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Continúan pugnas contra presidenta de la UPR

Zayira Jordán Conde,presidenta UPR

 

 

CLARIDAD

 

Múltiples agrupaciones políticas de la universidad reportan un mal liderazgo

 

Representantes estudiantiles, claustrales y docentes denunciaron, el 4 de diciembre, “el trato hostil y estilo de liderazgo tóxico” que la presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Dra. Zayira Jordán Conde, ha demostrado en su administración del primer centro docente del país, como hizo el pasado 3 de diciembre en una reunión de la Junta Universitaria.

Durante la fecha, la Representación Claustral y Estudiantil del cuerpo regente reportó violaciones al reglamento institucional que media el proceso parlamentario, así como interrupciones infundadas a lo largo de la reunión.

“En el transcurso de la reunión, la presidenta interrumpió los turnos debidamente concedidos a los representantes de la comunidad universitaria y se encargó de desestimar los reclamos legítimos levantados por ambos sectores. Estas acciones violentan la estructura deliberativa que corresponde a la Junta Universitaria”, declaró el organismo, por escrito.

Del mismo modo, el ente representativo destacó la “preocupante” dependencia de Jordán Conde con las intervenciones del exrepresentante novoprogresista Luis Tato León Rodríguez. A juicio de la Representación Claustral y Estudiantil, el nombramiento del exlegislador supone un escollo para las reuniones de la Junta Universitario puesto que “desconoce” los procesos.

“Esta dependencia en una persona que desconoce todos los procesos y la reglamentación universitaria no se puede pasar por alto… Sus intervenciones durante la reunión dejaron en evidencia que desconocimiento procesal obstaculiza los trabajos del cuerpo y socavan la confianza de la comunidad universitaria en sus cuerpos de gobernanza. Peor aún, sus interpretaciones erradas en el desconocimiento de la práctica del cuerpo fueron acogidas por la presidenta de manera unilateral”, continuó la denuncia.

Asimismo, estas determinaciones de la presidenta han cohibido la disidencia en las reuniones de la Junta Universitaria. Para el cuerpo, esta “adopción de criterios externos” ha establecido el precedente peligroso de sustituir procesos reglamentarios por decisiones improvisadas, decisiones que, además, responden a “afinidades políticas” y no a “principios de gobernanza colegiada”.

“Este proceder por parte de la Dra. Jordán Conde no solo contraviene la letra del reglamento, sino que compromete la esencia misma de la Junta Universitaria, el cuerpo que, por ley, está diseñado para integrar las voces de los sectores estudiantiles, claustrales y administrativos en la toma de decisiones. La presidenta buscó transformar la Junta Universitaria en un cuerpo pasivo, desprovisto de diálogo y una sana disidencia”, advirtió el claustro.

Senado Académico rechaza eliminación de baños inclusivos

 Luego de que la Dra. Jordán Conde eliminara el uso de baños inclusivos en todos los recintos de la UPR, el Senado Académico de la institución aprobó una certificación para expresar su rechazo y, además, denunciar las razones de la presidenta.

“La decisión de eliminar los baños inclusivos respondió a la guías federales como la Guidance for Recipients of Federal Funding Regarding Unlawful Discrimination, emitida por el Departamento de Educación de los Estados Unidos”, resaltó el Senado.

Igualmente, los integrantes del Senado defendieron la existencia de los baños inclusivos por fungir como “pieza clave” para la justicia, inclusión, equidad, diversidad y dignidad de la comunidad universitaria. Según el cuerpo,  la eliminación de estos espacios supone un retroceso con relación a los derechos obtenidos y la protección de estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad.

Además de personas transgénero, transexuales y no binarias, los baños inclusivos beneficibaan a estudiantes con diversidad funcional, de acuerdo con los argumentos del Senado Académico

“La existencia de estas instalaciones crea un ambiente saludable para los estudiantes y su desarrollo académico, visto que hubo un impacto neto de reducción de acosos en baños inclusivos, pues hasta el día de hoy no hubo ningún reporte de acosos en estos espacios”, aseguró el organismo.

