una fe o una filosofía de vida como el centro de sus vidas, manifestamos nuestra rotundo rechazo a la firma de la gobernadora al Proyecto del Senado 0923 y, ante todo, afirmamos que no resulta incongruente el respetar la vida de las mujeres y el derecho a decidir sobre los asuntos de su cuerpo y de su salud con nuestras creencias religiosas y filosóficas.”, expresó la profesora y ministra Dra. Agustina Luvis, de la Red de Espiritualidad y Filosofías de Vida del MVC.
Mientras, la licenciada Mayra Vicil Bernier, de la Red de Derecho, Justicia y Seguridad del MVC, indicó que la medida, que enmienda el Artículo 92 del Código Penal, aunque se presenta como una de protección a la vida, en realidad crea un grave problema legal, constitucional y práctico para el sistema judicial y de salud en Puerto Rico. “Esa sola acción altera por completo la estructura de nuestro Código Penal, un sistema que no fue diseñado para procesar embarazos, decisiones médicas ni emergencias obstétricas como crímenes violentos”.
Por su parte, la Dra. Diana de la Paz, de la Red de Salud Integral y Universal del MVC, que formó parte de los más de 300 profesionales de la salud, ginecólogos y pediatras que se opusieron, mediante carta a la gobernadora, alertó de “las consecuencias graves para la práctica médica y, ante todo, para la autonomía de las mujeres y personas gestantes en su libre relación médica-paciente.”
La licenciada Eva Prados, coordinadora General del MVC, recalcó que la lucha continuará porque se trata de defender la vida y dignidad de todas las mujeres y personas gestantes vivas hoy y que la gobernadora arriesga por asegurar el voto de grupos antiderechos y machistas.
“Esta vigilia demuestra también que no vamos a permitir que el Gobierno ni grupos machistas y antiderechos sigan utilizando a las mujeres y su derecho a la intimidad para desinformar y manipular un pueblo que atesora su fe y sus valores, con el enmascarado propósito de mantenerse en el poder por el poder mismo y no por el bienestar de la población”.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, licenciada Annette Martínez Orabona, declaró que ante la firma de la gobernadora era importante reiterar que el aborto es legal en Puerto Rico, un derecho que no debería verse afectado. Sin embargo, observó que el hecho de no haber permitido una discusión amplia del proyecto, sobre todo tratándose de una enmienda al Código Penal que conlleva las sanciones más severas, es en sí mismo una violación al proceso de participación ciudadana y de la sana gestión administrativa.
“Con esta acción, la gobernadora valida —una vez más— el proceder antidemocrático del liderato legislativo actual, que aprobó de forma expedita la medida sin vistas públicas, un proceder que no permitió escuchar y analizar las posturas de grupos y personas potencialmente impactadas. El liderato legislativo no cumplió con esa responsabilidad que tiene con el pueblo y la gobernadora tampoco».
Otra entidad que expresó rechazo fue el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico.
“Nuestra institución expresa una profunda preocupación ante la decisión de la gobernadora de estampar su firma en un estatuto que ella misma calificó previamente como innecesario, reconociendo correctamente que la Ley Keyshla Madlane ya cubría el marco jurídico pretendido. Al proceder con esta firma, se ignora la advertencia del Colegio sobre la falta de coherencia normativa que este lenguaje introduce al establecer definiciones absolutas que no distinguen adecuadamente entre escenarios médicos, jurídicos y constitucionales. El Colegio advirtió que el impacto real de esta medida no es claro, pero sí lo es el contexto político en el que se promueve, marcado por una agenda que ha evidenciado un patrón consistente de reducción de derechos”, expresó en declaraciones escritas la presidenta del Colegio, licenciada Vivian Godineaux Villaronga.
Para concluir, la presidenta sostuvo que el impacto de la legislación fomenta una medicina defensiva que podría obstaculizar la atención oportuna de mujeres y personas gestantes, afectando la salud pública.
