CLARIDAD
Según el secretario del Departamento de la Vivienda (DV), la construcción de la extensión de la carretera PR-10 de Utuado a Adjuntas, “tendrá un impacto para las comunidades aledañas, que se beneficiarán de un mejor acceso a los servicios de salud y a los suministros de la cadena alimentaria, al tiempo que mejorará enormemente la conectividad norte-sur de la Isla”.
La afirmación del secretario, William Rodríguez Rodríguez, fue en respuesta a preguntas hechas por CLARIDAD respecto a los argumentos de su departamento para justificar la extensión de la citada carretera. Mientras, el proyecto ha recibido críticas de ambientalistas, planificadores, científicos e, incluso, del mismo ingeniero que hizo el diseño original en 1967.
El DV indicó que para la construcción se utilizarán los fondos CDBG-MIT otorgados por el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos, los cuales están dirigidos a la implementación de estrategias de mitigación que reduzcan los riesgos y pérdidas ante futuros eventos de desastre. El proyecto fue aprobado por HUD el 19 de octubre de 2022. Aunque la agencia no precisó cifra, ya es sabido que la construcción sobrepasaría los $535 millones. Esto fue dado a conocer por la representante Mariana Nogales en conferencia de prensa en la cual cuestionó la pertinencia del proyecto y quiénes son los verdaderos interesados en él.
Según el DV, la PR-10 “reducirá la preocupación de los residentes que quedaron aislados sin conexión con los servicios esenciales, al tiempo que disminuirá la emisión de contaminación causada por los vehículos de motor que afectan a la calidad del aire y producen emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático”.
Al cuestionarse si el DV iba o estaba realizando una declaración de impacto ambiental (DIA) para el proyecto, en vista de que el original caducó hace más de una década, se informó que la DIA original se ha mantenido vigente mediante reevaluaciones. El DV notificó en un aviso público, de junio de 2023, que adoptarían la DIA final de 1979 de la Administración Federal de Autopistas (FHWA) y las reevaluaciones relacionadas mediante una nueva reevaluación de la DIA final. Además, que el FHWA y HUD, en consulta con las entidades federales regulatorias, determinaron que el cumplimiento ambiental del proyecto se debe demostrar mediante una Evaluación Ambiental.
El secretario indicó que las entidades responsables, el DV y FHWA, en conjunto con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), están preparando una Evaluación Ambiental de acuerdo con las regulaciones de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) las regulaciones de la FHWA y las regulaciones de HUD.
En cuanto a si el proyecto ya se le presentó a la Junta de Control Fiscal, ya que se supone que por la cifra de inversión de $585 millones este sea aprobado por el ente fiscal, la respuesta fue que una vez la ACT complete el proceso de solicitud de propuestas para el diseño y la construcción del proyecto, el proceso de contratación y el borrador final del contrato se someterá a la Junta para su revisión. CLARIDAD confirmó con la oficial de Prensa de la JCF que el proyecto no ha sido presentado.
Otro aspecto confirmado es que el proyecto contempla la expropiación de propiedades privadas. El DV dijo que ese proceso lo va a realizar la ACT, como agencia encargada del proyecto. Se expropiarán aquellos terrenos que quedan dentro de lo que será la servidumbre de la PR-10 que aún no se han adquirido. Actualmente, se han completado las actividades de adquisición dentro de los terrenos relacionados a tres de los cuatro tramos de la PR-10 que restan por construirse.
Al preguntársele si el DV conoce de los estudios que está realizando el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en la región sobre metales críticos y si se le ha consultado, reaccionó que esa no es una agencia que típicamente se consulta durante los procesos ambientales de los proyectos y que la ACT se ha asegurado de realizar las consultas con las agencias pertinentes a la implementación del proyecto, tales como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Oficina Estatal de Conservación Histórica, entre otros.
El secretario Rodríguez rechazó las denuncias de que la explotación minera sea el objetivo del proyecto de la PR-10 y argumentó que el propósito de los proyectos de infraestructura subvencionados por el Programa para la Mitigación en la Infraestructura bajo los fondos CDBG-MIT es mitigar riesgos por causa de desastres y reducir pérdidas futuras.
Uno de los beneficios de la PR-10, según el DV, es la de una “instalación vital de transportación segura y resiliente construida para resistir los impactos de eventos naturales futuros de acuerdo con los últimos códigos de construcción de AASHTO, la Asociación Americana de Funcionarios Estatales de Carreteras y Transportación, Diseño y Construcción de Carreteras y Puentes”.
