Especial para CLARIDAD
En el debate del presupuesto público se ha perdido de perspectiva su función principal: el Presupuesto como una herramienta de desarrollo. Como la Junta de Control Fiscal (JCF) domina el debate del presupuesto, este se ha enfocado en la situación financiera del gobierno de Puerto Rico, pagar y refinanciar la deuda, el plan de ajuste, las privatizaciones, la eliminación de derechos y servicios esenciales. Esta importante herramienta no está en nuestras manos la determina la Junta de Control Fiscal (JCF) y no tenemos claro sus objetivos pues no son discutidos con el pueblo. Entonces ¿qué pretende la JCF al manejar los recursos financieros y cuáles son las prioridades que ofrece para el gobierno? ¿Por qué recortar en servicios esenciales como educación, salud o seguridad y no evaluar el costo social de los mismos? El pueblo no participa en determinar el presupuesto y lo único que dicen es que hay para pagar la deuda y comprometernos con más deuda al futuro, vivir de la dependencia de fondos externos y recortar todos los servicios que provee el gobierno para privatizarlos, además de recortes a la educación en especial a la Universidad de Puerto Rico (UPR). La JCF nos lleva por la ruta equivocada con el presupuesto. En ese presupuesto no existe un plan de desarrollo y se proyecta más crisis. Además, es preocupante que el presupuesto público no ofrece alternativa de futuro para los y las jóvenes de Puerto Rico. En el presupuesto los/las jóvenes han sido privados del acceso a la salud, educación, educación universitaria, seguridad alimentaria, vivienda adecuada, empleos dignos, derechos laborales y otros recortes que afectan su desarrollo.
La teoría económica define el presupuesto público como la herramienta clave del Gobierno para promover el desarrollo económico y social, a la vez que promueve mejorar la distribución del ingreso, garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades y favorecer el desarrollo de las capacidades productivas entre la población. En este contexto, el presupuesto es la descripción de los planes de los gastos y de los ingresos en un periodo de tiempo (la asignación de recursos a través del presupuesto) para encaminar los objetivos fundamentales de política económica y social, antes mencionados. Es importante entenderlo como una herramienta de desarrollo que debe diseñarse para poder ejecutar un gasto responsable, compatible con la estabilidad macroeconómica, fortalecer el gobierno y lograr crecimiento económico. El presupuesto público debe ser un instrumento que genere bienestar y equidad social y una herramienta económica que muestre las prioridades económicas del gobierno que quedan plasmadas en el mismo. A través del presupuesto se impulsan áreas prioritarias que a la vez reflejan el compromiso ideológico del gobierno, su plataforma política y objetivos de economía fiscal con el fin de evitar desequilibrios fiscales.
Los presupuestos públicos de los últimos años expresan una historia en la gestión financiera pública de mal uso de fondos año tras año (corrupción de diversas formas) con la excusa de estar balanceados. Los mismos muestran la incapacidad del gobierno y de la JCF para diseñar e implantar una política económica que fomente desarrollo. Además no continen partidas para los diversos grupos sociales de forma transversal que existen en la sociedad. Esta situación se ha agravado por la extrema politización de la gestión pública, tanto de la administración y la JCF, acumulando malas decisiones, fomentando la corrupción y administrando sin la adecuada racionalidad económica, desviando fondos en contratos y actividades que no son prioridad.
El presupuesto público de Puerto Rico aún no prioriza a las juventudes y no provee un respiro para poder ver un futuro mejor. El futuro de mejorar su condición laboral, los/las jóvenes sólo ven desocupación, bajos ingresos, participación en empleos de baja productividad y sin derechos. No ven mejoras en la salud para poder tener hijos/as, o en la vivienda y en la educación universitaria. No existe una inversión pública suficiente y de calidad que mejore sus condiciones de vida, lo cual tendrá enormes costos individuales y sociales, fomentando la emigración.
Si tomamos control del presupuesto y definimos los objetivos sociales se puede contribuir a cerrar las brechas existentes en las asignaciones presupuestales de modo que se pueda asegurar que los/las jóvenes alcancen plenamente su potencial, así como el desarrollo sostenible para todas las generaciones, en especial poder hacer frente a los desafíos del envejecimiento de la población.