De manera paralela, el Senado Académico instó a la administración UPR a que restaure los baños inclusivos para que reflejen los valores “de igualdad y respeto” que tiene la comunidad.

 

 

Hay que revisar la Ley de armas

 

El Frente Amplio de Acción Social (FAAS) y otras organizaciones urgieron a la Legislatura y al Ejecutivo a que realicen una revisión inmediata de la Ley de Armas y establezcan controles estrictos sobre la expedición y renovación de licencias, para atender la crisis de violencia generalizada como consecuencia de la flexibilización de la Ley de Armas desde el 2020.

 De acuerdo a estadísticas presentadas por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), entre 2000 y 2020, el 87.6 % de los homicidios se cometieron con armas de fuego. En el caso de feminicidios, tras la flexibilización legislativa, el porcentaje de feminicidios íntimos cometidos con armas legales subió de 47 % en 2019 a 75 % en 2024, y en 2025 todos los casos de feminicidios íntimos registrados, 82 %, han sido con armas de fuego.

 

El Frente expuso que de acuerdo con las organizaciones especializadas MundoSur y la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, en 2024 Puerto Rico ocupó el segundo lugar en feminicidios en América Latina , solo precedido por Guatemala, evidencia de una crisis que impacta directamente a las mujeres en su cotidianidad.

 

Para el Frente, la política pública vigente promueve y propicia métodos que, lejos de desescalar y prevenir violencias por razones de género, intensifica la crudeza de las violencias manifestadas contra la población. A la carencia de campañas masivas enfocadas en la concienciación y prevención de violencias se suma el discurso oficial en apoyo a la proliferación de armas de fuego, incluido el que la Procuradora de las Mujeres, licenciada Astrid Piñeiro ha expresado su rechazo a su regulación y alega que la alta proporción de feminicidios cometidos con armas de fuego responde a un asunto de educación. Esta considera que en lugar de prevenir feminicidios el otro aumenta significativamente el riesgo de que los agresores las asesinen.

 

Un hecho elevado a la atención fue el que en agosto de este año, la gobernadora Jenniffer González, flexibilizó aún más las normas para la posesión de armas de fuego emitidas en 2020 que expiraron este año, a 5 años de la aplicación de la nueva Ley de Armas. Según expresado en la Orden Ejecutiva 46-2025, el estatuto —alegadamente temporero— responde a una interrupción en la interconexión entre el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS, en inglés) y el National Crime Information Center (NCIC), uno de los sistemas del FBI para la verificación de antecedentes penales en los procesos de renovación y expedición de licencias. En consecuencia, el Registro Criminal Integrado (RCI), herramienta fundamental para la evaluación de solicitantes, carece de datos vitales para validar el derecho de quienes tramitan licencias de posesión de armas de fuego. La gobernadora González Colón no ha revelado el periodo estimado para acceder a este importante trámite.

 

Se estima que el número de personas con licencia en Puerto Rico ronda entre 160,000 y 250,000. A esta situación se le añade el trasiego de armas ilegales que entran al país. Informes no oficiales estiman que el 95 % de los crímenes cometidos con armas de fuego involucran armas ilegales, y anualmente se incautan entre 3,000 y 3,500 armas ilegales, principalmente por la Policía de Puerto Rico.

 

En el caso de la violencia contra las mujeres y sus hijos, el impacto trasciende a las víctimas directas: entre 2019 y agosto de 2025, al menos 156 menores han quedado huérfanos por feminicidios, una cifra que sigue aumentando sin que exista una política pública de reparación ni protocolos especializados para atender esta niñez.

 

Más allá de revisar la Ley de Armas para que se establezcan controles más estrictos sobre la expedición y renovación de licencias, las organizaciones urgieron la creación de un plan interagencial, multidisciplinario e interseccional que articule esfuerzos entre sectores de la psicología, sociología, educación, trabajo social, salud pública, derecho y desarrollo integral, el desarrollo de protocolos especializados y políticas de reparación para menores en orfandad como consecuencia de feminicidios y fortalecer la prevención, intervención y educación con perspectiva de género, incorporando modelos pedagógicos que desafíen el patriarcado, el racismo y el clasicismo y que promuevan la transformación social desde la raíz de las desigualdades.

