Editorial Tribunal Supremo de EEUU y el derecho de las mujeres al aborto

Un polémico documento filtrado a la prensa y al público en estos días, donde un juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos discute la posible revocación de Roe v Wade, la ley federal de 1973 que estableció el derecho constitucional al aborto, y que se extendió a Puerto Rico en el 1974, ha sido como echar leña al fuego del debate sobre los derechos reproductivos de las mujeres, y sal a la herida de la profunda división social que dicho asunto provoca, y que en Puerto Rico ha vuelto a estar candente durante las pasadas semanas por una  proyectada iniciativa legislativa (Proyecto del Senado 591) para limitar el acceso a dicho derecho en nuestro país.
El derecho al aborto ha provocado una profunda división en Estados Unidos y en mucha sociedades del mundo, donde se utilizan los derechos reproductivos de las mujeres como balón político para ganar adeptos y adelantar los objetivos electorales de sectores y partidos en contienda.
 Como resultado, las victimizadas son las mujeres, cuya naturaleza biológica de paridoras y continuadoras de la especie humana las coloca en el centro de una feroz batalla política que no tiene razón de ser, ni nada que ver con el fundamental derecho humano que tenemos todas y todos a nuestra libertad personal y a tomar las decisiones sobre nuestros asuntos más íntimos. Aún más, podría colocarse  en peligro la salud, la integridad física y hasta la vida de miles de mujeres – sobre todo de mujeres tan jóvenes como de 13 y 14 años, muchas en condición de pobreza, aislamiento social o con problemas de salud mental-  que cada día se enfrentan temerosas a embarazos que no desean ni comprenden, en condiciones que pueden tener consecuencias fatales para ellas.
En Puerto Rico, el aborto o terminación voluntaria de un embarazo es una práctica de salud pública legal, controlada y altamente reglamentada por el Departamento de Salud. El número de abortos ha ido en un descenso progresivo durante los últimos años y décadas, en la medida en que ha avanzado la educación y concienciación entre las mujeres sobre su salud integral. Las y los expertos consultados por CLARIDAD  insisten en que el tema del acceso al aborto y a los servicios de salud reproductiva debe ser mirado como cualquier otro tema de salud pública y derechos humanos, y no como una herramienta de política partidista, o de naturaleza moralista, filosófica o religiosa. Los datos ofrecidos indican que el 54% de las mujeres que solicitan los servicios de terminación de embarazo en Puerto Rico  son madres con entre 1 y 6 hijos, y muchas son jefas de familia, con responsabilidad primaria por el sustento y la crianza de sus hijos e hijas.
Este es, además, un tema personal, delicado y sensible que no debe ni puede  estar sujeto a rivalidades político partidistas, ni a creencias religiosas particulares de personas o instituciones, y mucho menos a juicios morales que estigmaticen a las niñas y a las mujeres que deciden terminar un embarazo, provocándoles vergüenza y humillación. Después de todo, para la mayoría de esas mujeres y niñas, terminar un embarazo es una decisión muy difícil que les añade una carga emocional y anímica adicional a las particulares circunstancias que confronten.
De consumarse por el Tribunal Supremo Federal la revocación del estatuto que legaliza el aborto, millones de mujeres en Estados Unidos, y por consecuencia colonial también en Puerto Rico, vivirán el menoscabo injustificado e innecesario de un derecho fundamental, por una decisión basada en un razonamiento espurio de conveniencia política o de hipocresía moralista. De golpe y porrazo, quedaría en ridículo una vez más la frase metafórica de Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, de que ” todos los hombres han sido creados iguales”, la cual ha resultado tristemente demasiado  literal. En este caso, despojaria a las mujeres de un derecho ejercido por cerca de 50 años, y haría añicos la promesa de extender equitativamente la libertad, la justicia,  la democracia y los derechos civiles y humanos a todos los habitantes de ese país. Aparentemente las mujeres, blancas y negras, indígenas e inmigrantes en Estados Unidos no son consideradas dignas de participar, en equidad, de los derechos civiles y humanos que les corresponden.
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