El pasado viernes 24 de agosto se llevó a cabo una vista judicial en el Tribunal de San Juan, después de que la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público hiciera una petición de mandamus solicitando que se le ordene al BGF, a Cofina y a la AAFAF a entregar la información sobre la deuda del País, específicamente sobre las emisiones de bono de Cofina y los sistemas de retiro.
Esto, con el objetivo de recopilar e investigar datos sobre la acumulación de la deuda pública por las pasadas cinco décadas y así poder llevar a cabo una auditoría integral.
Tarde en la noche del jueves, el BGF y Cofina presentaron una moción de desestimación de la demanda planteando que la información solicitada por la Comisión Ciudadana para atender el caso era demasiado vaga, que no era suficientemente específica. El viernes en la mañana la AAFAF se unió a esta moción.
También plantearon que parte de la información estaba protegida por el privilegio abogado-cliente y que debía solicitarse ante un procedimiento bajo el Título 3 de PROMESA.
“Como la moción se presentó casi a la media noche, nosotros no sometimos un escrito contestándola, sino que adelantamos unos argumentos en oposición durante la vista. En primer lugar, que por el contrario, la información solicitada era lo suficientemente específica y que si nosotros no especificábamos con nombre y apellido todos los documentos que se estaban solicitando se debía a que las propias agencias de gobierno han provocado esa oscuridad. Porque ellos han mantenido como un secreto gran parte de la información sobre la deuda y, particularmente, la información sobre COFINA y sobre las emisiones de los sistemas de retiro”, dijo Luis José Torres, abogado y miembro de la Comisión Ciudadana para la auditoría de la deuda.
En relación con el privilegio abogado-cliente, la representación legal de la Comisión planteó que el gobierno había renunciado a ese privilegio porque le había compartido a los bonistas muchos de estos documentos que está pidiendo, particularmente los análisis, memorandos de derecho, etcétera, que avalan la constitucionalidad de estos esquemas. “De todas maneras, aun si existiera un privilegio abogado cliente, el interés del pueblo en tener acceso a esta información va por encima de cualquier interés privado y de cualquier interés que quieran invocar para mantener la confidencialidad de los documentos”, sostuvo el abogado, alegando que se trata de información que se está utilizando para adelantar todo una serie de medidas nefastas para el País.
En cuanto al procedimiento para solicitar los documentos bajo el Título 3 de promesa, “dijimos que es innecesario, el derecho constitucional de acceso a la información no requiere que acudamos al tribunal federal a solicitar esos documentos”.
Además, Torres señaló que este procedimiento, en vez de viabilizar, solo va a entorpecer el acceso a esta información, particularmente porque le va a dar la oportunidad a los bonistas, a la JCF y, además, a las agencias del gobierno de Puerto Rico de presentar objeciones a que nos den acceso a estos documentos.
El juez Anthony Cuevas le dio a la Comisión un término hasta el viernes próximo para someter una réplica en oposición a la desestimación que presentó la representación legal del BGF, COFINA y AAFAF. Los abogados del gobierno tendrán hasta el 7 de septiembre para presentar argumentos contra la réplica de los demandantes.
Con aires de sarcasmo, Torres mencionó que el bufete que representa al BGF y Cofina y la AAFAF, Pietrantoni, Méndez & Álvarez, es casualmente uno de los bufetes que emitieron opiniones sobre la validez del esquema de Cofina.
“Nos parece que ese bufete está en una posición comprometida porque no está representando meramente los intereses de su cliente, sino que está defendiendo los suyos como bufete, también”.
