En peligro el derecho al aborto

Foto alina Luciano

 

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Para el director ejecutivo de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), capítulo de Puerto Rico, la filtración de un borrador del Tribunal Supremo de Estados Unidos, escrito por el juez Samuel Alito,   para revocar el caso Roe versus Wade, con lo cual se  derogaría el derecho al aborto, es inusual, algo que no suele ocurrir.

El licenciado William Ramírez Hernández declaró a CLARIDAD que era la primera vez que veía algo así. “Me supongo que habrá alguien adentro que no le simpatiza la ruta que está tomando el proceso de la decisión y lo filtró para que haya reacciones”. Aunque apuntó que todo indica que esa es la  ruta que está tomando ese tribunal, la decisión  no necesariamente cierra las puertas al derecho reproductivo de la mujer debido a que hay varias direcciones que se puedan tomar. “Puede ser que el Tribunal Supremo revoque el caso, pero deje la puerta abierta para que haya otras formas a seguir. Si es aceptable o no, se sabrá después”.

Para el experto en Derechos Civiles todo indica que la ruta que están tomando los jueces es permitirle a los estados decidir. Eso será bueno en caso de algunos estados liberales, pero en los casos de estados que son bastantes retrógrados, es obvio que no va a ser bueno en lo que respecta al derecho de las mujeres.

Sobre las repercusiones que pueda tener la determinación en Puerto Rico, precisamente cuando en el Senado se discute el PS 693 que pretende prohibir el aborto, Ramírez Hernández  indicó que habrá que ver la ruta que tome el proyecto y, en caso de que se apruebe, la postura que asuma el gobernador. “Eso  va a estar en manos del gobernador, vamos a ver si él está dispuesto a firmarlo. Eso también tiene sus consecuencias políticas”.

Con relación a las consecuencias de la adelantada decisión del TS, el director ejecutivo de ACLU dijo creer que si se deja a los estados la decisión, estos podrían comenzar a restringir ese derecho y en algunos casos eliminarlo por completo: “Creo que estamos en una situación muy nefasta que cambia todo el panorama. Las mujeres van a tener que buscar alternativas, que es lo que siempre se ha tratado de evitar, así que no es un rumbo nuevo para Estados Unidos y, por ende, Puerto Rico. Si se lo dejan a los estados, hay que ver dónde está Puerto Rico en esto”.

Al respecto trajo a la atención que la decisión del Tribunal Supremo no impide que los estados no puedan ser más liberales que lo que haya dicho el Tribunal. Los estados  sí pueden ser más liberales, y en el caso de Puerto Rico, con relación al derecho a  la intimidad, eso forma parte de la Constitución. “La  Constitución de Puerto Rico de por si es más liberal en ese campo. De que lo apliquen es otra cosa”. Ese  no es el caso de la constitución de EE. UU.; no hay un derecho expreso a la intimidad.

“Creo que no todo está perdido, esto es una llamada a la movilización porque al fin y al cabo es un asunto político. Si los políticos deciden legislar por sobre lo que dice el Tribunal, los estados pueden dar más. Lo que no pueden hacer es quitar eso en cuanto a los derechos constitucionales”.

De hecho, la ACLU participó de las vistas públicas del PS 639, el cual describió como  una medida inconstitucional disfrazada de medida salubrista.

En tanto, Mayra Díaz Torres, portavoz del grupo feminista Aborto Libre, también en entrevista reaccionó: “Un borrador de una supuesta decisión no  implica ningún cambio al orden jurídico actual sobre el aborto.  En caso de que esa fuera la decisión final, la realidad es que si se revoca Roe versus Wade,  quedaría de parte de los estados la decisión de los abortos de acuerdo a las leyes que tenga ese estado y la constitución de ese estado, en nuestro caso, territorio”. Díaz Torres depuso la semana pasada en las vistas públicas del PS 639, en donde hubo un ambiente de tensión generado por la senadora Joan Rodríguez Veve, quien es la autora de la medida y preside las vistas, hacia todas las personas que depusieron en contra del proyecto.

En Puerto Rico el derecho a la intimidad es uno más fuerte por estar expreso en la Constitución. Ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió que el derecho al aborto es legal, está reglamentado por el Departamento de Salud y se deja a la decisión de la persona gestante o su médico, tomando en consideración su salud física y mental. “Para nosotras es bien importante decir que prohibir el aborto no va a reducir el aborto, sino que va a provocar  abortos clandestinos y van a empezar a morir mujeres por realizarse abortos inseguros”, alertó.

Para esta, el intento de prohibir el aborto en la isla contrasta con los avances que han tenido los países latinoamericanos. “Es una intención bien obstinada de mirar al Norte y repetir como si fuera un mantra. En tantos estados se ha prohibido y en tantos estados se ha hecho inaccesible después de cierto tiempo de gestación. Realmente, las voces que debemos escuchar son las de estos países que han vivido en unos procesos de prohibición que han desencadenado unas crisis bien serias de salud pública donde hay un alto índice de morbilidad y mortalidad de mujeres por abortos no seguros”.

La portavoz de Aborto Libre censuró que se quiera tratar de hacer lo que hace Estados Unidos y no se reconozca que nuestro ordenamiento jurídico provee para proteger la confidencialidad e intimidad de la persona que decide o no hacerse un aborto. “Nosotras estamos bien conscientes de que ese es el modo a seguir, el de países de Centro y Sur América que han visto el peligro que representan las prohibiciones del derecho al aborto y han enmendado Constituciones, su Carta de Derechos, para despenalizar y hacer accesible la práctica”.

Al respecto, destacó que en lugar de estar hablando de prohibición, a estas alturas se debe hablar  de accesibilidad, de cómo se pueden hacer accesible unos servicios de salud que de por sí están inaccesibles a ciertas personas empobrecidas. En la isla solo quedan cuatro clínicas que practican este procedimiento, y todas están en el Área Metro.

“Esa es la política pública que nosotras queremos que se discuta. Cómo hacer accesibles esos servicios a personas que no tienen los recursos económicos es la conversación que debemos estar  teniendo, contrario a conversaciones superretrógradas  que nos llevarían a 50 años atrás en nuestras libertades”, manifestó.

 

 

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