Por Jenice M. Vázquez Pagán
Columnista Invitada
Durante el primer mes del año 2024, han ocurrido cuatro feminicidios íntimos en Puerto Rico. El más reciente, ocurrió en Yauco donde el feminicida le arrebató la vida a su ex pareja, a la madre de ella, a su hermano y posteriormente se suicidó. El feminicida tenía expediente criminal previo por violencia doméstica y había cumplido ocho años de cárcel. En esta situación, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluissi, emitió comunicaciones en las cuales lamentaba lo sucedido, pues le “había tocado de cerca al tratarse de la familia de un compañero de trabajo”, específicamente del Secretario Auxiliar de la Gobernación. Las expresiones del gobernador no son suficientes proviniendo de la persona encargada de establecer políticas, programas y servicios para atender la violencia de género. Además, dejan fuera las vivencias de las familias de cada mujer asesinada en nuestro archipiélago.
La situación ocurrida en Yauco refleja la experiencia de cientos de mujeres que acuden a las agencias del gobierno y a los tribunales para buscar ayuda y proteger sus vidas. En el estudio realizado por la Comisión de la Verdad sobre la Violencia de Género del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en el año 2022, las sobrevivientes de distintas regiones judiciales tuvieron experiencias compartidas que resultan alarmantes. Por un lado, expresaron falta de credibilidad de las agencias del orden público a sus solicitudes de ayuda, falta de recursos del estado para las investigaciones de violencia en las relaciones de pareja o resistencia de las personas llamadas a proveerles seguridad. De igual forma, expresaron que confrontaron falta de orientación, lo que puede llevar a que las mujeres desistan de los procesos ante los tribunales, entre otras.
Sabemos que la violencia, en todas sus manifestaciones, es un problema social complejo que requiere de múltiples miradas para ser entendida y atendida. En el caso de la violencia de género en las relaciones de pareja muchas veces implica más de una forma de violencia como son: física, emocional, sexual, económica, amenazas, acecho, entre otras. Comprendiendo esta complejidad, desde los movimientos de mujeres se impulsó la aprobación de la Ley 54 de 1989, según enmendada, la cual busca prevenir y atender la violencia en las relaciones de pareja, proveyendo remedios de naturaleza civil y criminal. Además, contiene disposiciones relacionadas con la reeducación y readiestramiento de las personas agresoras. Esta legislación ha sido considerada de avanzada y ha ayudado a salvar la vida de miles de mujeres, sus hijos e hijas. Sin embargo, el establecimiento de una política pública como la Ley 54 o la Orden Ejecutiva decretando un Estado de Emergencia por Violencia de Género, no son suficientes.
La adopción de las políticas públicas debe estar acompañada de la asignación de recursos, humanos y fiscales, que garanticen su adecuada implementación. Además, debe incluir procesos de capacitación y sensibilización a funcionarios y funcionarias de todas las agencias del gobierno. Por otro lado, resulta imprescindible fiscalizar la adecuada implementación de éstas. De lo contrario, la política pública se convierte en letra muerta y coloca en riesgo a quienes sobreviven la violencia en las relaciones de pareja. Sobre este particular, un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas en el 2018 destacó la necesidad de generar respuestas eficaces y una mayor coordinación entre la policía y el sistema de justicia, así como entre los servicios de salud y servicios sociales. Así mismo, se destaca la importancia de la educación temprana.
Cónsono con estos hallazgos, en Puerto Rico distintas organizaciones de mujeres y de prestación de servicios hemos reclamado respuestas del estado que atiendan la complejidad del problema social que tanto nos afecta, incluyendo los aspectos estructurales vinculados con las desigualdades de género, clase y raza. Entre las acciones que se han estado reclamado se encuentran una mayor asignación de fondos recurrentes que garanticen el acceso y la continuidad de los servicios de acompañamiento psicosocial, intercesoría y representación legal, que han demostrado ser esenciales para las sobrevivientes de la violencia en las relaciones de pareja. Además, resulta necesario el desarrollo de servicios de salud, vivienda, derechos laborales que garanticen y amplíen las protecciones a quienes enfrentan la violencia en las relaciones íntimas, y la cual también impacta a sus hijos e hijas. Así mismo, de manera consistente se ha exigido la implementación de la perspectiva de género en la educación, como una estrategia probada para la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones.
Se requiere que las tres ramas del gobierno tomen acciones dirigidas al desarrollo e implantación adecuada de políticas, programas y servicios. Si no hay acciones concretas de poco sirven los lamentos.
La autora es abogada y profesora en la Escuela de Trabajo Social en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.