 

 

 

René Santiago busca hacer historia en Japón

 

Especial para CLARIDAD

Al momento que escribo estas notas el boricua René Santiago se encuentra camino a Japón en busca de convertirse en campeón unificado de las 108 libras.

Esto le daría a Puerto Rico la oportunidad de tener en la actualidad tres campeones unificados pues actualmente Oscar Collazo lo es en las 105 libras, Amanda Serrano lo es en las 126 y de René concretarlo lo sería en 108 con los campeonatos OMB Y AMB.

No olvidemos que podría haber un cuarto si Amanda defiende con éxito el 3 de enero frente a Erica Cruz  y Xander Zayas  gana su unificación del 31 de enero.

Un poco de historia de las 108

Cuando René ganó su campeonato en propiedad se convirtió en el séptimo boricua en ser campeón de ese peso.

De esa manera se unió a José de Jesús en 1989, Josué Camacho en 1992, Nelson Dieppa en el 2000, Iván Calderón 2007, Tito Acosta en 2017 y Bomba González en 2021.

Un campeón perseverante

Tras un lento comienzo en su carrera donde perdió tres de sus primeros doce combates, Santiago  obtuvo una racha de tres victorias corridas.

Una de esas fue sobre el ex contendor mundial nicaragüense Gerardo Zapata y otra sobre el también nicaragüense Kevin Vivas con quien disputó el campeonato interino de las 108 libras y lo ganó.

Finalmente peleó por el campeonato en propiedad con Bomba González y aunque no salió victorioso, la demostración dejó un buen sabor en el organismo.

Por esta razón permaneció como uno de los contendores disponibles para retar al japonés Shociki Itawa, quien había ganado el campeonato vacante al que renunció Bomba al subir a las 112.

René le dio una clínica de boxeo al japonés que hizo que aún en las tarjetas niponas se reflejara la amplia victoria del boricua.

Con esa victoria en marzo de este año René se convirtió en apenas el segundo boricua en ganar su primera correa en propiedad en tierras japonesas.

Un rival duro

Por meses, una posible pelea para Santiago fue la posibilidad de enfrentar al también campeón dominicano Eric Rosa quien poseía el campeonato de las 108 la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Ante el hecho de que no se llegó un acuerdo, Rosa enfrentó en julio al japonés Kosuke Takami, quien no solo le quitó el título, sino que lo dominó de principio a fin.

Esta demostración probablemente lo convirtió en la figura a vencer en el peso.

Sin embargo, René irá en busca de la historia y de destronarlo se convertirá en el primer boricua en unificar con ambos títulos siendo ganados en Japón.

Eso, considerando la historia de ese país en los pesos pequeños, sería una de las grandes hazañas de nuestra historia.

Sin TV hasta ahora

Al momento que escribo todavía faltan nueve días para el combate y confió que uno y aunque aún no hay acuerdo, confio en que alguno de los sistemas de

streaming como DAZN o ESPN + den el combate.

Ojalá y eso cambie pues oportunidades de ver a un boricua hacer historia es algo que todos los que somos fanáticos del boxeo nos encantaría tener la oportunidad de presenciar independientemente del resultado.

Así que todos pendientes a la información más reciente y vamos a ti René.

 

 

El secretario de la Guerra, Pete Hegseth, cada vez más complicado

 

Más de 80 muertos, denuncias de ataques a náufragos y un informe que lo señala por comprometer la seguridad operativa reavivan la crisis del funcionario. Crecen los pedidos de renuncia.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, enfrenta una nueva ola de críticas y pedidos por su renuncia por sus recientes dichos tras la difusión de detalles sobre el manejo de la campaña militar contra supuestas embarcaciones “narcoterroristas” en el Caribe y el Pacífico, y la reaparición del llamado Signalgate. Las acusaciones incluyen desde fallas en el manejo de información sensible hasta la autorización de ejecuciones ilegales en aguas internacionales.

