CLARIDAD
Aunque no lo quiere reconocer ante el País, la Junta de Control Fiscal (JCF) reconoce ante el tribunal que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no puede pagar su deuda de más de $11,000 millones.
Esa es la interpretación que hace el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, siglas en inglés) sobre el Best Interests Test, documento que la Junta presentó al Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, el pasado 12 de diciembre.
El análisis de IEEFA está contenido en su estudio, La Junta de Control Fiscal Advierte que los bonos de Puerto Rico podrían perder su valor, y señala que por primera vez desde que se creó la JCF en 2016, el ente ha reconocido de manera oficial que utilizando suposiciones presupuestarias razonables, no hay dinero para devolver los más de los $11,000 millones de deuda pendiente de la AEE.
Al examinar el documento presentado por la JCF, IEEFA hace un recorrido por las acciones de la Junta en su negociación y en el cambio en sus dos primeros planes de ajuste de deuda (PAD), lo que deja en evidencia sus contradicciones, así como su empeño e intención de pagar a los bonistas.
En agosto de 2023, la JCF modificó el PAD por tercera vez, redujo el pago a $2,500 millones (una tasa de recuperación alrededor del 25 % para los tenedores de bonos) y ofreció una nueva estructura de tarifas para respaldar la deuda heredada, así como supuestamente maximizar la energía renovable.
El análisis de IEEFA, firmado por su director de Análisis Financiero, Tom Sanzillo, resume que el análisis de la JCF para la tasa de recuperación del 25 %, “mostró que las recuperaciones de deuda oscilaban entre cero y aproximadamente $2,600 millones, siendo la variación reflejo de diferentes supuestos sobre las ventas futuras de la PREPA”, (siglas en inglés).
En resumen, IEEFA señala que esta es la primera vez que la JCF o cualquier fuente oficial ha planteado la posibilidad de que el nivel de dificultades fiscales de la AEE signifique que la empresa no tiene dinero para pagar sus deudas.
Por parte de IEEFA, Sanzillo expone que los resultados de sus análisis realizados a lo largo de siete años concluyen que los ingresos disponibles de la AEE para cubrir la deuda deberían ser cero. No obstante, IEEFA admite que esto no quiere decir que los tenedores de bonos y otros demandantes tendrían una recuperación de cero.
El planteamiento de IEEFA es que las aseguradoras, los abogados, contadores, ingenieros y todos los demás proveedores que participaron en el trámite de los bonos deberían establecer un fondo común para liquidar las reclamaciones de los distintos acreedores, incluidos los bonistas, los acreedores no garantizados y las pensiones. Apuntó al hecho de que todos los proveedores en términos colectivos tienen al menos $12 mil millones en activos gestionados, por lo que este fondo común puede satisfacer las reclamaciones y puede ayudar mucho a resolver la situación de deuda de la AEE.
“La negligencia de los proveedores de trámites que condujeron a la quiebra ha sido ampliamente documentada. La pauta abusiva de fijación de honorarios de los asesores es una cuestión de procedimiento que se extiende más allá de la declaración de quiebra”, afirma IEEFA.
A juicio del ente especializado en los temas económicos de la producción de energía eléctrica a nivel internacional, las acciones a tomar por parte de la JCF y, por ende, el Gobierno de Puerto Rico deberían ser establecer un fondo común para liquidar todas las reclamaciones; exigirle a todas las aseguradoras que cubran sus obligaciones; ejercer acciones legales; establecer un inspector general independiente del sector privado para supervisar más de cerca la gestión financiera de las empresas de servicios públicos. Además, proporcionar recursos para pagar el 100 % del valor perdido de los pequeños tenedores de bonos de la isla. Según confirmó IEEFA a CLARIDAD, la toma de acciones legales no requeriría de una auditoría de la deuda de la AEE.
Consultada por este semanario sobre su parecer a lo planteado por IEEFA, la directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana por la Auditoría del Crédito Público (CCACP), licenciada Eva Prados Rodríguez, advirtió sobre la necesidad de investigar los conflictos de intereses e ilegalidad de los que intervinieron en la venta de bonos. Esta sostuvo que desde el principio IEEFA señaló que si hay que buscar alguna fuente de repago para los bonistas, no es dentro de las arcas de la AEE, ya que sus gastos superan sus ingresos, “que es lo que está diciendo la Junta. Y si quieren alguna recuperación, presenten las debidas reclamaciones a aquellos actores que faltaron a su deber en este proceso, los que tienen su responsabilidad, como lo son las aseguradoras e intermediarios”.
Agregó que IEEFA se aprovecha de la expresión de la Junta de “o ustedes aprovechan lo que les estamos ofreciendo o se pueden quedar sin nada porque cuando se revise bien la realidad fiscal de la AEE se van a dar cuenta de que no hay dinero”. Plantea que los bonistas deben dirigir sus cañones a los underwritters que los aconsejaron a comprar los bonos y que las aseguradoras asuman. “Es ahí a donde deben estar dirigiendo sus esfuerzos”.
Prados Rodríguez, quien forma parte de la campaña No más Aumentos, coincidió con nuestra apreciación de que al dejar implícito en el tribunal que la AEE no tiene dinero para pagar su deuda a los bonistas no lo dice al pueblo de Puerto Rico e insiste en su PAD. A su juicio, es cuestionable la ejecutoria de la Junta, que evidencia que su intención siempre ha sido pagarles a los bonistas. Desde el inicio del pleito, la Junta pudo haber presentado el argumento de que la AEE no puede pagar su deuda. “Claro, y más aun, en todo caso, es lo que IEEFA trata también de decir, que ustedes (se refiere a la JCF) reconocen nuevamente que la AEE no cuenta con dinero y que es muy poco probable que se le pueda pagar a los bonistas. Pero aun así les propone un plan de pago”.
Prados Rodríguez, coincidió con el argumento de IEEFA sobre la preocupación de cómo va a quedar Puerto Rico en un escenario donde se cancelen todos los bonos y la AEE finalmente se quede sin pagar. “Es mejor presentarse en una nueva emisión de bonos como una entidad que no tiene deudas pendientes, que acudir al mercado con una deuda que no puede pagar, como pretende la JCF”.
