CLARIDAD
El Centro para una Nueva Economía (CNE) advirtió que para que Puerto Rico pueda cumplir con un plan de ajuste de deuda a largo plazo debe antes procurar revertir el estancamiento secular de nuestra economía. Para lograrlo, recomendó que el Gobierno implemente una estrategia coordinada de crecimiento económico que incluya, entre otras cosas, aumentar la inversión fija doméstica y foránea, fortalecer las pequeñas y medianas empresas de capital local, promover la exportación por empresas puertorriqueñas e invertir de manera significativa en actividades de investigación y desarrollo, que resulten en bienes y servicios innovadores producidos localmente.
Las recomendaciones forman parte de un análisis preparado por el director de Política Pública del CNE, Sergio Marxuach, y compartido con la Prensa, en anticipo al Plan de Ajuste de la deuda de los Bonos de Obligación General (BOG) con la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y obligaciones con varios grupos de acreedores no asegurados, que debe presentar la Junta de Control Fiscal ante la jueza Laura Taylor Swain, el miércoles, 10 de febrero. En total, el Plan de Ajuste modificaría los términos de cerca de $35,000 millones de deudas del Gobierno central.
El economista del CNE expuso que en octubre de 2020 la JCF presentó su oferta a los acreedores para reducir esa deuda a aproximadamente $11,900 millones, que se reparten en $6,000 millones en efectivo, $4,900 millones en nuevos BOG y $1,000 millones en la forma de un Instrumento de Valor Contingente (IVC). Menciona Marxuach que, según la JCF la tasa de recuperación promedio para todos los acreedores fluctuaría entre 31.3 % (sin incluir los pagos del IVC) y 34.1 % (incluyendo todos los pagos del IVC), aunque demuestra gran variación entre las diversas clases de acreedores.
Marxuach señala que todo este andamiaje de reestructuración está anclado en proyecciones económicas a mediano y largo plazo, que a su vez se utilizan para estimar los ingresos disponibles al gobierno y calcular el superávit primario (el dinero que queda después de cubrir los gastos operacionales del gobierno) que se puede utilizar para el servicio de la deuda reestructurada. Mientras, informes de prensa y documentos publicados por la misma JCF reflejan que algunos acreedores objetan las proyecciones económicas de la Junta porque las consideran demasiado pesimistas.
“Esto no debe sorprendernos, debido a la naturaleza adversativa del proceso de reestructuración. Y también porque hacer proyecciones económicas y fiscales a largo plazo (20 años o más) es difícil en el mejor los tiempos. Y, ciertamente, no estamos en los mejores tiempos”, apunta el director de Política pública del CNE.
Se puede estipular con un alto grado de confianza que el Gobierno de Puerto Rico enfrenta un nivel de incertidumbre no visto por lo menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, debido a que la economía de la isla ha estado estancada, en contracción o creciendo de manera mínima, por 15 años consecutivos. A esa débil base económica, indica, hay que añadirle los impactos económicos adversos de una concatenación de eventos desafortunados, tales como la reducción de la población; la quiebra misma del gobierno, que afecta la inversión; los huracanes de 2017; los terremotos de 2020 y la pandemia de COVID-19.
A la luz de estas circunstancias, el cuadro macroeconómico del país es complicado. A corto plazo se vislumbra un repunte modesto (un crecimiento entre 1 y 1.5 % del producto nacional bruto) debido al aumento del gasto público para la reconstrucción de la infraestructura dañada o destruida por los huracanes y los terremotos, para restituir la pérdidas que han sufrido muchas empresas y para ayudar a los que han quedado desempleados debido a la pandemia, gasto público que es financiado principalmente por el Gobierno federal. Pero ese repunte que se proyecta a corto plazo no está garantizado.
Las causas que Marxuach indica pueden afectar de manera negativa ese repunte son en primera instancia que el estímulo económico dependerá en gran medida de la disponibilidad de los fondos federales, lo que a su vez está sujeto a los vaivenes políticos y burocráticos en Washington, D.C., y a la incapacidad del Gobierno de Puerto Rico para ejecutar operaciones complejas. Además, mucho de ese gasto será en bienes y servicios producidos por entidades y personas foráneas, lo que reduce el efecto multiplicador en la economía local.
Aun si se cumple esa proyección de crecimiento a corto plazo hay que recordar que ese modesto repunte se debe al reemplazo del capital destruido o a la compensación de pérdidas, y no cambia, transforma, o modifica de manera alguna la dinámica subyacente de estancamiento secular de nuestra economía a largo plazo.
Es en este punto Marxuach presentó sus recomendaciones. Además de las ya mencionadas, hay que implementar políticas públicas que fomenten (directa o indirectamente) la productividad total. Por ejemplo, reformar a fondo el sistema educativo, el cual califica de mediocre; reducir los costos de la energía eléctrica, así como mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico; reformar instituciones obsoletas que impiden el crecimiento económico y eliminar la cacería de rentas por parte del sector privado.
“La implementación de ese tipo de estrategia toma tiempo y está plagada de riesgos. Es por eso que les recomendamos a los acreedores que acepten proyecciones económicas conservadoras en la confección del Plan de Ajuste. Ese es, simplemente, el curso de acción más prudente. El nivel de incertidumbre sin precedentes en tiempos modernos hace que las proyecciones económicas y financieras a largo plazo no sean confiables”, afirmó.
Marxuach ve difícil que Puerto Rico pueda presentar de buena fe un Plan de Ajuste que sea vinculante por treinta años. Sin embargo, reconoce que dadas las instrucciones claras de la jueza Taylor Swain, la JCF tiene que radicar en la corte este 10 de febrero por lo menos un bosquejo detallado del Plan. Las recomendaciones del Centro para una Nueva Economía son que se aumente el componente del IVC, al tiempo que se reduce la contraprestación pagada en forma de nuevos bonos de BOG. Explica que esto permite a los inversionistas un recobro mayor en caso de que la economía tenga un desempeño superior, mientras protege a Puerto Rico en caso de que los ingresos del Gobierno estén por debajo de las expectativas. Esto según el CNE, ayuda a mitigar la incertidumbre prevaleciente, facilita que se presente un PA viable y reduce la probabilidad de una crisis de liquidez.
“Esta es una propuesta en la que todos ganan: los inversionistas participan de cualquier escenario económico potencial al alza, Puerto Rico queda con una carga de deuda sostenible y ambas partes mitigan el riesgo de un nuevo incumplimiento a corto y mediano plazo”, reafirmó Marxuach.
