CLARIDAD
Entre el año 2017 a septiembre de 2020, en Puerto Rico se ejecutaron 12,788 residencias, de acuerdo a datos de la Oficina de la Comisionada de Instituciones Financieras (OCIF). Así lo dio a conocer un grupo de organizaciones que reclamaron al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, que cuando se emita una orden ejecutiva que declare un estado de emergencia o de desastre mayor en Puerto Rico, se incluya una prohibición de desalojos por falta de pago durante el periodo que dure dicha emergencia.
La petición fue hecha mediante una carta enviada por cerca de 30 organizaciones, encabezadas por ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), entre las que hay organizaciones comunitarias y feministas, el Colegio de Trabajadores Sociales , la Sociedad de Planificación y otras.
“Las organizaciones, grupos y quienes suscribimos esta carta tenemos un compromiso con la defensa del derecho a la vivienda en Puerto Rico. Ya sea a través del ofrecimiento de servicios directos a poblaciones particulares o como entidades que promueven la abogacía, compartimos la certeza de que sin vivienda no hay salud pública o recuperación justa. Como gobernador, usted cuenta con la autoridad y el deber de establecer la política pública de Puerto Rico en temas de desastres y vivienda”, reclamaron las organizaciones.
Las licenciadas Ariadna Michelle Godreau Aubert y Verónica Rivera Torres, ambas de ALPR, expresaron en entrevista que llevan años trabajando con desastres y que cada vez que hay uno hacen el mismo llamado de moratoria justa. Aclararon que la moratoria que se solicita no es como las que se dieron cuando el huracán María ni como la primera Orden Ejecutiva (OE) que se decretó el 15 de marzo de 2020 debido a la pandemia, que tenían un tiempo determinado.
La situación actual es que la OE de marzo concedió una moratoria de 30 días en préstamos hipotecarios; pero esa moratoria de inmediato fue cuestionada por los bancos y más nunca se ha vuelto a cuestionar el tema de moratoria en una OE. Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal, indicó que sí se logró que se pasara una resolución que habilita una moratoria hasta agosto de este año; pero fuera de eso, en Puerto Rico nunca se ha vuelto hablar del tema.
En Estados Unidos, expusieron, cuando se aprobó el Cares Act se aprobó moratoria para cubrir solo hipotecas subsidiadas a nivel federal y para asistencia de alquiler federal. Las licenciadas denunciaron que cuando se aprobó el Cares Act, se incluyeron unos fondos para el Gobierno de Puerto Rico, pero el Gobierno no los usó hasta muy tarde. Solo algunos municipios los usaron; pero fue muy poca la publicidad, e incluso, el entonces secretario del Departamento de la Vivienda les llegó a decir una vez que ese dinero no se podía usar y que era “mínimo, muy poco dinero”.
Aunque esa moratoria para las hipotecas subsidiadas por el Gobierno federal se han ido extendiendo a Puerto Rico, la realidad es que en la isla nunca se ha tenido una moratoria de desahucios: “De eso no se habla aquí”, censuró Godreau Aubert.
La situación es que, ahora mismo, en Puerto Rico la gente está en un hilo porque depende de lo que ha dicho la Rama Judicial de Puerto Rico, de que no se van a ver lanzamientos; pero esto no es ni siquiera por orden del tribunal, lo que significa que la gente está desprotegida una vez se acabe la disposición federal ahora en marzo.
“La desprotección es real, es una vulnerabilidad en derecho que se evidencia precisamente por lo que los tribunales han tenido que hacer para evitar la ola de los desalojos. Antes de que el tribunal lo hiciera en Puerto Rico, lo hicieron los federales. Ya han habido discusiones de qué se puede ver en cuál fase”, subrayó Rivera Torres respecto a los casos en los tribunales en la isla.
Ambas comentaron que cuando lo peor del encierro con la pandemia, muchas personas en alquiler llamaron a ALPR preocupadas porque estaban procurando sacarlos de sus casas. Los bancos también han presentado demandas de cobro, hecho emplazamientos y ejecutado casas. Eso, con todos los mecanismos legales que se han logrado conseguir. Por eso importante que el Gobierno actúe, incluso crear legislación al respecto.
De acuerdo con datos del mismo Gobierno de Puerto Rico, en el mes de septiembre, 97 mil familias se habían acogido a la moratoria de ejecuciones de hipoteca. “Cada vez que viene un desastre lo primero que se afecta es la vivienda, ya sea porque el desastre te la tumbó o porque no puedas pagar tu casa. Después de los huracanes hemos visto, a los días, las amenazas de desahucio. Después de los terremotos, emplazamiento de hipotecas, y ahora con la pandemia, no hay dinero” manifestó Godreau Aubert.
En términos de los gastos de personas que viven en alquiler, aunque los datos disponibles no son muchos, se sabe que casi el 47 % de la población que alquila, que es una tercera parte de la gente en Puerto Rico, invierte más del 35 % de sus ingresos en renta. Una quinta parte son personas mayores de 65 años. Por medio de las llamadas que reciben en Ayuda Legal saben que estas poblaciones tienen miedo de perder sus casas y que por circunstancias de edad, género, raza o situación social tienen menos oportunidad de conseguir una vivienda.
Las entrevistadas reiteraron que aunque la crisis hipotecaria y de desahucios que azota a Puerto Rico se suma a una crisis de vivienda que por años lleva empeorando, a esta situación se suma la falta de techo seguro de miles de familias que esperan asistencia, a más de tres años de los huracanes Irma y María y a más de un año de los terremotos que afectaron el Sur. Por último, el impacto económico del COVID-19 ha aumentado la vulnerabilidad de quienes hoy no saben cómo pagar sus rentas o hipotecas.
Ambas exhortaron a que las personas que entiendan necesitan orientación sobre su situación a llamen a Ayuda Legal Puerto Rico al 787 – 957- 3106.
