Especial para En Rojo
En el pasado mes de diciembre se cumplieron 25 años de la renuncia del rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Efraín González Tejera. En otras circunstancias y en otra época, esta renuncia hubiese sido la de un funcionario universitario más, que decidió dar por terminada su prolífica carrera académica. Aquella renuncia estuvo matizada y plagada de presiones indebidas por parte de funcionarios gubernamentales de la administración de Pedro Rosselló. La “improvisada o casual” visita, de la otrora Secretaria de Estado Norma Burgos, al recinto riopedrense ocurrió durante el rectorado de González Tejera. Las implicaciones de dicho suceso posiblemente no tuvieron un efecto inmediato, sin embargo, sirvió para plantear la futura derogación de la Política de No Confrontación (PNC), además asentar una tónica confrontativa del gobierno.
A partir de ese evento comenzó un rompimiento entre la comunidad universitaria y la política neoliberal del gobierno de Rosselló. La gobernación de Rosselló se encontraba en abierta confrontación y de ‘mano dura’ contra los sectores opuestos a su política privatizadora. Los servicios esenciales del país estaban siendo mercadeados al peor postor, tales como las navieras, el sistema de salud, acueductos y la Telefónica, cariñosamente llamada como “Fortunata”.
La UPR no fue la excepción ante la fiebre neoliberal del rossellismo porque los servicios como la cafetería, la librería, entre otras áreas de la vida universitaria habían sido privatizados. La oposición universitaria a la privatización de los servicios públicos se estaba manifestando. La administración del gobierno anexionista estaba en busca de darle un ejemplo al país de lo que era capaz de hacerle a su oposición.
En los inicios del mes de septiembre de 1997 se llevaron a cabo pintatas en la llamada calle “Conciencia” (frente a la biblioteca José M. Lázaro) como manifestación de expresión artística. También se llevó a cabo una numerosa asamblea general de estudiantes en la que se aprobó la creación de un frente universitario contra la privatización y la exigencia de una mayor participación estudiantil en el senado académico. Se hizo una concurrida marcha estudiantil por el campus en contra de la privatización. El 16 de septiembre de 1997 el gobernador Rosselló decide realizar una visita inesperada a la facultad de Estudios Generales para hablar ante un simposio sobre su intención de vender a “Fortunata”. Al momento de correr la voz sobre la visita del gobernador, un sector del estudiantado pudo movilizar cientos de estudiantes para manifestar su desagravio a la política privatizadora. En los predios del anfiteatro se encontraba un grupo de choque que favorecía la gestión gubernamental. Este grupo, junto a la escolta del gobernador, impidieron con empujones la entrada de jóvenes e integrantes del Consejo General de Estudiantes (CGE) a participar del simposio. El propio rector le había sugerido al gobernador entrar por la parte posterior del anfiteatro. La participación y el mensaje del gobernador se vio acortado debido a la cantidad de manifestantes que entonaban consignas en desapruebo a su acción de imponer su ‘mano dura’. El gobernador tuvo que ser sacado por la puerta trasera del edificio, pero varios estudiantes lograron acercarse a su vehículo de escolta y manifestar su desagravio al incumbente.
Esta “visita” sucedió unas semanas antes del ‘paro nacional’ convocado por diversos sectores sindicales que se oponían a la privatización. Luego de esta visita se inició una campaña mediática llamando a proteger a la UPR de los elementos violentos, ruidosos y desconsiderados del estudiantado, además de solicitar una vigilancia constante hacia ese sector. En días previos al paro nacional se realizaron manifestaciones en la UPR-Carolina y una manifestación silenciosa en repudio al legislador Kenneth McClintock, ferviente defensor de la privatización. El frente estudiantil contra la privatización realizó una numerosa marcha por las calles de Río Piedras y dentro del campus que culminó con un festival cultural. Varios estudiantes montaron sus casetas y acamparon en los predios del recinto para levantarse temprano y cerrar los portones del campus como se había acordado en asamblea. Estos actos fueron la víspera del paro nacional del 1ro de octubre de 1997.
