CLARIDAD
Uniéndose a los reclamos del magisterio, trabajadores de las más diversas agencias de gobierno se tiraron a la calle el pasado viernes, 18 de febrero, en reclamo de aumento de sueldo y de un retiro digno.
Una primera manifestación protagonizada por trabajadores del sistema de salud, denominada el White Flu, se llevó a cabo en la mañana. La marcha salió cerca de las 9 de la mañana del Capitolio hasta llegar frente a La Fortaleza.
La segunda marcha convocada para el resto de todos los empleados públicos y trabajadores del sector privado comenzó a congregarse desde las 11 de la mañana frente al Parque Hiram Bithorn, en Hato Rey. Entre los presentes se encontraban trabajadores y dirigentes de la UAW; la Federación Central de Trabajadores (FCT); el Programa de Solidaridad Pro Sol UTIER; la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), trabajadores activos y jubilados de la UTIER, de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE); maestros y maestras activos y jubilados; ciudadanos solidarios; estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y otros.
La marcha salió cerca de la 1 de la tarde presidida por una amplia pancarta que leía, “El Pueblo antes de la deuda”.
Entre los asistentes se encontraban los cinco trabajadores de la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) que fueron objeto de un arresto violento por parte de efectivos de la Fuerza de Choque el día anterior mientras realizaban un paro frente al Centro Gubernamental Minillas. Luis Díaz Alejandro, presidente del Capítulo de la ACT afiliado a Pro Sol UTIER, a preguntas de CLARIDAD, desmintió expresiones del director ejecutivo en el sentido de que la Unión se negaba a dialogar. Explicó que esas expresiones eran falsas y que la Unión solicitó una reunión debido a que la gerencia les concedió un diferencial de $1,200 mensuales a los ingenieros administradores de proyectos, aun cuando se supone que la ACT está en quiebra. Mientras, al resto de los trabajadores se les niega una reclasificación, a pesar de que han tenido que asumir tareas que van más allá de sus clasificaciones. Esto debido a que tras la implantación de tres programas de retiro incentivado el número de trabajadores ha bajado.
Díaz Alejandro no dejó pasar la oportunidad y cuestionó “con qué moral la Policía de Puerto Rico puede exigir justicia salarial y retiro digno cuando ellos rompen las líneas de piquete. Nosotros emplazamos a la Policía de Puerto Rico a que esto no debe suceder. Cuando ellos cerraron la calle del Cristo y Fortaleza reclamando sus derechos, allí nadie, nadie, fue a interferir con ellos”.
Es que, de hecho, unos de los primeros grupos de trabajadores públicos que se expresaron bajo la modalidad del flu fueron los policías con el “Blue Flu”, en alusión al color de su uniforme.
Estudiantes tratan de salvar su recinto
Un grupo de estudiantes del Recinto de la Montaña, de la Universidad de Puerto Rico (UPR-U) en Utuado, llegó hasta la manifestación. Nadia Dorado Sánchez expresó: “Estamos en una situación sumamente precaria en que nos dicen que si no hacemos nada para salvaguardar el recinto lo van a cerrar. Ya el sistema (UPR) está en que no quiere darnos ni un centavo más. Sin embargo, no se dan cuenta de que nuestro recinto ofrece educación al área central de la isla y que un 90 % de los estudiantes son los que no pueden entrar a otros recintos. El Recinto de Utuado nos da la oportunidad de tener esa experiencia universitaria”.
En un esfuerzo dirigido a salvar su recinto, la estudiante contó que la comunidad universitaria está trabajando en una propuesta para convertirlo en uno ecoamigable, con energía renovable para que sirva de modelo a los demás recintos. Esperan que la presidenta, Mayra Olavarría, firme mediados de marzo un contrato que diga que el recinto va a ser ecoamigable, para que este permanezca, independientemente de la administración que venga después.
El dinero está en cuentas ocultas
Entre los asistentes se encontraba la economista y planificadora ambiental Martha Quiñones Domínguez. A preguntas de CLARIDAD respecto a los aumentos a los policías, maestros y bomberos, anunciados por el gobernador luego de aducir que no había dinero, Quiñonez apuntó que es evidente que hay dinero, que lo que sucede que este se encuentra en unas cuentas ocultas que el Gobierno no quiere decir, por lo hay que pedirle que sea transparente.
