Especial para En Rojo
El pasado 28 de abril, la Junta de Control Fiscal emitió una carta dirigida a Orlando Rivera Berríos, Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La misma expresaba preocupación sobre la dependencia del gobierno de Puerto Rico de los fondos federales, ante los dramáticos recortes presupuestarios del gobierno de Donald Trump. Lo siguiente señala algunas contradicciones de este cambio de perspectiva de la Junta de Control Fiscal.
- La dependencia económica no está desligada de la dependencia política. Esta contradicción se manifiesta de distintas maneras. El colonialismo no es solo un problema jurídico, como plantea el movimiento a favor de la anexión a los Estados Unidos, e incluso, en menor grado, otros sectores. El colonialismo se manifiesta también en la misma estructura económica y social del país. La dependencia económica de Puerto Rico se relaciona de manera directa con la dependencia política. El gobierno de Puerto Rico carece de las herramientas necesarias como para poder tener un plan económico propio. Por eso, desde poco después de la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico, la economía se ha caracterizado por el control de los principales sectores económicos por capital extranjero, por la extrema vulnerabilidad de la economía ante cambios en la política económica de los Estados Unidos, en fin, por la incapacidad de desarrollar una política económica autónoma. Es un círculo vicioso – sin capacidad de desarrollar una política económica propia, la dependencia se abre paso. Y la dependencia se expande queriéndose ver cada vez más como una necesidad o una dádiva y no como parte de una condena.
- La Junta de Control Fiscal es la herramienta principal de la dependencia política. No se puede olvidar que la Junta es una creación de la Ley PROMESA, que buscaba atender la crisis de la deuda en Puerto Rico. Y esto solo fue considerado en el Congreso de los Estados Unidos luego de que una ley “criolla” para que Puerto Rico pudiera declararse en quiebra fuese declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Fue entonces que se le impuso al país esta junta dictatorial. Además, es la Junta quien negocia los planes de ajustes de la deuda, en lugar del gobierno de Puerto Rico. Es decir, los planes económicos a largo plazo, atados a estos planes de ajuste, los determinan cuerpos externos. La mera existencia de la Junta fortalece la dependencia, tanto en sentido político como económico, por negociar planes de ajuste a la medida de los intereses del capital financiero.
- Las políticas de austeridad que ha impuesto la Junta de Control Fiscal, lejos de alejarse de la dependencia, la agudizan. El mercado no es un ente neutral, sino también un producto histórico y social. En la medida en que la economía de Puerto Rico es una colonial y dependiente, ampliar la influencia del mercado en la economía es ampliar el colonialismo y la dependencia. En la medida en que la economía de Puerto Rico produce pobreza y desigualdad, ampliar la influencia del mercado en la economía es ampliar la pobreza y la desigualdad. En la medida en que una parte de los fondos federales están destinados a poblaciones bajo el nivel de pobreza, la ampliación de las ayudas federales vuelve a acentuar la dependencia económica ante la ausencia de una propuesta propia.
- La privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, impulsada por la Junta de Control Fiscal, descansa en la dependencia económica. La privatización de la AEE, propuesta tripartita (PPD-PNP-JCF), tal y como se dio, solo era posible por la masiva llegada de fondos federales. En lugar de un privatizador que buscara inyectar fondos para arreglar la infraestructura, esta fuerza tripartita propuso una privatización sui generis, en la que el privatizador no pone un centavo y recibe todo su presupuesto de fondos públicos. La abrumadora mayoría de estos fondos son fondos federales de recuperación, también ahora puestos en la mirilla del gobierno de Donald Trump. La Junta le pide al gobierno lo que la misma Junta ha sido incapaz de hacer.
- El eje de los últimos ocho años de la carrera de Jenniffer González se ha esfumado. Jenniffer González, cónsona con la visión colonial que promueve su partido y el Partido Popular Democrático desde el 2008 (por lo menos), se mercadeó como una Comisionada Residente efectiva en la medida en que fue quien (según ella) más fondos federales logró captar para la isla, sea preservando asignaciones previas o logrando asignaciones nuevas.
Si insignificantes fueron siempre sus intentos de adelantar la estadidad, insignificante se convirtió su visión de la economía ante los nuevos recortes presupuestarios del gobierno de Donald Trump. Los fondos «logrados» ahora se demuestran desvanecientes.
Aquí hay que señalar un elemento importante. No solo los “logros” de Jenniffer se desplomaron, sino que se desplomaron por la política del mismo partido estadounidense suyo, por el mismo político y la misma visión republicana que apoyó. Por lo menos un demócrata colonizado, en los zapatos de Jenniffer, hubiese podido decir que fueron políticas distintas a las que promueve las que hicieron sal y agua los fondos federales asignados. No es el caso de Jenniffer. Apoyó una política para su gestión de búsqueda de fondos y, simultáneamente, apoyó una política estadounidense que deshacía su gestión.
No ha habido tampoco señal alguna de reflexión o autocrítica. A la vez que promovió la dependencia económica como Comisionada Residente, promueve ahora el recorte trumpista del presupuesto.
La nueva visión económica de la Junta de Control Fiscal, pues, está plagada de errores, de omisiones y de imposiciones. Superar la dependencia económica solo se hace posible superando, también, la dependencia política, lo que exige la salida de esta imposición colonial.
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