CLARIDAD
Son muchas las dudas que levanta el anunciado proyecto turístico, Esencia, que se pretende construir en 2,000 cuerdas de terrenos sobre tres millas de la zona costanera en Cabo Rojo.
Según dieron a conocer los propios desarrolladores, la corporación de inversión inmobiliaria Reuben Brothers junto a la firma Three Rules Capital Esencia, el proyecto constará de un hotel de 500 habitaciones, 900 viviendas de lujo, dos campos de golf, un centro ecuestre, una escuela privada y su propio aeropuerto privado, entre otras instalaciones. La inversión superará los $2,000 millones. De acuerdo con la información del Single Business Portal de OGPe, el dueño del proyecto y de los solares es Cabo Rojo Land Acquisition LLC.
La divulgación de la información del proyecto levanta dudas sobre el proceso de permisos, alarmas respecto a las consecuencias de la privatización que suelen representar este tipo de construcciones que impactan la zona marítimo terrestre (ZMT) y hace cuestionarse una vez más dónde queda el Plan de Uso de Terrenos (PUT) y cuánto interviene la Junta de Planificación (JP) en este tipo de proyecto.
Sobre esa premisa, en entrevista el exmiembro de la JP, el planificador Félix Aponte Ortiz, señaló que ahí es que está el primer problema: la conducta reiterada de la JP de desmontar las conceptualizaciones de planificación, los compromisos, porque el PUT es un compromiso de política pública, una ley que a su vez reconoce la responsabilidad de ley de los planes territoriales de los municipios, por lo que hay que ver si el proyecto incide tanto sobre el Plan Territorial de Cabo Rojo, como en el PUT, aunque sea de manera mínima.
Además, hay que mirar también por el impacto económico que tendría una intervención de esa magnitud y si incide sobre los otros municipios. Otros planteamientos recurrentes en este tipo de proyecto es si hay agua suficiente, si hay capacidad para tratar las aguas usadas, si hay acceso a la red vial y si en términos regionales la inversión pública puede sostener esa operación sin perjuicio a los que ya están en el área, tanto residentes como los empresarios que tienen actividades de turismo que están adaptadas a las condiciones a una escala distinta.
El exprofesor de planificación puso en duda que el proyecto sea uno que vaya a vistas públicas, lo que derrota los instrumentos de planificación que se han formalizado con consentimiento público, fueron a vista públicas, se validaron y se adoptaron —se refiere al PUT y al PMT—, pero que luego con una intervención particular, individualizada, sin análisis se dejan sin efecto. “Ya eso, de por sí, se descalifica; se adoptan los planes para los intereses particulares de un proyecto”. Aun cuando indicó que el proyecto debiera tener vistas públicas, por lo que ha visto, lo probable es que se pretenda darle seguimiento por Internet “como si fuera proyectito”.
Aponte Ortiz trajo a la atención que hay un componente que cree que la JP no sabe, ni tiene idea. Recordó que en el 1978 se adoptó como política pública un Plan de Manejo de la Zona Costanera en compromiso con la NOAA (siglas en inglés de la Oficina Nacional de Administración Oceánica), el cual designó varias áreas de planificación especial en Puerto Rico, una de ellas es el suroeste, precisamente para proteger el litoral desde el bosque de Guánica hasta los manglares de Joyuda. “Que conozca, ese plan no ha sido derogado; que conozca, el Gobierno federal hace donativos anuales para que Recursos Naturales y la Junta de Planificación administren ese programa de manejo y esas reservas naturales”.
Observó que cuando se hizo el plan no se tenía idea de algo como el calentamiento del planeta y el cambio del climático. Ante estos aspectos, explicó, la JP tiene la función de validar que cualquier iniciativa o proyectos con fondos federales sean compatibles con ese programa y la ley federal de la zona costanera. En esa línea, apuntó a que hay un desfase debido a que, por ejemplo, todos los proyectos de agua, sanitarios, de comunicaciones y de manejo de desperdicios sólidos se atienden con donativos federales que da FEMA. Cuestionó entonces que cómo sería ese proyecto a la luz del manejo de la zona costanera, que no es discrecional: “Nosotros, voluntariamente, como pueblo dijimos queremos participar física y financieramente de ese programa”.
