La Junta de Control Fiscal (JCF) exige más aumentos y recortes para la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Junta de Gobierno (JG) de la UPR parece no tener el valor suficiente para defender a los estudiantes y empleados de la voracidad de este monstruo de siete cabezas que deja en desamparo a la comunidad universitaria y a todo el País.
En una protesta que convocó la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) el pasado viernes 7 de septiembre en la Administración Central, Jannelle Santana, presidenta de la organización sindical, emplazó a la Junta de Gobierno de la UPR y su nuevo presidente, Jorge Haddock, a que no acaten las nuevas exigencias de la JCF porque con ello provocarán la desacreditación de la Middle States.
Allí, Santana habló también sobre las exigencias de la carta que emitió la JCF al gobernador Ricardo Rosselló el pasado jueves, 30 de agosto: aumentos de matrícula, despidos de personal, eliminación de recintos, del sistema de retiro, el bono de Navidad y las exenciones, reducción drástica del plan médico, de licencias, entre otros.
Ese mismo día, la JG debía entregar a la JCF un plan fiscal enmendado que se acomode a esas nuevas exigencias requeridas en la carta.
Dear Governor Rosselló Nevares
Según la carta, la JCF determina que el plan fiscal revisado de la UPR y aprobado por el ente federal el 30 de junio de 2018, “requiere ciertas revisiones antes de que la Junta pueda certificar que cumple con los requisitos de la ley PROMESA”.
“El plan propuesto debe adecuar aún más los niveles de matrícula de los graduados, para reflejar mejor el costo de programas comparables en universidades privadas en la Isla y el territorio continental de EEUU”.
Entre otras medidas de austeridad, la JCF exige aumentos adicionales en la matrícula a nivel graduado (doctorados, Juris Doctor, programa de Medicina y Medicina dental) alegando que el plan aprobado en junio no “se compromete con un aumento suficiente en la matrícula de los estudios graduados” como se establecía en el plan fiscal de junio certificado por la junta de control. Según la Junta, el plan promete entregar solo $52.4 millones entre los años fiscales 2019-2023, en comparación con los $93.9 millones delineados inicialmente.
“El crédito graduado se llevó este año hasta 200 dólares, que nos parece altísimo y ellos están pidiendo mayores aumentos para cumplir con los números que ellos establecieron unilateralmente que debían ser los ingresos que reciba la Universidad”, dijo Javier Córdova, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU).
Según Córdova, es posible que la intención de la JCF sea regresar a los aumentos originales, incluso con números más altos.
Por otra parte, Marcel Castro, profesor y portavoz de la Asociación de Profesores y Profesoras del Recinto Universitario de Mayagüez (APPRUM), dijo “que la Junta no menciona aquí aumentos de matrícula en programas sub-graduados porque ya hay un acuerdo con la UPR”. En cambio, añadió que los aumentos en la matricula de graduados representarían un golpe fuerte porque eso hace menos atractivo que los egresados de programas de bachillerato se queden para estudiar maestría y doctorado.
También, mencionó que cuando en la carta se habla de attrition no se refiere a aquellas personas que voluntariamente se van o se retiran, o personas temporeras que no renuevan el contrato y pierden el trabajo sino al despido de personas con permanencia. Partiendo de su definición en inglés, el concepto attrition se explica como “una reducción gradual en la fuerza laboral sin despido de personal, como cuando los trabajadores renuncian o se retiran y no son reemplazados”.
Castro sostuvo que, aunque en el documento no lo dice así, está implícito y, por ende, se está dejando la puerta abierta para eso. Además, criticó la austeridad como una doble vara que por una parte propone reducir gastos a la universidad con medidas que tienen efectos adversos para la mayoría, mientras que, por otro lado, mide a la minoría con una vara distinta, que beneficia al Presidente, personas del gabinete del Gobierno y empleados de la Junta, por ejemplo.
De la desacreditación a la privatización
Actualmente, menos Aguadilla, Mayagüez y Ciencias Médicas, los otros 8 recintos están en probatoria. Ahora en septiembre, los once recintos deben someter informes de progreso.
“Lo que se está especulando es que no solamente no van a quitar la probatoria de los ocho recintos sino que posiblemente pongan los otros tres en probatoria por la cuestión presupuestaria”, comentó Córdova.
El presidente de la Asociación de Puertorriqueña de Profesores Universitarios recordó que, el semestre pasado, la Middle States (MS) decidió mantener en probatoria los 8 recintos luego de la huelga y de que se completara el calendario académico por la razón de la reducción presupuestaria y porque no se sabía cómo la Universidad iba a poder mantener la calidad de los programas académicos con esa reducción.
“Con los recortes desproporcionados que propone la Junta, la acreditación se vería afectada, precisamente porque parte de la acreditación es demostrar que hay fondos y la estabilidad financiera para apoyar los programas acreditados”.
En mayo del 2019 se cumplen los 2 años en probatoria, límite que da la MS. Si no se remueve antes, la UPR perdería la acreditación pero, como el elemento de la reducción presupuestaria se sostiene, el peligro persiste.
Córdova también mencionó que hay un elemento adicional que la MS va a levantar y es que la gobernanza está recayendo en la JCF. Ahora además se quiere imponer una estructura administrativa que es básicamente la que va a estar dirigiendo la UPR, la llamada Oficina de Transformación Institucional, aparato al que la JCF quería asignarle $20 millones y la Universidad le asignó 10 por ahora.
Castro describió esto como un ejemplo de lo que es la doble vara en la austeridad, que pone $20 millones para una estructura de la Junta mientras recorta a los recintos acreditados. Añadió que al gobierno no le hace falta recortar a la Universidad como lo está haciendo y que se está haciendo por razones políticas e ideológicas, sobre cualquier otra cosa.
“No nos extrañaría que eso sea parte de lo que se quiere lograr, el cierre definitivo de la Universidad ya con unos aumentos en la matrícula extraordinarios que pueden fácilmente privatizarla. Una pérdida de la acreditación abre el camino perfecto para que eso ocurra a corto plazo”, sentenció Córdova.