Recalcó que el aumento a los empleados públicos es una inversión social, por el retorno que esto tiene en la economía, y recalcó que esa es la evaluación que debe hacer la Junta de Control Fiscal (JCF) y no lo hace.
Una Hacienda politizada
Jessica Otero Santana, presidenta de la local de la UAW del Departamento de Hacienda, no dudó en afirmar que la politización entre rojos y azules es el orden del día en Hacienda. Esto pone en duda el que se llegue a concretar un llamado plan piloto de retribución como sucede cada cuatro años cuando llega un secretario nuevo. Sobre los salarios, puso de ejemplo su propia posición, que con una maestría en relaciones laborales su salario base es de $1,400.
El cabro velando las lechugas
“Tenemos al cabro velando las lechugas”. Así se expresó Miguel Rivera, presidente de la local de la Junta de Calidad Ambiental (UAW) sobre su agencia, que está bajo la tutela del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
El técnico de emergencias ambientales describió que la agencia se ha visto disminuida desde que la pasaron al DRNA, lo que era la Junta, y que no es funcional. “Nosotros somos una agencia fiscalizadora de Recursos Naturales, el cabro no puede velar las lechugas”. Rivera describió la situación de la JCA como una precaria y que la única área que se mantiene funcionando al 100 % es la de muestreo en las playas porque es la que le conviene a Recursos Naturales. Si no, no podría abrir los balnearios.
Por una verdadera reforma laboral
Un grupo de trabajadores del sector privado representado por el Movimiento de Solidaridad Sindical también dijo presente. José Rodríguez Vélez, presidente, indicó que en estos momentos el reclamo de los trabajadores del sector privado es que se apruebe el nuevo proyecto de reforma laboral que derogue la que se aprobó en el 2017. El proyecto se aprobó en la Legislatura y se encuentra bajo la consideración del Ejecutivo aun cuando tiene algunos defectos. La Asociación de Industriales, ASORE, el Centro de detallistas y otros grupos patronales han intercedido para que el gobernador no lo firme.
Para el sector trabajador algunos de los puntos fundamentales de la reforma son el bajar el periodo probatorio de nueves meses a tres, el bono de Navidad, que el trabajador no tenga que trabajar 350 horas y llevarlo a como estaba nuevamente antes del 2017. Ahora mismo, si un trabajador comienza a trabajar con un nuevo patrono, tiene seis días de vacaciones, mientras que antes eran 15. Lo mismo ocurre con los días de enfermedad. Además, está el asunto de quién tiene el peso de la prueba en caso de despidos, que se la impusieron al trabajador cuando antes era del patrono.
El otro reclamo que Solidaridad Sindical está impulsando en estos momentos es el de los meseros de restaurantes. Estos apenas cobran $2.13 la hora y dependen de las propinas para completar su sueldo. Rodríguez reparó en que es sabido que el
84 % de estos patronos viola la ley al ponerlos a trabajar en otras tareas que no generan propinas, como limpieza luego del cierre, y a compartir las propinas con otros trabajadores que no son meseros, incluso con empleados administrativos.
Rodríguez admitió que hay mucho trabajo por hacer en el sector privado, en donde solo el 2 % está organizado. En vista a la marcha, tanto la celebrada en la mañana como la de la tarde, se expresó confiado en que es buen momento para que los trabajadores del sector público y los trabajadores del sector privado se unan en una clase obrera que se está levantando.
Entre una y otra consigna, los miles de trabajadoras y trabajadores activos y retirados discurrieron por el expreso, primero hacia el lado sur, para bajar y tomar el lado norte y, de ahí, a la avenida Roosevelt hasta llegar frente al edificio que alberga las oficinas del JCF en la Milla de Oro, en Hato Rey. Hubo quienes se quedaron en el camino por lo largo del trayecto, pero la mayoría llegó hasta el final. Una vez en el cruce de la Muñoz Rivera y la Chardón, varios de los líderes sindicales, entre ellos, las líderes magisteriales, Liza Fournier, de UNETE; Migdalia Santiago, de EDUCAMOS, y
Mercedes Martínez, de la Federación de Maestros, exhortaron al magisterio a continuar con su militancia a favor de un retiro digno y a reciprocar la solidaridad recibida de los otros sectores laborales con sus mismos reclamos.