Otro elemento que trajo a la consideración es que la zona es susceptible a terremotos y que ahora mismo hay tres fallas geológicas activas, frente a la costa de Cabo Rojo, que siguen activas continuamente. Eso significa que las estructuras requieren una construcción más rigurosa, lo que resulta también más costoso, incluida la estructura pública. Aponte Ortiz planteó que hay que cuestionarse si se quiere favorecer un turismo de alto costo o un turismo de naturaleza, de acceso a las playas, a la contemplación del litoral y los recursos costeros, a la observación de mamíferos marinos, de todas los recursos naturales que ofrece el área.
También trajo la interrogante sobre el uso del agua. Debido a que Cabo Rojo está casi en el límite del distrito de riego del Valle de Lajas, eso quiere decir que ese Cañón de Boquerón es el punto del sistema del drenaje del riego del valle y ese canal de riego llega a Cabo Rojo y descarga en la playa. Ese espacio, en principio, da servicio y hace que funcione el sistema de riego del Valle de Lajas, que es una reserva agrícola de casi 50 mil cuerdas. Aponte afirmó que fue durante su participación en la JP que se designó dicha reserva agrícola.
Frente a este hecho, planteó el conflicto que representa el decidir si utilizar el agua para producir alimento o usar esa agua para proveer a unos turistas que no aportan a Puerto Rico. Apeló al criterio de seguridad alimentaria vis a vis a una actividad empresarial que deja dinero a unas pocas personas. “Ese escenario tiene todos esos ingredientes. Un proyecto de esa magnitud requeriría ver cómo armoniza, si es compatible, y si es una incompatibilidad, el pueblo tendría que decidir ya no queremos sembrar en el Valle de Lajas, el agua y la tierra que se use para otra cosa. Esa decisión requiere acción legislativa”, puntualizó.
Sobre el uso del agua añadió y explicó que ese sistema de riego es uno que está bien subsidiado. El costo de la producción de un volumen de agua de 126 mil galones se mide como acres-pies. Ese sistema lo administra la Autoridad de Energía Eléctrica, la cual se la vende a la Autoridad de Acueductos en $135 .00 por acre-pie y al agricultor se le vende a $5.00 el acre-pie. La diferencia se concibe como un subsidio social porque es importante tener alimentos. Observó que esa región es una de las más secas de Puerto Rico. “Me gustaría que alguien me explicara y me convenciera de que todos estas señalamientos, ya todo eso, puede ser superado”, concluyó.
Senado aprueba resolución
En tanto, el Senado de Puerto Rico aprobó el 5 de junio una Petición de Información 2024-0060, presentada por la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón. En esta se le exige a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que entregue el expediente del controvertido proyecto Esencia así como cualquier otra documentación que se haya sometido bajo los números de trámite que aparecen en el portal digital de la agencia.
“El país tiene derecho a tener toda la información sobre este proyecto y su efecto sobre el ambiente, el acceso al mar y la disponibilidad de agua potable. Debe además considerarse cómo la proliferación de espacios diseñados para extranjeros con alto poder adquisitivo, que además son beneficiarios de generosos incentivos, provoca cambios en el mercado de bienes raíces, que hacen cada vez más difícil que las familias puertorriqueñas puedan alquilar o comprar viviendas”, puntualizó Santiago Negrón, en comunicado de prensa.
La resolución dispone que la OGPe tendrá un término de cinco días laborables para contestar la solicitud presentada. De no hacerlo, el Senado podrá acudir a los tribunales para obligar a que se cumpla con lo solicitado.
