Especial para En Rojo
Cada cierto tiempo surge en los medios alguna noticia sobre una inminente amenaza a la seguridad pública. No me refiero a la violencia de género, ni la proliferación de armas de fuego, ni la destrucción rampante de ecosistemas sensibles por parte de los sectores más pudientes de la sociedad. Tampoco hablo de la vocación de saqueo, ruina y muerte que ejerce el bipartidismo mediante su modelo neoliberal de administración pública. Me refiero a un fenómeno que casi pasa por desapercibido en el transcurso de nuestra historia reciente. Es como si fuera, o por lo menos aparentara, ser inconsecuente. Con cierta regularidad, el gobierno de turno y sus extensiones mediáticas se sumen en reportajes, investigaciones y debates especulativos en torno a objetos o eventos singulares que sugieren una potencial hecatombe de seguridad pública. Los ejemplos sobran, pero podemos examinar algunos recientes.
Durante las manifestaciones del 1 de mayo de 2023, las autoridades de seguridad pública y federales iniciaron sus respectivas conferencias de prensa, investigaciones y especulaciones en torno a un “artefacto explosivo” encontrado en los predios de las oficinas de Servicio al Cliente de LUMA Energy en Guayama. Las noticias sobre manifestaciones multitudinarias y multisectoriales que pretendían denunciar la política fiscal antidemocrática y destructiva de la Junta de Control Fiscal en el Día Internacional de los Trabajadores tuvieron que compartir primeras planas con opiniones, comentarios y debates en torno a la amenaza inminente a la vida en la forma de un tanquecito de butano de 16oz y dos baterías D. Al día siguiente, varios medios de comunicación publicaron las expresiones del teniente Ismael Cartagena, quien comparó el artefacto a los explosivos que se usaron en los atentados del Maratón de Boston en 2013. De más está decir que la comparación es absurda. Varios medios reportaron el 3 de mayo que el director del Negociado de Investigaciones Federales (FBI) no se atrevió a identificar el objeto como una bomba y determinó que se enviara los laboratorios de la agencia en Virginia. De esta manera, la investigación se dilató hasta el olvido. Luego de esa fecha, no se ha vuelto a mencionar el atentado.
El 10 de junio de 2021, tan solo nueve días luego de que LUMA asumiera control sobre la distribución de energía eléctrica en el país, la subestación eléctrica de Monacillos explotó y dejó a unos 500,000 abonados sin luz. En las horas y días que siguieron al evento, el descontento público por las condiciones del contrato, los aumentos programados en el costo de energía eléctrica y la ineficiencia de la operadora privada fueron ahogados en un mar de especulaciones de actividad terrorista. El gobernador rápidamente anunció que los responsables tendrían que responderle al pueblo de Puerto Rico. La directora de seguridad de LUMA y antes Superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, sugirió la posibilidad de sabotaje terrorista. LUMA, en colaboración con entidades locales y federales, ordenó investigaciones, informes y más especulaciones.
El 17 de julio de 2019, en el momento más álgido de las protestas del verano del 2019, se reportó que en la madrugada unas 50 armas de fuego, junto con 4,000 municiones fueron robadas de la Comandancia del área de Guayama. También se encontró un mensaje escrito con aerosol en una pared: “Ricky renuncia, plata o plomo”. Los voceros conservadores de siempre no tardaron en levantar la voz de alarma. Muchos medios de comunicación, sin evidencia alguna, dieron por auténtico el mensaje. Al día de hoy, el comunicador estadista Ramón Rosario aún vincula los hechos, a pesar de que el policía responsable por el robo se ha declarado culpable en un tribunal federal.
Más allá de los protocolos obligatorios y del discurso criminal, me interesa el aspecto mediático de esta última serie de no-eventos. En una era en la que los poderes estatales y corporativos de la colonia atraviesan una crisis de legitimidad, es obvio que resulta muy conveniente tener a la mano cortinas de humo para nublar la vista, confundir y emprender la huida en momentos de tensión popular.
Hace apenas unos días, el 23 de julio de 2023, el Departamento de Seguridad Pública del Negociado de la Policía de Puerto Rico anunció que investiga un vídeo publicado en la red social TikTok, en el que el chef puertorriqueño José Torres Santiago anuncia una venidera guerra civil. En dicho vídeo, el gobernador Pedro Pierluisi, su familia y toda la maquinaria política que participa de la corrupción quedan bajo amenaza de una insurrección popular. Medios como Primera Hora y Noticel rápidamente difundieron el vídeo en redes sociales, logrando así que se convirtiera en tema principal de discusión pública. Sin embargo, una visita rápida a la página del creador revela una colección de vídeos marcados explícitamente como “comedia urbana y sátira política”. Como es uso y costumbre, encontraremos declaraciones a diestra y siniestra sobre la “seriedad que ameritan declaraciones así”, seguidas por la invalidación de contenido real. De todos modos, preocupan otros efectos que pueda tener esta práctica mediática. Me vienen a la mente incontables episodios así, incluso con violencia letal del estado (piénsese en Cerro Maravilla). Pero en el mundo de imágenes que habitamos surgen otras preguntas.
Como teoriza Jean Baudrillard, los simulacros son copias de alguna cosa cuyo original no está presente. Si en la cultura pre-moderna las copias eran únicas y poseían un aura sagrada porque representaban algo percibido como real y trascendente, con la Revolución Industrial la posibilidad de hacer perfectas e infinitas copias cambió nuestra percepción de la realidad y lo auténtico. Según Baudrillard, en el mundo posmoderno y mediático que habitamos, la proliferación incesante de copias compone nuestra realidad. Pensemos entonces en nuestro contexto puertorriqueño. Estos simulacros ––los artefactos, los grafitis, las piedras, los vídeos–– inundan nuestra vida política a la vez que parecen remitir a nada. En otras palabras, el poder estatal, en complicidad directa o indirecta con los medios de comunicación, se dedica a proliferar simulacros de una insurrección que aparentemente no existe, ya que ningún reportaje, investigación, o debate televisado puede identificar su origen. Más allá de criminalizarnos con lo inexistente, con todas sus repercusiones concretas e históricas, nos corremos el riesgo de caer en una narrativa que pretende vaciar nuestras luchas de todo significado. Guardo una esperanza: hoy, en la colonia, los cuerpos que marchan en la calle por una vida digna imprimen masas contundentes en ese espacio de simulacros, de humo, de nada.
