CLARIDAD
Tres economistas estudiosos de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y de su proceso de quiebra advirtieron de que el plan presentado por la Junta de Control Fiscal es uno insostenible tanto para el país como para el sistema de energía eléctrica.
En conferencia de prensa, los economistas José Alameda, Ramón Cao y Tom Sanzillo, (este último en participación a distancia) expusieron datos sobre sus respectivos estudios que coinciden en que si la jueza Taylor Swain aprueba el plan presentado por la JCF este será nefasto para el país. Según se dio a conocer en la conferencia de prensa, los informes fueron sometidos a la consideración del tribunal. La próxima vista del caso de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) está pautada para el 26 de junio. Se supone que en esta vista la Junta de Control Fiscal y los principales bonistas argumenten sobre cuánto debe pagar la AEE.
El estudio de Tom Sanzillo, director de Análisis Financiero del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, siglas en inglés), destaca que la JCF ha propuesto un plan para pagar $5.68 mil millones de la deuda de bonos mediante la imposición de nuevos aumentos de tasas de dos dígitos durante las próximas décadas.
Este considera que el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la JCF subestima los costos futuros de combustible y los precios futuros de las materias primas. Además, el plan asume una transición rápida a las energías renovables, que no está ocurriendo. Por el contrario, estima que la AEE gastará miles de millones de dólares más en combustible de lo proyectado y que la inversión de capital es insuficiente para lograr una red confiable. Sobre este particular precisó que los fondos federales son $14 mil millones, mientras las estimaciones independientes de necesidad son de $20 mil millones, una brecha de $6 mil millones, de los cuales solo $2.4 mil millones están incluidos en el Plan de Ajuste. “No hay suficientes fondos operativos para lograr una red confiable y la transición a energías renovables”.
Este alertó sobre el dato de que el Plan Fiscal de la AEE del 2018 establecía que: “El futuro crecimiento económico y la vitalidad de Puerto Rico dependen de energía asequible y confiable”, lo que requeriría tarifas por debajo de los 20 centavos por kWh (kilovatio hora) y más del 30 % de energía renovable para el presente año. “Ahora la JCF propone extraer $13 mil millones más en 35 años para pagar deuda antigua”, acotó.
“Este plan mantendrá a la isla dependiente de las costosas importaciones de combustibles fósiles, sin tomar en cuenta otras opciones disponibles que podrían reducir y estabilizar los costos y disminuir nuestra dependencia de estos combustibles», añadió. Sanzillo afirmó que existen alternativas que podrían ser consideradas a través del proceso de quiebra, que podrían conducir a una solución realmente viable para la economía y el sistema eléctrico de Puerto Rico.
El doctor José Alameda destacó el impacto que tendrá el llamado cargo híbrido (Legacy Charge) o cargo agregado. “Vamos a suponer que el cargo sea de 4 a 5 centavos adicionales; lo va a pagar el comercio, la industria y los residentes. Aquí no se escapa nadie. Eso va a provocar un disloque a la economía brutal”. A pesar de que su colega, Ramón Cao, dice que la económica va a decrecer 2.7 %, él considera que será de 3.6 %.
Alameda presentó una relación de cuántas veces Puerto Rico ha tenido aumento de cinco centavos o más en la factura de un año a otro. En los últimos 20 años el historial es que fueron dos, una de ellas en 20 años. En la residencial, en los últimos 20 años (del 2020 al 2022), una vez nada más; en la industrial, 5 centavos o más solo una vez, del 2021 al 2022. Estos aumentos han sido con la privatizadora LUMA Energy. El sector comercial ha tenido dos aumentos de 7 centavos, uno en el 2011 y el otro en el 2022.
“Eso demuestra que muy pocas veces, realmente es excepcional, se ven aumentos de esta magnitud de 5 centavos o más. Así que estamos viendo cosas que no son normales, esto es, 5 centavos por 30 años. Esto es al costo del kWh, pero además de ese costo hay una capa adicional. El gobernador dice que va a bajar la luz porque va a haber gas natural. Ese perro me ha mordido varias veces, que dicen que va a haber gas y no pasa nada. No pasa nada porque los intereses del petróleo y gas están presentes tanto aquí como en Estados Unidos. El Instituto Edison, que es el que alberga a las compañías privadas de energía ha dicho que no cree en la energía renovable”.
El profesor Alameda alertó de que según vaya aumentando el costo de la energía, que puede llegar y pasar los 30 centavos el kWh, más gente se irá desconectando. Ya la demanda por la energía ha ido bajando de manera estrepitosa desde el 2016, y la AEE solo mantiene ingresos cuando aumenta las tarifas. Eso significa que la situación va a ser difícil para la sostenibilidad de la AEE. Este recordó que el aumento en el costo no la va a recibir la AEE, sino que irá a un ente aparte para pagar a los bonistas y los pensionados.
“Entonces, cuando aumenten los precios, ese aumento no será para la AEE. Así que recibe el cantazo de tener menos consumo, pero no se beneficia de lo que produce el aumento de precio. Esto hará que el aumento de precio tenga tres efectos: una reducción de la demanda, lo que llamamos la ley de la demanda (se aumenta el precio, se reduce el consumo); un efecto de sustitución de la energía eléctrica por una energía renovable, pero ahí le cogen con el cargo fijo, que es para todo el mundo; tercero, tiene el efecto de conservación de energía, porque la gente va a comprar equipo más eficientes en el uso de energía”.
En ese marco hipotético lo que va a pasar con la AEE es que va a tener menos ingresos, pero a su vez con las llamadas alianzas público privadas, se le está cargando más cosas a pagar. Ahora tiene que pagarle a LUMA y a Genera Energy, contratos que a su juicio no son alianzas público privadas, sino malos contratos.
“La esencia, la filosofía de una alianza público privada es que la empresa privada hace el proyecto y por un espacio de tiempo lo administra y recobra su ganancia. Pero lo perverso de estos contratos es que ninguno aporta ni un vellón. A LUMA hay que pagarle la operación; ajustarlo a la inflación; darle incentivos, pero no penalidades; se le paga la nómina. Genera hizo exactamente el mismo contrato. Esto quiere decir que la AEE no es sustentable con este esquema de reducción de ingresos, pero a la misma vez tiene más compromisos. Aquí todo el mundo está como embelesao. El gobernador dice que estamos a destiempo haciendo estos análisis porque no se ha aprobado nada; pero cuando lo aprueben, ya es tarde, ¿para cuándo lo vamos a decir”, manifestó.
La pérdida de empleos
Ramón Cao, del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), expuso que más alzas en las tarifas eléctricas de la magnitud contemplada en el PAD tendría un impacto negativo significativo en la economía de Puerto Rico. “Aumentos en las tarifas de la magnitud que contempla la Junta impactarían negativamente la economía, pues disminuiría el nivel de actividad económica a lo largo del tiempo, lo que también redundaría en una reducción de más de 75,000 empleos para el año 2030″, advirtió.
