CLARIDAD
“La razón fundamental para ello es que se trata de una medida imprescindible para proteger el ambiente, los recursos naturales, lograr la Justicia Ambiental y atender las consecuencias del Cambio Climático al proveerle a la ciudadanía el derecho de que se atienda la sustancia de sus reclamos en protección del ambiente, tanto ante las agencias como en los Tribunales”.
En una extensa carta dirigida al gobernador, Pedro Pierluisi, un grupo de organizaciones le plantearon sus argumentos en términos ambientales y de derecho por las cuales debe dar su firma al proyecto PC 474, de Legitimación Activa.
La carta, con fecha del 7 de diciembre, redactada por el licenciado Pedro Saadé Lloréns, de la Clínica de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y suscrita por otras organizaciones no gubernamentales relacionadas con el tema ambiental, explica la política pública que plantea la medida y desglosa sus incidencias en otros estatutos.
En la misiva se aclara que el PC 474, enmienda la Ley de Política Pública Ambiental (LPAU) y la Ley de Reforma de Permisos e inserta la política pública de ampliar el acceso de la ciudadanía en los trámites y procesos ya vigentes. Resalta, además, que la Legislatura tiene amplia facultad para reconocer y otorgar legitimidad estatutaria y reclamos, y así lo ha hecho en una diversidad de situaciones y contextos. Eso incluye que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido la validez de tal concesión de legitimidad, como por ejemplo, al resolver que cualquier persona puede impugnar la validez de un reglamento aprobado en violación de las normas procesales que dispone la LPAU.
Otro aspecto que eleva a la atención del gobernador es que en el mundo entero se han ampliado las vías de Acceso a la Justicia en situaciones ambientales, precisamente a causa de la severidad de los problemas ambientales actuales y las terribles consecuencias del cambio climático. “Son múltiples los países y jurisdicciones en Estados Unidos que han reconocido y establecido mayor amplitud en la legitimidad ciudadana para hacer sus reclamaciones y el acceso a la justicia respecto a casos ambientales, de salud ambiental y los recursos naturales. Varios informes evidencian este cambio importante y constante. Desde el 2017, han aumentado a nivel global las acciones instadas por individuos y organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre cambio climático. Entre esos países, según el Programa para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas, están la India, Filipinas y Costa Rica.
En tanto, este lunes 12 de diciembre, portavoces de más de 30 organizaciones llevaron a cabo una conferencia de prensa frente a La Fortaleza en la que reiteraron su llamado a la firma del proyecto. En la conferencia de prensa, Vanessa Uriarte, directora de Amigos del Mar, uno de los grupos que se ha afectado de manera directa por la falta de legitimación activa, defendió que la ley es un acto de justicia para todas las comunidades que han sufrido por decisiones de jueces que no han puesto como prioridad la salud, la seguridad y el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano.
Otro de los presentes, el arquitecto Pedro Cardona Roig, de la Fundación El Urbanista LLC, también afirmó que la ley permite la defensa oportuna de los recursos de valor, los bienes de uso y dominio público y el reconocimiento efectivo del interés público en todo proceso.
Por su parte, Neida Pumarejo, directora de la división legal de Para La Naturaleza recalcó que el proyecto se une a una corriente de pensamiento en el cual los derechos de las generaciones futuras son reivindicados en el presente y no cuando los daños sean irreversibles: “Los mecanismos procesales no se pueden convertir en subterfugio para obviar reclamos en defensa del ambiente que plantean daños reales y catastróficos. Si todos nos afectamos por la crisis climática, todos debemos tener acceso a combatirla”, denunció.
El licenciado Saadé Lloréns también presente en la conferencia, reiteró que el gobernador debe firmar la medida lo antes posible “Vetarlo sería un grave error”, advirtió. El gobernador tiene hasta este 18 de diciembre para firmar o darle un veto de bolsillo al proyecto.