Hegseth, exoficial de la Guardia Nacional y figura mediática antes de llegar al Pentágono de la mano de Donald Trump, ya había sorteado un proceso de confirmación ajustado en el Senado a comienzos de año. Ahora, enfrenta crecientes cuestionamientos por la campaña lanzada por Washington desde septiembre contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, que ya dejó más de 80 muertos y ninguna prueba.

Presión en aumento

Legisladores de ambos partidos accedieron esta semana a videos de uno de los operativos más polémicos, ocurrido el 2 de septiembre, donde las fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha y lanzaron un segundo ataque contra los dos sobrevivientes del primer bombardeo.

El representante demócrata Jim Himes, que integró la sesión a puertas cerradas en el Congreso el pasado jueves, describió las imágenes como “una de las cosas más perturbadoras” que vio en su carrera y aseguró que el material muestra “a marinos náufragos” siendo atacados nuevamente. La Casa Blanca y el Pentágono insisten en que la segunda salva de disparos fue ordenada por el comando operativo y no por el secretario de Guerra.

Sin embargo, el almirante Frank Bradley, quien supervisó la operación, negó haber impartido la orden de matar a los supervivientes. Según relató el senador republicano, Tom Cotton, Bradley sostuvo que actuó bajo la convicción de que la embarcación destruida aún representaba un objetivo militar legítimo.

Informes difundidos por CNN, NBC News y otros medios estadounidenses agregaron más elementos al caso. Bradley habría explicado en una sesión reservada que la lancha atacada no se dirigía hacia Estados Unidos, sino hacia un punto de encuentro con otra embarcación rumbo a Surinam. Hegseth respaldó públicamente los ataques y afirmó que él mismo habría aprobado la segunda intervención, pero ahora niega haberlo hecho.

Los cuestionamientos legales se multiplicaron. Expertos en derecho militar señalaron que el Manual de Leyes de Guerra del Pentágono prohíbe atacar a combatientes incapacitados o náufragos que ya no representan una amenaza, y cita como ejemplo “claramente ilegal” disparar contra sobrevivientes de un naufragio. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, sostienen que los ataques constituyen “homicidios ilegales” al no existir indicios de amenaza inminente por parte de las personas a bordo.

Desde el inicio de las operaciones, Estados Unidos bombardeó más de veinte naves sospechadas de transportar estupefacientes, y la Casa Blanca vincula a varias de ellas con organizaciones catalogadas como terroristas, como el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, citando datos de inteligencia que aún no han presentado. Naciones Unidas, por su parte, señaló esta semana la existencia de “fuertes indicios” de ejecuciones extrajudiciales vinculadas a la campaña, sin evidencia clara de relación entre las embarcaciones atacadas y los carteles de la droga.

No obstante, el secretario de Guerra defendió el sábado la política de bombardeos en un discurso en el Foro de Defensa Nacional Reagan, donde advirtió que Estados Unidos “hundirá” cualquier embarcación que considere que transporte drogas al país. Sus declaraciones renovaron la presión sobre su figura, en medio de acusaciones sobre manejo irresponsable de información sensible.

“Al filo de la navaja”

El llamado Signalgate, denominado así por el uso de la aplicación Signal, que estalló nueve meses atrás, volvió a tensar el clima político en Washington tras la publicación de un informe del Inspector General del Departamento de Defensa. El documento concluyó que el secretario de Defensa compartió, en un chat grupal con altos funcionarios, información sobre ataques inminentes en Yemen y detalles del equipamiento utilizado, lo que “creó un riesgo para la seguridad operativa”.

El episodio había salido a la luz en marzo, cuando la revista The Atlantic reveló que planes militares habían sido difundidos en un grupo de la red de mensajería Signal al que había sido sumado, por error, el editor jefe de la publicación. La investigación oficial sostiene que esa filtración interna pudo haber puesto en peligro a pilotos estadounidenses involucrados en las misiones.