Pero para que las juventudes puedan desarrollar su pleno potencial, es necesario velar por el pleno ejercicio de sus derechos, promover una transición saludable hacia la vida adulta y realizar inversiones estratégicas y específicas para el grupo. La mayoría debe estar orientados en la educación, la salud, en protección social, vivienda y servicios a la comunidad y ciencia, tecnología e innovación. Es hora de que Puerto Rico cuente con presupuestos específicos para las juventudes que les garantice el acceso a bienes y servicios públicos adecuados a sus necesidades y sus intereses. Algunas de sus aspiraciones se encuentran:
El gasto en educación técnica, tecnológica y universitaria que mejores sus destrezas profesionales y provean para que puedan acceder a empleos dignos y productivos con altos salarios. Educación universitaria que se concentre en investigación, tecnología, desarrollo e innovación para crear mayor conocimiento, para mejorar la producción y productividad.
El gasto en salud tiene una alta participación de jóvenes de 18 años a más, lo que se relaciona con la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva para quienes han iniciado actividad sexual, y salud materno-neonatal para adolescentes y jóvenes gestantes o que ya son madres
La inversión social en trabajo que se concentra también en los/las jóvenes mayores de 18 años, edades en las que se intensifica la participación en el mercado laboral. Mejoras en sus derechos laborales.
La inversión en viviendas dignas y accesibles, con rentas apropiadas.
Inversión en protección social, en especial para mujeres, minusválidos, con pensiones que asegure su vejez.
En el presupuesto lo que existen son recortes en la mayoría de los programas en educación, salud, trabajo, protección social y vivienda mostrando que los/las jóvenes no son prioridad para la JCF y el Estado. Es imposible mejorar las condiciones de vida de los/las adolescentes y jóvenes que demandan la atención del Estado y la garantía de sus derechos. Puerto Rico debe reconocer su deuda con las juventudes y avanzar hacia una mejor planificación, diseño, financiamiento y ejecución de políticas públicas orientadas al bienestar de las y los jóvenes. Se requiere de acciones estratégicas en materia de inversión en el grupo poblacional comprendido entre los 12 y 29 años, para retener los mismos en la Isla.
En conclusión se obliga mejorar la distribución del gasto específico para atender las necesidades de adolescentes y jóvenes en salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva; en educación, incluyendo la educación sexual integral, educación en ciencia y tecnología, educación universitaria; en empleos dignos, con buenos salarios y con derechos laborales; en viviendas accesibles con rentas apropiadas; y en protección social incluyendo seguro de salud y pensiones, considerando las demandas específicas de cada subgrupo etario, así como las brechas de desigualdad por género, pobreza, área de residencia y condición de discapacidad. Además, en infraestructura como energía, agua potable, comunicaciones, otros servicios, cultura, mejoras en la producción y productividad.
Para tener un buen presupuesto es necesario articular políticas públicas como instrumentos de desarrollo con acciones transparentes y con objetivos medibles en todas las ejecuciones gubernamentales. El presupuesto debe ser una herramienta que esté atado a objetivos medibles previamente planificados que generen las riquezas, mejore la protección de servicios, planifique y asigne recursos. Debemos aspirar a que se elimine el gasto público que no responde a los objetivos sociales, ese gasto que no genera bienestar social y elaborar indicadores de desempeño que midan el logro de estos objetivos sociales.
Perdemos las oportunidades para la transformación económica, con los fondos de reconstrucción, pero debemos cambiar nuestro enfoque hacia el desarrollo, crecimiento y la inversión. Si nos quedamos atrás, la oportunidad de una nueva generación de empleos y prosperidad se nos escapará y, como consecuencia, continuaremos con la dependencia de fondos donde nos condena a ser más pobres y vulnerables. Por eso el presupuesto público debe prioriza en la juventud debido a que genera una oportunidad para el desarrollo inclusivo y sostenible e impulsar el crecimiento económico a través del incremento en el ingreso. Esto se logra solo si se realizan inversiones en capital humano, sobre todo en educación, educación universitaria, tecnología, salud, empleo productivo, entre otros. Creando sociedades más incluyentes, con mayor participación de los jóvenes, que serán más exitosas frente a los desafíos del envejecimiento de la población y el financiamiento de pensiones para una población progresivamente envejecida.
