CLARIDAD
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), capítulo de Puerto Rico, hizo una petición extrajudicial a la gobernadora Jenniffer González Colón, para que desista de facilitar información al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de personas inmigrantes en Puerto Rico.
Una petición extrajudicial quiere decir que la petición no se ha hecho a través del tribunal, sino que se han levantado unos argumentos de que se están dando unas violaciones que requieren reparación con la adopción de medidas específicas para detenerlas y evitar que sigan ocurriendo. La directora ejecutiva de ACLU, licenciada Annette Martínez Orabona, dijo a CLARIDAD que los señalamientos de las violaciones pretenden dar la oportunidad al gobierno de evitar que ACLU acuda al tribunal ya que su interés no es buscar llevar acciones judiciales porque sí, sino porque se quiere dar la oportunidad al gobierno de que se conozcan las violaciones y que se corrijan antes de tener que ir a gastar recursos del estado en un tribunal.
La petición de ACLU tiene su origen en la revelación de que el gobierno de González Colón, en particular el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), le entregó a ICE información de 6 mil personas con estatus migratorio irregular que tienen licencia de conducir. Según el gobierno se le había requerido la entrega de la información. El problema es -dijo Martínez Orabona- que el gobierno primero negó que estuviese cooperando con el gobierno federal en específico con ICE, luego tuvo que aceptar que sí habían entregado esos registros. Apuntó a que el problema es que el gobierno no dijo cómo fue la petición, si fue una carta, o a través de un “subpoena”, que es un tipo de orden administrativa, acción que no es una orden de un juez. Aclaró que hay algunas agencias que tienen esa facultad delegada por ley para pedir una entrega de documentos. Pero el gobierno no ha hecho público el documento mediante el cual ICE solicitó la entrega de la información, por lo que ACLU también le solicita que haga público el documento.
En la petición dirigida a la gobernadora y a la secretaria del Departamento de Justicia, licenciada Lourdes Linette Gómez Torres, ACLU, sostiene que su gobierno está incurriendo en violaciones constitucionales al cooperar con requerimientos de información administrativos emitidos por ICE, los cuales son en excesos amplios. Además de que el ICE lo está utilizando “de forma arbitraria y abusiva como expedición de pesca para solicitar información confidencial, datos personales y colaboración por parte de entidades estatales y municipales, sin autorización judicial ni base legal que obligue al gobierno de Puerto Rico a cumplir con dichas exigencias”.
De acuerdo con los expertos en Derecho, los requerimientos administrativos de ICE no equivalen a una orden judicial, ni tienen fuerza de un cumplimiento automático y denunciaron que varias agencias públicas y municipios han respondido a estos requerimientos de ICE sin asesoría legal y sin proteger los derechos de las personas afectadas. En particular se señaló que la secretaria del Departamento de la Familia, hizo público que se estaría reuniendo con funcionarios federales para atender solicitudes similares.
Otro aspecto que se lleva a la atención de la gobernadora es que su gobierno no ha emitido ningún protocolo para instruir a los organismos gubernamentales sobre cómo manejar dichas solicitudes, lo que constituye un incumplimiento de su deber de salvaguardar derechos constitucionales y evitar una colaboración indebida con políticas federales discriminatorias y de persecución.
En esa dirección se le solicita a la gobernadora que con carácter inmediato emita una orden ejecutiva para prohibir a todas las agencias del ELA a colaborar con citaciones administrativas de ICE sin que medie una orden judicial; a que implemente un protocolo uniforme de no colaboración sin orden judicial en hospitales, escuelas, municipios, centros comerciales y oficinas gubernamentales.
La directora ejecutiva de ACLU PR confirmó a CLARIDAD que ni la Fortaleza, ni el DJ han respondido al plazo de diez días para que respondan a la solicitud de una reunión para discutir el contenido de la notificación y a emitir las enmiendas institucionales que sean necesarias para cesar de inmediato la colaboración ilegal e inconstitucional -de acuerdo con ACLU- con ICE.
La gestión de ACLU en Puerto Rico es similar a ACLU en Estados Unidos, en donde se han presentado 120 acciones contra las órdenes ejecutivas del presidente Trump a nivel central y otras cientos de acciones en contra de gobiernos locales y a nivel administrativo. Martínez Orabona hizo la distinción de que en el caso de Puerto Rico se tiene la situación particular de que existe una información clasificada como confidencial que afecta a un sector en específico de inmigrantes y el estado ha decidido ignorar esa protección.
“Nosotros desde la ACLU en esa carta explicamos en detalle porqué entendemos que esa acción representa violaciones constitucionales”.
El arresto de Aracelys
La petición de ACLU -con fecha de este lunes nueve de junio- se produjo junto a la desaparición de una trabajadora dominicana, quien fue arrestada por agentes de ICE el cinco de junio luego de salir del municipio de Cabo Rojo, a donde acudió para registrar un pequeño negocio que tiene en la playa en Cabo Rojo y con el cual sostiene a su familia. ACLU indicó que la persona tiene visa de trabajo aprobada (28 dic 2023) y Advance Parole vigente (23 sep 2024 – 22 sep 2029), es sobreviviente certificada de violencia de género (VAWA) y estaba en proceso de residencia permanente (Form I-693, radicada el 16 abril 2025).
La mujer de nombre Aracelys fue arrestada -denunció ACLU- luego de que un policía municipal alertó -sin orden judicial, ni autoridad legal- a oficiales federales de inmigración. Aun cuando presentó su pasaporte, visa y permisos en regla ésta fue arrestada y trasladada fuera de Puerto Rico, hasta Texas, donde permanece incomunicada para su familia y su representación legal.
“Este operativo es un atropello infame,” denunció Martínez Orabona, “Detener a una víctima de violencia doméstica amparada por la ley y arrastrarla a otra jurisdicción viola la Constitución, la ley VAWA y los principios más elementales de humanidad. Exigimos su liberación inmediata y garantías de seguridad.”
Mientras el director legal de ACLU, licenciado Fermín Arraiza Navas, subrayó que la “Policía Municipal carece de autoridad para ejecutar leyes migratorias sin un acuerdo ni orden judicial. Este acto extralimitado, aberrante, quebranta la Quinta Enmienda y el debido proceso. El agente involucrado se expone a responsabilidad civil y penal por violaciones de derechos.”.
Ante el panorama que impera la directora ejecutiva de ACLU expresó que, aunque triste, su recomendación para las personas que se encuentran en una situación migratoria irregular a que eviten lo más posible cualquier tipo de intervención u encuentro con no solo el gobierno federal, sino el aparato de seguridad de nuestro gobierno estatal. “Lamentable en este momento no se puede confiar, es un momento de alto riesgo para la comunidad migrante incluso si tienen sus documentos al día porque hemos visto casos donde personas con documentos y autoridad legal para estar en Puerto Rico también han sido detenidos y llevados fuera de nuestra jurisdicción”.
Según el ICE, en la isla se han detenido sobre 500 personas y de estas solo el 16% tiene algún tipo de falta o expediente con algún tipo de delito, relacionado por haber entrado en una segunda ocasión de manera irregular, lo que ni siquiera se trata de delitos clasificados.