Ese día el país se paralizó realizando una multitudinaria marcha desde el puente de Dos Hermanos hasta el capitolio. La participación universitaria fue contundente para el éxito del paro nacional, ya que se logró paralizar todo el sistema universitario de la UPR. Ante el enorme repudio de la población a la política neoliberal del gobierno, estos se vieron en la necesidad de crear un ambiente represivo. Los intentos de movilizar sus propias huestes fueron infructuosos. El gobierno intentó realizar una contramanifestación al paro nacional pero tales intenciones fracasaron.
De ahí pasaron hacia otra fase, la provocación. El 7 de octubre Norma Burgos decidió realizar una visita a la facultad de Ciencias Sociales de la UPR, anunciándose con tan solo una hora antes de su llegada. Burgos fue recibida por el decano y algún(a) profesor(a) para observar un proyecto “verde” o ecológico del Departamento de Geografía. Su visita no contaba con una invitación formal u oficial de las autoridades universitarias. La Junta Coordinadora de Seguridad, ente encargado de coordinar este tipo de visitas no había sido notificado. Al llegar al recinto, la voz comenzó a correr por los edificios del recinto y se movilizó una improvisada manifestación de repudio a una de las más férreas defensoras de la privatización. Ante la gran cantidad de estudiantes expresando su rechazo, Norma Burgos tuvo que acortar su inoportuna visita. Su vehículo de escolta llegó para sacarla a toda prisa mientras ella ‘repartía’ besos a la multitud que cantaba consignas contra la privatización. Su temor a dios fue transmutó
Mientras su vehículo salía del recinto, la escolta de Burgos llamó a movilizar a la Fuerza de Choque hacia el interior del campus. Dicha división se encontraba apostada fuera del campus y el helicóptero policial sobrevoló el recinto con oficiales sosteniendo armas largas. Como sucede en este tipo de operativos policiales varias personas de la comunidad universitaria fueron agredidas. El carro en el que iba Burgos había abandonado el recinto, pero las agresiones prosiguieron contra las personas que allí se encontraban, incluyendo fotoperiodistas que cubrieron el evento. Oficiales de la Fuerza de Choque entraron al campus portando sus armas de reglamento y sus macanas. Cabe indicar que la incursión de la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT) hacia dentro del campus no ocurría desde la huelga estudiantil de 1981.
Desde la Fortaleza se presionó a las autoridades universitarias para llevar a cabo unas acusaciones y sanciones contra personas que se encontraban en la manifestación. La Junta de Síndicos de la UPR, cuerpo creado bajo el mandato de Rosselló, y el presidente de la universidad comenzaron a presionar al rector González Tejera a realizar una investigación que condujera a sanciones contra estudiantes y claustro. La Junta justificó la entrada de la policía al recinto, además se mostró dispuesta a enmendar reglamentos para facilitar futuras entradas de la uniformada.
Para la comunidad estudiantil las visitas de líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la UPR durante aquellas semanas resultaron sospechosas. Las mismas acontecieron luego de pronunciamientos de la comunidad universitaria contra la privatización o el neoliberalismo gubernamental. El CGE celebró una asamblea general estudiantil donde se acordó repudiar las visitas de carácter violento realizadas por Rosselló y Burgos. También rechazaron las acciones del Superintendente de la policía, Pedro Toledo, por utilizar la Fuerza de choque para agredir a estudiantes. Se aprobó realizar una marcha titulada “Nunca más”, además se recogieron firmas para oponerse a cualquier medida disciplinaria contra la comunidad estudiantil. El profesorado también reafirmó la política de no confrontación durante una reunión claustral con el rector. La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) señaló la falta de imparcialidad de la Junta de Síndicos y del presidente de la UPR, Norman Maldonado para realizar una investigación sobre los recientes sucesos.
A finales del mes de octubre se llevó a cabo la marcha titulada “Nunca más”, convocada por la asamblea estudiantil. Cientos de estudiantes se congregaron frente a la torre de la UPR en la plaza Baldorioty para repudiar la incursión policial al recinto. Desde allí también condenaron la política de privatización del gobierno de turno. Cabe recordar que el título de la marcha “Nunca más” fue utilizado desde inicios de la década del 90’s para recordar la memoria de Antonia Martínez Lagares y de estudiantes heridos(as) tras las incursiones policiales en 1970-1971. Para principios del 90 se desarrollaba una lucha contra el incremento en el costo de matrícula y se comenzaba a implementar la Política de No Confrontación (PNC).
