El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR) calificó de un atentado contra el ejercicio libre e independiente de la abogacía y una afrenta a los principios fundamentales de la democracia la orden administrativa del presidente Donald Trump de sancionar a abogados (as) que impugnen sus políticas migratorias.
La orden del presidente de Estados Unidos, emitida este viernes 21 de marzo, le ordena a la fiscal general, Pam Bondi, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, imponer sanciones a los despachos jurídicos y a los abogados que presenten demandas contra el Gobierno federal, que este considere frívolas o irrazonables.
Aquí en Puerto Rico la presidenta del CAPR, licenciada, Vivían Godineaux Villaronga, reclamó que “el respeto al trabajo de la abogacía es esencial para garantizar el debido proceso de ley y la justicia para todas las personas. Perseguir a profesionales del derecho por representar a sus clientes o cuestionar las acciones del gobierno es inaceptable en un Estado de Derecho”.
De acuerdo con el Colegio, es fundamental el valor y la importancia de la función crítica de la abogacía y la rama judicial en un sistema democrático. “Una democracia saludable requiere que las acciones del gobierno puedan ser fiscalizadas y cuestionadas ante los tribunales. La separación de poderes es un pilar fundamental que protege a la ciudadanía de abusos y garantiza que las leyes y políticas públicas sean evaluadas bajo los principios constitucionales”, añadió.
“El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico reafirma su compromiso con la defensa de la independencia judicial y el libre ejercicio de la profesión legal. Asimismo, hace un llamado a la comunidad jurídica y a la sociedad en general a rechazar cualquier intento de intimidación que atente contra los derechos fundamentales y el acceso a la justicia”, concluyó la abogada en representación de los miles de abogados y abogadas colegiados.
