CLARIDAD
Como un elemento por diseño, ha descrito el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez Rivera, el cierre de más de 600 secciones en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en este segundo semestre.
Si se hace el cálculo de 600 sesiones a 25 estudiantes por sesión, eso quiere decir que, en teoría, 15 mil estudiantes se quedaron sin un curso, lo que en la práctica se puede considerar como un cierre de la Universidad, del llamado Primer Centro Docente del país.
En entrevista, Rodríguez Rivera resaltó que en las universidades privadas históricamente es normal, no en momentos de crisis, una reducción de estudiantes en el segundo semestre. Sin embargo, las cancelaciones de cursos que se han estado dando en todos los recintos, en particular en el recinto de Río Piedras, no guardan proporción con lo que siempre pasa. Expuso que los cursos regularmente tienen un cupo máximo, no deben tener más de 30 a 25 estudiantes; pero como no tienen cupo mínimo, hay un ejercicio de arbitrariedad bien grande entre los administradores, y puede ser que aunque tenga un cupo de 30, decidan que si no tiene 22 estudiantes, que sería un 67 %, se cancela ese curso. O si tiene 15 y se cancela, que si bien tiene menos cantidad de estudiantes, son 10, 15 o 20 estudiantes que se quedan sin el curso y un docente que se queda sin su carga académica. “Ahí es donde se hace más complicado. Ciertamente podemos ver el número de estudiantes”.
Ante los cierres, el presidente de la APPU subrayó que el presupuesto de la Universidad corre de año en año, no de semestre en semestre, lo que quiere decir que esas plazas, esos contratos ya están presupuestados. “Es un ahorro que no sabemos para qué va a correr porque no se utiliza para el servicio a los estudiantes o mejoras a la planta física. Me parece bastante mezquino el planteamiento de ahorro”.
Se supone que los procesos de cierre de sesiones sean determinaciones internas de los recintos, de las direcciones de los departamentos, decanatos y rectores. Dada la magnitud de cierres en el que es el primer recinto y el que tiene más estudiantes, Rodríguez Rivera expresó que le parece un elemento de diseño. Comparó que en el 1992 en el recinto había de 22 a 23 mil estudiantes y que en este semestre los estudiantes en el recinto de Río Piedras no llegan a 13 mil. Reparó en que este número no es un asunto estrictamente demográfico, porque la demografía no ha variado en esa misma proporción: “Así que me da la impresión de que hay un elemento de diseño con respecto a lo que pasa en Río Piedras”.
La medida de la administración universitaria de cerrar sesiones, tanto en el recinto de Río Piedras como en el resto de los otros recintos, aunque no en la misma magnitud, representa una contradicción con su reciente campaña de reclutamiento de estudiantes. El reciente tercer fin de semana de enero un equipo de la UPR estuvo ofreciendo orientación sobre el proceso de admisión en del centro comercial de Plaza las Américas y hasta en las Fiestas de San Sebastián.
El profesor del recinto de Cayey expresó que eso es parte de lo que denuncia. Si la UPR tiene la necesidad de cancelar clases, de dejar gente sin trabajo para ahorrar dinero, “¿cómo quiere reclutar más estudiantes, cómo va a pagar esas clases, cómo va a dar esos cursos?”. Llama la atención que el nuevo director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert F. Mujica, en su primera reunión pública (el viernes 20 de enero) “de manera cínica dice que la UPR es una prioridad; sin embargo, sigue hablando de la reducción presupuestaria”. Acotó que según la ley de presupuesto de la UPR, a la que no se le hace caso aunque se supone que está vigente todavía, el 9.6 % del promedio de los recaudos de los últimos dos años se destinen para el presupuesto. Eso sería cerca de $100 mil millones que se supone que lleguen a la UPR, pero ahora mismo el presupuesto está congelado en $500 millones. Recordó que la JCF desde su primer informe planteó que el presupuesto de la UPR no debe pasar de $200 millones. “Así que por un lado decimos que queremos más estudiantes, cancelamos cursos por otro lado y seguimos planteando la reducción presupuestaria”, censuró.
El cierre de sesiones afecta directamente a los profesores sin plazas, ya que cada curso que se cierra conlleva que al docente con una plaza permanente se le asigne una carga completa de 12 créditos. El presidente de la APPU denunció que incluso en Río Piedras los contratos de los docentes sin plazas todavía no se han procesados. Todos los recintos tienen profesores por contrato, aunque esto varía de recinto a recinto, pero en el caso de Río Piedras, el 50 % de su profesorado es por contrato. Hay otros recintos que tienen 40 %. El recinto de Mayagüez es el que menos tiene, pero en todo el sistema cerca del 47 % de los docentes está por contrato.
Para los estudiantes el cierre de sesiones puede representar retrasos en sus años de estudio, riesgo de pérdida de alguna beca y hasta contratiempos en sus empleos. Si el curso se cerró después de concluida la matrícula, no tiene oportunidad de matricularse en otro. El profesor Rodríguez Rivera señaló que se supone que la administración le pueda proveer otras opciones; sin embargo, en la medida en que el perfil del cuerpo estudiantil cambia, hay estudiantes que ya no solo son estudiantes, sino que tienen que trabajar, por lo que en muchas ocasiones preparan su programa en días y horarios determinados para poder trabajar. También le crea un problema al estudiante que recibe ciertas becas, que tiene que tener una carga completa de 12 créditos. Si tiene menos, no cualifica.
La APPU advirtió de que el cierre de secciones en algunos de los recintos tiene el efecto de seguir achicando aun más la Universidad de Puerto Rico. En el proceso se pone en peligro la existencia de programas, departamentos, facultades y recintos.
“Conscientes de que es un servicio esencial, exigimos al presidente y las rectorías de todos los recintos del sistema que desistan inmediatamente de su intención antiestudiantil, antiuniversitaria, antidocente y antisociedad de cerrar secciones y destruir la Universidad de Puerto Rico. Recuerden que la educación es una inversión cuyo efecto es forjar una mejor sociedad. Necesitaremos a esos estudiantes convertidos en profesionales y a esos docentes apoyando su formación y aportando desde sus investigaciones a resolver los problemas del país”.
