CLARIDAD
Que el presupuesto aprobado sea suficiente para las necesidades del País, depende, que los más perjudicados hayan sido los municipios y la Universidad de Puerto Rico (UPR), no hay margen a duda. Así se desprende de entrevista a dos economistas consultados por este semanario.
Como ha sucedido en los pasados tres años la Junta de Control Fiscal (JCF), impuso su presupuesto para este próximo año fiscal 22-23. Al margen de este artículo quedan las luchas políticas entre la JCF y el Primer Ejecutivo, entre el Ejecutivo y la Legislatura, entre el liderato de la Legislatura de una misma mayoría.
El presupuesto consolidado aprobado por la JCF es de $28,000 mil millones; $12,400 millones provenientes del Fondo General (FG) del Departamento de Hacienda (DH); $4,500 millones destinados a usos particulares y $11,200 millones provenientes de Fondos federales (gobierno de Estados Unidos). Por supuesto la JCF separó del presupuesto del FG $1,100 millones para el pago de deuda y para su propio presupuesto $59,527,000.
Para el economista Heriberto Martínez Otero, en términos generales, el presupuesto es suficiente. Observó que tanto este presupuesto consolidado de $28 mil millones como el de los $12,400 millones del FG son los dos presupuestos nominales más altos de la historia. “Hay que contemplar que hemos pasado por un proceso de inflación, estamos pasando por unos tiempos económicos inciertos, huracanes, pandemia, inflación, conflictos bélicos, todo eso en cinco años y eso tiene su impacto en la economía también, pero desde luego el presupuesto es mejor que el del año pasado, mejor que el de los cinco años pasados que fueron presupuestos sumamente austeros, pero contempla dos grandes afectados”.
Los dos grandes afectados resaltó son los municipios y la UPR. Aunque reconoció que la UPR queda mejor que el año pasado y el antepasado, realmente está lejos de tener el financiamiento adecuado para poder continuar operaciones de primer nivel como siempre lo ha hecho.
La UPR se quedó con un presupuesto de $550 millones incluyendo el fondo de becas. La JCF asignó $40 millones adicionales, sujetos a que se cambie el sistema de retiro de las y los trabajadores y a que se cumpla un plan de consolidación de tareas administrativas.
En el caso de los municipios, Martínez Otero sentenció que la eliminación de $44 millones del Fondo de Equiparación va a ser insostenible para más de 15 municipios. Puso que por ejemplo que en un municipio como Maunabo cuyo 85% de su presupuesto es del Fondo de Equiparación se le va hacer muy difícil continuar pagando nómina, operando y ofreciendo servicios a los ciudadanos, como amas de llave, recogido de basura, asfalto. “Eso implica dos cosas: mayor dependencia que tendrán los municipios de los fondos federales que puedan quedar disponibles y disminuir operaciones al mínimo lo que llevaría a una reducción drástica de servicios lo que supone una recarga a municipios mas grandes, lo que también los podría llevar a una crisis fiscal”.
El economista, señaló que esta situación de los municipios se pudo haber atendido mejor en el presupuesto y de hecho en el presupuesto que aprobó la Asamblea Legislativa – que no se certificó- mantenía los $88 millones del FG para los municipios, los cuales se mantienen en fondos distintos. Pero la JCF los eliminó y puso $40 millones para subsanar los aumentos en la inflación. Comentó que los municipios podrán jugar un poco con ese presupuesto pero todavía no se tiene cuáles van a ser las reglas para poder acceder a esos fondos.
Mientras, respecto a los servicios esenciales, los cuales la JCF los identifica como “servicios críticos”, Martínez Otero reconoció que en este punto tiene sus diferencias con colegas. Su postura es que el punto con los servicios esenciales es que deja fuera otras áreas que se pudieran financiar, pero no se les da prioridad porque no están contenidos dentro de los servicios esenciales. Expuso que los servicios esenciales se contemplan cuando se tiene una situación de restricción presupuestaria por motivos de ingresos. “Aquí todo el mundo estaba claro que la restricción presupuestaria era por voluntad de la JCF”. Puntualizo y resaltó que el país -el gobierno tiene- una cuenta de fondos de reserva de $12 mil millones y todavía quedan $2 mil millones de reserva y $15 mil millones de liquidez.
Teniendo este dinero su postura es que no aplicaba la definición de los “servicios esenciales” porque los ingresos estaban bien, lo que pasó es que la Junta tenía una meta de ahorro y utilizó parte de los ingresos del país para cumplir con el plan de ahorro.
Aun cuando en términos generales Martínez Otero, dijo que su apreciación sobre el presupuesto certificado por la JCF es que es mejor que los cinco anteriores, subrayó que pudo haber sido mucho mejor de haberse recortado en áreas de gasto político como por ejemplo la Comisión Estatal de Elecciones, la misma JCF y en otras áreas de gastos para ponerlo en inversión social, en particular en la UPR y los municipios.
“Me parece que con este presupuesto que la JCF no entiende muy bien la función social que tienen tanto los municipios como la UPR para poder intentar establecer un mejor modelo de vida para todos los puertorriqueños”.