Desde la tarima del acto exigieron que nunca más la policía volviera a agredir a la comunidad universitaria. Condenaron el neoliberalismo como instrumento y técnica de ‘hacerse dinero a costa del prójimo. Se hizo un llamado a ‘no permanecer impávidos ante la entrega irresponsable e inmoral del patrimonio nacional que le pertenece a los(as) puertorriqueños(as). Se señala al neoliberalismo como deshumanizante que coloca al dinero antes que al individuo. Se luchaba para que Puerto Rico no fuese un país esclavizado por los grandes intereses económicos, además no se podía entregar los servicios públicos a manos privadas para su ánimo de lucro.
Luego de varias semanas, desde la rectoría se rindió el informe ante la Junta de Síndicos y el presidente la UPR, Norman Maldonado. La filtración de dicho informe a la prensa indicó que no se podía adjudicar responsabilidad a la comunidad universitaria por los incidentes acontecidos durante la visita de Norma Burgos. El informe reiteró el derecho de libre expresión del estudiantado, además no se podía acusar a nadie de la comunidad porque no se iba a poder sostener cualquier acusación ante los foros universitarios o judiciales. El informe indicaba que la escolta de Burgos dio la orden de incursión de la Fuerza de choque pasando por alto los protocolos de la Junta Coordinadora de Seguridad. También señalaba la insistencia de la funcionaria para encarar a simpatizantes y opositores(as) al gobierno mientras se llevaba a cabo la manifestación.
Ante las conclusiones del informe, varios integrantes de la Junta de Síndicos estaban incomodos y se señaló al síndico estudiantil como la persona que filtró el informe a la prensa. Finalmente, la renuncia del González Tejera se dio a finales del mes de diciembre de 1997. Se tenía conocimiento de las presiones recibidas hacia el exrector por parte de Maldonado (presidente de la UPR) y de la Junta de Síndicos para ejecutar sanciones contra el estudiantado. A pesar de la renuncia de Efraín González Tejera, la problemática universitaria no se apaciguó. Los reclamos de una verdadera reforma universitaria, la promulgación de la ley de oportunidades educativas y la ‘huelga del pueblo’ fueron eventos que reanimaron la lucha universitaria contra la privatización.
Luego de 25 años de los incidentes mencionados los servicios de salud fueron privatizados, la Telefónica (Fortunata) fue vendida, así como otros tantos servicios públicos, bajo la promesa de un mejor futuro económico. Actualmente la telefonía opera bajo un oligopolio, tipo cartel, controlado por un escaso grupo de multinacionales que extraen las ganancias hacia sus países de origen, sin aportar a nuestra maltrecha economía. Un cartel que entre ellos solos determinan los sobreprecios y facturas de los servicios en telecomunicaciones que atentan contra nuestro bolsillo. El sector de salud opera bajo el secuestro de planes medico privados que determinan si usted merece recibir servicios médicos.
Hoy la transmisión y distribución de la energía eléctrica ha sido vendida a Luma Energy. Sus directivos cobrando millonadas mientras los apagones continúan e incrementan. Se han dado desplazamientos masivos de obreros(as) de aquella corporación pública, mientras Luma nos desampara en medio de un fenómeno climático. Tenemos una UPR desarticulada ante los recortes ordenados por la Junta de Control Fiscal (JCF). Luego de 25 años la población estudiantil en la UPR ha decrecido a la mitad de lo que tenía. El claustro sobrevive de contrato en contrato cada semestre. Las plazas del personal administrativo han sido congeladas. El costo de la matrícula se ha incrementado a tal magnitud que es impagable. El estudiantado tiene que endeudarse en préstamos para estudiar, además de trabajar para pagar la deuda.
Nadie puede decirnos que no fuimos advertidos(as). Se paga demasiado por facturas de esas empresas privadas para recibir un pésimo servicio. El neoliberalismo antepone el dinero y el lucro por encima de los servicios esenciales para atender a nuestra población.
*nota de agradecimiento a los compañeros Pedro Colón Almenas, Ricardo Santos Ortiz, Miguel A. Rivera Quiñones y a la compañera Lydimar Garriga Vidal por su valiosa ayuda para este escrito.
