Por Francisco A. Catalá Oliveras/Edición Especial
El punto de referencia del ayer que aquí se evoca es el 1959, año en que se fundó el periódico CLARIDAD. La visión retrospectiva se realiza hoy, sesenta años después.
Justo en el año 1959, en coincidencia con los años “felices” de Operación Manos a la Obra –al menos, a la luz de los indicadores de crecimiento económico de entonces–, se presentó en el Congreso de Estados Unidos el proyecto de ley Fernós-Murray con el propósito de enmendar la Ley de Relaciones Federales. Se buscaba un lavado de cara al Estado Libre Asociado (ELA) para que no fuera tildado de “posesión” o “territorio”. Básicamente, se solicitaba un mejor arreglo para la aplicabilidad de las leyes federales. Se trató de uno de tantos esfuerzos fallidos para “culminar” el ELA.
Para esa época la “unión permanente” era considerada condición indispensable para el crecimiento económico. Se anticipaba con gran entusiasmo la convergencia con los indicadores económicos de Estados Unidos para el año 2000. El gobernador Luis Muñoz Marín postulaba que, alcanzado tal nivel, solo quedarían dos rutas de estatus, ambas de “estadidad”, para el pueblo de Puerto Rico: “…seguirse manifestando a favor de la Estadidad Asociada del Estado Libre Asociado o manifestarse a favor de la Estadidad Federada” ( Luis Muñoz Marín, Discurso a través de la radio, 18 de septiembre de 1959). Descartaba la independencia porque se apartaba de la “voluntad de unión permanente”.
Hoy cabe preguntar qué se ha descartado. La realidad –tantas veces invocada en el “catecismo” pragmático del Partido Popular Democrático (PPD)– ha desmentido las anticipaciones del gobernador Muñoz Marín tanto en el terreno político como en el económico. La “culminación” del ELA ha desembocado en el mismo entramado colonial en que siempre estuvo, en la llamada cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos: “El Congreso podrá disponer de, o promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con, el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos” (Constitución de Estados Unidos, Artículo IV, Sección 3).
Ya son muchas las piezas de evidencia. Basta con la ley del Congreso que creó la Junta de Supervisión (Control) Fiscal –“Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act” (PROMESA)– que en el título I cita la cláusula territorial como su fundamento constitucional. ¡Más claro no canta un gallo!
La “culminación” política que se anticipara ayer se realiza hoy en el crudo gobierno de una junta imperial. El desenvolvimiento económico no ha sido menos torcido. En los sueños se incubó la pesadilla.
El sueño de crear numerosos empleos a base de la industrialización no se materializó. Nunca, en ningún lugar del mundo, la inversión directa externa inducida por exenciones tributarias ha generado suficientes empleos a menos que se acompañe de desarrollo multisectorial orientado a la movilización de recursos nacionales, de gestiones empresariales alternas tanto públicas como privadas, de la multiplicación de eslabonamientos, de la mayor diversificación posible tanto en productos como en fuentes de inversión así como de una efectiva inserción en el mercado global. Si estas condiciones no se dan la industrialización por invitación degenera en el establecimiento de una sucesión de enclaves ajenos. Entonces sobresalen la remisión de ganancias hacia el exterior, el desempleo, la desigualdad y la debilidad fiscal.
A pesar de que la industrialización inicial se basó en actividades intensivas en el uso de mano de obra como ropa y textiles, en el año 1959 había menos personas empleadas que en 1950. Se trataba de empleos mejor remunerados pero no suficientes para contrarrestar el desmantelamiento de la agricultura. Era alto el desempleo y baja la participación laboral, sello distintivo, cada vez más pronunciado, del mercado laboral puertorriqueño. Se recurrió a la ya crónica “válvula de escape” de la emigración: de 1950 a 1959 la emigración neta sumó 460,286 personas. Operación Manos a la Obra siempre ha sacado más manos del país de las que ha puesto a trabajar. Ciertamente, era un momento oportuno para el nacimiento de la voz crítica de CLARIDAD ante los cantos de sirena del “milagro económico” y de la “vitrina de la democracia”.
La industria liviana radicada en Puerto Rico no resistió el acceso de otros países al mercado de Estados Unidos. Cuando se carece de eslabonamientos, de vínculos internacionales y de otros instrumentos institucionales se le hace más fácil a las empresas integrantes del enclave ir de un lado para otro. Al enclave de la industria liviana le sucedió la industria pesada protagonizada por las petroquímicas. Se pretendió montar un complejo de empresas satélites sobre las bases de la refinación de petróleo, materia prima inexistente en Puerto Rico, altamente contaminante, no renovable, poco ubicua, expuesta a vaivenes políticos extraordinarios y con precios inestables. Como monumento al desastre todavía pueden verse las ruinas de la CORCO entre Ponce y Guayanilla.
En las postrimerías de la década de 1970 se inicia el reinado de la Sección 936 del Código Federal de Rentas Internas. Bajo ésta se cobijará la industria de alta tecnología, encabezada por empresas farmacéuticas. Se distinguen por su alta rentabilidad y por su propensión al uso de precios de transferencia para eludir tributos. Un certero diagnóstico de este tercer intento de Operación Manos a la Obra lo hizo el Banco del Sistema de la Reserva Federal de Nueva York cuando en el año 2012, ya derogada la Sección 936, lanzó el reto de “disminuir la dependencia de una industria en contracción”: “Los incentivos fiscales condujeron a la presencia desmedida de la industria farmacéutica en la Isla. Los incentivos se eliminaron gradualmente y el empleo en la industria ha decaído. En el futuro, parece haber posibilidades limitadas para que el sector sea un motor de crecimiento”.
Ante la incapacidad de los enclaves económicos para generar suficientes empleos se ha recurrido regularmente a tres vías de compensación: emigración, dependencia y endeudamiento. Pero lo que ayer se concebían como “válvulas de escape” hoy se definen como lo que son: factores constitutivos de la crisis, en realidad, de un sistema político y socioeconómico fracasado.
Ayer, contra viento y marea, CLARIDAD le dió espacio a las voces críticas a un orden montado en la colonia y en enclaves eminentemente funcionales para remitir ganancias al exterior pero que, para muchos, lucía prometedor. Ya nadie le endilga el adjetivo de prometedor al desorden vigente. La superación del mismo se ha convertido en un imperativo. Hoy, sesenta años después, CLARIDAD– siempre contra viento y marea –continúa con sus páginas abiertas para dichas voces, cada vez más empeñadas en lograr dicha superación.