A pesar del impacto político que generaron los ataques y las filtraciones del grupo de defensa, analistas consideran que la posición del secretario de Defensa atraviesa una crisis terminal. “No creo que esté en una situación insostenible. No obstante, si hay otro incidente, la Casa Blanca podría perder la paciencia”, explicó Mark Cancian, excoronel del Ejército y experto en seguridad del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales a EFE.

Por su parte, Jim Townsend, exfuncionario del Pentágono durante el gobierno de Barack Obama, afirmó que Hegseth está “al filo de la navaja”, y que cualquier movimiento que incomode al núcleo duro republicano podría desencadenar intentos de destituirlo.

Mientras el Congreso continúa evaluando la legalidad de los operativos y el Pentágono decide si publica o no las imágenes completas del ataque del 2 de septiembre, la situación de Hegseth sigue bajo escrutinio. Por ahora, conserva el respaldo del presidente Trump, pero el escenario político y militar se vuelve cada vez más difícil de sostener.

 

Reproducido de www.pagina12.com.ar

 

 

Solidaridad mundial con Venezuela 10 de diciembre

 

Hace llamado Ex Viceministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores

 

Estimadxs compañeras(os):

Como saben, la Revolución Bolivariana en Venezuela está sufriendo un nivel de agresión sin precedentes en las últimas semanas.

En total, más de 80 civiles han sido ejecutados sumariamente en lo que constituye una escalada ilegal. En América Latina y el Caribe, aunque existe una larga historia de intervenciones encubiertas y abiertas, invasiones y complots golpistas, nunca antes se habían visto ataques con misiles de este tipo. A medida que continúan la vigilancia y los ataques, también se está llevando a cabo una campaña de operaciones psicológicas más amplia que consiste en amenazas repetidas al gobierno de Maduro para que renuncie o se enfrente a ataques aéreos y/o una invasión terrestre.

Desde la semana pasada, Estados Unidos también ha intentado imponer una prohibición de vuelos a Venezuela advirtiendo sobre una posible actividad militar en el espacio aéreo venezolano y presionando a sus aliados para que detengan sus operaciones.

Cada semana hay nuevos acontecimientos que alertan sobre la voluntad y la disposición de Estados Unidos de llevar más lejos su campaña de intervención, por cualquier medio necesario.

Como Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP) y ALBA, hemos convocado un Día de Solidaridad, el 10 de diciembre de 2025, porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos y también la fecha en la que la golpista María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz, a pesar de la condena mundial de su selección. Nuestro lema es «No a la guerra en Venezuela, no a la guerra en América Latina y el Caribe». Nuestro objetivo es resistir, oponernos y denunciar las intervenciones militares de Estados Unidos y condenar el inicio de otra guerra imperialista.

Pedimos a las organizaciones que participen en una o varias de las siguientes acciones:

– Publicar declaraciones, breves o extensas, en sus canales de comunicación el 10 de diciembre denunciando el intento de guerra.

– Organizar actividades públicas, ya sean manifestaciones o reuniones, para denunciar públicamente la agresión imperialista.

– Movilizarse ante los consulados y embajadas de Estados Unidos y/o Noruega para protestar pacíficamente contra la guerra.

También pedimos a los(as) líderes y a sus organizaciones que lean y distribuyan nuestras declaraciones y análisis sobre la situación:

o Artículo por Vijay Prashad: La marea furiosa de la extrema derecha latinoamericana. Por Vijay Prashad https://elmaipo.cl/la-marea-furiosa-de-la-extrema-derecha-latinoamericana-por-vijay-prashad/

o Artículo por Vijay Prashad: El Caribe se enfrenta a dos opciones: incorporarse al intento de EE.UU. de intimidar a Venezuela o construir su propia soberanía https://rebelion.org/el-caribe-se-enfrenta-a-dos-opciones-incorporarse-al-intento-de-ee-uu-de-intimidar-a-venezuela-o-construir-su-propia-soberania/

 

Atentamente,

Carlos Ron

Tricontinental Nuestra América / Colectivo Sociedad Patriótica
Stephanie Weatherbee, coordinadora Secretaría Operativa AIP
(Ex Ministro del Exterior)