Falta de discusión de las prioridades del país
En entrevista por separado la economista, Alba Brugueras Fabre, subrayó que el presupuesto aprobado no es suficiente, en momentos donde los retos parecen multiplicarse más que resolverse de inmediato. La profesora de economía y ex presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, planteó el que para buscar soluciones a los retos que enfrenta el país se requiere muchísimos esfuerzos por lo que ciertamente la asignación del presupuesto de forma adecuada es importante.
“Dentro de este panorama esa asignación de dinero de los recursos que tiene el gobierno no solo para proveer los bienes y servicios que tiene el estado que proveer educación, salud, seguridad, recogido de desperdicios, sino que también se establezcan los recursos de forma adecuada para atender los retos de reformas urgentes que requiere el país en estos momentos tan complejos y de tanta incertidumbre”.
En ese sentido señaló que en Puerto Rico nunca nos hemos puesto unas metas a largo plazo de hacia dónde queremos mover el país. “Esa visión no es compartida en el país pero ciertamente hay unas metas de corto plazo que esas deben de darse”, dijo en alusión a lo que se supone es el presupuesto.
Brugueras Fabre, cuestionó la efectividad de esos planes y el cumplimiento de ese plan de acción, dado a que el gobierno ha fallado en muchos elementos para que todos nos encaminemos hacia un mismo sitio. “Por otro lado no solo que no tenemos esa visión compartida de medio y largo plazo sino que tampoco sabemos cómo terminó el año fiscal ni siquiera del 20-21 porque el último año de que tenemos información de cómo terminó, aunque sea de forma preliminar, es el 2020”.
Censuró el que se quiera crear grandes cambios sin tener claro cómo fue el año pasado, los escenarios de proyección para saber como se deben enfocar los recursos para que las asignaciones del presupuesto sean eficientes.
“Lo ideal hubiese sido que el ente democráticamente electo fuese el que lo haya aprobado pero no fue de esa forma por distintas razones, entre ellas por discrepancias de visiones, pero también en proyectos que no fueron discutidos o negociados de forma previa entre los legisladores así que tenemos ese presupuesto que añade una cantidad mayor, pero tenemos $1,100 millones adicionales de la deuda que comenzamos a pagar ahora”.
Brugueras Fabre, observó que por lo menos el presupuesto mantiene unas áreas importantes entre los servicios esenciales a los cuales la JCF nunca les ha llamado así, ahora le llaman los “servicios críticos no esenciales”, educación, salud, familias, vivienda, también toca el tema de seguridad de manera bastante amplia con los aumentos salariales a la Policía y otras áreas relacionadas, empleados públicos. No dejó pasar por alto que esas asignaciones están justificadas y sujetas a unas reformas en las agencias correspondientes ya aprobadas en sus planes fiscales y que la JCF ha sido bien enfática en que esas reformas mantienen ciertas medidas de austeridad.
La economista también advirtió que la reducción a la mitad al FE va a provocar que muchos municipios sigan en austeridad y que incluso no puedan pagar su deuda. Además reprobó la justificación de la JCF para la reducción a la asignación de fondos federales a los municipios.
“Eso va a tener un impacto sobre la forma en que se atienden las emergencias ahora en la temporada de los huracanes, acceso a las comunidades por derrumbe y en otros servicios municipales como la atención al adulto mayor, servicios tan importantes como el ama de llaves, la colocación de empleos en los consorcios. Si nosotros queremos ser mas hábiles debemos de dar más recursos a los municipios”.
Agregó que la asignación de $40 millones según la JCF es para atender las presiones inflacionarias pero que en un momento de recuperación que incluye desarrollo, fortalecimiento y mantenimiento de infraestructura todo cuesta más. “El gobierno municipal al igual que el central compra y ahora todo es más caro, el IVU municipal no es suficiente porque las familias van a ir a donde hay actividad comercial y no todos los municipios tienen actividad comercial, el IVU municipal se va hacia otros municipios que tienen mas actividad comercial”.
En cuanto a la UPR coincidió que con el dinero del FG aplicar la fórmula que se supone está por ley no trastoca el presupuesto, lo que significa una vez más que la asignación del presupuesto es una determinación arbitraria por parte de la JCF. “Mi opinión y la de muchos colegas es que se restablezca la fórmula: si aumentan los recaudos aumentan los ingresos a la UPR y si se reducen se reduce el presupuesto. En estos momentos en que más el país necesita de la Universidad, el país pierde con este presupuesto”, sentenció.
En ese mismo sentido trajo a la atención que ante los cambios que se están dando en la Legislatura en lo que tiene que ver con reformas contributivas, con la energía eléctrica, otras medidas que tienen que ver con beneficios a intereses extranjeros, recabó que la Legislatura debe actuar de manera responsable y no aprobar medidas sin el debido análisis. “El gobierno no es solo traer inversiones, se nos olvida que el país está hecho de personas que necesitamos un Puerto Rico que sea justo y que atienda a su gente”.
