Cuando los sistemas políticos van en decadencia, se empeñan en mantener las prácticas que hacen sentir importantes a sus llamados líderes, pero también provocan el mayor rechazo de sus pueblos. En Puerto Rico está sucediendo eso, a pesar de que los caciques del bipartidismo aparentan no sentir el soplido de los vientos, ni el rechazo creciente que la población les manifiesta de diferentes maneras. El asunto de las escoltas del Gobernador, ex gobernadores y ciertos oficiales de los gobiernos de turno en Puerto Rico lleva décadas provocando debates y despertando pasiones, como sucede en estos días, mientras en la Asamblea Legislativa se dilucida nuevamente la controversia sobre si deben o no limitarse los servicios de escoltas policíacas a ciertos altos funcionarios públicos.
Este no es un debate nuevo. Hace varias décadas, por un debate similar, el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá y la ex gobernadora Sila María Calderón, ambos del Partido Popular Democrático (PPD), renunciaron al servicio de escoltas, mientras otros dos ex gobernadores ya fenecidos- archirrivales políticos entre sí-se unieron para ir al Tribunal a defender su derecho a tener escoltas pagadas por el pueblo de Puerto Rico, aduciendo que era “un derecho adquirido” inherente al alto cargo ocupado por ambos. Los sujetos de aquel litigio judicial fueron los ex gobernadores Rafael Hernández Colón, del PPD y Carlos Romero Barceló, del Partido Nuevo Progresista (PNP), dos gobernantes de larga trayectoria, pues se alternaron el poder a través de veinte años, durante un período de grandes cambios en la vida de nuestro pueblo. El Tribunal en aquel entonces les dio la razón. Valdría preguntarse ¿cómo no se las daría, si nuestros jueces y juezas son nombrados por un gobernador o gobernadora de turno? El saldo fue que el pueblo de Puerto Rico hubo de seguir subvencionándoles el servicio de escoltas hasta la muerte de ambos varias décadas después.
Aunque el servicio de escoltas adiestradas esté entre las prerrogativas de los mandatarios y otros altos funcionarios en el mundo entero, en el momento actual que vive Puerto Rico, la pertinencia y viabilidad de las escoltas a altos funcionarios públicos tiene que ser cuestionada. Sobre todo, porque la situación fiscal y económica del País no está como para esos excesos. El gobierno de Puerto Rico está en medio de un proceso de quiebra fiscal, impuesto por la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal (JCF). Ya mismo se debe empezar a pagar por los planes de ajuste de deuda (PAD), aún queda deuda por reestructurar, y la inmensa mayoría de nuestro pueblo siente el azote del racionamiento en los servicios públicos, y de la precariedad y empobrecimiento que todo este proceso de austeridad fiscal le está significando en su vida diaria. Aún peor, si desde el Gobierno se reducen los servicios públicos esenciales de educación, salud y seguridad y se exprime en todo sentido a los trabajadores y trabajadoras que los dispensan, si se le recortan fondos a la Universidad de Puerto Rico y se les aumenta el costo de los servicios a sus estudiantes, si se asfixia al pueblo con tarifas cada vez más altas por energía eléctrica, agua potable y peajes, entre otros servicios, y se congelan los planes de pensiones de los servidores públicos activos. En fin, si la vida del trabajador y trabajadora del servicio público, y de la población que depende de dichos servicios, es cada vez más precaria y empobrecida, ¿cómo puede, entonces, justificarse el gasto de millones de dólares anuales en servicios de escoltas policíacas para un puñado de altos funcionarios que no corren peligro inminente, ni están bajo amenaza real?
De hecho, en la lista publicada de funcionarios con escoltas y los gastos incurridos por dicho concepto, sobresalen varios datos. Un gasto exorbitante por pago de horas extras que asciende a $1.3 millones anuales, y que no es solo escandaloso sino indicativo de una severa falla en el manejo y supervisión del uso de dicho servicio por los funcionarios concernidos. El gasto total entre nómina regular y hora extras asciende a $4.4 millones anuales, según publicado. Sin embargo, en los documentos entregados a la Asamblea Legislativa y publicados, hay varias omisiones flagrantes. No constan los gastos por concepto de escoltas de la Oficina del Gobernador, ni tampoco los relativos a los miembros y altos oficiales de la JCF, a quienes también el pueblo de Puerto Rico les paga por dicho servicio. Es importante que se siga insistiendo que se entregue la lista completa de quienes se benefician del servicio de escoltas y los gastos totales, tanto en nómina regular como por concepto de horas extras. Solo así se tendrán los elementos de juicio para poder evaluar el mérito de que ciertos funcionarios públicos de esta colonia en decadencia tengan el beneficio de escoltas.
