En un gobierno de apariencias y espejismos como el de Jenniffer González y el PNP, la sola mención de la palabra crisis provoca todo tipo de reacción destemplada y desatinada. Así lució el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ingeniero Luis González Delgado, ante la presión ciudadana y las preguntas de la prensa por los repetidos eventos de falta de acceso al agua potable de la AAA ocurridos durante los pasados días y semanas en toda la isla, pero particularmente en los municipios que componen el Área Metropolitana, el espacio más poblado y de mayor demanda por agua en Puerto Rico.
«Ahora mismo no hay crisis», exclamó airado el funcionario, a la vez que reafirmó que 99.9 por ciento de los abonados estaba recibiendo agua en sus residencias o negocios, mientras miles de esos mismos abonados y sus familias llevan confrontando problemas con el suministro de agua desde hace meses.
Esto lo dijo en respuesta a la demostración que realizaron decenas de ciudadanos frente a La Fortaleza en representación de sus comunidades. Si bien no fue una protesta multitudinaria, sí fue bien representativa, en la que desde el Condado y Ocean Park hasta Machuchal, Piñones y Loíza alzaron al unísono sus voces para reclamar el derecho al agua como uno fundamental para todas las personas por igual.
Y es que, por lo bajo y por lo alto, ya se vive cada día la precariedad e inestabilidad del servicio de agua potable en Puerto Rico que, junto al desastre de la energía eléctrica, abona a la fatiga colectiva que siente el pueblo puertorriqueño ante un gobierno insensible e inoperante, más interesado en la pose fotográfica y en la garata política que en servir bien al pueblo que lo eligió.
Hay un sentimiento creciente de que se vive una crisis generalizada en la prestación de todos los servicios esenciales. Salud, educación, vivienda, familia, carreteras, energía eléctrica y ahora también el agua potable parecen colapsar ante la volátil gestión de un gobierno que prometió ejecución y eficiencia y lo que ha traído es espectáculo y parálisis.
Citar cifras astronómicas de millones y billones de dólares en dinero del Gobierno de Estados Unidos que supuestamente están disponibles para proyectos de infraestructura de agua, como hizo la Gobernadora recientemente en una comparecencia de prensa, ciertamente abona muy poco a la tranquilidad y sosiego de las familias por cuyos grifos apenas sale un «chorrito», y que hacen malabares para poder seguir adelante con sus obligaciones diarias en medio de la insuficiencia y racionamiento de los servicios más esenciales.
Mientras desde la cúpula del Gobierno y de la AAA nadie quiere reconocer la crisis, sus signos evidentes se asoman por todas partes y amenazan con derrumbar los cimientos de un sistema decrépito y falto de atención, mantenimiento y, sobre todo, de visión y planificación hacia el futuro.
Falta de agua no es. Puerto Rico tiene copiosos abastos de agua. Además de 36 embalses y más de 1,500 cuerpos de agua, entre estos, 50 ríos principales, nuestros acuíferos subterráneos tienen 243 veces más agua que los ríos y embalses, según cálculos de los expertos. Además, a pesar de las sequías estacionales, el promedio de lluvia anual es de 69 o 70 pulgadas, y hay áreas donde caen cientos de pulgadas de lluvia.
Por eso, según datos del año 2020, en Puerto Rico hay abastos para extraer aproximadamente 700 millones de galones de agua diariamente, de los cuales la AAA purifica y distribuye una gran parte. ¿Qué ha pasado entonces para que el servicio de agua potable en Puerto Rico haya hecho crisis y amenace con convertirse en una carencia permanente en hogares y negocios de nuestro país? La respuesta es compleja, pero a la vez similar a lo ocurrido con toda la infraestructura pública principal de Puerto Rico, desde carreteras, energía eléctrica, transporte, escuelas, facilidades de salud, vivienda, edificios gubernamentales, en fin, el corroído aparato gubernamental colonial, que ha sido administrado en alternancia por dos partidos (PNP/ PPD), hoy en decadencia y cuya corrupción e incompetencia ya no tienen vuelta atrás.
De los 700 millones de galones de agua diarios que se extraen en Puerto Rico se pierde el 60 por ciento, a causa de malos manejos, fallas técnicas, tuberías arcaicas y deterioradas -sobre todo en las ciudades y cascos urbanos- salideros ocultos, conexiones ilegales y hurto de agua, y por otras razones que la burocracia gubernamental ha ignorado y desatendido por años y décadas. También, por la falta de mantenimiento y atención a los embalses, a las plantas de filtración y purificación, a las cuencas hidrográficas y al llamado Superacueducto, el más moderno de los proyectos de infraestructura de agua, y que ya tiene más de 25 años sin haber recibido el mantenimiento adecuado. El Superacueducto suple el agua de cerca de 200,000 abonados en el Área Metropolitana, y desde que se averió hace unos meses, la crisis de abasto de agua se ha intensificado.
Estas son fallas y desatención que han ocurrido por años, y que tras los huracanes y demás desastres naturales recientes, y la quiebra fiscal del Gobierno de Puerto Rico- aún sin resolver después de diez años desde la aprobación de la Ley PROMESA- son el caldo de cultivo que alimenta la crisis en todos los órdenes que sufre nuestro pueblo.
La «crisis del agua» de la que no se quiere hablar, es parte de la implosión sistémica de un andamiaje colonial que se arrancó la careta de «estado benefactor» y «vitrina de prosperidad» y desarrollo económico artificial, para mostrar su verdadera naturaleza de dominio, control, indiferencia, desprecio y desigualdad.
