El Frente Amplio de Acción Social (FAAS) dio a conocer que el Departamento de Educación estableció, mediante la Carta Circular 008-2025-2026, la Oficina de Base de Fe.
El colectivo multisectorial dedicado a la fiscalización de la gestión gubernamental y la defensa de los derechos de las niñeces y juventudes expresó su profunda preocupación por el establecimiento de dicha oficina y denunció que esta acción representa una violación abierta al estatuto constitucional que garantiza la separación entre Iglesia y Estado, poniendo en riesgo la equidad, la pluralidad y la salud democrática de nuestro sistema educativo.
“Defendemos la separación de Iglesia y Estado porque imponer una Oficina de Fe en el sistema de educación pública violenta más a la sociedad, pues propicia una polarización ideológica que no representa la función de nuestras comunidades escolares. El rol del magisterio representa una figura de poder y significativa en nuestro desarrollo como personas”, afirmó la Dra. Alice Pérez Fernández.
La psicóloga y educadora, agregó que el DE se contradice al fundamentar la creación de la OBFDE en la Sección 1 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, alegando que se “prohíbe, puntualmente, el discrimen por razón de raza, color, sexo, nacimiento, origen, condición social o ideales políticos o religiosos, disponiendo que tanto las leyes como el sistema de instrucción pública, encarnará estos principios de esencial igualdad humana”. La educación pública debe ser un espacio laico, inclusivo y respetuoso de la diversidad de creencias. Se denunció que la imposición de agendas religiosas en la política educativa amenaza con desplazar el currículo científico y pluralista, vulnerando el derecho de estudiantes a recibir una formación crítica y libre de adoctrinamiento.
El Frente Amplio de Acción Social trajo a la atención que la experiencia internacional y local demuestra que la imposición de dogmas religiosos en la escuela pública limita el desarrollo autónomo del pensamiento y obstaculiza la formación ciudadana necesaria para una democracia robusta. Según se denunció, en la Carta Circular no se menciona en ningún lugar el derecho de los estudiantes a no participar en actividades religiosas ni se establecen límites claros para evitar la presión social o institucional. Tampoco se presenta un protocolo para que personas no creyentes o de creencias minoritarias puedan objetar prácticas o intervenciones religiosas en sus espacios escolares.
La Carta Circular 08-2025-2026 establece que las OBFDE desarrollarán planes de trabajo para proponer “asesoría, orientación, iniciativas y actividades» dentro de nuestras escuelas públicas. ¿Cuáles serán los fundamentos espirituales en los que se articulará la estandarización de una “libertad religiosa” en un espacio laico?, cuestionó el colectivo.
En esa línea, se resaltó que la imposición de creencias religiosas en la escuela puede causar estrés, ansiedad y presión psicológica en estudiantes que no comparten esas creencias. La literatura advierte que esto afecta la autonomía y la identidad emocional en la adolescencia. Cuando se privilegia una religión, se generan desigualdades en el acceso a educación inclusiva, lo que a largo plazo afecta indicadores de salud. Esto promueve confusión en niñeces y juventudes que practican otras religiosidades y espiritualidades en sus hogares. También propicia presión, sentimientos de exclusión y conflicto interno, ansiedad religiosa, discriminación, estigmatización, acoso escolar y falta de tolerancia a la pluralidad religiosa.
Desde la óptica de los derechos civiles, se indicó, la Constitución de Puerto Rico establece claramente la separación de Iglesia y Estado y que no se utilizarán fondos públicos para el sostenimiento de instituciones religiosas. La creación de una OBFDE constituye un retroceso peligroso, abriendo la puerta a la exclusión de minorías religiosas, personas no creyentes y comunidades históricamente vulneradas. Esta medida erosiona los principios de neutralidad institucional y pluralismo, pilares fundamentales de una sociedad democrática.
“El FAAS reafirma su compromiso con la participación pública activa y la generación de propuestas concretas para garantizar el desarrollo integral, calidad de vida y buen vivir de nuestras niñeces y juventudes. Exhortamos a la ciudadanía, a profesionales de la educación y a organizaciones sociales a defender la educación laica y los derechos civiles frente a cualquier intento de instrumentalización religiosa del Estado. Exigimos una educación pública plural, crítica y libre de imposiciones religiosas”.
